CSJ - SC2833-2022

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC2833-2022 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 (Aprobado en sesión virtual de veintiuno de julio de dos mil veintidós) Bogotá D.C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Se decide el recurso de casación interpuesto por Esteban Ignacio Jaramillo Flórez, frente a la sentencia del 25 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso que promovió contra John Stol Terzano y personas indeterminadas, y al cual se vinculó al Banco Davivienda S.A. en calidad de acreedor hipotecario.

ANTECEDENTES

1. El actor pidió que se declarara que le pertenece por «prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio los siguientes inmuebles: el apartamento seiscientos tres (603) y los garajes uno veintisiete (1-27), uno treinta y seis (1-36) y uno treinta y siete (1-37) del Edificio la Cabrera Plaza,

propiedad horizontal, ubicado en la calle ochenta y seis (86) Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 número nueve - setenta y siete (9-77) de Bogotá D.C.» (folio 592 del archivo digital 11001310303620180008402C001TomoI.pdf).

2. Como sustento (folios 600 a 621 ibidem), el reclamante hizo el relato que se compendia a continuación: 2.1. Sostuvo que ejerce la posesión material de los

bienes antes rememorados desde el 22 de diciembre de 2007, fecha en que comenzó la detentación con ánimo de señor y dueño, junto a su familia. 2.2. La entrega del inmueble la realizó directamente el demandado, como consta en la comunicación que dirigió al consejo de administración de la copropiedad, momento a partir del cual asumió la condición de dueño, por medio de actos tales como el pago de impuestos (2008 a 2018), cancelación de cuotas de administración (por un equivalente a $126.981.470), solución de servicios públicos, asistencia a reuniones de copropietarios, otorgamiento de poder para actuar en asambleas, realización de reparaciones y remodelaciones (en especial la efectuada en el año 2011 por valor de $200.000.000). 2.3. Públicamente es reconocido como propietario, según las manifestaciones de residentes, administración de la copropiedad y terceros, como se advierte en las actas resultantes de las sesiones de asamblea y las publicaciones de revistas especializadas que dan cuenta de la remodelación de los inmuebles y su responsable. 2 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 2.4. Manifestó que su posesión también se acredita con la cesión del crédito hipotecario que le hizo el Banco Davivienda S.A., «dado que siendo poseedor… advirtió que sobre el apartamento se registró un embargo dentro del proceso ejecutivo hipotecario que promovió el Banco… contra John Stol», decisión que tomó «para proteger el inmueble de la persecución judicial». 2.5. Clarificó que el 19 de diciembre de 2014 se falló un

proceso previo, en el cual se denegó tanto la reivindicación pretendida como la pertenencia ordinaria reclamada, por lo que no tuvo el alcance de interrumpir la prescripción. 2.6. El 28 de noviembre de 2016 se opuso a la entrega del apartamento que pretendía adelantar la Inspección Segunda Distrital de Policía de Chapinero, al abrigo de su calidad de poseedor, en el marco del trámite de resolución de promesa de compraventa iniciado por John Stol contra Guillermo Calderón. Juicio al que no fue citado.

3. Una vez adelantado el enteramiento, Banco Davivienda S.A. se pronunció sobre los hechos y se opuso a la cancelación del gravamen hipotecario, aunque advirtió que su crédito fue cedido a Esteban Jaramillo Flórez. Además, como el bien seguía embargado, propuso la defensa que denominó «objeto ilícito de los bienes que pretenden usucapir, según lo establecido en el artículo 1521 del C.C.» (folios 19 a 24 del archivo digital 11001310303620180008402C001TomoII.pdf).

3 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 John Stol Terzano rechazó los pedimentos de la demanda, clarificó la plataforma fáctica y formuló las excepciones que intituló «cosa juzgada», «mala fe y abuso del derecho del demandante y su apoderada» e «inexistencia de la posesión alegada» (folios 177 a 202 idem). La curadora ad litem de las personas indeterminadas aceptó algunos hechos, se atuvo a lo probado y enarboló

como parapeto la llamada «ausencia de los elementos propios de posesión y animus traslaticio» (folios 204 a 206 ejusdem).

4. El Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá, el 14 de noviembre de 2019, profirió decisión de primera instancia en la que negó «las pretensiones de la demanda», por cuanto el prescribiente tuvo la calidad de mero tenedor (folios 363 a

365).

5. El ad quem, al desatar la alzada, confirmó la determinación recurrida, aunque con argumentos diferentes, los cuales se resumen en lo subsiguiente (folios 115 a 126 del archivo digital 036-2018-00084-02 CUADERNO TRIBUNAL (2) - CUADERNO No. 07.pdf).

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

1. Delanteramente advirtió que el demandante carece del tiempo necesario para usucapir, a consecuencia de la cosa juzgada que brota del proceso de pertenencia que se promovió entre las mismas partes con anterioridad.

4 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 Indicó que, como existe un pronunciamiento definitivo de la jurisdicción, no es dable analizar nuevamente si a partir del 22 de diciembre de 2007 el demandante tenía la calidad de poseedor, pues «desde el momento en que Esteban Ignacio Jaramillo Flórez se notificó del proceso por acción de dominio en su contra y propuso la demanda de pertenencia vía reconvención, al ser definidas mediante sentencia, adquieren la inmutabilidad propia de la cosa juzgada, con lo cual se afianza el principio de seguridad jurídica, pues de admitirse

lo contrario se abriría la posibilidad de que los litigios se ventilaran indefinidamente». Clarificó que, para promover un nuevo proceso, «es forzoso que la pretensión tenga asidero en hechos nuevos», esto es, ocurridos con posterioridad a la presentación de la demanda de la pretérita acción.

2. Como en el presente caso John Stol demandó en un litigio previo a Esteban Jaramillo para recuperar la posesión de los cuatro (4) inmuebles, siendo éste notificado el 25 de marzo de 2011, momento en el que presentó escrito de reconvención en pertenencia, pedimentos que fueron negados porque no se acreditó que el entonces convocado fuera poseedor, pues sus derechos emanaron de los contratos de promesa celebrados entre el demandante y Guillermo Calderón, estimó que existe cosa juzgada sobre esta materia.

Consideró que la conclusión sería diferente si, en el proceso anterior, se hubiera acreditado la posesión, pero por 5 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 un tiempo inferior al exigido en la ley, pues en este caso «sería dado prevalecerse de esa comprobación en un proceso posterior», en fundamento de lo cual invocó la sentencia SC5231 de 2019. Remarcó que, como en el juicio previo no se demostró la posesión, mal podría remediarse este yerro con el ejercicio de una nueva demanda, «lo que a su turno implica que el demandante no puede pretender que este Tribunal analice si adquirió la condición de poseedor con anterioridad a la radicación de la acción de pertenencia que en otrora se formuló vía reconvención, pues sobre estos hechos operó la cosa

juzgada».

3. Restó importancia al hecho de que en el trámite anterior se invocara la posesión regular precedida de justo título, mientras que en el presente la usucapión extraordinaria, por cuanto la posesión, en lo referente al animus, es una sola: el elemento sicológico de considerarse propietario.

4. Confirmó el fallo impugnado, ante la desatención del término para usucapir, considerando que en este litigio sólo podía evaluarse la posesión después de la notificación de la demanda en la anterior causa.

LA DEMANDA DE CASACIÓN La convocante formuló oportunamente dos (2) embistes, el primero por violación indirecta de la ley sustancial y el final 6 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 por la senda recta, los cuales se resolverán de consuno por referirse a la misma materia. CARGO PRIMERO Con fundamento en la causal segunda de casación, invocó la desatención de los artículos 303, 375 del Código General del Proceso, 2518, 2531 y 2532 del Código Civil, por errores de hecho. En soporte recordó los requisitos de la cosa juzgada, esto es, la identidad de objeto, causa petendi y partes, de suerte que «le incumbe al juzgador de la nueva causa determinar si en ésta se está controvirtiendo el mismo derecho que fue objeto de decisión en el juicio precedente, teniendo como derrotero, con miras a establecer la identidad o disconformidad entre ambos… si al estimar la reciente pretensión contradice lo decidido con antelación en el otro

proceso». Con base en lo anterior encontró desatendidas las pretensiones y hechos de la demanda formulada en el anterior litigio, así como las consideraciones del fallo emitido en aquel tiempo, las cuales transcribió in extenso, pues de éstos se extrae que «en esa demanda se invocó la prescripción adquisitiva ordinaria, que el juzgador entendió soportada en una supuesta promesa de compraventa que vinculaba a las partes», desestimando el pedimento de usucapión «con el único y definitivo argumento consistente en que los contratos de esa especie no constituyen título traslativo de dominio y, 7 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 por ende, no pueden dar lugar a una posesión regular del predio». En el presente juicio estima que el Tribunal no hizo ninguna referencia a las anteriores piezas procesales, por cuanto se limitó a insistir en que no se probó la posesión, al margen de las consideraciones que sirvieran para esto, lo que demuestra el yerro evidente. Remarcó la falta de ponderación de los siguientes elementos de juicio: (I) en el anterior litigio se invocó la prescripción ordinaria, (II) se alegó la tradición de la cosa, (III) se pretendió la suma de posesiones y (IV) el sentenciador rechazó la existencia de un justo título. Materias por completo ajenas al presente, en el que «no se aduce prescripción ordinaria adquisitiva de dominio sino extraordinaria, razón por la cual no se allega ningún supuesto justo título, tampoco se pretende sumar posesiones, amén que no se aduce que la posesión provenga de una inexistente

cesión de esa promesa, sino de un acto propio del demandado John Stol». Concluyó que, de haberse realizado el análisis precedente, se habría rehusado la cosa juzgada, por la inexistencia de identidad de objeto y causa, máxime «si se repara en que el aquí demandante no solo alegó un plazo distinto de prescripción, sino una de naturaleza distinta, esto es, la extraordinaria, abandonando cualquier pedimento apuntalado en un justo título y, más aún, sin aludir de cualquier modo a una promesa de venta como antecedente 8 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 posesorio y menos aún a una inexistente cesión de ese convenio». Expuso que «[s]on varios los procesos en los que la posesión de un bien se constituye en un supuesto fáctico del litigio que incumbe ser probado a alguna de las partes, v. gr., en los posesorios, en el reivindicatorio, entre otros, sin que sea admisible que un sentenciador pueda aducir que si en alguno de ellos no se tuvo al litigante respectivo como poseedor, ese fallo produce efectos de cosa juzgada en todo proceso en el que posteriormente se ventile esa posesión muy a pesar de que sea otro su objeto y/o su causa petendi». Desdeñó que no se valorara que en el anterior proceso se asintió en la calidad de poseedor del ahora demandante, lo cual fue obviado por el sentenciador bajo el abrigo de una promesa de compraventa cedida, cuya ausencia de solemnidad la hacía inexistente. Estimó que, por el yerro en que se incurrió, faltó

considerar que la posesión fue entregada por el propietario, quien se desprendió de ella sin consideración a un título de tenencia como un contrato preparatorio, sino como una anticipación de la futura compraventa. Además, múltiples pruebas acreditan que el demandante es poseedor desde 2007, momento en el que fue presentado ante la administración del edificio como nuevo dueño. Mencionó la comunicación del 22 de diciembre de 2007 y las actas de asamblea de la copropiedad, que reconocen a 9 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 Esteban Jaramillo como propietario y poseedor. Inferencia ratificada por la declaración de Luz Dary Usme, Jimmy García, Daniel Jaramillo y Ramón Jaramillo, quienes relataron diversos actos de señorío. CARGO SEGUNDO Acusó la infracción directa de los artículos 303, 375 del Código General del Proceso, 2518, 2531 y 2532 del Código Civil, por desconocer que la cosa juzgada sólo produce efectos en un litigio posterior si se controvierte el mismo derecho, lo que no sucede en el caso. Después de recordar los conceptos de posesión regular e irregular, justo título, buena fe, prescripción ordinaria y extraordinaria, denotó que no es «lo mismo probar una posesión regular para efectos de pretender la usucapión ordinaria de un predio que demostrar la posesión irregular en una prescripción extraordinaria de dominio, pues para acreditar aquella (la regular) además de la buena fe inicial (que se presume) es necesario acreditar el justo título que la acompaña, lo que no es menester tratándose de esta otra (la

extraordinaria)». Con base en lo anterior aseguró que «[n]o le era dado inferir al Tribunal, entonces, que por haber sido negada la prescripción ordinaria que mediante demanda de reconvención presentó Esteban Jaramillo Flórez en el proceso reivindicatorio le inició John Stol, no podía adelantar este juicio por impedírselo los efectos de cosa juzgada de aquel otro, pues 10 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 como ha quedado visto, aquella pretensión naufragó en cuanto el juzgador consideró que no existía un justo título que diera lugar a una posesión regular del bien». Rechazó que la posesión denegada en un proceso tenga efectos sobre otro, cuando su objeto y/o causa petendi sea diferente. Además, como las sentencias judiciales tienen un limitado poder persuasivo, estimó que en el eventual fallo de reemplazo «ningún mérito probatorio habrá de conferirle a la sentencia del 19 de diciembre de 2014, proferida por el Juzgado Veinte Civil del Circuito en Descongestión, pues las inferencias, ciertamente erradas de ese juzgador, no son vinculantes en este caso, motivo por el cual le corresponde al sentenciador de este asunto desgajar del examen de las pruebas que en ese juicio se aportaron sus propias inferencias». Sostuvo, para fines de la sentencia sustitutiva, que (I) el demandante no fue parte en un contrato de promesa, ni cesionario de los derechos de otro, al punto que no hay prueba de esta situación; (II) en el proceso anterior se aceptó la posesión pretendida; (III) la cesión de la promesa, no sólo

fue desmentida por los intervinientes, sino que sería inexistente por faltar el requisito de la solemnidad; (IV) la posesión fue recibida de manos del propietario, como anticipación de la futura compraventa; (V) los documentos prueban el reconocimiento como propietario; y (VI) la 11 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 posesión se demuestra con las declaraciones de Luz Usme, Jimmy García, Daniel Jaramillo y Ramón Jimeno.

CONSIDERACIONES

1. El paso del absolutismo al estado de derecho estuvo mediado, entre muchos otros factores, por el reconocimiento de la seguridad jurídica y el consecuente rechazo de la obligatoriedad de los caprichos cambiantes de sus gobernantes.

Surgió así el deber de proteger la estabilidad «relativa» del derecho, expresada en un compromiso legislativo por no introducir cambios repentinos y divulgar adecuadamente los efectuados, como condiciones necesarias para que los asociados puedan prever las consecuencias de sus conductas, así como fijar el límite de lo permitido y prohibido.

Bien se ha dicho que: La certeza del Derecho supone la faceta subjetiva de la seguridad jurídica, se presenta como la proyección en las situaciones personales de la seguridad objetiva. Para ello, se requiere la posibilidad del conocimiento del Derecho por sus destinatarios.

Gracias a esa información realizada por los adecuados medios de publicidad, el sujeto de un ordenamiento jurídico debe poder saber con claridad y de antemano aquello que le está mandado, permitido o prohibido. En función de ese conocimiento los destinatarios del Derecho pueden organizar su conducta presente y programar expectativas

para su actuación jurídica futura bajo pautas razonables de previsibilidad. La certeza representa la otra cara de la seguridad 12 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 objetiva: su reflejo en la conducta de los sujetos del Derecho (CSJ, SC3366, 21 sep. 2020, rad. n.° 2011-00503-01). Ideal complementado con la garantía de coherencia en la interpretación del derecho, pues de la misma pende la solidez de las relaciones jurídicas, por fuerza de la previsibilidad de las decisiones judiciales y su definitividad. De allí que en la actualidad se afirme que «la noción de seguridad jurídica tiene múltiples acepciones, así: (i) certidumbre en la producción legislativa; (ii) consistencia en la aplicación e interpretación de las normas por parte de la judicatura; y (iii) firmeza de las decisiones jurisdiccionales» (SC6267, 16 may. 2016, rad. n.° 2005-00262-01).

2. Son expresiones concretas de la seguridad jurídica, entre otras, la prohibición de invocar la ignorancia de la ley como causal de exculpación, la inviabilidad de alegar el error de derecho como vicio del consentimiento, el deber de coherencia frente a los actos previos, y el sometimiento a la cosa juzgada que emana de las decisiones judiciales.

Solidez que se predica, tanto del ordenamiento jurídico en su conjunto, como de los vínculos concretos, haciéndose necesario que las conductas, comportamientos y

determinaciones previas vinculen hacia el futuro, con el fin de que los interesados puedan actuar apoyados en estos puntales casos. 13 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01

3. La cosa juzgada es parte central de la seguridad jurídica, por establecer la inmutabilidad de las sentencias a partir de la imposibilidad de modificarlas o revocarlas en juicios posteriores, salvo las excepciones expresamente previstas de la ley; o lo que es lo mismo, someter los nuevos procesos a lo decidido en los anteriores, siempre que se hayan adelantado entre las mismas partes y frente a análogas discusiones.

La jurisprudencia decantó que «[l]a cosa juzgada radica en hacer definitiva e indiscutible la voluntad de la ley expresada en la sentencia; su fundamento… estriba en el agotamiento de la jurisdicción en el Estado cuando ya la ha ejercido respecto de una situación singular y concreta» (SC, 16 mar. 1948). Principio reconocido en el artículo 303 del Código General del Proceso (equivalente al anterior 332 del Código de Procedimiento Civil), en los siguientes términos: La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre

vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos. 14 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión (negrilla fuera de texto). Son tres (3), entonces, los requisitos para que opere la cosa juzgada: identidad subjetiva, objetiva y causal. La primera corresponde a la simetría entre los sujetos que intervinieron en los procesos, considerando a los sucesores procesales y causahabientes. La segunda se refiere a la identidad de las cosas o derechos reclamados en ambos juicios, según el contenido de las pretensiones. Y la última incumbe a la equivalencia de la causa petendi, esto es, los hechos que sirven de soporte a las reclamaciones. Es pacífico en la jurisprudencia que: La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Tres, pues, eran las condiciones para que los efectos de la cosa juzgada se produjeren, en el supuesto de que, luego de finiquitado un proceso contencioso, se intentara su adelantamiento nuevamente, a saber: identidad de partes, de objeto y de

causa. En palabras de la Corte: ‘El artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, establece que los límites de la cosa juzgada emergen de las identidades de partes, causa y objeto. El límite subjetivo se refiere a la identidad jurídica de los sujetos involucrados y su fundamento racional se encuentra en el principio de la relatividad de las sentencias. El límite objetivo lo conforman las otras dos identidades, consistiendo el objeto en ‘el bien 15 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 corporal o incorporal que se reclama, o sea, las pretensiones o declaraciones que se piden de la justicia’ (CLXXII-21), o en ‘el objeto de la pretensión’ (sentencia No. 200 de 30 de octubre de 2002), y la causa, ‘en el motivo o fundamento del cual una parte deriva su pretensión deducida en el proceso’ (sentencia No. 139 de 24 de julio de 2001, reiterando doctrina anterior)’ (negrilla fuera de texto, SC2481, 23 jun. 2021, rad. n.° 2011-00208-02). Claro está, las identidades de marras no suponen simetría absoluta o matemática, ya que de ser así bastaría introducir adiciones o modificaciones, por pequeñas que sean, a las pretensiones o fundamentos en el nuevo proceso, para enervar los efectos de la cosa juzgada que emana de la sentencia proferida en el anterior. En verdad, se requiere que haya una correspondencia sustancial entre los aspectos personal, objetivo y causal, más no absoluta igualdad. Así lo doctrinó esta Corporación: «conviene aclarar que

no se desnaturaliza el factor eadem causa petendi por el simple hecho de que se introduzcan variaciones accidentales, ni porque se enuncien diferentes fundamentos de hecho. En cambio, deja de haber identidad de causa cuando a pesar de promoverse la misma acción, varían sustancialmente los supuestos de hecho de la causa petendi» (negrilla fuera de texto, SC119, 8 ab. 1992). En los casos de duda o penumbra deberá acudirse a una regla interpretativa especial, dilucidada así: «el planteamiento nuevo de determinadas cuestiones, y las futuras decisiones acerca de estos puntos específicos, solamente estarán excluidos en cuanto tengan por resultado hacer nugatorio o disminuir de cualquier 16 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 manera el derecho tutelado en la sentencia precedente» (negrilla fuera de texto, SC, 24 en. 1983, G.J. CLXXII1).

4. En este punto conviene señalar que la cosa juzgada, como regla de principio, emana únicamente del acápite resolutivo del veredicto, por contener éste las decisiones que sirvieron a la autoridad judicial para desatar la controversia sometida a componenda.

Total, la sentencia, «como documento público, únicamente acredita su existencia, procedencia, decisión y fecha, pero no la valoración probatoria efectuada», esto es, «no son el medio idóneo para acreditar en otras actuaciones, las circunstancias de los procesos donde se emitieron, en la forma como fueron establecidas» (SC11444, 18 ag. 2016, rad. n.° 1999-00246-01; reiterada SC4826, 18 nov. 2021, rad. n.°

2015-00919-01). Sin embargo, existen casos en que debe acudirse a las motivaciones para desentrañar las materias que resultan intangibles en juicios posteriores, como sucede frente a declaraciones o condenas carentes de precisión, las resoluciones judiciales implícitas o los fallos denegatorios de las pretensiones. Recuérdese el pensamiento de este Colegiado: 1 Reiterada SC2481, 23 jun. 2021, rad. n.° 2011-00208-02; SC12138, 15 ag. 2017, rad. n.° 2007-00090-01; SC11444, 18 ag. 2016, rad. n.° 1999-00246-01; SC, 5 jul. 2005, rad. n.° 1999-014936-01; SC, 24 jul. 2001; entre muchas otras. 17 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 La tarea de verificación que entraña la cosa juzgada, exige hallar en la sentencia pasada las cuestiones que ciertamente constituyeron la materia del fallo, pues en ellas se centra su fuerza vinculante. Como recientemente lo señaló la Corte (sentencia de 25 de agosto de 2000), aunque técnicamente y de conformidad con lo previsto en el artículo 304, inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, esas cuestiones serían las que formalmente conforman la parte dispositiva de la sentencia, nada obsta para que se integren o se ubiquen en otro sector del contenido material del acto jurisdiccional, porque si éste es un todo constituido

por la parte motiva y la resolutiva, las cuales conforman una unidad inescindible, la ratio decidendi y por ende la fuerza vinculante de la misma, debe verificarse en lo que lógicamente, no formalmente, se identifica como parte dispositiva, determinando su sentido y alcance a partir de los elementos racionales que ofrece la parte motiva o considerativa. Pero como ciertas cuestiones se entienden resueltas en la sentencia, así no haya pronunciamiento expreso, bien porque, como lo tiene dicho la Corte, “el acogimiento de una pretensión envuelve necesariamente la repulsa de otra o de otra excepción, ya porque sean incompatibles, ya porque en la parte motiva expresamente se expusieron los hechos que determinaban el rechazo”, surge lo que se ha denominado juzgamiento implícito que aparejaría la llamada cosa juzgada implícita (sentencia de 15 de junio de 2000)… (negrilla fuera de texto, SC, 26 feb. 2001).

5. En materia de juicios de pertenencia la definición de la cosa juzgada es una tarea compleja, por cuanto el sustrato de la misma, como es la posesión, tiene una naturaleza dinámica y sus efectos pueden reclamarse por diversos mecanismos procesales, por lo que la sustancialidad de la identidad objetiva y causal reviste cierto matiz.

No en vano la jurisprudencia ha tenido que desarrollar varias subreglas para definir el alcance de la cosa juzgada en estos trámites, siendo de especial relevancia para el sub 18 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 examine dos (2) de ellas, las cuales se compendian en lo

subsiguiente: 5.1. Primera subregla: «la tenencia reconocida en una sentencia y que sirvió para denegar una reclamación de pertenencia, no podrá ser controvertida en un proceso posterior, ni siquiera con base en nuevas probanzas». Tal directriz fue fijada en la sentencia del 3 de diciembre de 2019, la cual se transcribe in extenso: El demandante, al resultar vencido en su pretensión de pertenencia fundada en una supuesta posesión exclusiva sobre el mismo inmueble, porque se demostró su tenencia, volvió a plantear el asunto ya sometido a composición judicial con el propósito de que el mismo ahora sí tuviese eco. Lo único que varió entre uno y otro proceso fue que en el primero se esgrimió una posesión existente entre el año 1963 y hasta, por lo menos, el año 1994 (fecha de presentación de la demanda), y ahora, lo que alegó fue una posesión también exclusiva y sobre el mismo predio pero desde el año 1980 y hasta el año 2011, momento de presentación de la nueva demanda. Es decir, que por medio de este trámite intentó ventilar nuevamente lo que fue materia del proceso ordinario anterior, quiso que el juez volviera sobre lo que ya fue objeto de juzgamiento, y concluyera ahora que, por lo menos, entre los años 1980 y 1994 no hubo tenencia, como anteriormente se coligió, sino posesión. No obstante, un nuevo examen de la misma relación jurídica entre los mismos litigantes no está autorizada por la ley. Esa pretensión no podía ser de recibo, pues la jurisdicción, por lo

menos en relación con el periodo aludido, ya se había pronunciado… Por ende, como quiera que «al juez le está vedado pronunciarse sobre los aspectos materia de debate en el juicio precedente – primusy que han sido auscultados y desarrollados en el juicio 19 Radicación n.° 11001-31-03-036-2018-00084-01 anterior», en este nuevo juicio no podía volverse sobre aspectos tales como la tenencia o posesión del actor sobre el mismo predio durante el periodo comprendido entre los años 1963 y 1994, pues los mismos fueron objeto de discusión y resolución en el proceso anterior, en el que, se reitera, se concluyó que en dicho lapso Guillermo Segundo Monroy Corredor no fue poseedor, y tal tema allí quedó agotado. En este nuevo proceso, el demandante aspiró a reabrir una discusión ya zanjada y que terminó con la desestimación de las pretensiones por su orfandad probatoria. Como en el proceso anterior no logró demostrar su posesión por el término que alegó, ni tampoco la transformación de su tenencia en posesión, formuló una nueva demanda con el propósito de mejorar la prueba, proceder que no lo permite el ordenamiento, pues trasgrede el carácter vinculante de las sentencias y la seguridad jurídica de los ciudadanos, según se explicó. Es fácil advertir que de admitirse una posición contraria cualquier litigante derrotado por su actividad probatoria deficiente podría acudir incesantemente ante el juez para debatir el mismo asunto, lo que podría generar, además de fallos adversos, una perenne incertidumbre (negrilla fuera de texto, SC5231, rad. n.° 201100328-01). Dicho en breve, cuando entre las mismas partes se promovió un litigio previo de pertenencia, en el cual se estableció que el detentador del bien era un mero tenedor, por fuerza de la cosa juzgada, esta calificación no puede reexaminada en una sentencia posterior. De patrocinars