CSJ - AC1696-2026

AC1696-2026 Radicación n. 11001-02-03-000-2026-01065-00 Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Se decide lo pertinente respecto del conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Civil Municipal de Funza, Cundinamarca, y el Juzgado Quinto Civil Municipal de Armenia, Quindío.

I. ANTECEDENTES 1.- GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, presentó demanda en la que solicitó ordenar la aprehensión y entrega del vehículo de placa «(…)-027», en virtud del contrato de garantía mobiliaria que se suscribió para garantizar el pago de obligaciones dinerarias.

En el acápite respectivo indicó: Por el lugar en que debe hacerse la correspondiente aprehensión y entrega, deberá señalarse lo expuesto en el numeral 7. Artículo 28

Código General del Proceso: Competencia Del Juez Civil Municipal por El Factor Territorial. Competencia territorial. La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas: En los procesos en que se ejerciten derechos reales será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes , que según lo establecido en el contrato de garantía mobiliaria es la ciudad de FUNZA (sic).Radicación n. 11001-02-03-000-2026-01065-00

2 2.- El asunto correspondió al Juzgado Primero Civil Municipal de Funza que, mediante auto de 13 de noviembre de 2025, rechazó la demanda. Argumentó que, como la Ley 1676 de 2013 remite a la regla de competencia general de que trata el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, debe tenerse en cuenta para este efecto el domicilio del demandado, el cual es, según lo informado en el escrito inicial, la ciudad de Armenia. 3.- Por su parte, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Armenia, en providencia del pasado 13 de enero, decidió no avocar conocimiento y, en su lugar, planteó el conflicto negativo. Explicó que, de acuerdo con los lineamientos trazados por esta Corporación, el disenso se dirime bajo el canon previsto en el numeral 7° del artículo 28, ejusdem. Agregó que el vehículo se encuentra vinculado al municipio de Funza, tal como se desprende de la demanda, del certificado expedido por el RUNT y del contrato de prenda allegado como base de la acción, ya que «no fijó ciudad específica de permanencia». II.- CONSIDERACIONES 1.- De las pautas de competencia territorial consagradas en el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral primero constituye la regla general, esto es, que « [ e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (…)». En lo que respecta a los procesos en que se ejerciten derechos reales, el numeral 7° del artículo 28, ibidem,

es competente el juez del domicilio del demandado (…)». En lo que respecta a los procesos en que se ejerciten derechos reales, el numeral 7° del artículo 28, ibidem, establece una « competencia privativa» en cabeza de los jueces delRadicación n. 11001-02-03-000-2026-01065-00 3 lugar donde se encuentren ubicados los bienes. 2.- Cuando se solicita la aprehensión y entrega de un vehículo sobre el que pesa una garantía prendaria, cuya naturaleza es la de un derecho real conforme al artículo 665 del Código Civil, es claro que el acreedor está ejercitando un derecho de esa estirpe y no uno meramente personal; por lo tanto, el conocimiento del asunto está reservado al juez del sitio donde se halla el bien (CSJ, AC5251-2024). Lo anterior adquiere mayor relevancia si en cuenta se tiene que, según lo ha precisado esta Sala, la prevalencia del fuero real sobre cualquier otro es la que más se aproxima al espíritu de los artículos 57 y 60 de la Ley 1676 de 2013, que regulan lo concerniente a la ejecución de las garantías mobiliarias, por versar sobre bienes que aseguran la satisfacción de obligaciones pecuniarias. Así, por ejemplo, al decidir un asunto de similares connotaciones, en CSJ, AC747-2018, reiterado entre otros en CSJ, AC2218-2019, se indicó: (…) queda despejado que el procedimiento de «aprehensión y entrega del bien» está asignado al funcionario civil del orden

CSJ, AC2218-2019, se indicó: (…) queda despejado que el procedimiento de «aprehensión y entrega del bien» está asignado al funcionario civil del orden municipal, pero quedando un margen de duda si para el efecto prima la regla de ejercicio de derechos reales o la indicada en caso de que «diligencias especiales», sin que encaje el supuesto en forma exacta en alguna de ellas, por lo que, para colmar tal vacío es preciso acudir a situaciones análogas, en virtud del artículo 12 del Código General del Proceso. En ese laborío fluye que el contexto más próximo y parecido al que regulan los artículos 57 y 60 de la ley 1676 de 2013 es el previsto en el numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso, en tanto allí se instituye, se itera, el criterio según el cual la asignación se determina por la ubicación de los bienes, cuando la acción abrigue «derechos reales». En consecuencia, las diligencias de este linaje se atribuyen a los Juzgados Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, según sea el caso, de donde estén los muebles garantizadores del cumplimiento de la obligación» .Radicación n. 11001-02-03-000-2026-01065-00 4 Tratándose de solicitudes de aprehensión y entrega, como la que dio origen a este trámite, en CSJ, AC2218-2019 se explicó: (…) en esa clase de peticiones propias de la modalidad de pago

4 Tratándose de solicitudes de aprehensión y entrega, como la que dio origen a este trámite, en CSJ, AC2218-2019 se explicó: (…) en esa clase de peticiones propias de la modalidad de pago directo prevista en el canon 60 de la Ley de garantías Mobiliarias, ciertamente se está en ejercicio del derecho real de prenda, a efecto de poder el acreedor satisfacer su crédito sin necesidad de acudir a los jueces, salvo, claro está, para que se retenga y entregue el bien pignorado y del cual reclama la tenencia. Y en ese orden de ideas, la regla de competencia territorial, que de manera más cercana encaja en el caso, es la del numeral 7º del referido artículo 28, la que a su vez posibilita cumplir con principios como los de economía procesal e inmediación, puesto que el juez que mejor y más fácil puede disponer lo necesario para llevar a término lo pretendido, sin duda, es al del sitio en el que se halle el bien afectado. En suma, el factor que permite establecer la competencia territorial en un asunto como el que aquí se analiza, es el lugar de ubicación del automotor pignorado, puesto que, conforme al numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso, en aquellos eventos en los que se ejerciten derechos reales « será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes , y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante» (CSJ, AC5251-2024). 3.- Ahora, si de conformidad con el Diccionario de

distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante» (CSJ, AC5251-2024). 3.- Ahora, si de conformidad con el Diccionario de Lengua Española, por «ubicación» debe entenderse el «lugar en que está ubicado algo» 1 ; la información referente al sitio específico donde se localiza el bien perseguido para la satisfacción del crédito, resulta indispensable para establecer cuál es el funcionario judicial con competencia para conocer de la solicitud de «aprehensión y entrega del bien al acreedor garantizado», carga que recae en el promotor de la acción, quien es el encargado de aportar los elementos necesarios con miras a que el juzgador, como destinatario de

1 https://dle.rae.es/ubicaci%C3%B3nRadicación n. 11001-02-03-000-2026-01065-00 5 sus aspiraciones, pueda evaluar si dentro de sus atribuciones legales se encuentra la de asumir ese asunto específico. 4.- En el sub judice, GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento manifestó en el escrito inicial que «para efectos de competencia el bien objeto material de esta solicitud se encuentra ubicado en la ciudad de FUNZA» (resaltado ajeno al texto) , por lo que señaló expresamente el lugar de ubicación del rodante. Aunado a ello, en el acápite denominado «COMPETENCIA TERRITORIAL», explicó que radicó la demanda en Funza por

ajeno al texto) , por lo que señaló expresamente el lugar de ubicación del rodante. Aunado a ello, en el acápite denominado «COMPETENCIA TERRITORIAL», explicó que radicó la demanda en Funza por corresponder al lugar donde está ubicado el automóvil, de acuerdo con el contrato de garantía mobiliaria. Con ese panorama, como en este caso impera la prerrogativa legal consagrada en el numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso y no la del numeral 1º del mismo artículo, la ubicación del bien es la que determina el factor territorial, siendo para este caso, según lo expuesto por la parte actora y la documental adosada, el municipio de Funza. 5.- Por lo expresado, la actuación retornará al primer despacho, para que continúe el trámite pertinente.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVERadicación n. 11001-02-03-000-2026-01065-00

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PRIMERO: Declarar que el Juzgado Primero Civil Municipal de Funza, Cundinamarca, es el competente para conocer el asunto de la referencia. En consecuencia, remitir el expediente a la señalada autoridad para que continúe el trámite.

SEGUNDO: Comunicar esta providencia al otro despacho involucrado, así como a la parte actora.

Notifíquese,

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

Magistrada