CSJ - AC1599-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada Ponente AC1599-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-01142-00 Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Fundación - Magdalena y Ochenta y Dos Civil Municipal de Bogotá D.C., convertido transitoriamente en 64 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples.

I. ANTECEDENTES 1.- La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, promovió demanda verbal de reintegro de subsidio de vivienda en contra de Henry de Jesús Ruiz Polo, en procura de obtener la restitución de $33’952.756, correspondientes al subsidio reconocido mediante acto administrativo para la adquisición de un inmueble ubicado en el municipio de Fundación, Magdalena.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01142-00

2 Fijo la competencia por la naturaleza del asunto, la cuantía, la ubicación del inmueble y el domicilio del demandado. 2.- El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fundación, Magdalena, mediante auto el 11 de marzo de 2022, declaró la falta de competencia y ordenó remitir las diligencias a los Juzgados Administrativos de Santa Marta. En

Fundación, Magdalena, mediante auto el 11 de marzo de 2022, declaró la falta de competencia y ordenó remitir las diligencias a los Juzgados Administrativos de Santa Marta. En sustento, adujo que al ser la demandante una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, y dado que la controversia se deriva de un acto administrativo, su conocimiento correspondía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 3.- El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, Magdalena, mediante auto del 9 de junio de 2022, declaró igualmente su falta de competencia y propuso conflicto negativo de jurisdicciones. En consecuencia, dispuso remitir el expediente a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto. 4.- La Corte Constitucional, mediante Auto 1010 del 1 de junio de 2023, resolvió esa disparidad y declaró que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fundación, era el competente para conocer de la demanda. En cumplimiento de lo anterior, dicho despacho, mediante auto del 5 de julio de 2023, dispuso obedecer lo resuelto por la Corte Constitucional y, posteriormente, admitió la demanda el 11 de agosto de 2023.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01142-00

3 5.- No obstante, en auto del 28 de febrero de 2025, rechazó el asunto por falta de competencia territorial y ordenó remitir las diligencias a los Juzgados Civiles Municipales o de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C., con fundamento en el numeral 10º del artículo 28 y en el artículo 29 del Código General del Proceso, al considerar la naturaleza jurídica del organismo demandante, cuyo domicilio principal se encuentra en Bogotá D.C. En consecuencia, estimó que el juez competente para tramitar el proceso era el de esta capital. 6.- El Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal de Bogotá D.C., convertido transitoriamente en 64 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples, mediante auto del 18 de febrero de 2026, rehusó asumir el conocimiento del asunto y planteó el conflicto negativo de competencia. Sostuvo que el bien se encuentra ubicado en Fundación, Magdalena, y que la sola condición de entidad pública de la demandante no resultaba suficiente para desplazar el fuero territorial derivado de la ubicación del bien.

II. CONSIDERACIONES 1.- Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139

del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996. 2.- Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamientoRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01142-00 4 procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad. 3.- En el presente caso, la controversia se presenta en torno al fuero general del domicilio del demandado, previsto en el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, y el fuero subjetivo por la calidad de entidad pública que ostenta la parte demandante, dado que al aplicar cada uno de esos criterios se asigna la competencia a un juez diferente. Respecto del fuero general del domicilio del demandado, el numeral 1º del artículo 28 del estatuto procesal, prevé como regla general que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado». No obstante, esta regla no es absoluta, pues en algunos casos concurren fueros adicionales señalados en la misma disposición, como sucede para este trámite. De otro lado, el numeral 10º de la norma procesal en cita refiere que, « [ e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». De esta manera, al tratarse de procesos contenciosos y en los que interviene una entidad pública, se presenta una concurrencia entre fueros privativos que genera una

forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». De esta manera, al tratarse de procesos contenciosos y en los que interviene una entidad pública, se presenta una concurrencia entre fueros privativos que genera una aparente colisión, lo cual amerita una interpretación que la solucione.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01142-00 5 4.- En el caso concreto, se advierte que la entidad convocante es una empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, de la rama ejecutiva del poder público de orden nacional, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., por lo que es una de las personas jurídicas a que alude el numeral 10 del artículo 28 referido. Al aplicarse este fuero privativo a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, podría concluirse que el conocimiento de la demanda es de competencia del juzgado de su domicilio principal.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que, según el artículo 29 del Código General del Proceso «[e] s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes». La prelación prevista en el artículo 29 ibídem, para la competencia «en consideración a la calidad de las partes», hace referencia al factor subjetivo, ratione personae1 , que corresponde a la asignación de un asunto de manera

exclusiva a una autoridad judicial en virtud de la calidad o naturaleza de la parte, como sería la fijada en el numeral 6º del artículo 30 ibidem, que dispone que esta Sala de Casación conocerá «[d]e los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero [o] un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República». La norma en cita contempla con claridad que,

1 «El subjetivo mira a la calidad de públicas de las personas que forman las partes del juicio: nación, municipios, etc., cuando la ley señala jueces especiales para conocer de sus litigios ». DEVIS ECHANDIA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Editorial Temis, Bogotá 2021. Formato Ebook. Pág. 117.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01142-00 6 atendiendo a la condición de uno o varios extremos de la litis, conocerá un determinado Despacho judicial, sin atender a otro factor de competencia, como podría ser el objetivo, la cuantía o el territorial. Por ello, se comprende que el compendio procesal, disponga que esta competencia no puede ceder frente a otras y, como lo indica el canon 16, sea improrrogable. La doctrina nacional ha estimado esta condición de los fueros, al señalar que, «A fin de saber cuál de lo jueces que existen en distintos territorios

debe corresponder el pleito (…) se aplica el factor territorial y el criterio lo suministrará la vecindad o domicilio de los elementos que sirven al juez para decidir: las personas y las cosas. Y como esos elementos se hallan a menudo en lugares diferentes, surge la cuestión de escoger entre ellos el más apropiado»2 Para el asunto en análisis, resulta importante referir los fueros de competencia territorial regulados en los numerales 9º y 10º del canon 28, que tienen en consideración el criterio de la calidad estatal de quien concurre al proceso. El numeral 9º contempla una regla especial cuando una de las partes corresponda a la Nación, entendida ésta en referencia a las autoridades centrales y así distinguirla de las autoridades descentralizadas3 , según el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la cual dispone que conocerá cuando aquella sea la demandante «el juez que corresponda a la cabecera de distrito judicial del domicilio del demandado» y en cambio, si es demandada será el despacho « del domicilio que corresponda a la cabecera de distrito judicial

2 Op. Cit. 1, Págs. 130 y 131. 3 Véase Sentencia de la Corte Constitucional C-221-97, que analizó la exequibilidad del literal a) del artículo 233 del decreto 1333 de 1986 y el literal c) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913.

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-221-97.htmRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01142-00 7 del demandante». Nótese que, frente a esta autoridad, que pudiera considerarse como la de mayor nivel en el escenario estatal, el legislador priorizó para fijar la competencia territorial la sede de su contraparte. El numeral 10º siguiente determina que en los asuntos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, distinta a la Nación, conforme a lo definido en el numeral 2º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, « conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». Los anteriores parámetros normativos no asignan la competencia por el factor subjetivo, pues no están delimitando las autoridades que pueden conocer de manera exclusiva cuando se demande a una Entidad Pública, en los distintos niveles central o descentralizado, sino que determinan, en el nivel del territorio, cómo asignar el conocimiento en los diferentes despachos que pudieran asumir la causa de manera general. En esta medida, se estima que el fuero personal del factor territorial no atiende al criterio de la improrrogabilidad del factor subjetivo que prevé el artículo 16 del estatuto procesal, sino antes bien puede ser prorrogado por el sujeto al que se le ha otorgado dicho beneficio.

factor territorial no atiende al criterio de la improrrogabilidad del factor subjetivo que prevé el artículo 16 del estatuto procesal, sino antes bien puede ser prorrogado por el sujeto al que se le ha otorgado dicho beneficio. En efecto, según lo determina el artículo 16 del Código General del Proceso, la competencia por los factores subjetivoRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01142-00 8 y funcional son improrrogables, lo que significa que, atendiendo el interés superior que subyace a estos parámetros los torna imperativos y por ello, «los particulares no pueden, ni aun poniéndose de acuerdo, llevar el negocio a conocimiento de juez diferente»4 . Sin embargo, el ordenamiento contempla que, atendiendo a factores de economía y acceso efectivo a los derechos de defensa y debido proceso, se pueda admitir ceder la competencia bajo otros factores, diferentes al subjetivo y funcional, cuando « la parte en cuyo favor se ha establecido lleve o acepte el juicio ante juez distinto del que debía conocer de conformidad con las normas abstractas que regulan ese factor»5 . Como se ha indicado, el fuero fijado en el numeral 10º del artículo 28 ibidem, es considerado como un «“beneficio” o “ privilegio” a favor de la entidad pública, conforme al cual se le autoriza demandar ante el juez del sitio de su propio domicilio, quien deberá

avocar el conocimiento del libelo así propuesto.» (CSJ AC925-2019). Ello resalta su carácter renunciable, toda vez que, como lo ha dicho esta Sala: «A esas prerrogativas, el legislador les ha conferido la posibilidad de declinarse, conforme dimana del contenido del artículo 15 del Código Civil. La renuncia, desde la perspectiva ontológica, supone la dejación de una ventaja (derecho o regla jurídica dispensadora de efectos a favor de alguien) mediante una declaración unilateral de voluntad, expresa o tácita, encaminada a tal propósito» (CSJ AC925-2019)». Al optar la entidad por demandar conforme al fuero territorial en razón al domicilio del demandado, consagrado

4 Op. Cit. 1, pág. 121. 5 Ibidem.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01142-00 9 en el numeral 1º del artículo 28, o según el fuero personal previsto en su numeral 10 (i) se facilita la descentralización de la justicia, descongestionando los juzgados de Bogotá, (ii) se garantiza la cercanía geográfica, permitiendo una justicia contextualizada, (iii) se ahorra a las partes costos y las dificultades logísticas de desplazarse a Bogotá o a las capitales departamentales, y (iv) se fortalece el principio de inmediación al permitir que los jueces tengan un contacto

directo con las partes, los hechos y las pruebas. En este caso concreto, atendiendo a la conducta de la entidad, quien radicó su demanda en lugar diferente al de su asiento, para darle primacía al fuero personal y en sustento preferente del principio constitucional de acceso a la administración de justicia del demandado (art. 229 C.P.) y el derecho al debido proceso (art. 29 ibídem), se desprende que ésta renunció al fuero que la cobija, previsto en el numeral 10º del artículo 28 ejusdem. 5.- En consecuencia, se declara que la competencia del asunto corresponde al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fundación, Magdalena, por lo que se ordenará remitírselo para que imprima el trámite pertinente.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01142-00 10

Primero: Declarar que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fundación, Magdalena, es el competente para conocer la causa de la referencia.

Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en el conflicto dirimido.

Tercero: Librar los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada