CSJ - AC1662-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada Ponente AC1662-2026 Radicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 (Aprobado en sesión de doce de marzo de dos mil veintiséis) Bogotá D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintiséis (2026). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Sujail Issa K' David para sustentar el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia del 5 de septiembre de 2025, proferida por la Sala Quinta CivilFamilia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso de nulidad absoluta promovido por aquel contra Arif José Fabio Issa Elnesser y otros.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones y hechos En demanda del 23 de agosto de 2018 se solicitó, como pretensión principal, declarar la nulidad absoluta de la Escritura Pública No. 112 del 22 de marzo de 1984, en adelante la Escritura 112, contentiva del poder general otorgado por Adel José Issa Elnesser a Arif José Fabio IssaRadicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01

2 Elnesser, hermano del primero. En consecuencia, demandó la cancelación de las Escrituras Públicas Nos. 369 y 400 de 1984, en adelante la Escritura 369 y la Escritura 400, referidas a contratos de compraventa suscritos por el mandatario y Hassain Mohamed Isa.

1984, en adelante la Escritura 369 y la Escritura 400, referidas a contratos de compraventa suscritos por el mandatario y Hassain Mohamed Isa. La parte actora relató que el 22 de marzo de 1984 se suscribió la Escritura 112, ante la Notaría Única de Maicao, en la que Adel José Issa Elnesser, padre del demandante, otorgó poder al demandado para que «tuviera el derecho de dominio y disposición de todas las propiedades en Colombia y en el Líbano». Precisó que mediante perito y prueba grafológica se demostró que este documento público era falso, en atención a que el mandante no la había suscrito. Refirió que su señor padre falleció el 15 de agosto de 1984, y si se predicara como válida la escritura en comento, «el mandato expira[ba] con la muerte del Mandante». Sin tener en consideración el deceso, el demandado en octubre de 1984, ante la misma notaría en donde se otorgó el poder, suscribió la Escritura 369 por la cual vendió «varias propiedades que tenía el fallecido (…) a HASSAIN MOHAMED ISSA ISSA quien actualmente vive en Miami — Usa (sic) y es sobrino de ADEL JOSÉ ISSA ELNESSER (Q.E.P.D.) y primo del Demandante». En el mes de diciembre del mismo año, el comprador ante igual oficina notarial, por la Escritura 400 vendió « los

ISSA ELNESSER (Q.E.P.D.) y primo del Demandante». En el mes de diciembre del mismo año, el comprador ante igual oficina notarial, por la Escritura 400 vendió « los mismos bienes a FATIMA K' DAVID DE ISSA, viuda del fallecida (sic)Radicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 3 ADEL JOSE ISSA ELNESSER Y MADRE DEL demandante, quien se quedó con la totalidad de los bienes de su esposo». Se argumentó que el accionado, mediante lo que se denominó como «fraude procesal» y «falsedad material» en las Escrituras 112 y 369, se apropió, vendió, lucró y enriqueció a expensas de la cuota parte que le correspondería al acervo hereditario de su padre. Dijo haber sido informado de las anteriores conductas por el mandatario, una vez requirió al señor Ibrahim Issa KDavid, otro demandado, y formuló denuncia por los hechos objeto del litigio, en el año 2016. Lo que generó que, « nuevamente a través de la simulación de contratos y mediante escritura publica (sic) No. 524 de (…) 2016 realizo (sic) la insinuación de donación de nuda propiedad con reserva de usufructo vitalicio a favor de sus hijos KADIM IBRAHIM ISSA ISSA, SAUSAN ISSA ISSA y YALILA ISSA ISSA». Por todo lo expresado, concluyó que las Escrituras reclamadas eran nulas absolutamente, por el dolo y la causa

KADIM IBRAHIM ISSA ISSA, SAUSAN ISSA ISSA y YALILA ISSA ISSA».

Por todo lo expresado, concluyó que las Escrituras reclamadas eran nulas absolutamente, por el dolo y la causa ilícita en que se actuó « al falsificar la firma » del padre y luego actuar conforme a dicho poder y vender los bienes « en forma ilícita».

2. Trámite de primera instancia Arif José Fabio Issa Elnesser, Hassain Mohamed Issa e Ibrahim Issa KDavid, se opusieron a la demanda y formularon las excepciones de «prescripción extintiva de la acción judicial», «inexistencia del vicio que genera la nulidad absoluta alegada»,Radicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 4 « falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de Ibrahim Issa KDavid», «efecto relativo del contrato contenido en la Escritura Pública No. 112 del 22 de marzo de 1984», « presunción de autenticidad de la Escritura Pública No. 112 del 22 de marzo de 1984», «transacción» y «conciliación»; así como las demás que resultaran probadas a la luz de lo reglado en el artículo 282 del Código General del

Proceso. El 20 de abril de 2022 se presentó reforma en la que se adicionaron pretensiones relacionadas con las Escrituras Públicas «No. 601 del 16 de septiembre de 1.993 de la notaría única de Ciénaga - Magdalena, No. 135 del 22 de febrero de 1.993 de la Notaria (sic) Única de Ciénaga — Magdalena» y se modificaron algunos

Ciénaga - Magdalena, No. 135 del 22 de febrero de 1.993 de la Notaria (sic) Única de Ciénaga — Magdalena» y se modificaron algunos aspectos de los antecedentes fácticos, en particular sobre el conocimiento que tuvo el accionante de los hechos sustento de su reclamo para el «7 de julio de 2.016 a las 10:35 a.m.» Admitida la reforma, el Juzgado de conocimiento dispuso vincular a los herederos determinados de Fátima KDavid De Issa, señores Sujail, Dalel, Sulema, Suyud e Ibrahim Issa KDavid, al igual que los determinados del señor Arif José Fabio Issa Elnesser, señores Bassim, Widad y Sherin Issa Elnesser, junto con los herederos indeterminados. Hassain Mohamed Issa e Ibrahim Issa KDavid contestaron la reforma y formularon las defensas de « prescripción extintiva de la acción civil de nulidad», «convalidación o saneamiento de cualquier vicio respecto a las escrituras», «presunción de autenticidad de la Escritura Pública No. 112 (…) e inexistencia de los hechos que atacan su validez» y «falsa motivación de la demandaRadicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 5 derivada de la eficacia proveniente de la declaración de voluntad efectuada mediante documento suscrito por Suajil Issa KDavid».

5 derivada de la eficacia proveniente de la declaración de voluntad efectuada mediante documento suscrito por Suajil Issa KDavid». Por su parte, Sherin Issa Elneser, Widad Issa Elneser, Nawel Elneser De Issa y Basim Issa Elnesser, contestaron la reforma y presentaron similares excepciones de fondo que las invocadas por el extremo pasivo, en particular la «prescripción extintiva de la acción civil de nulidad» y la «convalidación o saneamiento de cualquier vicio respecto a las escrituras». Dalel, Sulema y Suyud Issa KDavid se opusieron a las pretensiones alegando excepciones análogas a las anteriores partes, como la de «prescripción extintiva de la acción civil de nulidad» y la «convalidación o saneamiento de cualquier vicio». La curadora ad litem de los herederos indeterminados de Fátima KDavid de Issa y Arif José Fabio Issa Elnesser, contestó la reforma sin presentar excepciones. El 15 de agosto de 2024, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla aceptó el desistimiento de las pretensiones formuladas respecto de Nawel Elnesser de Issa, Sherin Issa Elneser, Widad Issa Elneser y Basim Issa Elnesser. Surtidas las etapas respectivas, el Juzgado de conocimiento profirió sentencia negando las pretensiones de la demanda, al considerar que la nulidad absoluta por ausencia de un elemento indispensable puede ser saneadaRadicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 6

la demanda, al considerar que la nulidad absoluta por ausencia de un elemento indispensable puede ser saneadaRadicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 6 por ratificación, lo que en su consideración aconteció en el asunto.

3. Sentencia impugnada Al resolver la apelación del demandante, el Tribunal Superior de Barranquilla, en proveído de 5 de septiembre de 2025, revocó el numeral primero del fallo impugnado y, en consecuencia, declaró próspera la excepción de prescripción de la acción de nulidad absoluta.

La Colegiatura inició el análisis de los argumentos que fundamentaron la decisión del a quo para tener saneada la nulidad por ratificación y precisó que, la ley sustantiva prevé, en casos diferentes a la nulidad absoluta por causa u objeto ilícito, la posibilidad de solventarse a través de la afirmación, pero con la claridad de quién tiene la capacidad para efectuar dicha ratificación del consentimiento. Reseñó que, según el artículo 1755 del Código Civil, la ratificación no será válida si no emana de la parte que tiene derecho de alegar la nulidad, es decir, « para considerar que la nulidad absoluta por falta de consentimiento ha sido saneada imperiosamente debe existir una manifestación de voluntad con las solemnidades que la Ley establece (expresa) o con la ejecución voluntaria de la obligación contratada (tácita) de la parte».

Por lo anterior, consideró que no le asistía razón al juez de primera instancia al haber convalidado la nulidad, pues elRadicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 7 único con capacidad para ratificar la voluntad de los actos demandados en el plenario sería, «[D]e quien en vida fue padre del demandante, señor ADEL JOSE ISSA ELNESSER, tal actuación solo deviene de este último, no de ninguno de sus herederos como quiera que se trata de un derecho personalísimo e intransferible, de manera y suerte que, en el caso bajo estudio no es posible tener por saneada la nulidad absoluta que se predica en los términos que expuso el Juez de instancia». Teniendo claridad que en el presente asunto no podía existir el saneamiento, el ad quem procedió a revisar las pretensiones de nulidad formuladas. Encontró que en el plenario no existían « elementos suficientes para acreditar que en vida el señor ADEL JOSE FABIO ISSA ELNESSER suscribió realmente tal documento, ni mucho menos ejecutó con posterioridad acto alguno que ratificara la voluntad respectiva», por lo que concluyó que lo reclamado por el demandante se encontraba acreditado. Al tener comprobados los pedimentos del actor, conforme al principio de congruencia, el fallador de segunda instancia procedió a pronunciarse sobre la excepción de prescripción de la acción que fue formulada por los demandados, y resaltó que, según lo dispone el artículo 1742 del Código Civil, la nulidad absoluta cuando no es generada por objeto o causa ilícita, puede sanearse por prescripción

prescripción de la acción que fue formulada por los demandados, y resaltó que, según lo dispone el artículo 1742 del Código Civil, la nulidad absoluta cuando no es generada por objeto o causa ilícita, puede sanearse por prescripción extraordinaria, bajo el término de 10 años establecido en el ordenamiento sustantivo, según modificación del artículo 1º de la Ley 795 de 2002.Radicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 8 Precisó que, como desde la fecha de suscripción de las escrituras ha transcurrido más de una década, era necesario establecer si a la fecha de presentación de la demanda, esto es el 23 de agosto de 2018, había acontecido el término en revisión. Consideró que según lo acreditado en el plenario y las solemnidades de registro a las que están sometidas las escrituras, no se podía alegar un conocimiento posterior para exceptuar el término prescriptivo: « [ L]a nulidad de la Escritura Pública No. 112 base de todos los actos jurídicos siguientes, data del 22 de marzo de 1984, contando que el señor ADEL JOSE ISSA ELNESSER falleció el 15 de agosto de la misma anualidad, correspondía al hoy demandante tener conocimiento de las actuaciones desplegadas por su finado padre. Mal podría tenerse como fecha a contabilizar, el día en que presuntamente conoció de lo sucedido, en virtud que no existe prueba alguna que acredite que haya sido en el año 2016 con la información dada por el señor ARIF JOSE FABIO ISSA

el día en que presuntamente conoció de lo sucedido, en virtud que no existe prueba alguna que acredite que haya sido en el año 2016 con la información dada por el señor ARIF JOSE FABIO ISSA ELNESSER (tío), y contrariamente los actos jurídicos que involucran bienes inmuebles, dada su solemnidad deben ser registrados, y cada uno de los actos (posteriores al mandato con firma falsa) se encuentran inmersos en el certificado de tradición correspondiente». Conforme a lo anterior, el Tribunal concluyó que, según lo reglado en el artículo 1742 mencionado, la nulidad absoluta es susceptible de saneamiento por prescripción extraordinaria cuando no se funda en objeto o causa ilícita y como dicha defensa fue oportunamente alegada por los demandados, han transcurrido más de tres (3) décadas desde la fecha de la suscripción de la escritura y la demanda fue presentada el 23 de agosto de 2016, «resulta evidente que el término de prescripción extintiva se encuentra ampliamente superado».Radicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 9 El ad quem resaltó que en el plenario no existía medio de convicción que permitiera establecer que el demandante tuvo conocimiento efectivo de los actos en una fecha distinta o posterior a la que « razonablemente debía conocerlos », en atención a que los actos posteriores a la escritura de mandato fueron inscritos en los certificados de tradición, lo

o posterior a la que « razonablemente debía conocerlos », en atención a que los actos posteriores a la escritura de mandato fueron inscritos en los certificados de tradición, lo que «activa la presunción de conocimiento derivada de la publicidad registral» y responde a los principios de seguridad jurídica, certeza y estabilidad en las relaciones jurídicas. En consecuencia, estableció que no era viable declarar la nulidad pedida por cuanto la acción correspondiente se encontraba prescrita. El demandante interpuso recurso de casación, que fue concedido en auto de 24 de septiembre de 2025.

4. Demanda de casación La Corte admitió la impugnación que fue sustentada en tiempo con escrito que contiene tres (3) cargos. 4.1 Primer cargo El recurrente lo denominó como « CAUSAL PRIMERA – LA

VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL, COMO

CONSECUENCIA DE ERROR DE DERECHO DERIVADO DEL

DESCONOCIMIENTO DE UNA NORMA PROBATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 336 NUMERAL 2º. DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO».Radicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 10 Señaló que la sentencia impugnada presenta un « error de derecho manifiesto y transcendente para la fundamentación de las pruebas aportadas regular y oportunamente al proceso » por el quebrantamiento de las normas probatorias contenidas en los artículos 164, 165 y 176 del estatuto procesal, que

pruebas aportadas regular y oportunamente al proceso » por el quebrantamiento de las normas probatorias contenidas en los artículos 164, 165 y 176 del estatuto procesal, que violentarían los artículos 1502, 1517, 1579, 1741 y 1742 del Código Civil. Luego, precisó que la decisión del Tribunal de declarar la prescripción de la nulidad pretendida se sustentó en « la inexistencia de prueba alguna que acreditara la fecha del conocimiento de los actos jurídicos falsos» por lo que, estimó que al tratarse de actuaciones solemnes «el término jurídico de prescripción, debía ser desde el momento que se hizo el otorgamiento del acto viciado inicialmente, lo cual se remonta al año 1.984». El recurrente considera que dicha interpretación quebrantó el artículo 164 del Código procesal, que contempla el deber de fundamentar las decisiones en las pruebas allegadas oportunamente, pues «no se basó en la totalidad de las pruebas que fueron valida y regularmente aportadas al proceso, desconocimiento que lo llevó a una falta de fundamento probatorio », y no expuso razonadamente el mérito que le asignó a cada prueba obrante en el plenario. A renglón seguido, indicó que se afectó el artículo 165 ibidem, que regula los medios de prueba que proceden

válidamente en el proceso, en atención a que, en su sentir, no se consideraron unos documentos aportados en el procesoRadicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 11 « y que no sirvieron de base para fundamentar la sentencia de segunda instancia». En cuanto al artículo 176 id., señaló que el Tribunal se limitó a valorar solamente las pruebas que determinaban si hubo o no nulidad de las escrituras demandadas, y por ello estimó «que fue la fecha del año 1.984 la que debía tenerse en cuenta para la contabilización del término de prescripción por tratarse de actos solemnes y registrales, pero erró el Tribunal en la falta de fundamentación probatoria al no darle merito (sic) a los medios de pruebas documentales que fueron aportados por la parte demandante » que acreditaban el conocimiento posterior del demandante, y que para la anualidad reseñada, éste era una persona incapaz. Estimó que cuando la autoridad judicial no aprecia en conjunto las pruebas vulnera el principio de la sana crítica como sistema de valoración. Expuesto lo anterior, precisó que con el error de derecho se habría quebrantado el artículo 1502 del Código Civil, que regula los requisitos para que una persona se obligue, pues aunque el Tribunal reconoció que la Escritura 112 estaba viciada de nulidad «al decretar su saneamiento por la prescripción, cuando realmente no la hubo, está en el fondo reconociendo que la inexistencia de la voluntad ha sido saneada». Frente al artículo 1517 del Código sustantivo, precisó que el Tribunal lo estaría violentando al aplicar el

inexistencia de la voluntad ha sido saneada». Frente al artículo 1517 del Código sustantivo, precisó que el Tribunal lo estaría violentando al aplicar el saneamiento por prescripción, a pesar de tener acreditada la ilicitud de los actos jurídicos.Radicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 12 Finalmente, reseñó que el artículo 1742 ibidem, que regula la nulidad absoluta, habría sido violentado por la autoridad colegiada porque «basado en esta disposición decretó el saneamiento de la nulidad y en consecuencia se desvaneció los derechos invocados por el demandante en su demanda» al considerar que esta decisión « adoleció de una adecuada fundamentación probatoria por dejar de darle merito (sic) a los medios de convicción que fueron excluidos o no tenidos en cuenta en la apreciación de todas las pruebas». En cuanto a los artículos 1579 y 1741 del Código Civil, esta Sala debe precisar que, si bien fueron enlistados en el primer párrafo de formulación del cargo, no fueron desarrollados en los argumentos siguientes, ni siquiera mencionados. 4.2 Segundo cargo Lo tituló como «CAUSAL SEGUNDA: VIOLACIÓN INDIRECTA DE

LA LEY SUSTANCIAL COMO CONSECUENCIA DE ERROR DE HECHO

MANIFIESTO Y TRANSCENDENTE EN LA APRECIACION DE UNA

DETERMINADA PRUEBA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 336

NUMERAL 2º. DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO».

MANIFIESTO Y TRANSCENDENTE EN LA APRECIACION DE UNA

DETERMINADA PRUEBA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 336

NUMERAL 2º. DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO».

Se inicia la argumentación del cargo señalando que, si bien existen diversas opciones para fundamentar el error de hecho, el presente se sustenta principalmente en «la figura de la omisión de los medios de convicción, que llevó al Tribunal a negarle evidencia o desconocer los créditos (sic) que si estaban debidamente acreditados con los medios de pruebas omitidos».Radicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 13 Aclarado lo anterior, procedió a relacionar las pruebas documentales que consideró omitidas por el Tribunal en la decisión impugnada, «a través de las cuales con su valoración integrada a las que interpretó de manera inadecuada, debió llegar a la convicción del hecho relacionado con la fecha en la cual la parte demandante llegó a tener conocimiento de los actos ilícitos». Relacionó la Escritura No. 369 del 12 de octubre de 1984, mediante la cual el demandado adquirió bienes del señor Arif Jose Fabio Issa Elnesser, fallecido con anterioridad el 15 de agosto de dicho año, y precisó que el demandante tan solo tuvo noticia de dicho documento el 26 de mayo de 2016. También refirió a la Escritura No. 400 del 19 de noviembre de 1984, por la cual el demandado transfirió

tan solo tuvo noticia de dicho documento el 26 de mayo de 2016. También refirió a la Escritura No. 400 del 19 de noviembre de 1984, por la cual el demandado transfirió bienes a Fatima K David de Issa, que insiste tan solo conoció en mayo de 2016, «tal como se acredita en el sello que reposa en el último folio, expedida por la notaría única de Maicao con destino al interesado fue el 26 de mayo de 2016». Luego reseñó el Registro Civil de Nacimiento del demandante, que permite comprender que para el año de la suscripción de las anteriores escrituras aquel era una persona incapaz, sin poder promover desde dicha fecha alguna acción frente a los actos demandados. Finalizó este listado, relacionando el trámite de un derecho de petición promovido el 12 de julio de 2022, ante la Notaría Única de Maicao, con su respuesta del 19 de julio deRadicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 14 dicha anualidad, solicitud de complementación del 23 de julio y contestación final del 28 de julio, « donde efectivamente certifica que la escritura No.112 del 22 de marzo de 1984, fue expedida el 7 de julio de 2016 y la escritura pública No.400 del 19 de noviembre de 1984 fue expedida el 26 de mayo del 2016». Relató que, conforme a estos documentos relacionados, «[N]o cabe duda que si existen pruebas suficientes para

de 1984 fue expedida el 26 de mayo del 2016». Relató que, conforme a estos documentos relacionados, «[N]o cabe duda que si existen pruebas suficientes para determinar las fechas en que el demandante tuvo conocimiento de los hechos y no como lo manifestó el Tribunal en forma contraria, que de haber hecho una interpretación adecuada y no haber omitido los medios de convicción señalados, aplicando la lógica y la sana critica (sic) hubiese realizado una valoración integral de todos ellos, con la seguridad de haber llegado a una decisión distinta a la declaratoria de la prescripción». Recalcó que, si el Tribunal hubiera aplicado la regla de la sana crítica como sistema de valoración probatorio y además, valorado de forma conjunta las pruebas obrantes en el plenario y no solo de forma aislada y limitada, habría concluido en una posición diferente frente al término de prescripción decretado. Conforme a estos razonamientos, el recurrente alegó que con el error de hecho expuesto se aplicó indebidamente el artículo 1742 del Código Civil, que regula el saneamiento de la nulidad absoluta por prescripción, pues en su entendimiento «no hay razones jurídicas y probatorias para haber aplicado dicha norma». Insistió que la interpretación dada por el Tribunal al artículo del estatuto civil desconoció el valor jurídico de las pruebas, por cuanto desestimó el

aplicado dicha norma». Insistió que la interpretación dada por el Tribunal al artículo del estatuto civil desconoció el valor jurídico de las pruebas, por cuanto desestimó el conocimiento efectivo de los actos fraudulentos o falsosRadicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 15 « fundamentándose en no existir pruebas que acreditara la fecha del conocimiento del acto jurídico ejecutado desde el año 1.984 de manera fraudulenta, es decir, con la falsedad de la firma del presunto otorgante» . Por otra parte, también indicó que el Tribunal habría desatendido los artículos 2530 y 2541 del Código Civil, que prevén la suspensión de la prescripción tratándose de menores de edad o personas especialmente protegidas. A continuación, el recurrente presentó un aparte sobre lo que considera una interpretación inadecuada de las pruebas por falso raciocinio, deteniéndose en la experticia obrante en el plenario y la Escritura 112, para señalar que « [d]e las escrituras públicas omitidas y de la interpretación inadecuada de la prueba pericial se deduce el error en que incurrió el Tribunal al señalar que no existen pruebas que acrediten la fecha en que el demandante tuvo conocimiento de los hechos, yerro que lo llevó a tener como fecha para contabilizar el término de prescripción de los actos jurídicos por ser solemnes». Concluyó este cargo señalando que los errores de hecho enlistados, como sería la omisión de prueba y la

jurídicos por ser solemnes». Concluyó este cargo señalando que los errores de hecho enlistados, como sería la omisión de prueba y la interpretación inadecuada por falso raciocinio, son trascendentes porque «si no se hubiese cometido otro sería el sentido de la decisión». 4.3 Tercer cargo Se tituló como «CAUSAL TERCERA: NO ESTAR LA SENTENCIA EN CONSONANCIA CON LOS HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA O CON LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR ELRadicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 16

DEMANDADO O QUE EL JUEZ HA DEBIDO RECONOCER DE OFICIO, DE

CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 336 NUMERAL TERCERO CODIGO

GENERAL DEL PROCESO».

La impugnación se sustentó en la estimación de que el Tribunal desconoció los artículos 281, inciso 1º, 282, incisos 1º y 2º, y 328 del Código General del Proceso, en atención a que, si bien la defensa de mérito de la prescripción fue alegada en la contestación de la demanda, « dicha excepción no fue formulada como reparo en la sentencia de primera instancia es decir que no fue objeto del recurso de apelación».

II. CONSIDERACIONES

1. El recurso de casación es de carácter extraordinario y, según lo regula el artículo 333 del Código General del

Proceso, tiene una especial y particular finalidad, lo que exige el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez y rigor formal, pues, como lo advierte el numeral segundo del artículo 344 ibidem, el escrito de sustentación deberá contener la «formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa », respetando las reglas propias de cada causal. La norma en cuestión obliga a que la argumentación del escrito a través del cual se sustente el remedio extraordinario sea inteligible, exacta y envolvente, según se reiteró en CSJ AC6432-2024, lo cual se justifica, pues,Radicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 17 «[C]omo el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador (CSJ AC2947-2017, AC18052020 y AC1561-2022). Esto quiere decir que no le incumbe a la Corte suplir, completar o corregir las falencias, debilidades o vaguedades técnicas que riñen con lo anterior, pues, conforme indican los artículos 346 y 347 del Estatuto Procesal, el incumplimiento de dichas directrices legales es motivo de inadmisión. No obstante, aun cuando la demanda supere las formalidades técnicas requeridas por la ley, la Sala puede ejercer selección negativa en tres (3) eventos: cuando se plantea una discusión sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de estos; y si la afrenta al orden jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente. Una vez superado ese paso preliminar, no es viable que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, excepto que la Corte aplique la facultad de casar de oficio la sentencia confutada «cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales » según lo previene el inciso final del artículo 336 ejusdem.Radicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 18

2. Cuando se invoca la segunda causal, por la vía

según lo previene el inciso final del artículo 336 ejusdem.Radicación n.° 08001-31-53-004-2020-00061-01 18

2. Cuando se invoca la segunda causal, por la vía indirecta, esta Corte ha sido precisa en señalar que, siguiendo lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 336 del estatuto procesal, se deberá «expresar la norma de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida» (CSJ, AC6664-2024, reiterado en

CSJ, AC6010-2025 y CSJ AC900-2026).

Este elemento representa uno de los presupuestos de mayor relevancia en la tipificación de los cargos de casación por violación de normas, pues es indispensable sustentar la confrontación del raciocinio de la autoridad judicial con el soporte legal de su decisión. En esta medida, si se omite la invocación de las normas sustanciales, la Corte se encontraría imposibilitada para realizar el contraste nomofiláctico por esta ineptitud formal de la demanda y se impondría su inadmisión. Así lo ha señalado la Sala al indicar que: « La legitimidad discursiva y la plenitud formal de una acusación fincada en la causal primera o segunda del artículo 336 del Código General del Proceso exige la invocación de, al menos, un precepto de la ley positiva, que, al ser contrastado con la decisión del tribunal, deje en evidencia que esta se opone a un derecho legítimo de la parte vencida, o le impone una obligación que jurídicamente

de la ley positiva, que, al ser contrastado con la decisión del tribunal, deje en evidencia que esta se opone a un derecho legítimo de la parte vencida, o le impone una obligación que jurídicamente no le corresponde » (CSJ AC3652-2023, reiterado en AC8158-2025). Por otra parte, según lo reglado en el ordenamiento procesal, esta Corte ha entendido que no cualquier norma, por más que esté contenida en un Código sustantivo, sea una « n