CSJ - AC1211-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC1211-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
AC1211-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-01062-00 Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Octavo Civil Municipal de Villavicencio y Setenta Civil Municipal de Bogotá D.C.
I. ANTECEDENTES 1.- El Fondo Nacional del Ahorro S.A. interpuso demanda de ejecución de garantía real contra Jorge Luis Rodríguez Zambrano y demandó ante el juez del lugar donde está ubicado el bien hipotecado. En el proceso el Fondo Nacional del Ahorro pretende el pago efectivo de la obligación contenida en el pagaré n.º 1071163814 garantizado por una hipoteca sobre un inmueble localizado en Villavicencio.
2. El Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio declaró la falta de competencia con fundamento en el numeral 10º del artículo 28 y en el artículo 29 del Código General del Proceso, considerando la naturaleza jurídica del organismo demandante, cuyo domicilio principal se
encuentra en Bogotá D.C . En consecuencia, estimó que elRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01062-00 2 juez competente para tramitar el proceso era el Municipal de dicho lugar.
3. El Juzgado Setenta Civil Municipal de Bogotá planteó el conflicto negativo de competencia. Sostuvo que el bien se encuentra ubicado en Villavicencio, lugar en el que, además, opera una sucursal de la entidad ejecutante.
II. CONSIDERACIONES
planteó el conflicto negativo de competencia. Sostuvo que el bien se encuentra ubicado en Villavicencio, lugar en el que, además, opera una sucursal de la entidad ejecutante.
II. CONSIDERACIONES 1.- Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996. 2.- Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad. 3.- En el presente caso, la controversia se presenta en torno al fuero real, dada la ubicación del inmueble, y el fuero subjetivo por la calidad de entidad pública que ostenta la parte demandante, dado que al aplicar cada uno de esos criterios se asigna la competencia de manera privativa a un juez diferente.
Respecto del fuero en razón a la ubicación del bien, aplicable a procesos en los que se ejerciten derechos reales, elRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01062-00 3 numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso, que regula la competencia territorial, contempla una «competencia privativa», mediante la cual atribuye el conocimiento del asunto al juez del lugar donde se encuentran ubicados los bienes. De otro lado, el numeral 10º de la norma procesal en
«competencia privativa», mediante la cual atribuye el conocimiento del asunto al juez del lugar donde se encuentran ubicados los bienes. De otro lado, el numeral 10º de la norma procesal en cita refiere que, «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». De esta manera, al tratarse de procesos en que se ejercitan derechos reales y en los que interviene una entidad pública, se presenta una concurrencia entre fueros privativos que genera una aparente colisión, lo cual amerita una interpretación que la solucione. 4.- En el caso concreto, se advierte que la entidad convocante es una sociedad de economía mixta, del tipo de las anónimas, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la rama ejecutiva del poder público de orden nacional, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., por lo que es una de las personas jurídicas a que alude el numeral 10 del artículo 28 referido. Al aplicarse este fuero privativo al Fondo Nacional del Ahorro, podría concluirse que el conocimiento de la demanda es de competencia del juzgado de su domicilio principal y/o el de sus sucursales o agencias vinculadas al asunto.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01062-00 4 Lo anterior, si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 29 del Código General del Proceso «[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la
4 Lo anterior, si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 29 del Código General del Proceso «[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes». De hecho, la Corporación acogió en su momento la tesis de que la colisión de estos dos fueros privativos tiene solución a partir de la disposición citada en el siguiente sentido: «[E]s dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia “en consideración a la calidad de las partes” prima, y ello cobija, como se explicó en precedencia, la disposición del mencionado numeral 10º del artículo 28 del C.G.P.» (CSJ AC140-2020) Por lo anterior, concluyó que: «[L]a colisión presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7º (real) y 10º (subjetivo) del artículo 28 del Código General del Proceso, debe solucionarse partir de la regla establecida en el canon 29 ibídem, razón por la que prima el último de los citados.» (CSJ AC140-2020) La principal justificación del auto citado para descartar la competencia a prevención en aplicación de los dos fueros se basó en que, por ser las normas de competencia de orden público, eran irrenunciables, por lo que la demandante en estos casos no podía renunciar a la prerrogativa conferida y demandar en foro distinto del previsto en el numeral 10º del
público, eran irrenunciables, por lo que la demandante en estos casos no podía renunciar a la prerrogativa conferida y demandar en foro distinto del previsto en el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso. «Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condición de imperativa de las normas procesales por ser de orden público (Art. 13, C.G.P.), surge una última consecuencia, no menos importante, el carácter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en razón de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el noRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01062-00 5 acudir a ellas significa una renuncia tácita a la prerrogativa que confieren, como lo sería, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades públicas en el evento previsto en el numeral 10º del artículo 28 del citado estatuto.» (CSJ AC140-2020) No obstante, en esta oportunidad la Sala se aparta de esta posición, con fundamento en las consideraciones que se exponen a continuación. En primer lugar, se debe resaltar que la prelación prevista en el artículo 29 del Código General del Proceso, para la competencia «en consideración a la calidad de las partes», hace referencia al factor subjetivo, ratione personae1, que corresponde a la asignación de un asunto de manera exclusiva a una autoridad judicial en virtud de la calidad o naturaleza de la parte, como sería la fijada en el
partes», hace referencia al factor subjetivo, ratione personae1, que corresponde a la asignación de un asunto de manera exclusiva a una autoridad judicial en virtud de la calidad o naturaleza de la parte, como sería la fijada en el numeral 6º del articulo 30 ibidem, que dispone que esta Sala de Casación conocerá «[d] e los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero [o] un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República». La norma en cita contempla con claridad que, atendiendo a la condición de uno o varios extremos de la litis, conocerá un determinado Despacho judicial, sin atender a otro factor de competencia, como podría ser el objetivo, la cuantía o el territorial. Por ello, se comprende que el compendio procesal, disponga que esta competencia no puede ceder frente a otras y, como lo indica el canon 16, sea improrrogable. 1 «El subjetivo mira a la calidad de públicas de las personas que forman las partes del juicio: nación, municipios, etc., cuando la ley señala jueces especiales para conocer de sus litigios». DEVIS ECHANDIA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Editorial Temis, Bogotá 2021. Formato Ebook. Pág. 117.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01062-00 6 Aspecto distinto, considera la Sala, son los diferentes criterios o fueros que, dentro del factor territorial2, regulado en el artículo 28 del Código, permiten asignar la competencia
6 Aspecto distinto, considera la Sala, son los diferentes criterios o fueros que, dentro del factor territorial2, regulado en el artículo 28 del Código, permiten asignar la competencia a las distintas autoridades del país. En efecto, la norma en cita inicia precisando que « la competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas», es decir, determina los parámetros para fijar este factor, sin que se esté refiriendo a otros, como podría ser el subjetivo. Es por ello, que los catorce (14) numerales previstos en el artículo contemplan criterios de definición espacial atendiendo a nociones de ubicación de bienes, domicilios de las partes, lugar de cumplimiento de obligaciones, entre otras. La doctrina nacional ha estimado esta condición de los fueros, al señalar que, «A fin de saber cuál de los jueces que existen en distintos territorios debe corresponder el pleito (…) se aplica el factor territorial y el criterio lo suministrará la vecindad o domicilio de los elementos que sirven al juez para decidir: las personas y las cosas. Y como esos elementos se hallan a menudo en lugares diferentes, surge la cuestión de escoger entre ellos el más apropiado»3 En igual sentido ha precisado la doctrina española que, en principio, contempla similares parámetros en la definición de la competencia territorial4, al señalar, «El criterio territorial es, distintamente, el que decide sobre la atribución de una pretensión determinada a un cierto órgano jurisdiccional con preferencia a sus iguales. La 2 «El territorial hace relación a la circunscripción territorial dentro de la cual el juez puede ejercer su
atribución de una pretensión determinada a un cierto órgano jurisdiccional con preferencia a sus iguales. La 2 «El territorial hace relación a la circunscripción territorial dentro de la cual el juez puede ejercer su jurisdicción; los diversos pleitos de igual naturaleza pueden ser conocidos por todos los jueces que existen en el país, de igual clase y categoría, de modo que para ser distribuidos se tiene de presente el lugar de domicilio de las partes o el de la ubicación del objeto materia de juicio». Ibidem, Pág. 117.3 Op. Cit. 1, Págs. 130 y 131. 4 Véase que, en los artículos 50 a 53 de la Sección 2.ª De la competencia territorial, del Capítulo II. De las reglas para determinar la competencia, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, Ley 1/2000, se contemplan fueros equiparables al ordenamiento nacional para determinar la competencia del territorio. https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=333_Codigo_Procesal_Civil&modo=2Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01062-00 7 asignación a cada órgano de la Jurisdicción de una zona geográfica en la que ejerce sus funciones justifica la intervención de aquellos Jueces o Tribunales en cuyo territorio se halla situado determinado elemento de la pretensión que es objeto del correspondiente proceso. Esta relación de carácter territorial que, ligando a uno de los elementos de la pretensión con la circunscripción de cada órgano jurisdiccional, es considerada por la ley como causa determinadora de la competencia,
correspondiente proceso. Esta relación de carácter territorial que, ligando a uno de los elementos de la pretensión con la circunscripción de cada órgano jurisdiccional, es considerada por la ley como causa determinadora de la competencia, recibe el nombre de fuero, si bien este concepto se aplica a veces, más imprecisamente, a la relación jurídica que opera como fundamento de la pretensión o a la circunstancia territorial en que se encuentra alguno de los elementos de ésta. (…) [S]e ve que, en todos estos casos, la determinación de la competencia territorial se hace a base de tener en cuenta el derecho que se invoca como fundamento de la pretensión procesal correspondiente, llamando «acción» a tal derecho invocado. (…) Los fueros que vale respecto a los procesos especiales son, en sustancia, los mismos ya conocidos; es decir, el del domicilio de alguna de las partes, sobre todo, del demandado, el de la situación de la cosa y el de realización de los hechos o actos que tengan significación para el proceso»5 (Se resalta). Para el asunto en análisis, resulta importante referir los fueros de competencia territorial regulados en los numerales 9º y 10º del canon 28, que tienen en consideración el criterio de la calidad estatal de quien concurre al proceso. El numeral 9º contempla una regla especial cuando una de las partes corresponda a la Nación, entendida ésta en referencia a las autoridades centrales y así distinguirla de las autoridades descentralizadas6, según el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la cual dispone que
referencia a las autoridades centrales y así distinguirla de las autoridades descentralizadas6, según el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la cual dispone que conocerá cuando aquella sea la demandante « el juez que corresponda a la cabecera de distrito judicial del domicilio del demandado» y en cambio, si es demandada será el despacho 5 GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil – Tomo Primero: Introducción y Parte General. Tercera Edición corregida. Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1968. Págs. 130, 132 a 134.6 Véase Sentencia de la Corte Constitucional C-221-97, que analizó la exequibilidad del literal a) del artículo 233 del decreto 1333 de 1986 y el literal c) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-221-97.htmRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01062-00 8 «del domicilio que corresponda a la cabecera de distrito judicial del demandante». Nótese que, frente a esta autoridad, que pudiera considerarse como la de mayor nivel en el escenario estatal, el legislador priorizó para fijar la competencia territorial la sede de su contra parte, la del sujeto particular. El numeral 10º siguiente determina que en los asuntos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, distinta a la Nación, conforme a lo definido
El numeral 10º siguiente determina que en los asuntos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, distinta a la Nación, conforme a lo definido en el numeral 2º del artículo 38 de la Ley 489, « conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». Los anteriores parámetros normativos no asignan la competencia por el factor subjetivo, pues no están delimitando las autoridades que pueden conocer de manera exclusiva cuando se demande a una Entidad Pública, en los distintos niveles central o descentralizado, sino que determinan, en el nivel del territorio, cómo asignar el conocimiento en los diferentes despachos que pudieran asumir la causa de manera general. En esta medida, esta Sala estima que el fuero personal del factor territorial no atiende al criterio de la improrrogabilidad del factor subjetivo que prevé el artículo 16 del estatuto procesal, sino antes bien puede ser prorrogado por el sujeto al que se le ha otorgado dicho beneficio.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01062-00 9 En efecto, según lo determina el artículo 16 del Código General del Proceso, la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables, lo que significa que, atendiendo el interés superior que subyace a estos parámetros los torna imperativos y por ello, «los particulares no pueden, ni aun poniéndose de acuerdo, llevar el negocio a
atendiendo el interés superior que subyace a estos parámetros los torna imperativos y por ello, «los particulares no pueden, ni aun poniéndose de acuerdo, llevar el negocio a conocimiento de juez diferente»7. Sin embargo, el ordenamiento contempla que, atendiendo a factores de economía y acceso afectivo a los derechos de defensa y debido proceso, se pueda admitir ceder la competencia bajo otros factores, diferentes al subjetivo y funcional, cuando « la parte en cuyo favor se ha establecido lleve o acepte el juicio ante juez distinto del que debía conocer de conformidad con las normas abstractas que regulan ese factor»8. En ordenamientos procesales similares como el español, incluso se ha catalogado esta condición, de las normas sobre competencia territorial, como de naturaleza dispositiva. Así, reguló expresamente el artículo 54 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: «Artículo 54. Carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial.
1. Las reglas legales atributivas de la competencia territorial sólo se aplicarán en defecto de sumisión9 expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción». 7 Op. Cit. 1, pág. 121.8 Ibidem. 9 Entiéndase el concepto de «sumisión», según los artículos 55 a 57 de la Ley procesal española, como la elección de la parte de determinado fuero territorial por la manifestación expresa o por el simple «hecho de acudir a los tribunales de una determinada circunscripción interponiendo la demanda o formulando
elección de la parte de determinado fuero territorial por la manifestación expresa o por el simple «hecho de acudir a los tribunales de una determinada circunscripción interponiendo la demanda o formulando petición o solicitud que haya de presentarse ante el tribunal competente para conocer de la demanda».Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01062-00 10 Esta condición de disponible del factor territorial, en sus distintos fueros, tiene sustento en lo reglado en el artículo 15 del Código Civil que prevé que «[p]odrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia». Además, se debe resaltar que, si bien las normas procesales son de orden de público tal y como lo señala el artículo 13 del Código General del Proceso, no por ese hecho se puede afirmar de manera categórica que los fueros dispuestos para el factor territorial sean irrenunciables, pues las prerrogativas procesales establecidas pueden renunciarse por la parte en cuyo favor se conceden. Un ejemplo que refuerza esta estimación es lo reglado en el artículo 119 del mismo código, que establece: «ARTÍCULO 119. RENUNCIA DE TÉRMINOS. Los términos son renunciables total o parcialmente por los interesados en cuyo favor se concedan. La renuncia podrá hacerse verbalmente en audiencia, o por escrito, o en el acto de la notificación personal de la providencia que lo señale.» Como se ha indicado, el fuero fijado en el numeral 10º
se concedan. La renuncia podrá hacerse verbalmente en audiencia, o por escrito, o en el acto de la notificación personal de la providencia que lo señale.» Como se ha indicado, el fuero fijado en el numeral 10º del artículo 28 ibidem, es considerado como un «“beneficio” o “privilegio” a favor de la entidad pública, conforme al cual se le autoriza demandar ante el juez del sitio de su propio domicilio, quien deberá avocar el conocimiento del libelo así propuesto.» (CSJ AC925-2019). Ello resalta su carácter renunciable, toda vez que, como lo ha dicho esta Sala: «A esas prerrogativas, el legislador les ha conferido la posibilidad de declinarse, conforme dimana del contenido del artículo 15 delRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01062-00 11 Código Civil. La renuncia, desde la perspectiva ontológica, supone la dejación de una ventaja (derecho o regla jurídica dispensadora de efectos a favor de alguien) mediante una declaración unilateral de voluntad, expresa o tácita, encaminada a tal propósito» (CSJ AC925-2019)». La Sala estima que, los fueros del factor territorial reglados en los numerales 9º y 10º del artículo 28 de la Ley 1564 de 2012, tienen una condición dispositiva que habilita su renuncia o sumisión 10, pues fueron previstos para la garantía de la persona de derecho público a que refieren, con la aclaración de que el 9º no atiende al domicilio de la Nación sino de la contra parte privada, y por ello no presentan la característica de improrrogabilidad fijada en el artículo 16 ibidem.
la aclaración de que el 9º no atiende al domicilio de la Nación sino de la contra parte privada, y por ello no presentan la característica de improrrogabilidad fijada en el artículo 16 ibidem. En un siguiente nivel, la Sala estima que a este criterio de prorrogabilidad también se suma la aplicación de principios procesales tales como el establecido en el artículo 11 del estatuto procesal, que dispone que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Al optar la entidad por demandar conforme al foro real, consagrado en el numeral 7º del artículo 28, o según el fuero personal previsto en su numeral 10 (i) se facilita la descentralización de la justicia, descongestionando los juzgados de Bogotá, (ii) se garantiza la cercanía geográfica entre el juez y el lugar de ubicación de los bienes, permitiendo una justicia contextualizada, (iii) se ahorra a las 10 «La renuncia (abdicativa o extintiva), o sea el dimitir pura y simplemente un derecho, sin un acto preordenado para transferirlo a otro (…). La renunciabilidad es la regla: se puede renunciar a derechos presentes o futuros». MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo II Doctrinas Generales. Traducción de Santiago Sentis Melendo. Ediciones Jurídicas Europa – América. Buenos
Aires 1954. Págs. 51 y 52.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01062-00 12 partes costos y las dificultades logísticas de desplazarse a Bogotá o a las capitales departamentales, y (iv) se fortalece el principio de inmediación al permitir que los jueces tengan un contacto directo con las partes, los hechos y las pruebas. En este caso concreto, atendiendo a la conducta de la entidad estatal, quien radicó su demanda en lugar diferente al de su domicilio principal, para darle primacía al fuero real y en sustento preferente del principio constitucional de acceso a la administración de justicia del demandado (art. 229 C.P.) y el derecho al debido proceso (art. 29 ibídem), se desprende que ésta renunció al fuero que la cobija, previsto en el numeral 10º del artículo 28 del Código. 5.- En consecuencia, se declara que la competencia del asunto en revisión corresponde al Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio, por lo que se ordenará por Secretaría remitir a este Despacho para que imprima el trámite pertinente.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01062-00 13
Primero: Declarar que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio, es el competente para conocer la causa de la referencia.
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Primero: Declarar que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio, es el competente para conocer la causa de la referencia.
Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en el conflicto dirimido.
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
Magistrada