CSJ - AC1641-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC1641-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

AC1641-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01250-00 Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería-Córdoba y el Juzgado Promiscuo Municipal de Toluviejo-Sucre.

I. ANTECEDENTES 1.- Ante los Juzgados Civiles Municipales de Montería, la sociedad Petróleos del Mileno S.A.S pidió librar mandamiento de pago contra Mayda Sofía Jiménez Díaz por la obligación insoluta incorporada en el pagaré No. 00344 y los intereses moratorios. En el acápite de competencia, manifestó que, a dicha sede le era atribuible por «la naturaleza, cuantía y domicilio de la ejecutada en el proceso». 2.- El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería, mediante auto del 4 de diciembre de 2025, rechazó la demanda por razón del factor territorial, al considerar que el domicilio de la parte demandada es Toluviejo, pues expresamente en el acápite de individualización de la parte demandada se señaló que la ejecutada Mayda Sofía Jiménez Díaz se encuentra «domiciliada en el municipio de Toluviejo» .

Indicó además que en este caso tampoco se podía determinarRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01250-00 2 la competencia por el lugar del cumplimiento de la obligación, toda vez que en el título valor objeto de cobro no se señaló nada al respecto.

2 la competencia por el lugar del cumplimiento de la obligación, toda vez que en el título valor objeto de cobro no se señaló nada al respecto. 3.- El segundo receptor, Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Toluviejo, mediante auto del 20 de febrero de 2026 declaró la falta de competencia y promovió el conflicto negativo. Argumentó que, si bien en el acápite de individualización de la parte ejecutada se indicó que aquella se encuentra «domiciliada en el municipio de ToluviejoCórdoba», lo cierto es que en el acápite de notificaciones se suministró como dirección física de la ejecutada la ubicada en la carrera 15 No. 4-45 de la ciudad de Montería. Además, sostuvo que la fijación del domicilio en «Toluviejo - Córdoba», no constituía un elemento exclusivo ni excluyente para efectos de determinar la competencia territorial, pues «la coexistencia de datos territoriales diversos imponía, al menos, un análisis más amplio del factor territorial o la adopción de medidas de saneamiento procesal orientadas a precisar el lugar de domicilio o residencia efectiva de la ejecutada». En consecuencia, remitió el expediente a esta Corporación para su definición.

II. CONSIDERACIONES 1.- Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada SustanciadoraRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01250-00

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funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada SustanciadoraRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01250-00 3 en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996. 2.- Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad. En el caso analizado, la controversia se centra en el factor territorial. Al respecto, el artículo 28 del Código General del Proceso, en su numeral 1°, prevé como regla general que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado». Esta disposición responde a la necesidad de garantizarle al convocado la posibilidad de ejercer en forma adecuada su defensa. En consecuencia, una vez ejercida válidamente la elección del factor territorial por parte del demandante, dicha determinación no puede ser modificada por el juez, por cuanto esta competencia se torna en privativa, a la espera de que la parte demandada se manifieste (CSJ AC6986-2025). Esta consideración atiende a lo reglado en el artículo 16 del Código General del Proceso, cuyo inciso 1º contempla que la « jurisdicción y competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables », de lo cual se desprende que,

Esta consideración atiende a lo reglado en el artículo 16 del Código General del Proceso, cuyo inciso 1º contempla que la « jurisdicción y competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables », de lo cual se desprende que, solo estos elementos permiten su valoración por el Despacho de conocimiento y los restantes, es decir, el objetivo, territorial y de conexidad, atenderán la pauta general de permanencia, según el cual, a la luz del inciso 2º de la normaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01250-00 4 en cita, la « falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el Juez seguirá conociendo del proceso». 3.- En el caso concreto, el criterio invocado por la demandante para atribuir la competencia al Juez de Córdoba fue precisamente el «domicilio» de la ejecutada. Sin embargo, dicho domicilio no quedó claro en el escrito inicial pues erradamente se indicó que éste correspondía a «ToluviejoCórdoba»1, lo cual no es correcto pues dicho municipio se encuentra ubicado en el departamento de Sucre. Además, la enunciación de otro municipio en el aparte de notificaciones de la ejecutada2 refuerza la confusión en la asignación de la competencia territorial en este asunto. Bajo ese escenario, se advierte que el domicilio invocado por la parte ejecutante para atribuir la competencia al Juez no fue claro al momento de radicarse la demanda. Por lo tanto, le correspondía al Juzgado Cuarto Civil Municipal

Bajo ese escenario, se advierte que el domicilio invocado por la parte ejecutante para atribuir la competencia al Juez no fue claro al momento de radicarse la demanda. Por lo tanto, le correspondía al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería, previo a declararse incompetente, acudir al mecanismo de la inadmisión de la demanda, a fin de requerir a la sociedad ejecutante para que aclarara el domicilio de la demandada y de ese modo, dilucidar la incertidumbre que sobre el asunto se presentó. 4.- Así las cosas, ante lo precipitado del conflicto de competencia, se devolverán las diligencias al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería, para que proceda de conformidad con lo previamente expuesto.

III. DECISIÓN 1 Archivo digital «04Demanda», fl. 2. Expediente digital.2 Ibidem fl. 4.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01250-00

5 En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: Primero: Declarar prematuro el planteamiento del presente conflicto de competencia.0020

Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en el conflicto.

Tercero: Librar los oficios correspondientes, por

Secretaría.

NOTIFÍQUESE

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada

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