CSJ - AC1639-2026

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC1639-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00587-00 Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiséis (2026). ANOTACIÓN PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo nº 034 de esta Corporación y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto serán reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgación real de sus datos. Anotado lo anterior, decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo de Familia de Florencia, Caquetá y Treinta y Ocho de Familia de Bogotá, D.C.

I. ANTECEDENTES 1.- El 26 de junio de 2026, luego de haberse expedido la Resolución No. 4110-67.539-013 en la que se definió laRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00587-00 2 situación jurídica del menor Juan Pablo para otorgarle su custodia provisional y cuidado personal a su progenitor Pedro Rodríguez, la Comisaría Segunda de Familia de Florencia, dispuso el envío de las diligencias a los jueces de familia de esa ciudad « con el objetivo de que se dé cumplimiento a

Pedro Rodríguez, la Comisaría Segunda de Familia de Florencia, dispuso el envío de las diligencias a los jueces de familia de esa ciudad « con el objetivo de que se dé cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 108, modificado por el artículo 8 de la Ley 1878 de 2018; parágrafo del Artículo 119 y artículo 123 del Código de la Infancia y la Adolescencia» [archivo digital 002]. 2.- Asignadas por reparto las actuaciones al Juzgado Segundo de Familia de esa urbe, en auto del 12 de agosto de 2025 se negó a asumir su conocimiento y ordenó la remisión del expediente a sus homólogos de Bogotá, con respaldo en que «el menor actualmente se encuentra con medida de ubicación en medio familiar con su progenitor EUDER JARAMILLO PERDOMO así como la custodia y cuidado personal otorgadas con fallo del 26/06/2025, quienes residen en (…) la que se cumple en la ciudad de Bogotá D.C.» [archivo digital 0001]. 3.- El Juzgado Treinta y Ocho de Familia capitalino igualmente se rehusó a continuar con el trámite pertinente, al considerar que «el juzgado competente para decidir sobre la homologación del restablecimiento de derechos es aquel al que inicialmente fue repartido el expediente, es decir, el Juzgado Segundo de Familia de Florencia (Caquetá), puesto que la decisión objeto de homologación fue adoptada por la Comisaría Segunda de Familia del mismo municipio» [archivo digital 0004].

II. CONSIDERACIONES

homologación fue adoptada por la Comisaría Segunda de Familia del mismo municipio» [archivo digital 0004].

II. CONSIDERACIONES 1.- Como el conflicto planteado involucra a dos juzgados de diferentes distritos judiciales, corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el conflicto.

Así se desprende de los artículos 139 del Código General delRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00587-00 3 Proceso (inciso quinto) y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- Al tenor de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1098 de 2006, para la tramitación de asuntos como el que motivó la presente colisión, «será competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente; pero cuando se encuentre fuera del país, será competente la autoridad del lugar en donde haya tenido su última residencia dentro del territorio nacional » (subrayado fuera del texto). 3.- Confrontado el asunto que se examina con el aparte normativo que acaba de referirse, deviene que no existe duda en cuanto a que la competencia para conocer de este tipo de controversias, con base en el factor territorial, recae en la autoridad del lugar «donde se encuentre» el niño, niña o adolescente objeto de las medidas. Así lo ha señalado esta Corporación en asuntos análogos destacando que: La claridad de la referida disposición no remite a duda, en cuanto

adolescente objeto de las medidas. Así lo ha señalado esta Corporación en asuntos análogos destacando que: La claridad de la referida disposición no remite a duda, en cuanto asigna la facultad al funcionario del sitio en que se «encuentre» el menor, aludiendo así simple y llanamente a su ubicación física y, por tanto, dejando de lado otros conceptos cuya aplicación en concreto pudieran generar duda. Predicamento que se acopla plenamente a los principios de inmediación, economía procesal y acceso real y efectivo a la administración de justicia, compendiados en el concepto de «mínimo esfuerzo de la jurisdicción», acorde con el cual se aspira a que el trámite se desarrolle lo más cerca posible a los involucrados en el conflicto, para facilitar su comparecencia, la aportación, práctica y debate de las pruebas y el cumplimiento de las medidas encaminadas a la protección del menor. Ahora, como en la cotidianidad no siempre es posible que la sede de todos los interesados confluya alrededor de un solo funcionario, es evidente que, en aras de la prevalencia del interés superior delRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00587-00 4 niño, la propia regla ha despejado cualquier duda, inclinándose por la localización de éste, que de suyo involucra la de quien directa y actualmente se encuentra a su cuidado (reiterado en CSJ, AC4012-2025; CSJ, AC6461-2025, entre otras).

directa y actualmente se encuentra a su cuidado (reiterado en CSJ, AC4012-2025; CSJ, AC6461-2025, entre otras). 4.- El prenombrado precepto busca también atender el fin del artículo 96 ibidem, que ordena el seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento adoptadas, habida cuenta que, deviene apenas lógico que la autoridad que deba cumplir dicha tarea sea la que tenga mayor facilidad para ello, que no puede ser otra distinta a la del lugar de habitación del menor, quien, de acuerdo al artículo 26 de la normativa en cita, tiene derecho a ser escuchado «y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta». 5.- Y no se diga que por el hecho de haberse expedido la resolución que definió la situación jurídica del niño y le otorgó la custodia provisional a su padre en Florencia, debe ser el funcionario judicial de ese territorio quien continúe con las actuaciones subsiguientes, pues ha precisado esta Corte que «el domicilio de los sujetos de especial protección es fuero especial de atribución de competencia territorial, aun cuando varíe en el curso del proceso; amén de que el inciso 2° del artículo 139 del Código General del Proceso prevé que: “[e]l juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo los factores subjetivo y funcional”» (reiterado en CSJ, AC4012-2025; CSJ, AC6461-2025; CSJ, AC6522-2025). 6.- En el caso bajo estudio, es claro que el proceso administrativo inició ante la Comisaría de Familia localizada

CSJ, AC6461-2025; CSJ, AC6522-2025). 6.- En el caso bajo estudio, es claro que el proceso administrativo inició ante la Comisaría de Familia localizada en la ciudad de Florencia, por ser ese el lugar donde residía el menor para el momento de los hechos denunciados; sin embargo, también lo es, que aquel fue entregado a su progenitor en virtud de la orden en cita, quien según se advierte del expediente, reside en la « ciudad de Bogotá D.C.» ,Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00587-00 5 circunstancia que, de cara a las citas jurisprudenciales y normativas antes referidas, impone a la autoridad de la capital de la República, la competencia para continuar con el trámite de restablecimiento de sus derechos. Sobre el punto se pronunció el Consejo de Estado en su Sala de Consulta y Servicio Civil, y esta Corte acogió tal criterio, según el cual: (...) El cambio del domicilio del menor hace que la competencia para continuar con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos pase a la autoridad del lugar a donde se encuentre (...) Siguiendo la regla establecida en el artículo 97 ley 1098 de 2006, el cambio del domicilio de la niña traería entonces dos consecuencias implícitas: la primera, que la competencia para continuar con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos debe pasar a la autoridad del lugar a donde se encuentre

consecuencias implícitas: la primera, que la competencia para continuar con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos debe pasar a la autoridad del lugar a donde se encuentre y la segunda, que la autoridad que inició el proceso no puede mantener la competencia para seguir conociendo del asunto (CE, 2 mar. 2012, rad. 2012-00010-00, reiterado en CSJ4012-2025 y CSJ, AC6461-2025). 7.- Así las cosas, se asignará la competencia para seguir conociendo del trámite de restablecimiento de derechos del menor al Juzgado Treinta y Ocho de Familia de Bogotá, D.C., decisión de la cual se dará aviso a la Comisaría de Familia involucrada, al Juzgado Segundo de Familia de Florencia y a los demás interesados.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00587-00

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PRIMERO: Declarar que el Juzgado Treinta y Ocho de

Familia de Bogotá, D.C., es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia.

SEGUNDO: Remitir el expediente a esa autoridad para que continúe con el trámite del asunto.

TERCERO: Comunicar esta decisión a las autoridades involucradas y a los demás interesados.

Notifíquese,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada