CSJ - AC2043-2026

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC2043-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01422-00 Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintiséis (2026). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Sexto Civil Municipal de Bogotá y el Segundo Promiscuo Municipal de Cimitarra -Santander-.

I. ANTECEDENTES 1.- Ante los jueces civiles municipales de Bogotá, la empresa GR Parque Solar Sol de Cimitarra S.A.S. E.S.P., promovió proceso declarativo contra la Agencia Nacional de Tierras y José Francisco Agudelo Ariza, en procura de que se imponga servidumbre legal de conducción de energía eléctrica sobre el inmueble baldío ubicado en la vereda “ Patio Bonito ” en el municipio de Cimitarra, identificado con número predial 681900001000000040020000000000, « de propiedad de la demandada [ANT]» [Expediente digital: 001_002DemandayAnexos]. 2.- En el escrito de demanda el promotor para la fijación de la competencia indicó que venía dada « De conformidad con loRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01422-00 2 dispuesto en el numeral 7 artículo 26 del Código General del Proceso, el numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso, el competente para conocer el presente proceso en primera instancia es el Juez Civil Municipal de

Bogotá D.C., ello por cuanto en esta municipalidad se encuentra ubicado el

Lote Sirviente », pero seguidamente se refirió a la competencia privativa que emerge de lo dispuesto en los artículos 28 numeral 10 y 29 del Código General del Proceso y los proveídos AC1402020 y AC5378-2022 de esta Corte, para precisar que por la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, quien tiene su domicilio en Bogotá, « atendiendo el precedente judicial citado y la prevalencia del fuero subjetivo sobre el fuero real, la competencia para conocer del presente proceso corresponde a los jueces civiles del circuito de Bogotá D.C., lugar donde tiene su sede la entidad demandada». 3.- El asunto correspondió al Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá, el cual, con fundamento en el proveído AC053-2023 de esta Corporación, y tras advertir que la entidad demandada, esto es, la Agencia Nacional de Tierras, cuenta con « (…) una sede en Bucaramanga (Santander), misma que ejercer (sic) funciones en todo el departamento de Santander», concluyó que resultaba procedente dar a aplicación a lo dispuesto en los numerales 5°, 7° y 10° del artículo 28 del Estatuto Procesal y, en consecuencia, remitir la contienda a los Juzgados Promiscuos Municipales de CimitarraSantander [Expediente digital: 009_009AutoRechazaDemanda CompetenciaTerritorialSubjetiva2025-01164]. 4.- Reasignada la lid al Juzgado Segundo Promiscuo

Municipal de Cimitarra, este despacho también repelió la competencia, porque, luego de traer a colación apartes normativos y jurisprudenciales aplicables al caso, determinó que « (…) a diferencia de lo colegido por el juzgado de igual categoría de la ciudad de Bogotá, (…) es claro que tratándose de litigios que versan sobreRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01422-00 3 servidumbre de conducción de energía eléctrica, es competente el juez (i) tanto del lugar donde se encuentra el inmueble-fuero real-canon 28-7 [CGP], (ii) como por la calidad de la parte demandada-entidad del estado o sus equivalentes fueron (sic) personal-artículo 28-10 (…) lo que [si bien] configura una concurrente de fueros privativos y genera una colisión (…) se dimiré mediante la aplicación del precepto 29 ejusdem. “es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes”»; bajo esos raciocinios, y en consideración a que, uno de los demandados es la Agencia Nacional de Tierras, que es un ente estatal de naturaleza especial adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, concluyó que, ante la confluencia de fueros privativos «(…) el operador judicial de Bogotá no podía variar su competencia motu proprio en casos (…) como el aquí examinado (…)». Apoyado en tales razonamientos, planteó la colisión y ordenó el traslado del legajo a esta Corporación, para lo de su

cargo [Expediente digital: 011_RECHAZA DDA VA A LA CORTE PROCESO DE SERVIDUMBRE 2026-00018].

II. CONSIDERACIONES 1.- Corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribución de competencia fijados en la ley, se observa que el sub examine es un juicio de imposición de servidumbre deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01422-00 4 energía eléctrica en el cual concurren dos fueros por razón de la distribución geográfica: el real y el personal a que se contraen los numerales séptimo y décimo del artículo 28 del estatuto procesal, lo que impone a la Corte establecer si el juicio debe continuar ante el juzgador donde primero se radicó, esto es, en Bogotá, en aplicación del foro privativo establecido en el numeral 10° o, por el contrario, si es viable, trasladarlo a los homólogos de Cimitarra Santander, en atención al numeral 5° y 7º de aquel precepto. 2.1.- Para acometer dicha definición es preciso memorar

que, conforme al numeral 7°, en los procesos de imposición de servidumbre, el juez competente es el « del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante» , fundado, en lo esencial, en la cercanía del juzgador al predio objeto de litigio, a efecto de la realización de algunas actuaciones que requieren una práctica célere, como sería la entrega del predio si resultare indispensable. Y de acuerdo con el segundo, el funcionario habilitado es el « del domicilio» de la entidad pública, territorial o descentralizada por servicios que sea parte en el juicio, soportado en la « calidad de la parte». 2.2.- La presencia de los dos foros, ambos consagrados como privativos, impone la definición de criterios que permitan fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en que aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones. Una de ellas defendió la sede correspondiente al lugar donde se sitúa el fundo objeto del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio que debe soportar el gravamen y de inmediación del juzgador en la práctica de las pruebas, amén del carácter renunciable del foroRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01422-00 5 por la beneficiaria legal del mismo, mientras que la otra abogó por la aplicación de la regla de primacía contenida en el precepto

29 de la codificación adjetiva, conforme a la cual «[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes » (AC1772-2021; CSJ, AC1838-2023, AC1457-2026, entre otras). 2.2.1.- La providencia CSJ, AC140-2020, al pronunciarse sobre un juicio de servidumbre de conducción de energía eléctrica que involucraba los dos foros en cuestión, resolvió la indicada discusión al unificar en ese momento la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas por hallarla más consonante con la voluntad del legislador. Para arribar a esa conclusión se soportó « en el entendimiento sistemático de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelación que este concretamente previó en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el interés general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificación, al señalar que es en el domicilio de los entes públicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda» . La citada hermenéutica -señaló la Corterevela que se quiso «(…) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia ‘en consideración a la calidad de las partes’ prima, y ello cobija (…) la disposición del mencionado numeral 10º del artículo 28 del C.G.P . » . Se agregó que la justificación de esa directriz

(…) muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesión a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo Código es más gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticipó, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01422-00 6 atribución legal privativa que merece mayor estimación legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración de la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, está enlazada con una de carácter territorial. 3.- Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusión entre el factor subjetivo de asignación del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el precepto 29 del ordenamiento instrumental no efectúa una diferenciación que lleve a inaplicar el parámetro allí contenido a las tensiones surgidas entre los fueros en las diferentes circunscripciones judiciales en que está dividido el territorio nacional. Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos

en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o pública, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida «en consideración a la calidad de las partes», de ahí que, en aplicación del criterio de preponderancia comentado, aquella desplace a otras como, en este caso, la determinada por el punto geográfico donde se halla la cosa sobre la cual se pretende la imposición de servidumbre. Tal conclusión no se enerva por la realización de algunas actuaciones ante el fallador no competente, ni por la renuncia que haga el organismo público de la garantía de ser enjuiciado donde tiene su domicilio. Lo primero, porque, tal como se enfatizó en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignación del conocimiento con fundamento en el criterioRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01422-00 7 subjetivo es improrrogable, característica que trae aparejada la imposibilidad de dar aplicación al principio de « perpetuatio jurisdictionis». Y lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho público que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las pautas que cimientan la definición del juez competente exclusivo de un litigio, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le esté permitido desconocerlas o socavarlas (CSJ AC4273-2018, reiterada en AC795-2021 y AC792-2021). 4.- En el sub judice, la acción sometida a consideración de

la jurisdicción corresponde a la de imposición de servidumbre de conducción de energía eléctrica sobre el inmueble baldío ubicado en la vereda “ Patio Bonito ” en el municipio de Cimitarra, e identificado con número predial 681900001000000040020000000000 promovida por la empresa GR Parque Solar Sol de Cimitarra S.A.S. E.S.P., contra José Francisco Agudelo Ariza y la Agencia Nacional de Tierras. Como se ve la promotora es una empresa privada, cuyo objeto social es la prestación de servicios públicos de energía eléctrica conforme lo permiten la constitución y la ley, cuyo domicilio es la ciudad de Medellín, quien llama a juicio a un particular José Francisco Agudelo Ariza en la condición de « presunto ocupante o tenedor del lote afectado » y, además, a la Agencia Nacional de Tierras, quien ostenta la calidad de «entidad estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como máxima autoridad de las tierras de laRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01422-00 8 Nación en los temas de su competencia» y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá (artículos 1º y 2º del Decreto 2363 de 2015). 5.- Es irrefutable que el juicio de imposición de servidumbre

no se radicó ante los estrados judiciales del lugar donde se encuentra el bien -Cimitarra (Vereda Patio Bonito)-, sino en los de la capital de República, para lo cual el promotor si bien dio cuenta del fuero privativo contenido en el numeral 7° del Código General del Proceso se inclinó por el factor preponderante establecido en consideración a la naturaleza jurídica de uno de los integrantes del extremo pasivo, . Ciertamente, la convocante amparada en las previsiones del numeral 10 del artículo 28 y 29 del ordenamiento procedimental, así como en precedentes de esta Sala, dio prevalencia al factor de competencia fijado en consideración de la parte, determinación que no merece reproche, habida cuenta que si bien los fueros en general pueden concurrir o excluirse, el hecho de que alguno de estos sea exclusivo, no significa que no pueda haber varios despachos judiciales competentes, permitiendo al demandante que se pueda elegir entre cualquiera de esos, lo cual ocurre cuando un determinado factor de competencia ofrezca varias posibilidades, evento en el que la selección quedará a discreción del actor, cuya definición deberá quedar contenida en la demanda. 6.- No se desconoce que en casos como el examinado en el que concurren dos fueron privativos real y personal, pero la heredad objeto de litigio está ubicada en un territorio distinto al del domicilio de la entidad pública, quedan enfrentados dosRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01422-00 9 factores determinantes con carácter privativo, frente a lo cual, en

algunas ocasiones esta Corporación ha sostenido que se debe dar preponderancia a la contemplada en el numeral 7º del artículo 28 de la legislación adjetiva, según la cual, el conocimiento del asunto estará en cabeza del juez donde se encuentra ubicado el predio motivo de servidumbre. Es así como es esas oportunidades se dijo que: «[E]n asuntos como el sub examine donde, iterase, están contrapuestas dos o más entidades de naturaleza pública o semipública, no es de aplicación lo consignado en el aludido precepto, porque en rigor de verdad nada dice acerca de ello, debiendo entonces, a fin de determinar la competencia por el factor territorial, acudirse a las reglas generales estatuidas en el artículo 28 del Estatuto Adjetivo. (…) 2.4. Puestas las cosas de esta manera, deviene palmario que la norma llamada a fijar la competencia en materia del territorio es la prevista en el numeral 7º del precepto 28, Ibídem, que atribuye el conocimiento al juez del sitio de ubicación del inmueble materia de la servidumbre. (…) Cuanto se ha dicho no desconoce, de ningún modo, las directrices fijadas por la Sala mayoritaria en el auto de unificación de jurisprudencia AC140, de 24 de enero de 2020, porque el supuesto de ahora es enteramente distinto al ventilado en aquella oportunidad. Nótese que allí no concurrían, en ambos extremos procesales, entidades de las relacionadas en la regla 10ª del artículo 28 del Estatuto Adjetivo» (CSJ AC417-2020, 14 feb.,

rad. 2020-00326-00 reiterada en CSJ AC3158-2021, 4 ago., rad. 2021-02491-00; criterio reiterado en AC006-2022, 17 ene., Rad. 2021-04570-00).

Y más adelante puntualizó que: «[S]i de un asunto concreto son predicables los fueros privativos de los artículos 7° y 10° del Código General del Proceso, debe aplicarse, siguiendo las orientaciones de esta Sala, el último de los mencionados, es decir, el relativo al domicilio de la entidad territorial, de la entidad descentralizada por servicios o de cualquier otra entidad que sea parte.

Acá, sin embargo, ese predicamento no es posible, porque es demandante el Grupo de Energía de Bogotá (empresa de servicios públicos, constituida como sociedad por acciones con aportes estatales y de capital privado, de carácter u orden Distrital, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, en la cual el Estado poseeRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01422-00 10 por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogotá), y el accionado es un ente territorial, valga anotar, el municipio de La Mesa. Es decir, que ante dos entes públicos en cada uno de los extremos del proceso y con vecindades diferentes, y a falta de un criterio legal que privilegie una u otra, lo pertinente para dar solución a esta singular

colisión que se suscita, es dar cabida al otro foro privativo territorial, con lo que el juzgador competente para continuar con el juicio de imposición de servidumbre eléctrica es el de La Mesa (AC1989-2021, 26 may., rad. 2021-01513-00; criterio reiterado en AC006-2022, 17 ene., Rad. 2021-04570-00). Empero, ante la prevalencia que en diversas ocasiones esta Magistratura ha reconocido frente al factor subjetivo, -de cara al enfrentamiento normativo surgido- , se tiene que, no aviene atendible que, al desatar esta clase de colisiones, la Corte asigne la competencia al juez del lugar donde se sitúa el fundo materia del debate, cuando existe un imperativo legal que impone la aplicación preponderante del factor subjetivo como expresamente lo determina el artículo 29 de la codificación adjetiva, al decir, que « [e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes » (se resalta); imperativo que impone el privilegio indiscutible del domicilio del ente público. En situaciones como la descrita, debe predominar, entonces, la pauta de atribución que merece mayor apreciación legal, esto es, la concerniente a la autoridad judicial del domicilio de la entidad–, dado que, como ya se dijo, se superpone la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido. Ese criterio de aplicación preponderante del factor subjetivo que regula el numeral 10º sobre el 7º, ambos del artículo 28 delRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01422-00

11 Código General del Proceso, se ha defendido por la Colegiatura al señalar, que « La significación procesal de esa prelación equivale a reconocer que el orden de esos factores consulta exactamente el mayor grado de lesión a la validez del proceso, lo que permite deducir que es más gravosa la que deriva de la inobservancia del factor subjetivo, puesto que la codificación actual, como se anticipó, hizo improrrogable la competencia por aquel fuero (artículo 16 ejusdem). En ese sentido, ante situaciones como esta, debe aplicarse la pauta de atribución legal privativa que merece mayor estimación legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración de la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido (regla subjetiva que, en la actualidad, está vinculada con una de carácter territorial). Si bien algún sector de esta Colegiatura sostuvo que, en litigios de esta naturaleza, era aplicable el fuero real del artículo 28-7 del Código General del Proceso, tal postura fue abandonada a partir de la expedición del auto CSJ AC140-2020, 24 ene., en el que la Sala de Casación Civil unificó su criterio en el sentido que viene indicándose, tras considerar que cuando concurren los dos fueros privativos señalados en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, prevalece la competencia establecida en consideración de la calidad de las partes, y a ella se subordina la competencia territorial,

pues así lo dispone expresamente el artículo 29 Ibídem» (CSJ AC1400-2022, 7 abril. Rad. 2022-01023-00). 7.- Cumplido esto se tiene que el numeral 10º de la primera norma referida dispone, que, « [e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte esté conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública y cualquier otro sujeto, prevalecerá el fuero territorial de aquellas» (se destaca).Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01422-00 12 Del tenor literal de ese precepto se advierte, sin dificultad, que cuando el juicio involucre, con independencia del extremo procesal que ocupe, a una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios, o cualquier otra entidad pública, su conocimiento debe ser asumido privativamente por el fallador del lugar del domicilio de aquella. Dicha atribución se fortalece con el canon que le sigue (art. 29 C.G.P.), cuyo entendimiento no puede desligarse del enunciado anterior, pues justamente impone la prevalencia del criterio subjetivo, cuando predica que: «es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes». 8.- Lo anterior implica que, en este particular caso, no es viable establecer la competencia con fundamento en el «lugar donde

estén ubicados los bienes», puesto que la aptitud legal del juez, fijada en atención a la presencia de entidades públicas, obedece a un criterio subjetivo, que se superpone al fuero real relacionado en el numeral 7 del citado precepto 28 (Cfr. CSJ AC40512017, 27 jun.; reiterado en CSJ AC738-2018, 26 feb.). 9.- Así las cosas, revisadas las particularidades del asunto examinado, fuerza colegir que erró el Juez Sexto Civil Municipal de Bogotá al rehusar la atribución, fundado en la ubicación del bien y la supuesta existencia de una oficina de la entidad en esa municipalidad. Afirmarse esto, por cuanto si bien el numeral 5° del del ordenamiento procedimental señala que «En los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia seránRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01422-00 13 competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta », de suerte que cuando se reconviene a un ente jurídico el reclamante puede optar por citarla a juicio bien en el domicilio principal o en el lugar donde ubique la sucursal o agencia que estuviere directamente vinculada con el tema del litigio, lo que sería procedente en este caso al llamarse a juicio a una persona natural y jurídica como lo es la Agencia Nacional de Tierras.

Empero, esa opción es del resorte exclusivo del demandante, sin que dicha elección pueda ser alterada motu proprio por el iudex, comoquiera que « la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes » (CSJ AC2475-2021, reiterado, entre otros, en CSJ AC2481-2024). Y ocurre que en este particular asunto, como se vio, el demandante pone de presente la existencia de concurrencia de fueros real y personal, pero da prevalencia al segundo por la calidad de uno de los demandados -la Agencia Nacional de Tierras-, pero en parte alguna de del escrito inaugural manifestó su voluntad de que el caso fuera tramitado en sede distinta a la que corresponde al domicilio principal de ésta, por el contrario radicó la demanda en la ciudad de Bogotá donde ciertamente se ubica su sede principal. En ese orden, nada impedía que dicho funcionario asumiera las diligencias y continuara con el trámite de la actuación conforme al curso normal del proceso, si en cuenta se tiene que la elección del demandante se ajusta a las precisas directrices que demarca el ordenamiento.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01422-00 14

De ahí que anduvo equivocado el despacho judicial capitalino al rechazar la litis, pues el libelo genitor indica que la entidad pública convocada tiene su domicilio en Bogotá y, por ende, era el juzgador de esa urbe el llamado a tramitar la acción

entablada, en aplicación de la regla privativa del numeral 10 del artículo 28 referenciado. 10.- Corolario de lo expuesto, es al Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá y no al Segundo Promiscuo Municipal de Cimitarra Santander, a quien corresponde dar curso al litigio, como en efecto se dispondrá ordenando la remisión del expediente, no sin antes informar de esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala

de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE: PRIMERO: Declarar que el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá es el competente para conocer de la demanda declarativa descrita en el encabezamiento.

SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que asuma el conocimiento del juicio.

TERCERO: Comunicar esta decisión al otro estradoRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01422-00 15 involucrado, y a la interesada.

Notifíquese,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada