CSJ - AC1346-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC1346-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
AC1346-2026 Radicación n°. 1001-02-03-000-2025-05727-00 Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Páez frente al Juzgado Primero de Familia del Circuito de Neiva
ANTECEDENTES
1. El 22 de septiembre de 2021, ante el Centro Zonal de Occidente Medio – Dabeiba, Antioquia , la progenitora de la adolescente, puso en conocimiento de la autoridad administrativa una situación específica de la vida de la protegida por el Sistema de Bienestar Familiar.1
2. El 6 de octubre de esa anualidad, la autoridad administrativa previa verificación de la garantía de los derechos de la entonces menor2, evidenció la vulneración de aquellos y, procedió a la apertura del Proceso Administrativo 1 Archivo01HistoriadeAtención folio3PDf. 2 Archivo Pdf “01 HISTORIA DE ATENCIÓN 01.pdf” ; Carpeta “01ExpRemitidoDemandaRestablecimientoDerechos”; Carpeta “EXPEDIENTE”; Archivo Zip “11001020300020250572700-0004Expediente_remitido”Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05727-00 2 de Restablecimiento de Derechos de la niña que para ese momento tenía 14 años 3; ordenando las medidas para la recuperación de los mismos.
3. Posteriormente, dicha entidad de protección dispuso
2 de Restablecimiento de Derechos de la niña que para ese momento tenía 14 años 3; ordenando las medidas para la recuperación de los mismos.
3. Posteriormente, dicha entidad de protección dispuso el traslado de la actuación a la Comisaría de Familia de Dabeiba, a efectos de que continuara con el trámite correspondiente; sin embargo, una vez practicadas la entrevista y la valoración sociofamiliar, esa autoridad profirió el Auto de Trámite No. 011-2023 del 3 de enero de 2023, mediante el cual ordenó remitir lo actuado al Juez Promiscuo Municipal de esa localidad, al considerar configurada la pérdida de competencia en los términos del artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por la Ley 1878 de 2018.
4. La judicatura aludida, mediante auto del 31 de marzo de 2023, avocó el conocimiento de las diligencias y dio curso al trámite hasta la audiencia prevista en la codificación de infancia y adolescencia, la cual fue suspendida tras recibirse informe de la Comisaría de Familia competente en el que se indicó que la adolescente se encontraba en el municipio de Mutatá. En razón de ello, por providencia del 31 de julio de 2025, declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto que asumió conocimiento, inclusive, al considerar que para la fecha de recepción del expediente la menor tenía su domicilio en ese municipio antioqueño; en consecuencia, dispuso la remisión del proceso al despacho judicial con sede en dicha municipalidad.
asumió conocimiento, inclusive, al considerar que para la fecha de recepción del expediente la menor tenía su domicilio en ese municipio antioqueño; en consecuencia, dispuso la remisión del proceso al despacho judicial con sede en dicha municipalidad. 3 Fecha de Nacimiento: 5 de diciembre de 2006.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05727-00 3
5. El 1° de septiembre de 2025, el despacho Promiscuo Municipal de Mutatá rehusó el conocimiento del caso, debido a que la “menor” se encontraba en Belalcázar Páez, Cauca.
6. El estrado al que fue remitido el expediente también se declaró incompetente por no corresponder al domicilio de la menor y lo envió al Juzgado Primero de Familia de Neiva.
Este último propuso conflicto negativo al considerar que la joven ya había alcanzado la mayoría de edad, por lo que no era aplicable el artículo 97 de la Ley 1098 de 2006. Estimó que las remisiones previas se fundamentaron en una norma inaplicable y, al no compartir tal criterio ni asumir competencia, promovió el conflicto conforme al artículo 139 del Código General del Proceso.
CONSIDERACIONES
1. Esta Corporación debe dirimir el conflicto objeto de estudio, en su condición de superior funcional común y por conducto del suscrito Magistrado, por haberse suscitado entre funcionarios de distinto distrito judicial, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso; 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por los
entre funcionarios de distinto distrito judicial, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso; 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por los artículos 7° de la Ley 1285 de 2009 y 10 de la Ley 2430 de 2024; y 18 de esa misma Ley.
2. En los procesos de restablecimiento de derechos previstos en los artículos 50 y siguientes de la Ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1878 de 2018, cuya finalidad radica en garantizar la protección integral del niño, niña oRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05727-00 4 adolescente y la efectiva restauración de las garantías advertidas como vulneradas , « Será competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente; (…)»4
(Subrayado fuera del texto) previsión que consagra un fuero determinado por el factor territorial 5, el cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Código General del Proceso, es susceptible de prórroga por el silencio de las partes, de modo que no resulta admisible la alteración ulterior de la competencia, preservándose así el principio de la perpetuatio jurisdictionis.
3. En el sentido protector de la norma, el Estado Colombiano, en su tradición jurídica y humanista, ha reconocido a los miembros más vulnerables de la sociedad como Sujetos de Especial Protección Constitucional, otorgándoles una protección integral y la prevalencia de sus
reconocido a los miembros más vulnerables de la sociedad como Sujetos de Especial Protección Constitucional, otorgándoles una protección integral y la prevalencia de sus derechos sobre los demás, principio que encuentra sustento expreso en el artículo 44 de la Constitución Política al consagrar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes como obligación estatal de asistencia y garantía plena de sus derechos, criterio que, según lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporación y la Corte Constitucional, implica que siempre debe privilegiarse la opción que más los favorezca y que toda persona en situación de vulnerabilidad goza de prelación frente a los demás sujetos de derecho6. 4 Art. 97 del Código de Infancia y Adolescencia. 5 Ibid.6 Constitución Política Artículo 13. CSJ AC1314, 06 jul. 2020, rad 2020-00722-00. CSJ.AC1602, 27 jul. 2020, rad. 2020-01392-00. Corte Constitucional: C313/14; C-258/15 C262/16; C113/17; C246/17.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05727-00 5 Por ello, la jurisprudencia constitucional, estableció, aunque en un tema ligado a la discapacidad de un menor7, el deber de verificar las circunstancias actuales del protegido que en la actualidad ostenta la mayoría de edad, hasta el restablecimiento de los derechos que se vislumbraron trasgredidos y, que dio lugar a la apertura del Procedimiento Administrativo de Restablecimiento de Derechos8.
que en la actualidad ostenta la mayoría de edad, hasta el restablecimiento de los derechos que se vislumbraron trasgredidos y, que dio lugar a la apertura del Procedimiento Administrativo de Restablecimiento de Derechos8. Puede que la consideración anterior de la Corte Constitucional no constituya ratio decidendi, pero sí da luces para criterios orientadores a que prevalezca el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; más cuando, desde el inicio de la acción de protección, estén inmiscuidos otros sujetos de especial protección. No se trata, entonces, de invocar el principio de continuidad procesal para desconocer los cambios fácticos en la trayectoria vital del protegido, sino de advertir que su desatención puede conducir a decisiones contrarias a los principios de celeridad y eficacia, inmersos en la administración de justicia y el debido proceso, que cabe resaltar, son garantías inherentes a toda persona, sin distinción de edad, desconociendo la optimización del interés superior; máxime cuando ello compromete la efectiva realización del restablecimiento de derechos de menores 7 Sentencia T-017 de 2025. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera. 8 “la obtención de la mayoría de edad en modo alguno implica la superación de las circunstancias personales que enfrentan las personas cuyos derechos se amparan mediante el PARD, ni mucho menos la cesación de las obligaciones que las autoridades tienen con ellos (…)” Sentencia T-017/25, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera
circunstancias personales que enfrentan las personas cuyos derechos se amparan mediante el PARD, ni mucho menos la cesación de las obligaciones que las autoridades tienen con ellos (…)” Sentencia T-017/25, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/t-017-25.htmRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05727-00 6 cuya situación, por las particularidades del caso, reviste especial gravedad. Por consiguiente, la mayoría de edad puede no implicar la terminación automática del proceso de restablecimiento, lo que sí sucede es que ha desaparecido el criterio especial de competencia territorial.
4. En el sub judice, obra entrevista de 18 de febrero de 2022, en la que la madre manifestó que la entonces menor se encontraba en Mutatá, Antioquia. Asimismo, el conocimiento institucional se produjo a partir de actuaciones adelantadas por la Comisaría de Familia de Dabeiba, lo cual evidencia que, desde fases tempranas, existían elementos para establecer su ubicación territorial, sin que el Juzgado advirtiera lo mismo al momento de avocar conocimiento, sino aproximadamente dos años después del recibo, en perjuicio de su deber de diligencia.
Téngase en cuenta que, la joven alcanzó la mayoría de edad el 5 de diciembre de 2024 y, la causal invocada por el estrado que conoció al inicio no tenía sustento, ya que conforme al artículo 3 de la Ley 1098 de 2006, son sujetos titulares de las medidas especiales del Código, en principio,
estrado que conoció al inicio no tenía sustento, ya que conforme al artículo 3 de la Ley 1098 de 2006, son sujetos titulares de las medidas especiales del Código, en principio, quienes sean menores de 18 años. Alcanzada la mayoría de edad, cesa la aplicación del fuero territorial especial fundado en «el lugar donde se encuentre el menor», por cuanto desaparece el presupuesto fáctico que lo sustenta.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05727-00 7 Por otra parte, la juez Promiscua Municipal de Dabeiba, si bien cita una jurisprudencia de esta sala, fue considerada de una manera descontextualizada, en el sentido que, si bien permite mutar la competencia, lo está ligando a un factor subjetivo que sí impide la perpetuación endilgada. Por lo anterior, no resulta de recibo para esta Corporación la declaratoria de nulidad como institución procesal en el presente asunto, en el que se examina la situación de una adolescente con «síndrome de acomodación de abuso sexual del que fue víctima»9 y de cuya experiencia sobrevino el nacimiento de un infante; circunstancias que revelan la especial complejidad y gravedad del caso y que, aun cuando fueron mencionadas por la propia juzgadora, no fueron debidamente ponderadas al adoptar la decisión de nulidad y declinar el conocimiento de la litis. Aunado a lo anterior, tal determinación carece de sustento, por cuanto i) ya no se está en presencia de una menor de edad que justifique la variación competencial
declinar el conocimiento de la litis. Aunado a lo anterior, tal determinación carece de sustento, por cuanto i) ya no se está en presencia de una menor de edad que justifique la variación competencial invocada y, ii) no se encuentra apoyada en ninguna de las causales de nulidad previstas en la legislación de infancia y adolescencia ni en la normativa procesal civil que regula dicha figura jurídica.
4. Finalmente, no pasa inadvertido que, la eventual omisión en precisar oportunamente la ubicación, no legitima, 9 Folio 7, archivo pdf “05 VALORACIÓN PSICOLOGICA 05.pdf”; Carpeta “01ExpRemitidoDemandaRestablecimientoDerechos”; Carpeta “EXPEDIENTE”; Archivo Zip “11001020300020250572700-0004Expediente_remitido”Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05727-00 8 dos años después, la invalidación de lo actuado; máxime cuando el trámite avanzó bajo la dirección judicial sin oposición de las partes y con superación de los términos legales, sin que se evidenciara un despliegue diligente y efectivo en favor de los derechos de quien para entonces era menor de edad; circunstancia que compromete lo previsto en el parágrafo 4° del artículo 100 del Código de Infancia y Adolescencia, conforme al cual «El incumplimiento de los términos para la tramitación y decisión del proceso administrativo de restablecimiento de derechos por parte de las autoridades administrativas y judiciales será causal de falta gravísima ».
para la tramitación y decisión del proceso administrativo de restablecimiento de derechos por parte de las autoridades administrativas y judiciales será causal de falta gravísima ». (Subrayado fuera del texto). En consecuencia, se ordenará la compulsa de copias a la autoridad disciplinaria competente sobre los hechos relacionados con la actuación 05234-40-89-002-202300009-00, tramitada ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Dabeiba, para que investigue la presunta falta disciplinaria derivada del incumplimiento de los términos previstos en la Ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1878 de 2018.
5. En ese orden de ideas, en el caso en concreto no existe conflicto puesto que las remisiones se dieron bajo una causal que si bien es cierto es legal e imperativa, no aduce a la realidad fáctica de la protegida, por lo que se declarará inexistente el mismo y se remitirán las diligencias al Juzgado Municipal de Dabeiba, para que previa verificación de condiciones de vulnerabilidad y situación jurídica actual de la persona, disponga el trámite pertinente.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05727-00
9 DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE Primero. Declarar que el conflicto de competencia de
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE Primero. Declarar que el conflicto de competencia de la referencia es inexistente, por las razones expuestas en precedencia. Segundo. Remitir el expediente por el medio más expedito al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Dabeiba para que proceda de conformidad. Ofíciese.
Tercero: Compulsar copias del expediente 05234-4089-002-2023-00009-00 adelantado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Dabeiba y de la presente providencia, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia para que, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, determine si hay lugar iniciar una investigación disciplinaria en contra de los jueces que actuaron dentro de la actuación memorada.
Cuarto: Comunicar a los estrados involucrados en el asunto objeto de estudio. Ofíciese.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05727-00
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado