CSJ - AC1646-2026

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC1646-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00981-00 Bogotá D. C, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Quinto Transitorio de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Ibagué y Promiscuo Municipal de Fonseca, La Guajira.

I. ANTECEDENTES 1.- La sociedad Sucampo-Sullanta S.A.S. instauró demanda ejecutiva singular contra la Empaquetadora y Comercializadora Luciana S.A.S., con el propósito de obtener el pago de las sumas de dinero documentadas en trece facturas electrónicas descritas detalladamente en el libelo, así como los intereses moratorios causados sobre ellas. 2.- El escrito introductorio fue presentado ante los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple de Ibagué, « de acuerdo con el Numeral 03 del Artículo 28 del Código General del Proceso» [archivo digital 005].Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00981-00 2 3.- Asignado por reparto el asunto al estrado Quinto Transitorio de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de esa urbe, rehusó su conocimiento fundado en que « la competencia se determina por el lugar del domicilio de la entidad

Transitorio de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de esa urbe, rehusó su conocimiento fundado en que « la competencia se determina por el lugar del domicilio de la entidad demandada (art. 28 Numeral 1 del C.G del P) », siendo la Guajira el domicilio de la sociedad llamada a soportar las pretensiones, por lo que dispuso la remisión del expediente a los falladores de ese lugar [archivo digital 007]. 4.- El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fonseca también declinó su competencia, arguyendo que «el juez competente para conocer del presente proceso es el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones como lo indica lo señalado numeral 3 del artículo 28 del Código General del Proceso, es decir, los jueces de la ciudad de Valledupar, como se aprecia en las facturas electrónicas que el demandante pretende exigir». Bajo ese entendido propuso la colisión negativa y remitió las diligencias a esta Corporación [archivo digital 010].

II. CONSIDERACIONES 1.- Corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo

establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- De acuerdo con el numeral 1º del artículo 28 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, « en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante».Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00981-00 3 De igual manera, el numeral 3º del mismo canon preceptúa, que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita». A su turno, el numeral 5º de la disposición legal memorada establece, que «[e]n los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta». 3.- Bajo ese panorama surge, sin mayor dificultad que, en materia de litigios derivados de un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, el legislador estableció una concurrencia de fueros para determinar la competencia de la autoridad judicial llamada a definir ese tipo controversias, circunstancia que permite al actor elegir entre las varias

concurrencia de fueros para determinar la competencia de la autoridad judicial llamada a definir ese tipo controversias, circunstancia que permite al actor elegir entre las varias opciones establecidas en la ley. De esta manera, se encuentra, de un lado, el fuero general correspondiente al domicilio del demandado y si son varios, cualquiera de ellos a elección del interesado; tratándose de una persona jurídica será el asiento principal de sus negocios o si la contienda está vinculada a alguna de sus sucursales, al lugar donde se halle ésta; y, de otra parte, también converge el sitio de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Sobre el particular, la Sala ha considerado que: (…) para las demandas derivadas de un negocio jurídico o que involucran títulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui).Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00981-00 4 Por eso doctrinó la Sala que el demandante, con fundamento en actos jurídicos de ‘alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el

domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor’ (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00) (reiterado en CSJ, AC65272025 y CSJ, AC6541-2025, entre otras). De manera que, ejercida válidamente la elección por el convocante, la misma no puede ser alterada motu proprio por el iudex, comoquiera que « la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes » (reiterado en CSJ, AC6463-2025 y CSJ, AC6528-2025, entre otros). Empero, esa escogencia no puede ser caprichosa, pues debe existir pleno convencimiento de que, si se inclinó el interesado por la regla general, el lugar indicado en verdad corresponda al del domicilio de su contendiente; y, si se decantó por la pauta del numeral 3º, sea evidente el sitio de cumplimiento de las cargas convencionales. 4.- En el sub lite, no existe discusión en cuanto a que el litigio planteado por Sucampo-Sullanta S.A.S. está dirigido a obtener el reembolso de las sumas de dinero contenidas en distintos instrumentos cambiarios (facturas electrónicas), por manera que, para la fijación del juez natural, concurrían tres fueros, esto es, el general que prevé el numeral 1º del

obtener el reembolso de las sumas de dinero contenidas en distintos instrumentos cambiarios (facturas electrónicas), por manera que, para la fijación del juez natural, concurrían tres fueros, esto es, el general que prevé el numeral 1º del artículo 28 del C.G.P., así como los especiales contemplados en los numerales 3º y 5º ibídem, este último, porque obra como integrante del extremo pasivo una persona jurídica.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00981-00 5 Ante esa disyuntiva, la compañía convocante optó por radicar la causa en Ibagué, aduciendo que debía aplicarse la regla tercera en comento, debido a que allí se deben cumplir las obligaciones contenidas en las «facturas electrónicas» relacionadas en el libelo, de ahí que, en principio, una vez la interesada eligió a los juzgados de dicha ciudad y presentó allí su demanda, el funcionario seleccionado estaría compelido a impartir la tramitación correspondiente, pues satisfechas esas prerrogativas no podría aquél, modificar un acto procesal de la parte actora, efectuado con sujeción a los preceptos legales. 5.- Sin embargo, en los títulos soportes de la ejecución no aparece consignado el territorio en el que se honrarían las obligaciones motivo de cobro judicial, circunstancia que por sí sola es insuficiente para poner en duda la elección realizada por la postulante, pues ante esa incertidumbre es pertinente acudir a lo establecido en el artículo 621 del Código de Comercio, según el cual «[s]i no se menciona el lugar de

realizada por la postulante, pues ante esa incertidumbre es pertinente acudir a lo establecido en el artículo 621 del Código de Comercio, según el cual «[s]i no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título» y aplicada esta regla supletoria al caso en estudio, se establece que la ejecutante se encuentra domiciliada en Cota, Cundinamarca [folios 64 a 80, archivo digital 002]. 6.- Afirmase esto, porque las facturas cambiarias son títulos valores de contenido crediticio « que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito », y si en estas no se menciona el lugar de cumplimiento de las obligaciones en ellas contenidas, al tenor de lo previsto en el citado artículo 621, « lo será el del domicilio del creador del título »,Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00981-00 6 que lo es el vendedor o prestador del servicio que emite el cartular, al margen que para el cobro efectivo de ésta sea indispensable la aceptación expresa o tácita del comprador o beneficiario del servicio. Si ello es así, como el domicilio principal de la promotora es Cota, Cundinamarca, como lo evidencia el certificado de existencia y representación legal y lo informó en el escrito inaugural [archivo digital 005], y fue esta la emisora

promotora es Cota, Cundinamarca, como lo evidencia el certificado de existencia y representación legal y lo informó en el escrito inaugural [archivo digital 005], y fue esta la emisora de los instrumentos cartulares cuyo recaudo se pretende, ante la falta de indicación expresa sobre el lugar de cumplimiento, tendría, en todo caso, el fallador de esa municipalidad que dar curso al litigio. En un asunto de perfiles semejantes, la Sala consideró que: En ejercicio de esa potestad, la libelista manifestó acogerse a la alternativa de accionar ante el juzgador del lugar de cumplimiento de las obligaciones. Como en el instrumento no se indicó el sitio en que dichas prestaciones debían ser satisfechas, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 621 del Código de Comercio, en materia de títulos valores, en cuanto a que «[s]i no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título…». Tal regla supletiva se torna vinculante en este caso, comoquiera que las facturas de venta son títulos valores de contenido crediticio creados por el vendedor o el prestador del servicio, tanto así que el penúltimo inciso del artículo 774 del Código de Comercio, modificado por la Ley 1231 de 2008, prevé que «[e]n todo caso, todo comprador o beneficiario del servicio tiene derecho a exigir del vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que corresponda al negocio causal con indicación del precio

comprador o beneficiario del servicio tiene derecho a exigir del vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que corresponda al negocio causal con indicación del precio y de su pago total o de la parte que hubiere sido cancelada». Desde esa perspectiva, aunque resulta innegable que en la factura no se dijo cuál sería el lugar de cumplimiento o ejercicio delRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00981-00 7 derecho, debía entenderse, según artículo 621 del Código de Comercio, que era el domicilio de la creadora de tal documento mercantil (reiterado en CSJ, AC3155-2023; CSJ, AC5348-2024 y CSJ, C6264-2025). 7.- Deviene de lo indicado, que siendo que el ejecutante, en ejercicio de la potestad que le confiere la ley, optó por impulsar su ejecución ante los estrados de la sede donde se cumplirían las obligaciones y ante la ausencia de esa información en los cartulares presentados al cobro, se debe aplicar la regla supletoria contenida en el artículo 621 del Código de Comercio que, lo radica en el domicilio del creador del título, siendo que la sociedad Sucampo S.A.S. tiene el asiento principal de sus negocios en Cota (Cundinamarca), deberá enviarse el dossier a los jueces de esa locación para que le den curso a la acción ejecutiva. 8.- Consecuente con lo anotado, por economía procesal se remitirá el diligenciamiento a los jueces promiscuos municipales de esa locación para que sea distribuido entre

que le den curso a la acción ejecutiva. 8.- Consecuente con lo anotado, por economía procesal se remitirá el diligenciamiento a los jueces promiscuos municipales de esa locación para que sea distribuido entre los despachos existentes, por ser los competentes para conocer del mencionado proceso, y se informará de esta determinación a los funcionarios judiciales involucrados en la colisión que aquí queda dirimida.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: PRIMERO: Declarar que los juzgados promiscuos municipales de Cota, Cundinamarca son los competentes para asumir el conocimiento del proceso de la referencia.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00981-00

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SEGUNDO: Remitir el expediente a la dependencia correspondiente para que realice la asignación del asunto entre los despachos de esa categoría y locación.

TERCERO: Comunicar esta decisión a las dependencias involucradas en este diligenciamiento, y a la ejecutante.

NOTIFÍQUESE,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada