CSJ - AC2042-2026

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC2042-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00832-00 Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto Civil Municipal de YopalCasanare y Segundo Civil Municipal de Acacías - Meta.

I. ANTECEDENTES 1.- Darío Jimy Benavides inició trámite de « insolvencia de personal natural no comerciante » ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Casanare, donde se le dio curso a su solicitud hasta el 9 de mayo de 2023, fecha en la que se suspendió dicha actuación mediante auto n.° 12, al haberse presentado objeciones por parte de Coophumana y Canapro frente a la cuantía de las obligaciones (relación de acreencias), de ahí que, con fundamento en el artículo 534 del estatuto adjetivo, dispuso la remisión del diligenciamiento a los Juzgados Civiles Municipales de Yopal - Casanare [folios 116 y 117, archivo digital: 2. CUADERNO PRINCIPAL 1 B _OBJECIONES_.pdf].Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00832-00 2 2.- El 9 de mayo de 2024, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de YopalCasanare, rechazó la «solicitud» por falta de competencia territorial, arguyendo que de su intelección

2 2.- El 9 de mayo de 2024, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de YopalCasanare, rechazó la «solicitud» por falta de competencia territorial, arguyendo que de su intelección sobre el numeral 8° del artículo 28 del Código General del Proceso y los cánones 533 y 534 ibídem, «el deudor en su solicitud inicial indica que su domicilio, es el Municipio de Acacías y no Yopal »; por lo que, «aunque la Cámara de Comercio del Casanare conoció de la fase de negociación de deudas y lo sigue haciendo, no es óbice para indicar que, dicho Centro de conciliación está desconociendo una norma de orden público, como lo es el artículo 533 del C.G.P, en tal caso, no puede predicarse a partir de allí competencia del Juez Civil Municipal de Yopal para conocer de la fase de objeciones ni ninguna subsiguiente ». Por tanto, envió las diligencias a los Juzgados Civiles Municipales de Acacías (Meta) [ Derivado: 005AutoRemitePorCompetencia.pdf]. 3.- El concursado, por medio de su procurador judicial, recurrió esa determinación, manifestando que « [s]i bien, para esa época la residencia del señor Darío Jimmy Benavidez se encontraba en el municipio de Aguazul y que allí hay notaría, lo cierto es que la misma no cuenta con los elementos necesarios para adelantar dicho trámite, por lo que se debía acudir al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Casanare »;

trámite, por lo que se debía acudir al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Casanare »; aunado al hecho que, «[e]l señor Darío Jimmy Benavidez, en la actualidad, funge como Rector del IE Rafael Uribe Uribe del municipio de Pore, residiendo en dicho municipio», por lo que, pidió «que el trámite sea remitido para ante el Juez Promiscuo Municipal de Pore, lugar actual de residencia del deudor» [archivo: 006RecursoReposicion.pdf] - Negrilla del texto original- ; sin embargo, el funcionario judicial, a voces del cánon 139 de la Ley 1564 de 2012, lo rechazó de plano por improcedente (18 sep. 2025) [Derivado: 014Auto Avoca Resuelve Recurso Rechaza de Plano.pdf]Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00832-00 3 4.- Al recibir el infolio, la Juez Segunda Civil Municipal de Acacías – Meta, también rehusó su conocimiento y planteó la colisión negativa, argumentando que no se atendió la manifestación del concursado, al mencionar que su domicilio está en Aguazul (Casanare); de ahí que, «[se] adelantó todas las diligencias ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Casanare y con documentación demostró que en el Casanare está su

trabajo pues la Secretaría de educación del Casanare es quien paga su salario, así mismo en el recurso interpuesto contra el auto que rechazó por competencia dejó claro que su domicilio no es Acacias» [archivo digital: 005AutoProponeConflicto202500770 (1).pdf].

II. CONSIDERACIONES 1.- Corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- El procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante, previsto en la sección tercera título IV de la Sección tercera del Libro 3 del Código General del proceso, modificado por la Ley 2445 de 2025, constituye una herramienta que propende por lograr arreglos entre el deudor y sus acreedores para la solución adecuada de las obligaciones dinerarias impagas, para lo cual aquél podrá (i) n egociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias; (ii) convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores o; (iii) liquidar su patrimonio (art.

531 C.G.P.)Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00832-00 4 Para conocer del trámite de negociación de deudas y convalidación de acuerdos se han facultado a los centros de conciliación y notarías « del lugar del domicilio del deudor » y cuando allí no exista centro de conciliación legalmente autorizado, ni notaría « el deudor podrá, a su elección, presentar la solicitud ante cualquier centro de conciliación que lo esté o notaría que se encuentre en el mismo circuito judicial o círculo notarial, respectivamente » (art. 533 ibidem, modificado, art. 5° Ley 2445/2025). Empero, en los eventos en que el procedimiento de negociación no se alcance por vencimiento del término previsto para ello deberá el conciliador declarar el fracaso de este e «inmediatamente remitirá las diligencias al juez civil de conocimiento, para que decrete la apertura del proceso de liquidación patrimonial» (art. 559 ídem, modificado, art. 25 Ley 2445/2025). Concordante con esto, el artículo 534 ejúsdem, modificado por el cánon 6° de la Ley 2445 citada, atribuye la competencia para conocer de este tipo de trámites al «juez civil del domicilio del deudor o en su defecto del domicilio en donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas o convalidación del acuerdo». 3.- Por otro lado, al tenor de lo estipulado por el

adelante el procedimiento de negociación de deudas o convalidación del acuerdo». 3.- Por otro lado, al tenor de lo estipulado por el numeral 8º del artículo 28 del estatuto adjetivo vigente «[e]n los procesos concursales y de insolvencia, será competente, de manera privativa, el juez del domicilio del deudor » , frente a lo cual, esta Corporación ha decantado que « es una pauta privativa de la competencia por el factor territorial » (CSJ, AC503-2021; reiterado en CSJ, AC8021-2025).Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00832-00 5 En relación con las mentadas pautas de asignación de competencia esta Sala ha predicado que: El legislador apuntó que las controversias previstas en el título concerniente a ‘insolvencia de persona natural no comerciante’ (…), se atribuyen al ‘juez civil municipal del domicilio del deudor o del domicilio donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas o validación del acuerdo’, agregando que ese funcionario ‘también será competente para conocer del procedimiento de liquidación patrimonial’. Conviene anotar que dicha liquidación tiene lugar, entre otros eventos, cuando se supera el término de sesenta días contados a partir de la aceptación de la solicitud, sin que se logre acuerdo de pago, momento en el cual y en concordancia con el artículo 559 del CGP ‘el conciliador declarará el fracaso de la negociación e inmediatamente remitirá las diligencias al juez civil de

pago, momento en el cual y en concordancia con el artículo 559 del CGP ‘el conciliador declarará el fracaso de la negociación e inmediatamente remitirá las diligencias al juez civil de conocimiento, para que decrete la apertura del proceso de liquidación patrimonial’ (destacado de la Corte). A partir de las anteriores pautas, es pertinente señalar que para determinar quién es el competente para conocer de las peticiones de liquidación surgidas del fracaso del procedimiento de negociación de deudas de persona natural no comerciante, la ley señala al juez del domicilio del deudor, o al del lugar donde se siguió el trámite previo de negociación. Y en ese orden de ideas, como el presente trámite de negociación de deudas y conciliación se surtió en Cali, por escogencia del interesado, quien afirmó estar allí su ‘residencia’, y por extensión su domicilio, la remisión de las diligencias de la fracasada negociación hecha a los juzgados civiles municipales-reparto de Cali, debió ser aceptada por el Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de dicha ciudad, por estar dentro de las hipótesis previstas en la norma pertinente (CSJ, AC874-2019, reiterado en CSJ, AC1706-2022 y AC8021-2025). 4.- De cara a las anteriores disposiciones surge, sin mayor dificultad, que la regla general de atribución de

reiterado en CSJ, AC1706-2022 y AC8021-2025). 4.- De cara a las anteriores disposiciones surge, sin mayor dificultad, que la regla general de atribución de competencia por el factor territorial en los procesos de insolvencia de persona no comerciante está asignada al juez del domicilio del deudor o el domicilio donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas o validación del acuerdo que, como se vio, por regla de principio, será igualmente el del domicilio del solicitante y excepcionalmenteRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00832-00 6 cuando en ese lugar no existiera centro de conciliación avalado por el por el Ministerio de Justicia y del Derecho o Notaría, lo sería cualquiera de estos que se encuentre localizado «en el mismo circuito judicial o círculo notarial» . Por consiguiente, dichas pautas devienen de aplicación obligatoria, ya que el numeral 8º del canon 28 de la codificación procedimental, al estipular que «[e]n los procesos concursales y de insolvencia, será competente, de manera privativa, el juez del domicilio del deudor», establece una pauta de competencia que según el precepto 29 ibídem, está llamada a prevalecer, en atención a que «las reglas de competencia por razón de territorio se subordinan a las establecidas por la materia y el valor» (negrilla añadida).

llamada a prevalecer, en atención a que «las reglas de competencia por razón de territorio se subordinan a las establecidas por la materia y el valor» (negrilla añadida). 5.- En el sub examine, el juzgador de Yopal -Casanare se desprendió del conocimiento del asunto arguyendo que, Acacías -Meta, fue el municipio donde el solicitante adujo tener su domicilio por lo que allí correspondía enviar el dossier, lo cual, si bien fue confrontado con el escrito inicial, evidenciándose que aquél adujo que ese era su «domicilio familiar» [fl. 13, archivo: 1. SOLICITUD DE INSOLVENCIA.pdf, del expediente digital del juicio concursal], también es cierto que, mediante escrito del 22 de septiembre de 2020, en el que el deudor también pidió ingresar al trámite de negociación de deudas, relacionó que su domicilio era el municipio de Aguazul -Casanare [fol. 35 ibídem]; por lo tanto, el iudex inicial desconoció el carácter privativo que, de manera imperativa, consagra la regla octava del artículo 28 del estatuto adjetivo. 6.- Bajo ese entendido, equivocadas devienen las argumentaciones del despacho en mención, al rehusar su competencia al margen de la regla fijada en el preceptoRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00832-00

7 citado, disposición que se acompasa con el canon 534 del ordenamiento en cita, modificado por el precepto 6° de la Ley 2445 de 2025, puesto que, como se divisa desde el escrito petitorio de la negociación de deudas de fecha 22 de septiembre de 2020, el domicilio de Darío Jimmy Benavidez era el municipio de «Aguazul» – Casanare; siendo éste el lugar donde debe conocerse el asunto en debate, al tratarse del domicilio actual del deudor. Lo anterior no se ve afectado por la manifestación de la apoderada judicial del concursado en su recurso de reposición contra el rechazo inicial de la demanda, según la cual, la residencia de Darío Jimmy Benavidez es en el municipio de Pore – Casanare; dado que, (i) la normativa antes aludida, refiere de manera privativa y específica al domicilio del deudor, que no a su residencia (núm. 8°, art. 28 del C.G. del P.) y (ii) dicha aseveración fue realizada por la abogada sin prueba que así lo soportara, más no por el deudor específicamente. 7.- Y, aunque el conflicto fue suscitado entre los Juzgados Cuarto Civil Municipal de Yopal - Casanare y Segundo Civil Municipal de Acacías - Meta, siendo que conforme las consideraciones antes expuestas a ninguno de estos puede asignársele la competencia, porque implicaría trasgredir los mandatos anteriormente enunciados, ello no constituye impedimento para que, en aplicación de los

conforme las consideraciones antes expuestas a ninguno de estos puede asignársele la competencia, porque implicaría trasgredir los mandatos anteriormente enunciados, ello no constituye impedimento para que, en aplicación de los principios de economía procesal (art. 42, núm. 1° del C.G.P.) y celeridad (art. 29, Constitución Política), esta Corporación disponga la remisión del expediente a un tercer despacho judicial, no involucrado en el mismo, pero que legalmente tiene la competencia para su tramitación.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00832-00 8 8.- En ese orden, se dispondrá la remisión de la presente actuación a los Juzgados Promiscuos Municipales de Aguazul– Casanare , a fin de que le impartan el trámite correspondiente y se informará de esta determinación a los otros estrados judiciales involucrados en el conflicto que aquí queda dirimido.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: PRIMERO: Declarar que ninguno de los estrados en conflicto, es apto para conocer del decurso en colisión.

SEGUNDO: Declarar que los Juzgados Promiscuos Municipales de Aguazul – Casanare (Reparto), son los competentes para conocer de las objeciones efectuadas en el trámite de negociación de deudas en la solicitud de insolvencia de persona natural no comerciante descrita en los supuestos de hecho.

TERCERO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho

trámite de negociación de deudas en la solicitud de insolvencia de persona natural no comerciante descrita en los supuestos de hecho.

TERCERO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que asuma el conocimiento de la actuación.

CUARTO: Comunicar esta decisión a los Juzgados Cuarto Civil Municipal de Yopal - Casanare y Segundo Civil Municipal de Acacías – Meta y, a los interesados.

NOTIFÍQUESE,Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00832-00 9

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada