CSJ - AC1275-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC1275-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

AC1275-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00691-00 Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiséis (2026). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuos Municipales de Peñón y Bolívar, Santander y Diecisiete de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. Ante el Juzgado Promiscuo Municipal del Peñón Santander, el Banco Agrario de Colombia S.A. promovió demanda ejecutiva de mínima cuantía en contra de Ernesto Barrera con el fin de cobrar las obligaciones contenidas en el pagaré No. 060296100007554, así como los intereses remuneratorios y moratorios, para lo cual atribuyó competencia en razón a la cuantía y domicilio del demandado de quien aseguró tiene su asentamiento en « la finca “EL CAIBON” vereda “GUACAMAYA BAJO” carretero El PEÑON – Santander».Radicación n° 11001-02-03-000-2026-00691-00

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2. El Juzgado inadmitió la demanda con la finalidad de que se corrigiera el número de cédula del ejecutado y ante la oportuna subsanación libró mandamiento de pago, ordenó la notificación del demandado y le otorgó el término de 10 días para presentar excepciones. Con posterioridad, el despacho profirió auto en el que, en virtud de un control de legalidad,

oportuna subsanación libró mandamiento de pago, ordenó la notificación del demandado y le otorgó el término de 10 días para presentar excepciones. Con posterioridad, el despacho profirió auto en el que, en virtud de un control de legalidad, indicó que, al ser el Banco Agrario una «Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la especie de las anónimas», el competente de forma privativa para conocer el caso era el Juez del domicilio de ese último, todo esto con fundamento en el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso y en virtud de la prevalencia del factor subjetivo conforme con el canon 29 ibidem. Bajo ese entendido, concluyó que, como el demandante tiene una sucursal en Bolívar, Santander, eran los jueces de esa municipalidad quienes debían conocer del coercitivo por lo que les remitió el expediente.

3. El Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar, Santander, repelió el conocimiento del asunto puesto que, si bien compartía la aplicación del 10º del artículo 28 del estatuto procesal, el domicilio del Banco Agrario S.A. está en Bogotá según información contenida en el Registro Único Empresarial y Social de Cámaras de Comercio (RUES). Añadió que no era posible dar aplicación al numeral 5º del mismo precepto antes referenciado en la medida en que « el Banco Agrario de Colombia actúa como entidad demandante y no como demandada, pues dicha disposición da la posibilidad de incoar la acción en una sucursal o agencia cuando los procesos

precepto antes referenciado en la medida en que « el Banco Agrario de Colombia actúa como entidad demandante y no como demandada, pues dicha disposición da la posibilidad de incoar la acción en una sucursal o agencia cuando los procesos sean adelantados contra dicha entidad jurídica y no viceversa»Radicación n° 11001-02-03-000-2026-00691-00 3 todo lo cual sustentó en CSJ AC3745-2023. En consecuencia, rechazó la demanda ejecutiva y la remitió a los Juzgados de la capital.

4. El Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Bogotá también rechazó el coercitivo por considerar que no es competente en razón al factor objetivo por la cuantía, dado que, de acuerdo con el artículo 17 del Código General del Proceso, cuando en el lugar exista juez municipal de pequeñas causas les corresponde a estos el conocimiento de los asuntos consagrados en sus numerales 1º, 2º y 3º de esa norma. Así las cosas, como en la capital del país existen

Juzgados Civiles de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple – Acuerdos PSAA14-10078, PSAA15-10412 y PCSJA18-11068 –, al ser este un proceso de mínima cuantía, eran competentes esas dependencias judiciales, por lo que les envió el expediente para su conocimiento.

5. Recibidas las diligencias por el Juzgado Diecisiete de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá repelió su estudio y suscitó el conflicto de competencia con el

5. Recibidas las diligencias por el Juzgado Diecisiete de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá repelió su estudio y suscitó el conflicto de competencia con el Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar en la medida en que el lugar de cumplimiento de las obligaciones del pagaré objeto de cobro era las oficinas del Banco Agrario de esa municipalidad por lo que ejecutivo debía adelantarse en esa sede, esto de acuerdo con el numeral 5º del artículo 28 del Código General del Proceso, lo que apoyó también en el pronunciamiento de esta Corte CSJ AC4530-2024.

II. CONSIDERACIONESRadicación n° 11001-02-03-000-2026-00691-00

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1. Como el conflicto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.

2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad. El tercero de ellos indica cuál es el juez que, debido a la circunscripción, debe conocer del litigio y para concretarlo establece los « foros o fueros », de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al «personal»

juez que, debido a la circunscripción, debe conocer del litigio y para concretarlo establece los « foros o fueros », de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al «personal» que radica la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado o en el de su residencia. Además, consagra otros especiales, como el « fuero real», el cual se circunscribe a la ubicación de los bienes objeto del litigio. En el presente caso, la discusión se centra en el factor territorial, atendiendo el fuero personal, dada la calidad de entidad pública que concurre en la demandante. Al respecto, si bien el artículo 28 del Código General del Proceso consagra, como regla general, la competencia ante el «Juez del domicilio del demandado», dicha regla no es absoluta y cede frente a competencias privativas señaladas en el mismo artículo. En efecto, el numeral 10º del mencionado artículo establece un fuero exclusivo, según el cual, en « los procesosRadicación n° 11001-02-03-000-2026-00691-00 5 en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». Lo anterior, con independencia de que sea demandante o demandada, dado que la prerrogativa no se condiciona a que la entidad ocupe alguna posición específica en el litigio. Por su parte, el numeral 5º del artículo 28 del estatuto procesal dispone que en « los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin

condiciona a que la entidad ocupe alguna posición específica en el litigio. Por su parte, el numeral 5º del artículo 28 del estatuto procesal dispone que en « los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de ésta». Teniendo en cuenta este marco, resulta necesario determinar si, en caso de que la entidad pública haya constituido sucursales o agencias para el desarrollo de sus funciones y participe en el asunto en calidad de demandante o demandada, es atendible la pauta del numeral 5° mencionado en el sentido de admitir la atribución de competencia con base en el lugar de la sucursal o agencia. La finalidad del fuero establecido en el numeral 10º propende por resguardar los principios prevalentes de la entidad pública, relacionados con el interés general que se vincula a ese tipo de personas jurídicas, al punto que esa regla se refiere de manera concreta a las entidades de derecho público. No obstante, esa prelación encuentra equilibrio si se armoniza con el concepto amplio que se instituyó en elRadicación n° 11001-02-03-000-2026-00691-00 6 numeral 5°, pues allí se hace referencia, de manera genérica, a los procesos « contra personas jurídicas », sin especificar su naturaleza pública o privada, y que admiten su tramitación en el lugar de la respectiva sucursal o agencia donde se vinculen los asuntos materia del proceso.

a los procesos « contra personas jurídicas », sin especificar su naturaleza pública o privada, y que admiten su tramitación en el lugar de la respectiva sucursal o agencia donde se vinculen los asuntos materia del proceso. En este sentido, puede sostenerse que el criterio del numeral 10º persigue fines que no se excluyen con la aplicación del numeral 5°, sino que se complementan. De este carácter complementario se deriva, además, que la regla prevista en el numeral 5º ha de interpretarse en el sentido de que aplica independientemente de que la entidad pública comparezca al proceso en calidad de demandante o de demandada, siendo que así lo prevé el criterio privativo previsto en el numeral 10º. Cuando una persona de derecho público integra alguno de los extremos de la litis, es admisible que el concepto de «domicilio» cobije también el de la agencia o sucursal vinculada al asunto, a fin de asignar, a prevención, la competencia del asunto correspondiente. Al respecto, téngase en cuenta que el artículo 86 del Código Civil define el concepto de «domicilio» para las personas jurídicas como el «lugar donde está situada su administración o dirección », pudiendo designar domicilios especiales para asuntos particulares o específicos, como serían la agencia o la sucursal, que regula estatuto mercantil. El artículo 263 del Código de Comercio dice que sonRadicación n° 11001-02-03-000-2026-00691-00 7 sucursales «los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de

El artículo 263 del Código de Comercio dice que sonRadicación n° 11001-02-03-000-2026-00691-00 7 sucursales «los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad», y a su vez, el canon 264 siguiente, delimita el criterio de agencia como los «establecimientos de comercio cuyos administradores carezcan de poder para representarla». Para la comprensión de estos dos conceptos, resulta necesario acudir a la enunciación del concepto de establecimiento de comercio contenida en el artículo 515 ibidem, que señala que éste será «un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa». En atención a lo reglado en el artículo 26 del estatuto mercantil, las agencias y sucursales deben obtener matrícula mercantil, que se renovará anualmente, dentro de los 3 primeros meses de cada año, al igual que las personas naturales o jurídicas inscritas en las Cámaras de Comercio (artículo 33 id.). Igualmente, según lo reglado en el artículo 111 ibidem, las personas jurídicas deben identificar su domicilio en la escritura de constitución y registrar para todos los efectos legales la habilitación de sucursales o agencias « también en las cámaras de comercio que correspondan a los lugares de dichas sucursales, si no pertenecen al mismo distrito de la

escritura de constitución y registrar para todos los efectos legales la habilitación de sucursales o agencias « también en las cámaras de comercio que correspondan a los lugares de dichas sucursales, si no pertenecen al mismo distrito de la cámara del domicilio principal».Radicación n° 11001-02-03-000-2026-00691-00 8 La diferencia entre los dos conceptos en análisis corresponde a que en la sucursal existirán administradores con facultades para representar a la sociedad, mientras que en la agencia no. Conforme a esta regulación, es viable considerar que el numeral 5º del artículo 28 del estatuto procesal estima la posibilidad de entender, para la definición de la competencia territorial, que el domicilio de la parte comprenda los conceptos de agencia y sucursal cuando se encuentren vinculados al asunto, bajo el criterio de que en dichos lugares igualmente se desarrolla el objeto de la empresa. Esta interpretación permite que se garanticen otros derechos asociados al debido proceso de las partes, toda vez que no los atribuye, obligatoriamente, al lugar del domicilio principal de la entidad pública, sino que contempla la alternativa de desarrollar el litigio en lugar vinculado a la sucursal o agencia. Desde esta perspectiva, se asegura el principio de inmediación probatoria dado que facilita la cercanía entre el juez y las pruebas, logrando un mayor conocimiento por parte de este, acerca de las realidades de los lugares en que sucedieron los hechos. Del mismo modo, se contribuye a disminuir las cargas económicas, físicas y

conocimiento por parte de este, acerca de las realidades de los lugares en que sucedieron los hechos. Del mismo modo, se contribuye a disminuir las cargas económicas, físicas y logísticas asociadas a los desplazamientos las partes, apoderados y terceros, teniendo en cuenta la proximidad entre el despacho judicial y el lugar de la sucursal o agencia relacionada con el asunto respectivo. En este punto, resulta necesario aclarar que la condiciónRadicación n° 11001-02-03-000-2026-00691-00 9 de sucursal o agencia para estos asuntos no puede ser atendida con la sola existencia de un punto de atención u oficina. En efecto, la identificación de determinados espacios como «oficinas» o «puntos de atención» constituye información insuficiente para concluir que se trata de un establecimiento de comercio ubicado fuera del domicilio principal, administrado por mandatarios con o sin facultades de representación, como lo imponen los artículos atrás citados del Código de Comercio. Además, la entidad pública demandante en este asunto, conforme a lo reglado en los artículos 233 y 234 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se encuentra organizada como un establecimiento de crédito bancario y puede realizar todas las operaciones autorizadas a estos; por lo que mal podría otorgársele un tratamiento desigual frente a una sociedad privada financiera, en la que no existiría discusión sobre la aplicación de la regla de competencia prevista en el numeral 5º del artículo 28 del estatuto procesal.

sociedad privada financiera, en la que no existiría discusión sobre la aplicación de la regla de competencia prevista en el numeral 5º del artículo 28 del estatuto procesal.

3. De acuerdo con lo expuesto y frente al caso concreto, se advierte que, conforme al certificado que obra en el expediente, el Banco Agrario de Colombia S.A., es una «[s]ociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la especie de las anónimas », con domicilio en Bogotá, pero que cuenta con sucursales y agencias en todo el territorio nacional.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-00691-00

10 A pesar de ello, del escrito inicial se extrae que dicha entidad financiera optó por adelantar el recaudo de los montos adeudados en el municipio del Peñón, Santander, ya que corresponde al lugar del domicilio del deudor. Sin embargo, del plenario también se comprueba que la obligación se pactó para ser pagada en Bolívar Santander, lugar donde el banco ejecutante cuenta con una oficina, la cual tiene categoría de agencia1. Desde esta perspectiva, atendiendo el fuero privativo que contempla el numeral 10° del artículo 28 del estatuto procesal, a primera vista se concluiría que, conforme se expuso anteriormente, y atendiendo la naturaleza pública de

contempla el numeral 10° del artículo 28 del estatuto procesal, a primera vista se concluiría que, conforme se expuso anteriormente, y atendiendo la naturaleza pública de la ejecutante en este caso, la competencia para conocer del presente asunto no estaría asignada a los jueces del lugar en donde se encuentra domiciliado el deudor, sino que le correspondería tanto los juzgados de Bogotá, por ser el lugar de su domicilio principal, como a los de Bolívar, Santander, en donde se encuentra ubicada la agencia de la entidad bancaria en la que comprometió al pago del respectivo pagaré. Sin embargo, no puede dejar de advertirse que, en el caso objeto de revisión, el Juzgado Promiscuo Municipal del Peñón Santander asumió su competencia y libró mandamiento de pago, pero producto de un control de legalidad que efectuó con posterioridad y sin que mediara solicitud de parte, decidió no continuar con el conocimiento del asunto por la aplicación del fuero privativo visto en 1 https://www.rues.org.co/detalle/05/0000112945Radicación n° 11001-02-03-000-2026-00691-00 11 precedencia. En tal sentido, resulta necesario precisar que, cuando la competencia es fijada por el factor territorial, si el actor acude ante un funcionario judicial que no corresponde y este inadvierte tal situación, y, por tal vía, asume el conocimiento e impulsa el proceso, solo será el extremo pasivo quién podrá rebatir tal cuestión a través de los mecanismos procesales que

inadvierte tal situación, y, por tal vía, asume el conocimiento e impulsa el proceso, solo será el extremo pasivo quién podrá rebatir tal cuestión a través de los mecanismos procesales que reconoce la ley adjetiva, de lo contrario la competencia del juzgador se prorroga, resultando inalterable en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis y lo establecido en el artículo 16 del estatuto procesal, por lo que le estaría vedado al fallador pretender desconocerla posteriormente (CSJ,

AC3199-2021, y AC6524-2025).

Así, sobre la prorrogabilidad de la competencia una vez se asumió conocimiento del ligitio, esta Corte ha establecido que: ... el juez que le dé inicio a la actuación conservará su competencia (...) dado que cuando se activa la jurisdicción el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administración de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluación, cómo no, también de su “competencia”, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en él la prorrogación de aquella atándolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala “ha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que después de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes variándola por iniciativa de aquellos”. (CSJ, AC5451proceder de los jueces con miras a evitar que después de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes variándola por iniciativa de aquellos”. (CSJ, AC54512016, reiterada, entre otras, en CSJ, AC36752019; CSJ, AC791-2021; CSJ AC910-2021; CSJ AC1237-2021 y CSJ, AC9462-2025). (Se destaca) Claro está, conforme con el artículo 16 del CódigoRadicación n° 11001-02-03-000-2026-00691-00 12 General del Proceso, la regla anterior no es aplicable a los factores subjetivo y funcional, pues «[l]a jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables» y en similar sentido el canon 139 de la misma codificación establece que «[e]l juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional». Ahora, en asuntos como el que es objeto de revisión, esta Sala ha optado en algunas ocasiones anteriores por considerar que no es viable atender al principio de la perpetuatio jurisdictionis, manifestando lo siguiente: Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o pública, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida «en consideración a la calidad de las partes», de ahí que,

es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o pública, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida «en consideración a la calidad de las partes», de ahí que, en aplicación del criterio de preponderancia comentado, aquella desplace a otras, como sería la determinada por el punto geográfico donde se halla la cosa sobre la cual se ejercita un derecho real. Tal conclusión no se enerva por la realización de algunas actuaciones ante el fallador no competente, ni por la renuncia que haga el organismo público de la garantía de adelantar el juicio o ser enjuiciado en sede distinta al lugar donde tiene su domicilio. Lo primero, porque, tal como se enfatizó en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignación del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, característica que trae aparejada «la imposibilidad de dar aplicación al principio de la perpetuatio jurisdictionis». Y lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho público que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las pautas que cimientan la definición del juez natural exclusivo de un litigio, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le esté permitido desconocerlas o socavarlas (CSJ AC4273-2018, reiterada recientemente en CSJ AC140-2020, CSJ

acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le esté permitido desconocerlas o socavarlas (CSJ AC4273-2018, reiterada recientemente en CSJ AC140-2020, CSJ AC800-2021, CSJ AC795-2021 y CSJ AC792-2021) (Se resalta).Radicación n° 11001-02-03-000-2026-00691-00 13 Fíjese que esta postura se edifica en la tesis de que la atribución de competencia conforme con el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso corresponde al factor subjetivo y, por ende, de acuerdo con los artículos 16 y 139 ibidem, la competencia es improrrogable. No obstante, en esta oportunidad es necesario apartarse de esta posición, con fundamento en las consideraciones que se exponen a continuación. En primer lugar, se resalta que la prelación prevista en el artículo 29 del Código General del Proceso, para la competencia «en consideración a la calidad de las partes», hace referencia al factor subjetivo , ratione personae2, que corresponde a la asignación de un asunto de manera exclusiva a una autoridad judicial en virtud de la calidad o naturaleza de la parte, como sería la fijada en el numeral 6º del articulo 30 ibidem, que dispone que esta Sala de Casación conocerá «[d]e los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero [o] un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República». La norma en cita contempla con claridad que,

conocerá «[d]e los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero [o] un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República». La norma en cita contempla con claridad que, atendiendo a la condición de uno o varios extremos de la litis, conocerá un determinado despacho judicial, sin atender a otro factor de competencia, como podría ser el objetivo, la cuantía o el territorial. Por ello, se comprende que el compendio procesal, disponga que esta competencia no puede 2 «El subjetivo mira a la calidad de públicas de las personas que forman las partes del juicio: nación, municipios, etc., cuando la ley señala jueces especiales para conocer de sus litigios». DEVIS ECHANDIA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Editorial Temis, Bogotá 2021. Formato Ebook. Pág. 117.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-00691-00 14 ceder frente a otras y, como lo indica el canon 16, sea improrrogable. Aspecto distinto, son los diferentes criterios o fueros que, dentro del factor territorial3, regulado en el artículo 28 del Código, permiten asignar la competencia a las distintas autoridades del país. En efecto, la norma en cita inicia precisando que « la competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas», es decir, determina los parámetros para fijar este factor, sin que se esté refiriendo a otros, como podría ser el subjetivo. Es por ello que los catorce (14) numerales previstos en el artículo

decir, determina los parámetros para fijar este factor, sin que se esté refiriendo a otros, como podría ser el subjetivo. Es por ello que los catorce (14) numerales previstos en el artículo contemplan criterios de definición espacial atendiendo a nociones de ubicación de bienes, domicilios de las partes, lugar de cumplimiento de obligaciones, entre otras. La doctrina nacional ha estimado esta condición de los fueros, al señalar que, «A fin de saber cuál de lo jueces que existen en distintos territorios debe corresponder el pleito (…) se aplica el factor territorial y el criterio lo suministrará la vecindad o domicilio de los elementos que sirven al juez para decidir: las personas y las cosas. Y como esos elementos se hallan a menudo en lugares diferentes, surge la cuestión de escoger entre ellos el más apropiado»4 En igual sentido ha precisado la doctrina española que, en principio, contempla similares parámetros en la definición 3 «El territorial hace relación a la circunscripción territorial dentro de la cual el juez puede ejercer su jurisdicción; los diversos pleitos de igual naturaleza pueden ser conocidos por todos los jueces que existen en el país, de igual clase y categoría, de modo que para ser distribuidos se tiene de presente el lugar de domicilio de las partes o el de la ubicación del objeto materia de juicio». Ibidem, Pág. 117.

4 Op. Cit. 2, Págs. 130 y 131.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-00691-00 15 de la competencia territorial5, al señalar, «El criterio territorial es, distintamente, el que decide sobre la atribución de una pretensión determinada a un cierto órgano jurisdiccional con preferencia a sus iguales. La asignación a cada órgano de la Jurisdicción de una zona geográfica en la que ejerce sus funciones justifica la intervención de aquellos Jueces o Tribunales en cuyo territorio se halla situado determinado elemento de la pretensión que es objeto del correspondiente proceso. Esta relación de carácter territorial que, ligando a uno de los elementos de la pretensión con la circunscripción de cada órgano jurisdiccional, es considerada por la ley como causa determinadora de la competencia, recibe el nombre de fuero, si bien este concepto se aplica a veces, más imprecisamente, a la relación jurídica que opera como fundamento de la pretensión o a la circunstancia territorial en que se encuentra alguno de los elementos de ésta. (…) [S]e ve que, en todos estos casos, la determinación de la competencia territorial se hace a base de tener en cuenta el derecho que se invoca como fundamento de la pretensión procesal correspondiente, llamando «acción» a tal derecho invocado. (…) Los fueros que vale respecto a los procesos especiales son, en sustancia, los mismos ya conocidos; es decir, el del domicilio de alguna de las partes, sobre todo, del demandado, el de la situación

(…) Los fueros que vale respecto a los procesos especiales son, en sustancia, los mismos ya conocidos; es decir, el del domicilio de alguna de las partes, sobre todo, del demandado, el de la situación de la cosa y el de realización de los hechos o actos que tengan significación para el proceso»6 (Se resalta). Así, el numeral 10º siguiente determina que en los asuntos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, distinta a la Nación, conforme a lo definido en el numeral 2º del artículo 38 de la Ley 489, « conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». 5 Véase que, en los artículos 50 a 53 de la Sección 2.ª De la competencia territorial, del Capítulo II. De las reglas para determinar la competencia, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, Ley 1/2000, se contemplan fueros equiparables al ordenamiento nacional para determinar la competencia del territorio. https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php? id=333_Codigo_Procesal_Civil&modo=2 6 GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil – Tomo Primero: Introducción y Parte General. Tercera Edición corregida. Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1968. Págs. 130, 132 a 134.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-00691-00 16 El anterior parámetro normativo no asigna la competencia por el factor subjetivo, pues no está delimitando las autoridades que pueden conocer de manera exclusiva

16 El anterior parámetro normativo no asigna la competencia por el factor subjetivo, pues no está delimitando las autoridades que pueden conocer de manera exclusiva cuando se demande a una Entidad Pública, sino que determina, en el nivel del territorio, cómo asignar el conocimiento en los diferentes despachos que pudieran asumir la causa de manera general. En esta medida, se estima que el fuero personal del factor territorial no atiende al criterio de la improrrogabilidad del factor subjetivo que prevé el artículo 16 del estatuto procesal, sino antes bien puede ser prorrogado por el sujeto al que se le ha otorgado dicho beneficio. En efecto, según lo determina el artículo 16 del Código General del Proceso, la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables, lo que significa que, atendiendo el interés superior que subyace a estos parámetros los torna imperativos y por ello « los particulares no pueden, ni aun poniéndose de acuerdo, llevar el negocio a conocimiento de juez diferente»7. Sin embargo, el ordenamiento contempla que, atendiendo a factores de economía y acceso afectivo a los derechos de defensa y debido proceso, se pueda admitir ceder la competencia bajo otros factor

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