CSJ - SL1422-2024

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL1422-2024 Radicación n.° 90918 Acta 12 Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos

por VÍCTOR HUGO CÁRDENAS ACUÑA y LA EMPRESA

DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PACHO

(CUNDINAMARCA), contra la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2020 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso que el primero le sigue a la segunda.

I. ANTECEDENTES Accionó Víctor Hugo Cárdenas Acuña contra la pasiva, para que se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido sin solución de continuidad, en consecuencia, que se condenara a pagarle las prestaciones sociales y vacaciones, el auxilio de transporte, la indemnización por despido injusto y las moratorias de los

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Radicación n.° 90918 artículos 65 del CST, 29 y 99 de las leyes 789 de 2002 y 50 de 1990, respectivamente, el cálculo actuarial en pensiones, el reembolso de lo pagado por aportes a riesgos laborales y salud, las horas extras y los dominicales. También pidió la nivelación salarial. En sustento de sus pretensiones, manifestó que laboró para la enjuiciada desde el 23 de enero de 2010 hasta el 3

de enero de 2017, mediante varios y sucesivos contratos de prestación de servicios; que se desempeñó como conductor de los vehículos recolectores de basura de propiedad del municipio, cargo cuyas funciones eran propias o complementarias del objeto social de la demandada; que su último salario fue de $1.316.000; que su jornada, impuesta por aquella, era de ocho horas diarias, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., aunque los lunes y jueves se extendía hasta las 4:00 a.m. o 5:00 a.m. del siguiente día, por lo que se causaban horas extras cuyos recargos no le cancelaban; que también trabajó domingos y festivos, y tampoco le pagaron estos recargos. Relató que la pasiva proporcionó los materiales para el desarrollo del objeto contractual; que la prestación del servicio siempre se llevó a cabo de manera personal y subordinada; que recibía una remuneración como contraprestación; que la accionada le impartía órdenes en cuanto a calidad, cantidad y lugar de trabajo; que no tuvo autonomía técnica ni administrativa; que le suministraron dotación de vestuario; que le daban permisos y certificaciones de buena conducta.

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Radicación n.° 90918 Adujo que el tiempo entre cada terminación e inicio de los contratos civiles no fue superior a 30 días, pero que en esos lapsos continuaba prestando los servicios; que entre los años 2011 y 2016 devengó un salario inferior a los de sus compañeros de planta, a pesar de realizar las mismas funciones en igualdad de condiciones. Expresó que la enjuiciada lo despidió injustamente, ya

que no adelantó proceso disciplinario alguno; que no le consignó las cesantías en su oportunidad legal, ni le pagó vacaciones, auxilio de transporte, trabajo suplementario, y recargos; que tuvo que pagar la seguridad social de su peculio, y que aquella no le canceló el cálculo actuarial en pensiones. Por último, informó que reclamó administrativamente sus derechos, lo que fue negado el 2 de marzo de 2018. La Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Pacho, Cundinamarca, se opuso a las pretensiones. Admitió la existencia de los contratos de tipo civil; que los vehículos eran de su propiedad, manejados por personal de planta, pero que cuando este no era suficiente, por causas diversas, se contrataba el apoyo a estas labores, como en el caso del actor. Aceptó que este cumplía una jornada, pero no tenía horario fijo, pues variaba dependiendo de las necesidades del servicio, además de que a veces su recorrido duraba entre 3 y 4 horas; que le suministraba el vestuario por cuestiones de seguridad, y que tenía a su cargo el pago de los aportes del sistema de seguridad social integral como

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Radicación n.° 90918 contratista independiente. Lo demás lo negó o dijo que no le constaba. Explicó que en el ejercicio de su desarrollo societario, presta los servicios públicos básicos de acueducto, aseo y alcantarillado en el área urbana del municipio de Pacho (Cundinamarca), y que para apoyar estas labores, en razón a que no cuenta con el personal de planta suficiente para suplir dicha necesidad, contrataba bajo la modalidad de

prestación de servicios independientes el apoyo en algunas de las actividades, tales como la conducción de los vehículos mediante los cuales se prestan las labores de recolección de los residuos, como ocurrió en el caso del demandante. Recalcó que la relación siempre fue interrumpida por la terminación o expiración del plazo de los contratos, y aclaró que el hecho de que las interrupciones no hayan sido superiores a 30 días no implicaba la continuidad de aquellos. Propuso la excepción previa de falta de competencia, la cual fue denegada por el a quo y confirmada por el ad quem. No formuló ninguna de fondo.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Pacho, mediante fallo del 14 de febrero de 2020, resolvió: PRIMERO: Declárese la existencia del contrato de trabajo de trabajo (sic) conforme al principio de primacía de la realidad, entre el demandante VICTOR (sic) HUGO CARDENAS (sic)

ACUÑA y la demandada EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

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Radicación n.° 90918 (sic) DE PACHO - CUNDINAMARCA S.A. - E.S.M.P en el periodo comprendido entre el 12 de enero de 2010 al 27 de diciembre de 2016 por las razones señaladas en la parte motiva.

SEGUNDO: Condénese a la parte demandad (sic) a pagar a favor de la parte demandante, el señor Víctor Hugo Cárdenas Acuña, las siguientes acreencias laborales: Por concepto de cesantías una suma de $8.088.314.

Por concepto de Intereses de cesantías una suma de

$1.929.969. Por concepto de Prima de servicios una suma de $8.088.314. Por concepto de Vacaciones una suma de $4.044.157. Por concepto de indemnización por despido injustificado un valor de seis millones quinientos sesenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos $6.565.084.

TERCERO: Se ordena reembolso a favor del trabajador la suma de $3.859.540 por los descuentos no permitidos, los cuales deberán ser pagados por la demandada al demandante.

CUARTO: Se condena a la demandada al pago de los aportes a la seguridad social por el periodo comprendido entre el 12 de enero de 2010 y el 27 de diciembre de 2016, conforme a lo estipulado en la Ley 100 de 1993, y teniendo en cuenta la liquidación con el respectivo calculo (sic) actuarial e intereses que haga la empresa la cual se encuentre afiliado el demandante.

QUINTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: DENEGAR la excepción formulada por el extremo pasivo.

SEPTIMO (sic): CONDÉNESE en costas a la parte demandada y a favor de la parte demandante, para lo cual se fijan en agencias derecho la suma de cinco millones de pesos. Liquídense por secretaria (sic) conforme lo regula el artículo 366 del Código General del Proceso.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al conocer de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, a través de sentencia

del 16 de septiembre de 2020, decidió:

1. REVOCAR parcialmente el numeral 5° del fallo apelado, que

denegó las demás pretensiones de la demanda, para en su lugar CONDENAR a la parte demandada, pagar al accionante la suma

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Radicación n.° 90918 de $5.714.880, por concepto de auxilio de transporte, conforme la parte motiva de esta providencia.

2. CONFIRMAR en lo demás el fallo que se revisa.

3. SIN COSTAS en esta instancia.

De manera preliminar, advirtió el ad quem que resolvería los recursos conforme al principio de consonancia previsto en el artículo 66A del CPTSS, teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad, pues carecía de competencia para pronunciarse sobre otros aspectos. Así, se propuso determinar lo siguiente: i) si entre las partes existió un contrato de trabajo de manera ininterrumpida; ii) si la liquidación de las cesantías se debió hacer por todo el tiempo laborado, con base en el último salario, y no con el devengado en cada anualidad; (iii) si procedía el reconocimiento de la nivelación salarial, el auxilio de transporte y las sanciones moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, respectivamente; iv) si había derecho al reconocimiento de vacaciones; y, (v) si los derechos reclamados estaban prescritos. Recordó que la demandada fue constituida inicialmente como empresa industrial y comercial del orden municipal, dotada con personería jurídica, capital independiente y autonomía administrativa, según el Acuerdo n.° 29 de junio 15 de 2001 y, posteriormente, transformada en una sociedad por acciones del orden municipal, cuyo capital es 100% público, de conformidad

con el Acuerdo n.° 029 de 10 de octubre de 2006. En consecuencia, advirtió que se trataba de una empresa de

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Radicación n.° 90918 carácter oficial, y por lo tanto las personas que le prestaban servicios se regían por el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, con arreglo a lo previsto en el aparte final del precepto 41 de la Ley 142 de 1994. A continuación, se refirió a los testimonios de Francisco Amaya Cárdenas, Ramiro Ramírez Mora y Carlos Julio Páez Neme, y dijo que fueron coincidentes en afirmar que el actor conducía el carro compactador y la volqueta con la que recolectaba la basura en el municipio de Pacho, y transportaba para su lugar de destinación final en el relleno sanitario «Nuevo Mondoñedo», actividad que realizaba todos los días entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., y que en ocasiones se extendía hasta las 7:00 p.m., 8:00 p.m., o 9:00 p.m. Resaltó que estas declaraciones dieron fe de que el demandante cumplía un horario determinado por la accionada, realizaba las labores dentro de la programación establecida para la recolección de los residuos en el municipio, presentaba informes y ejercía la actividad de manera constante y permanente, sin independencia, autonomía e iniciativa en la gestión encomendada, ejecutándose por espacio de más de seis años. Observó que la entidad aceptó la prestación personal del trabajador desde la contestación de la demanda, donde relacionó los contratos civiles de servicios, discriminando

año, número de contrato, valor, fechas de inicio, de terminación y de liquidación, lo que también fue ratificado por el representante legal en su interrogatorio, así como con

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Radicación n.° 90918 la comunicación del 2 de noviembre de 2017 y las certificaciones expedidas por el gerente y la tesorera de la enjuiciada, los días 10 de mayo de 2013, 26 de marzo de 2014, 21 de junio de 2016 y 15 de junio de 2018, que daban cuenta de la retribución monetaria. Precisó que el Decreto 2127 de 1945 era la norma vigente para los trabajadores oficiales, y por ende la que regulaba el presente asunto. Aplicó la presunción consagrada en su artículo 20, y concluyó que la pasiva no la desvirtuó, puesto que de las pruebas examinadas no era posible inferir que la actividad del actor fuera independiente y autónoma. Para ello, tuvo en cuenta que la entidad era la que determinaba los sitios en los que debía realizar la labor convenida, le exigía la presentación de informes y el cumplimiento de horarios. Advirtió que el demandante estaba desprovisto de discrecionalidad o autodeterminación para definir la forma en que prestaría sus servicios. Agregó que el vínculo tampoco fue temporal, pues se extendió por más de seis años. Por todo lo anterior, concluyó que en la realidad existió un contrato de trabajo entre las partes. Dijo que la accionada bien podía acudir a la Ley 80 de 1993 para contratar servicios, sin embargo, lo cierto era que en este caso no se cumplieron los requisitos para ello,

ni las condiciones previstas por la jurisprudencia, conforme a la sentencia CC C154-1997.

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Radicación n.° 90918 Destacó que la relación laboral se ejecutó de manera ininterrumpida, sin solución de continuidad, dado que los lapsos que hubo entre uno y otro contrato no alcanzaron a derruir su unidad. Citó, en este punto, las sentencias CSJ SL4816-2015 y SL9812019. Precisó que no revisaría las condenas impuestas por el a quo por concepto de intereses sobre las cesantías y primas de servicios, pues vulneraría el principio de consonancia y el debido proceso de las partes. Argumentó que el Decreto 1045 de 1978 era la norma aplicable para el estudio de las cesantías y vacaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 1919 de 2002, en concordancia con el 12 de la Ley 4 de 1992. De cara a la primera, expresó que se debía liquidar con el salario devengado en cada anualidad, conforme al numeral 1 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, norma aplicable por estar vigente al momento en que inició su contrato, y cuya extensión hacia los trabajadores del sector público fue dispuesta por la Ley 344 de 1996. Y en cuanto a las vacaciones, recordó que se trataba de un derecho irrenunciable inherente al contrato de trabajo. Señaló que no podía declarar la prescripción porque la pasiva no la formuló como excepción, y que conforme al artículo 282 del CGP, ello no procede de forma oficiosa. Sostuvo que la carga de la prueba de la nivelación

salarial recaía sobre la parte activa, quien no logró acreditar que sus funciones fueran iguales a las de otros trabajadores. Dijo que para tal efecto no era suficiente la prueba testimonial, máxime cuando el representante legal

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Radicación n.° 90918 manifestó que varias personas desarrollaron el oficio de conducción de vehículos, pero que también cumplían labores diferentes y adicionales a las del actor, lo que halló corroborado con las declaraciones de los testigos. Seguidamente, estimó que el trabajador tenía derecho al auxilio de transporte conforme a la Ley 15 de 1959 y el Decreto Reglamentario 1258 de 1959, puesto que, salvo en el año 2010, su salario no superó los dos salarios mínimos. Sin embargo, al establecer el monto de lo adeudado por este concepto, hizo el cálculo desde el 12 de enero de 2010 hasta el 23 de diciembre de 2016. Para negar la moratoria del artículo 65 del CST, primero dijo que esta no regía para los trabajadores oficiales, y que los falladores de segunda instancia carecen de las facultades extra y ultra petita. De todas maneras, a renglón seguido, destacó que la norma aplicable era el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, norma que, según la jurisprudencia, exige que el incumplimiento del empleador sea de mala fe, elemento subjetivo que no se configuró en el asunto bajo examen, toda vez que la enjuiciada actuó con el pleno convencimiento de que no existía un vínculo de naturaleza laboral, sino uno civil regulado por la Ley 80 de

1993. Tuvo en cuenta que en el desarrollo de la relación laboral las partes elevaban actas de inicio y finalización de los acuerdos, certificaban la idoneidad del actor para el cargo, y se elaboraban informes sobre su actividad, además de que aquel no objetó los contratos, por lo que perfectamente la accionada podía entender que la

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Radicación n.° 90918 vinculación no era de carácter laboral, máxime cuando no quedó probado que lo engañó para evadir el pago de sus derechos laborales. Aseveró que, aunque el accionante acreditara buena conducta, responsabilidad, cumplimiento y colaboración en la ejecución del contrato, como se indica en la certificación expedida por la tesorera del accionado el 26 de marzo de 2014, ello no era indicativo de que la entidad estuviera convencida de que existiera un vínculo de carácter laboral. Finalmente, hizo extensivos los mismos argumentos a la sanción por la no consignación de cesantías.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por ambas partes, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolver.

Víctor Hugo Cárdenas Acuña

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case «parcialmente» la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque parcialmente la del a quo, y en su lugar acceda al pago de las sanciones moratorias y de la nivelación salarial.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, replicados por la demandada. Se estudian de manera conjunta, ya que se fundan en

similares argumentos, y persiguen la misma finalidad.

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VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa, denuncia la interpretación errónea de los artículos 15, 17 y 41 de la Ley 142 de 1994, en armonía con el 5 de la Ley 57 de 1887, 5 del Decreto 3135 de 1968, y 53 de la CP.

Para sustentar el cargo afirma que al tenor de las referidas disposiciones de la Ley 142 de 1994, en concordancia con la jurisprudencia de esta Corporación vertida en las sentencias CSJ SL, 17 feb. 2009, rad. 29460, SL, 27 oct. 2009, rad. 36075, así como con la providencia CC C736-2007 de la Corte Constitucional, quienes laboren en empresas de servicios públicos domiciliarios tienen el carácter de trabajadores particulares, y como tal, sus relaciones están regidas por el Código Sustantivo del Trabajo. Señala que la excepción a dicha regla son las empresas industriales y comerciales del Estado, cuyos servidores sí tienen el carácter de trabajadores oficiales, siempre que «sus propietarios» hayan optado por este modo societario en los términos del artículo 17 ibidem. Con base en lo anotado, dice que como la enjuiciada se convirtió en sociedad por acciones, el régimen laboral aplicable a los trabajadores de esta es el contenido en la citada codificación.

VII. CARGO SEGUNDO Por la vía indirecta, denuncia la aplicación indebida de

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Radicación n.° 90918 los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST, con la modificación introducida por el artículo 29 de la Ley 789 «de 2003». Le atribuye al colegiado los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PACHO, CUNDINAMARCA, obró bajo la convicción de que la contratación estuvo soportada en la legalidad y, por ende, demostró haber actuado de buena fe, conclusión a la que arriba al sostener que se evidenció un pleno convencimiento de no estar frente a un vínculo de naturaleza laboral.

2. No dar por demostrado, estándolo, que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PACHO, CUNDINAMARCA, obró de mala fe al acudir fraudulentamente a la suscripción de sucesivos contratos de prestación de servicios para esconder una relación de carácter subordinado.

3. No dar por demostrado, estándolo, que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PACHO, CUNDINAMARCA, tenía pleno conocimiento de que estaba frente a una relación de trabajo subordinado y, a sabiendas de esto, decidió contratar al trabajador mediante contratos de prestación de servicios.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PACHO, CUNDINAMARCA, acreditó la buena fe, pues ninguna prueba aportó en ese sentido, es

decir, el tribunal supuso la existencia de la prueba de la buena fe. Arguye que estos errores los cometió el juez de apelaciones por la indebida apreciación de las siguientes pruebas: (i) los contratos, así como las actas de inicio y finalización de estos; (ii) certificados de idoneidad; (iii) informes sobre actividad desarrollada; (iv) desprendibles de nómina; (v) certificaciones de buena conducta, responsabilidad, cumplimiento y colaboración. Asimismo, reprocha la falta de valoración de los siguientes medios de convicción: (vi) interrogatorio de parte

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Radicación n.° 90918 del demandado; (vii) los testimonios de Francisco Amaya Cárdenas, Ramiro Ramírez Mora y Carlos Julio Páez Neme; y (viii) la contestación de la demanda. Asegura que las pruebas demuestran que, desde un principio, él ejerció las labores bajo subordinación, lo que era de pleno conocimiento de la empresa, pues precisamente lo contrató para reemplazar a Hernando Guzmán, un trabajador de planta. Agrega que la accionada también era consciente de que le exigía el cumplimiento de reglamentos y le imponía órdenes, todo lo cual acredita que los contratos fueron suscritos para ocultar la realidad imperante, máxime cuando aquella no hizo ningún esfuerzo probatorio para acreditar su buena fe. Precisa que, como «cargo segundo subsidiario», por el mismo sendero, denuncia la aplicación indebida del artículo 1 del Decreto 797 de 1949 y 99 de la Ley 50 de 1990. Erige la acusación sobre los mismos yerros fácticos y pruebas

singularizadas previamente.

VIII. CARGO TERCERO Por la vía jurídica, acusa la infracción directa de los preceptos 1626 y 1646 del Código Civil, y 53 de la CP.

En la sustentación, aduce que el colegiado infringió la ley al no acceder a la indexación de las condenas por concepto de acreencias laborales, tal como como lo ordena la norma sustancial, y lo tiene dicho esta Corte en sentencia CSJ SL359-2021.

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IX. RÉPLICA La Empresa de Servicios Públicos del municipio de Pacho, Cundinamarca, defiende la aplicación e interpretación que el ad quem hizo de la Ley 142 de 1994, pues ella es una sociedad por acciones del orden municipal, que se enmarca en el artículo 14 de la Ley 142 de 1994 como empresa oficial de servicios públicos, razón por la cual no le es aplicable el Código Sustantivo del Trabajo, sino las normas de los trabajadores oficiales, conforme al inciso segundo del Decreto Ley 3135 de 1968.

Seguidamente indica que por las mismas razones no proceden las sanciones moratorias reclamadas, en tanto las funda en normas que no son aplicables, amén de que, desde la óptica de la técnica, no puede haber la indebida apreciación de unas normas que el colegiado no invocó. Expone que el juez de apelaciones actuó conforme a la ley, por cuanto los contratos de prestación de servicios obedecieron a una necesidad urgente y coyuntural, debido a las situaciones de enfermedad e incapacidad presentadas

por los trabajadores de planta, las cuales debían ser resueltas de manera inmediata. De ahí, insiste en que siempre actuó con el convencimiento de estar frente a una relación administrativa por prestación de servicios, y que el pago de honorarios y el control sobre el cumplimiento de lo acordado no eran motivo para entender que se trataba de un vínculo laboral subordinado, por lo que no existió mala fe.

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X. CONSIDERACIONES En el alcance de la impugnación, el recurrente solicitó que una vez casada la sentencia del Tribunal, la Corte revoque parcialmente la del juzgado, y en su lugar, condene a pagar las moratorias y la nivelación salarial. Sin embargo, los tres cargos formulados no contienen un solo argumento relativo a la última de esas pretensiones, razón por la cual la decisión definitiva de la instancia sobre ese tópico queda incólume.

Aun cuando uno de los cargos se orienta por la vía indirecta, no está en discusión que el demandante prestó sus servicios a la enjuiciada desde enero de 2010 como conductor de los vehículos recolectores de basura de propiedad del municipio de Pacho, Cundinamarca. Le corresponde a la Sala en el presente asunto definir si el Tribunal se equivocó al desestimar las sanciones moratorias deprecadas. Para tal efecto, habrá que determinar si al actor le son aplicables las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, y en todo caso, si el incumplimiento en el pago de las acreencias laborales

adeudadas fue de buena o mala fe. En caso de no advertir equívoco alguno del colegiado, habrá que establecer si hay lugar a la indexación. El artículo 17 de la Ley 142 de 1994, reza, en lo pertinente, así: ARTÍCULO 17. Naturaleza. Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley.

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Radicación n.° 90918 PARÁGRAFO 1. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del estado. […] La Empresa de Servicios Públicos del municipio de Pacho, Cundinamarca, fue creada como una industrial y comercial del Estado, del orden municipal, mediante el Acuerdo 029 del 15 de junio de 2001 (f.° 128-138). Posteriormente, mediante el Acuerdo 029 del 10 de octubre de 2006 (f.° 105-116), el Concejo Municipal ordenó su transformación en una sociedad por acciones del orden municipal «cuyo capital sea 100 por 100 público […]». Como lo anterior es así, entonces dicha empresa está sometida a los postulados de la referida ley de 1994, pues así lo prevé el parágrafo de su artículo 17, luego, para establecer la calidad que tiene el personal que labora en dicha empresa, fuerza acudir al artículo 41 ibidem que, a la letra, reza:

ARTÍCULO 41. APLICACIÓN DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL

TRABAJO. Las personas que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta Ley. Las personas que presten sus servicios a aquellas empresas que a partir de la vigencia de esta Ley se acojan a lo establecido en el parágrafo del artículo 17, se regirán por las normas establecidas en el artículo 5o. del Decreto-Ley 3135 de 1968. Asimismo, esta Sala ya tuvo la oportunidad de referirse a los criterios que se deben seguir a la hora de determinar la condición laboral de quienes prestan sus servicios en forma subordinada a las empresas de servicios públicos domiciliarios. En la sentencia CSJ SL9303-2015, reiterada en SL5700-2018 y SL5507-2021, explicó:

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Radicación n.° 90918 […] 3º) En ese mismo orden, puede afirmarse que en estos casos el criterio de pertenencia de un trabajador a la categoría de trabajadores particulares sujetos a las reglas del Código Sustantivo del Trabajo depende de un parámetro orgánico referido a que la naturaleza de la entidad sea efectivamente la de una empresa prestadora de servicios públicos privada o mixta. Al respecto, el artículo 41 de la ley L. 142/1994 dice: […] De manera que, son las personas que presten servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas quienes tienen la calidad de trabajadores particulares regidos por las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Para finalizar, es ilustrativo traer a colación lo que esta Sala de

la Corte en sentencia CSJ SL, 4 oct. 2006, rad. 28456, refirió en torno al tema: […] no resulta aceptable la tesis del recurrente de que los servidores de cualquier empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, por mandato de la Ley 142 de 1994, tienen el carácter de trabajadores particulares. En efecto, se entiende que lo que realmente establece la Ley 142 de 1994, es que sólo en aquellas empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que se conviertan en sociedades por acciones, y su carácter sea mixto (participación de la Nación mayor o igual al 50% pero inferior al 100%), o privado (participación de la Nación inferior al 50%), sus servidores son trabajadores particulares. (Negrillas y subrayado fuera del texto). Por lo visto, el Tribunal incurrió en la infracción jurídica denunciada al entender que a partir de la fecha de entrada en vigor de la L. 142/1994 los trabajadores que venían laborando en favor de las empresas o entidades descentralizadas que hasta entonces tenían a su cargo la prestación de servicios públicos domiciliarios adquirieron automáticamente el carácter de trabajador particulares, sin reparar en el hecho de que la transformación efectiva y real de la entidad era la pauta que marcaba el inicio del cambio de su categoría laboral. Cabe agregar que para tal efecto no importa si la empresa de servicios públicos domiciliarios está constituida como sociedad por acciones o como empresa industrial y comercial del Estado. Así lo explicó la Corte en la sentencia CSJ SL1971-2019, reiterada en la CSJ SL2636-2022: En ese sentido, los trabajadores que prestan sus servicios a este

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Radicación n.° 90918 tipo de empresas, bien sea que pertenezcan a un emporio privado o mixto, que a las voces del artículo 41 de dicha Ley, son catalogados como trabajadores particulares, y por ende, están sometidos a las reglas del CST, ora que pertenezcan a una empresa de servicios públicos oficial, la cual, al tenor del artículo 17 ibid., se encuentra constituida por acciones o adquiere la forma de Empresa Industrial y Comercial del Estado, en ambos casos, sus servidores son trabajadores oficiales […] (Énfasis añadido) Se sigue de lo expuesto que el fallador plural no incurrió en la infracción denunciada, porque los trabajadores que se someten al régimen laboral particular son aquellos que laboran en empresas de servicios públicos privadas o mixtas, que no es el caso de la hoy accionada, pues como ya se anunció, la entidad se constituyó con capital cien por ciento público. Así las cosas, se concluye que el demandante mantuvo su condición de trabajador oficial, y por ende, el régimen salarial y prestacional aplicable no podía ser el del Código Sustantivo del Trabajo, razón por la cual no le asiste razón a la censura en este punto. Ahora bien, aunque con base en lo anotado el Tribunal descartó la indemnización moratoria del artículo 65 ibidem, lo cierto es que, en últimas, sí decidió conforme al precepto aplicable, que lo era el artículo 1° del Decreto 797 de 1949, pues expresamente se refirió a este, lo analizó, y llegó a la conclusión de que el empleador no actuó de mala fe.

De esta manera, salta a la vista que el colegiado sí aplicó la norma que regulaba el caso, lo que con estrictez le era exigible, pues conforme al principio iura novit curia, es al juez a quien corresponde fallar con la norma que gobierna el caso controvertido, sin que para ello deba

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Radicación n.° 90918 someterse a la calificación jurídica de los hechos que hagan las p