CSJ - AC1704-2026

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC1704-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01334-00 Bogotá, D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Ibagué y Cincuenta y Seis de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá.

I. ANTECEDENTES 1.- Ante los jueces civiles municipales de Ibagué, Mariana Lucia Martínez -actuando mediante apoderado judicial- , instauró demanda verbal contra Sistemcobro S.A.S. y el Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas -PARen liquidación, para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 2513 del Código Civil, se decretara «la cancelación de la obligación crediticia contraída por la causante la Sra. MARTHA BERNANDA (sic) MARTÍNEZ AGUDELO

(Q.E.P.D.), garantizada con hipoteca de primer grado» en favor de la extinta Empresa Nacional de Telecomunicaciones “Telecom” mediante Escritura Pública n.°1650 de 17 de junio de 1991,Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01334-00 2 respecto del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria n.° 350395 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Ibagué «por prescripción extintiva de la obligación » y en el acápite

2 respecto del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria n.° 350395 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Ibagué «por prescripción extintiva de la obligación » y en el acápite correspondiente dijo fijar la competencia por « vecindad de las partes». [Archivo 001-001Demanda]. 2.- Efectuado el reparto pertinente, correspondió al Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Ibagué, quien con respaldo de lo establecido en el numeral 1° del artículo 28 del Estatuto Procesal, y tras avizorar que el domicilio uno de las demandadas, esto es, Sistemcobro S.A.S., se ubicaba en la ciudad de Bogotá, rechazó su conocimiento, y dispuso la remisión del infolio a los estrados Civiles Municipales Capitalinos [Expediente digital 004_004Autorechazademandapor competenciaterritorial.pdf]. 3.- Acatada esa disposición, se reasignó la causa al Juzgado Cincuenta y Seis de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, quien también se rehúso a avocar el trámite, con sustento en que «al tratarse de un proceso donde se pretende la extinción y consecuente cancelación de un gravamen hipotecario, la naturaleza de la pretensión recae directamente sobre un derecho real de garantía», por tanto, « la atribución de la competencia territorial no se rige por la regla general del domicilio del

gravamen hipotecario, la naturaleza de la pretensión recae directamente sobre un derecho real de garantía», por tanto, « la atribución de la competencia territorial no se rige por la regla general del domicilio del demandado, sino por el fuero real privativo (CGP., núm. 7º, art. 28), el cual impone una condición imperativa, excluyente e improrrogable a favor del juez del lugar de ubicación del inmueble» fundamentos que adoptó afincado en los autos AC9092021 y AC, 23 de marzo de 2022, rad. 2021-04273-00, expedidos por esta Corporación.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01334-00 3 Con base en tales razonamientos, planteó la colisión y ordenó el traslado del legajo a esta Magistratura, para lo de su cargo [Expediente digital 008_08AutoConflictoCompetenciaREMITIR].

II. CONSIDERACIONES 1.- Corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- Al tenor de lo estipulado por el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el

artículo 28 del Código General del Proceso «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante» (se destaca). Por su parte, los numerales 3º, 5°, 7° y 10° del mismo canon disponen, respectivamente, que, 3°: «[e] n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones . La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (se subraya). 5°: «[e]n los procesos contra una persona jurídica es competente elRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01334-00 4 juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquél y el de ésta» (se remarca). 7°: « [e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y bienes vacantes y mostrencos, será competente de modo privativo, el juez del lugar

servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y bienes vacantes y mostrencos, será competente de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante» (Se destaca adrede). 10°: « En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».

3. Conforme a lo precisado, emerge claro que, en los procesos declarativos derivados de un negocio jurídico o que estén involucrados títulos ejecutivos, el legislador ha previsto una pluralidad de fueros que permite al actor promover su acción ante el juez del domicilio del demandado -regla general- (numeral 1°), o bien ante el del lugar donde deban cumplirse las obligaciones (numeral 3º). Adicionalmente, cuando la mentada acción se presenta contra una persona jurídica, entra en juego el fuero dispuesto en la regla 5ª pues, igualmente, podrá radicarse el asunto ante el iudex del lugar donde funcione la sucursal o agencia que este directamente vinculada con el asunto que se discute.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01334-00

5 Y, en los eventos en que, en la lid se hallaré inmiscuida como parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o pública, se dará aplicabilidad al fuero privativo del juez del domicilio de los entes con tales características (numeral 10º).

Y, en los eventos en que, en la lid se hallaré inmiscuida como parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o pública, se dará aplicabilidad al fuero privativo del juez del domicilio de los entes con tales características (numeral 10º). Sin embargo, tal y como se destacó en precedencia, en controversias donde se ejerzan las prerrogativas derivadas de derechos reales (núm. 7°), como el de hipoteca, el legislador ha determinado que el competente para conocer del litigio será el juzgador del lugar donde se encuentre situado el respectivo predio. Empero, al margen de lo rituado en el mentado canon, como lo ha sostenido invariablemente esta Corporación, cuando el propósito del pleito es lograr la cancelación de dicho gravamen por cumplimiento del lapso prescriptivo, mal puede enmarcarse el asunto en la regla de competencia acabada de describir, pues la extinción de la garantía hipotecaria no equivale a deprecar su efectividad o a ejercitar los derechos reales que de ella dimanan. Así lo ha clarificado reiteradamente la jurisprudencia de esta Corte, al dirimir colisiones de similar temperamento indicando que « (…) [S]i bien la demanda en referencia guarda relación con un gravamen hipotecario, aquí no es factible asumir que se esté ‘ejerciendo’ ese derecho real accesorio, en la medida en que las pretensiones formuladas por el sujeto pasivo de la obligación garantizada están orientadas justamente a la cancelación de la hipoteca.

‘ejerciendo’ ese derecho real accesorio, en la medida en que las pretensiones formuladas por el sujeto pasivo de la obligación garantizada están orientadas justamente a la cancelación de la hipoteca. Sobre esto último, la Corte ha sentado que las demandas dirigidas a la ‘cancelación’ de una garantía real no suponen el ejercicio deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01334-00 6 un derecho real, porque su legitimación estaría en cabeza, en este caso, por ejemplo, del acreedor con garantía real (…) » (AC77732025). En ese mismo sentido, en un asunto de similares contornos al que ahora nos ocupa, esta Sala recalcó: « (…) resulta inviable la aplicación al sub examine del numeral 7° del artículo 28 de la codificación adjetiva, toda vez que la petición de cancelación de un gravamen hipotecario no implica el ejercicio de un derecho real para la accionante, como lo tiene sentado la Sala al señalar: ‘ En el caso que motiva el conflicto que se dirime, sin embargo, no se aprecia la existencia del fuero concurrente invocado por el Juzgador de Bogotá, comoquiera que la pretensión de cancelación de un gravamen hipotecario no puede ser entendida como el ejercicio de un derecho real que haga viable la aplicación del criterio previsto en el citado numeral 9º del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, básicamente por dos razones: primero, porque quien ejercita un derecho real es el titular del mismo, que para el presente asunto sólo podría serlo el acreedor hipotecario; y segundo, porque la pretensión de cancelación del gravamen no es

de Procedimiento Civil, básicamente por dos razones: primero, porque quien ejercita un derecho real es el titular del mismo, que para el presente asunto sólo podría serlo el acreedor hipotecario; y segundo, porque la pretensión de cancelación del gravamen no es en sí el ejercicio de las prerrogativas que tal derecho real confiere, sino, por el contrario, el derecho de quien particularmente lo soporta –el propietario-, para que el juez formalice la extinción de la citada garantía inmobiliaria. (…) Siendo, por tanto, pacífico que la demanda presentada no plantea discusión alguna en el terreno del ejercicio de un derecho real, ni principal, ni accesorio, es inviable sostener que del señalado trámite pueda conocer el Juez del lugar donde están ubicados los bienes respecto de los cuales se pretende obtener la anotada cancelación del gravamen otrora constituido, por considerar que así lo impone el citado artículo 23 del estatuto procesal civil, en la regla 9, puesto que ya la Corte advirtió que en ‘tal hipótesis normativa no es posible hacer encajar una solicitud de cancelación de hipoteca como la que implica la demanda cuyo conocimiento se discute’ (auto 018 de 3 de febrero de 1998)» (AC7773-2025).Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01334-00 7 4.- Luego, es claro, que conforme lo adoctrinado por esta Colegiatura la pauta de distribución territorial privativa consagrada en el numeral 7º del artículo 28 procedimental, deviene inaplicable en los pleitos en los que se pretenda la

4.- Luego, es claro, que conforme lo adoctrinado por esta Colegiatura la pauta de distribución territorial privativa consagrada en el numeral 7º del artículo 28 procedimental, deviene inaplicable en los pleitos en los que se pretenda la extinción del gravamen hipotecario, de suerte que correlativamente, en principio, podrá acudirse a cualquiera de las pautas que a modo de fueros concurrentes habilita el legislador, como las mencionadas líneas atrás (núm. 1, 3, 5, 10, art. 28 C.G.P.). 4.1.- Lo indicado, porque a voces del artículo 2432 del Código Civil « la hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor »; con lo cual se define el derecho real en sí mismo, de suerte que es indiscutible que desde el punto de vista contractual, este es un negocio jurídico mediante el cual una persona afecta un inmueble suyo para garantizar obligaciones propias o ajenas; cuyas principales características son ser solemne oneroso y accesorio, porque debe constar en escritura pública, someterse a la formalidad del registro y pende de la existencia de una obligación principal. Siendo ello así, las controversias relacionadas con la extinción de ese negocio jurídico bien pueden adelantarse ante los jueces del lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de este, conforme lo autoriza la pauta tercera del artículo 28 en cita. 5.- En el sub examine, justamente, se pretende la

ante los jueces del lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de este, conforme lo autoriza la pauta tercera del artículo 28 en cita. 5.- En el sub examine, justamente, se pretende la declaración de extinción del gravamen hipotecario, lo que deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01334-00 8 acuerdo con lo visto deja de lado la aplicación de la pauta 7 del artículo 28 del Código General del Proceso, pero teniendo en cuenta que una de las reconvenidas en la contienda, es el Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas -PARen liquidación, resulta imperativo realizar un análisis adicional que permita esclarecer la fijación de la competencia. 5.1.- En tal laborío se advierte que el gravamen cuya extinción se pretende se constituyó mediante Escritura Pública n.° 1650 del 17 de junio de 1991 de la Notaría Primera del Círculo Notarial de Ibagué en favor de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones “Telecom”, última que el Gobierno Nacional, por Decretos 1603 al 1615 de 2003 y 1773 de 2004, ordeno la supresión y liquidación, designándose como agente liquidador a la Fiduciaria La Previsora S.A. 5.2.- Así mismo, que para el manejo del patrimonio derechos y obligaciones de la extinta empresa de Telecomunicaciones “Telecom” desde el año 2005, se

Previsora S.A. 5.2.- Así mismo, que para el manejo del patrimonio derechos y obligaciones de la extinta empresa de Telecomunicaciones “Telecom” desde el año 2005, se suscribió entre Fiduciaria La Previsora S.A y el Consorcio Remanentes Telecom -conformado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A.- un contrato de fiducia mercantil « para la constitución del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y de las Teleasociadas en liquidación -PAR TELECOM -», que ha sido objeto de múltiples modificaciones y según refiere el Decreto 457 de 2024 en su momento se designó al MinisterioRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01334-00 9 de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente1 , pero en este finalmente, se determinó la necesidad de «designar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como fideicomitente del contrato de fiducia mercantil suscrito el 30 de diciembre de 2005 para la constitución del patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y sus Teleasociadas en liquidación - PAR TELECOM, hasta la terminación y liquidación del contrato».2 5.3.- Que la finalidad del Patrimonio Autónomo de Remanentes “PAR”, entre otras, es « la administración y enajenación de los activos no afectos al servicio, la administración,

5.3.- Que la finalidad del Patrimonio Autónomo de Remanentes “PAR”, entre otras, es « la administración y enajenación de los activos no afectos al servicio, la administración, conservación, custodia y transferencia de los archivos, la atención de las obligaciones remanentes y contingentes así como de los procesos judiciales arbitrales o reclamaciones en curso al momento de la terminación de los procesos liquidatorios, así como el cumplimiento de las demás actividades, obligaciones o fines que determine el Gobierno Nacional mediante la modificación, adición o aclaración de los decretos de liquidación antes del cierre de los mencionados procesos liquidatorios». 6.- Deviene de lo indicado, que en el extremo pasivo están involucradas de un lado una entidad del orden nacional, que actúa como fideicomitente (MINTIC) y del otro una sociedad de economía mixta del orden nacional, constituida como sociedad anónima y vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como fiduciaria (Fiduagraria S.A.) integrante del Consorcio Fiduciario de Remanentes de Telecom, como administrador y vocera del Patrimonio 1 Véase contrato en: https://www.par.com.co/contrataciones/1/show-user. – Otrosí n.º 22 pág. 170 a 175. 2 Véase Decreto 457 2024 “por el cual se designa al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como fideicomitente en el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR)” en:

170 a 175. 2 Véase Decreto 457 2024 “por el cual se designa al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como fideicomitente en el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR)” en: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30051451.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01334-00 10 Autónomo de Remanente Telecom y Teleasociadas en liquidación PAR, de tal manera que para la fijación de la competencia resulta aplicable la regla privativa contenida en el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso que direcciona el caso a los jueces de Bogotá D.C.. Esto es así, por cuanto como se reseñó, la demandante pretende la declaración de extinción por prescripción extintiva de la hipoteca constituida, mediante Escritura Pública n.°1650 de 17 de junio de 1991, por Martha Bernarda Martínez Agudelo ( q.e.p.d) sobre el predio identificado con matrícula inmobiliaria n.° 350395 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Ibagué- Tolima, ubicado en esa misma municipalidad, en favor de la extinta Empresa Nacional de Telecomunicaciones “Telecom”. [Archivo digital: 001_001Demanda.pdf]. De igual modo, se observa que, si bien tal garantía fue suscrita en ese momento en favor de la aludida empresa, lo cierto es que ésta fue disuelta y liquidada, y, con ocasión de aquel proceso se celebró el contrato de fiducia mercantil

suscrita en ese momento en favor de la aludida empresa, lo cierto es que ésta fue disuelta y liquidada, y, con ocasión de aquel proceso se celebró el contrato de fiducia mercantil antes referenciado, respecto del cual, mediante el Decreto 457 de 2024, se designó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como fideicomitente, siendo entonces el patrimonio autónomo así constituido el llamado a responder y si es del caso, controvertir el juicio declarativo que busca la prescripción «extintiva o liberatoria» del gravamen hipotecario referido a través de su vocero y administrador, el Consorcio Fiduciario de Remanentes de Telecom “PAR” del cual forma parte Fiduagraria S.A.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01334-00 11 7.- La convocante optó por radicar la causa ante los jueces de Ibagué, justificando la competencia, por «la vecindad de las partes », siendo que, según lo señaló en el escrito inaugural, ambas convocadas tienen su domicilio en «Bogotá» [Archivo Digital: 001_001Demanda.pdf., pág. 4], de donde se sigue que por la pauta que eligió no eran los juzgadores de esa municipalidad los llamados a impulsar la contienda, sino los de la capital de la República, sin que ponga o quite ley que el predio si estuviera ubicado en aquella urbe. 8.- Lo dicho en precedencia, evidencia igualmente el desatino del juzgador capitalino al desprenderse del asunto

estuviera ubicado en aquella urbe. 8.- Lo dicho en precedencia, evidencia igualmente el desatino del juzgador capitalino al desprenderse del asunto en razón a la ubicación del bien gravado con la hipoteca cuya extinción por prescripción se persigue, pues como se apuntó aquí no se está ejerciendo un derecho real, por lo que la regla de atribución del numeral 7° no es aplicable, máxime cuando en este caso particular el extremo demandado es el Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas “PAR” cuyo fideicomitente es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicacionescon domicilio en la ciudad de Bogotá -ente de orden nacional al servicio del Estado Colombiano - y la fiduciaria Fiduagraria S.A. como vocera y administradora por su condición de integrante del Consorcio Fiduciario de Remanentes de Telecom “PAR” cuya naturaleza jurídica igualmente es de entidad pública que impone como juez competente el del lugar de su domicilio, que para ambas lo es Bogotá D.C. 9.- Así las cosas, el competente para conocer la acción propuesta es el Juzgado Cincuenta y Seis de PequeñasRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01334-00 12 Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, a quien se le remitirá el diligenciamiento y se informará de esta determinación al otro funcionario judicial implicado en la colisión que aquí queda dirimida.

III. DECISIÓN

remitirá el diligenciamiento y se informará de esta determinación al otro funcionario judicial implicado en la colisión que aquí queda dirimida.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cincuenta y Seis de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá es el competente para conocer de la demanda declarativa descrita en el encabezamiento.

SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que asuma el conocimiento del juicio.

TERCERO: Comunicar esta decisión al otro estrado involucrado, y a la interesada.

Notifíquese,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada