CSJ - AC2161-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC2161-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC2161-2026 Radicación n.° 11001-31-03-019-2023-00079-01 Bogotá D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiséis (2026). Se decide el recurso de queja interpuesto por José Abraham Toro Idárraga contra la providencia de 24 de septiembre de 2025, a través de la cual se negó la concesión del recurso extraordinario de casación formulado contra la sentencia proferida el día 11 de ese mes y año, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

I. ANTECEDENTES 1.- Tuvo comienzo el proceso para que, con citación de la sociedad Techsport Colombia S.A. y personas indeterminadas, se declarara a José Abraham Toro Idárraga adquirente por prescripción extraordinaria del dominio sobre

el inmueble ubicado en la carrera 7 Bis # 13873, interior 10 de la Unidad Residencial Santa Mónica de esta ciudad, identificado con matrícula No. 50N355467 y, enRadicación n.° 11001-31-03-019-2023-00079-01 2 consecuencia, se ordenara la inscripción de la sentencia en el registro inmobiliario. 2.- Techsport Colombia S.A. se opuso a lo anhelado en el libelo, alegando «falta de posesión exclusiva unidad familiar»;

«efectos de los actos de mera facultad y la mera tolerancia»; «proceso de simulación»; «procesos en curso sobre el mismo predio »; «equivocación entre donación y simulación por parte del actor»; e «innominada o genérica». 3.- Mediante sentencia de 22 de noviembre de 2024, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esta urbe, accedió a las pretensiones del escrito inaugural, declaró la usucapión sobre la heredad antes descrita, ordenó el registro de tal veredicto y levantó las medidas cautelares decretadas. 4.- Inconforme Techsport Colombia S.A. apeló la anterior determinación y en fallo de 11 de septiembre de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá infirmó in integrum el veredicto del a quo, para denegar las pretensiones. 5.- El extremo activo vencido en juicio formuló recurso de casación. 6.- Por auto de 24 de septiembre de 2025, la ad quem desestimó la censura por hallar insatisfecho el interés jurídico para recurrir, toda vez que, el valor del inmueble acreditado en el expediente era inferior a 1.000 SMLMV, siendo insuficiente el dictamen pericial aportado en folios 13Radicación n.° 11001-31-03-019-2023-00079-01 3 a 36 del expediente digital por el actor al momento de descorrer las excepciones de la demandada, dado que arrojó

3 a 36 del expediente digital por el actor al momento de descorrer las excepciones de la demandada, dado que arrojó un valor comercial equivalente a de $876’804.425, 37; máxime cuando, no se allegó dictamen pericial u otra prueba que acreditara el interés aludido conforme al artículo 339 del Código General del Proceso. Agregó que, no era viable «aplicar la regla prevista en el artículo 444 del CGP, como sugirió el recurrente», reforzando ello, con citación del proveído AC8082017; reiterado en CSJ AC33002019 y CSJ AC487-2020 de esta Corporación. 7.- Inconforme con la última decisión, José Abraham Toro Idárraga propuso « recurso de queja en subsidio recurso de reposición», arguyendo que, a voces del precepto 339 eiusdem, « solo reclama que obren en el expediente elementos de juicio para determinar el interés para recurrir en casación para establecer la procedencia de la casación, no puede en aplicación de los principios del estado social de derecho, recurrir a formulismos excesivos, cuando existen momentos procesales que determinan el cumplimiento de dichos requisitos»; de suerte que, «se admite que existe para el año 2019 que se tramitó la venta un avalúo de $876.804.425.37, y el salario mínimo para dicho año era de $828.116, es decir inferior a los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que en trasegar procesal se cumplió con dicho requisito».

para dicho año era de $828.116, es decir inferior a los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que en trasegar procesal se cumplió con dicho requisito». 8.- En proveído de 16 de diciembre de 2025, el Colegiado mantuvo incólume su postura y tramitó el recurso de queja subsidiario a la reposición, en consecuencia, ordenó la expedición de copias, de acuerdo con la disposición 353 ídem.Radicación n.° 11001-31-03-019-2023-00079-01 4

II. CONSIDERACIONES 1.- Conforme con el artículo 352 de la ley de enjuiciamiento civil procede el recurso de queja "... cuando se deniegue el de casación» (Se subraya).

El fin primordial de la queja, cuando no se concede el recurso de casación, es que el superior examine si la impugnación estuvo bien o mal denegada, por ello, la competencia funcional de la Corte se circunscribe a precisar si el recurso extraordinario es procedente de conformidad con los lineamientos de los artículos 334 y 338 del ordenamiento adjetivo; si se propuso en la forma y términos establecidos en el artículo 337 eiusdem; y si la parte impugnante se encuentra legitimada para ello, según el mismo canon. 2.- Dentro de los requisitos para conceder dicho medio de defensa extraordinario se encuentra «el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente» , tal como lo refiere el artículo

mismo canon. 2.- Dentro de los requisitos para conceder dicho medio de defensa extraordinario se encuentra «el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente» , tal como lo refiere el artículo 338 de la citada codificación, el cual se determina por el monto de los perjuicios que la sentencia ocasiona al impugnante, estimados al momento de su emisión. Por lo tanto, dicho interés está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, es decir, a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial sufrida por el recurrente con la resolución desfavorable a sus intereses, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo, aunque cuando laRadicación n.° 11001-31-03-019-2023-00079-01 5 « sentencia es íntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma» (CSJ AC1650-2021, criterio reiterado en AC AC7855-2025). 3.- De conformidad con la citada regla, el interés mínimo para recurrir en casación es de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que, para el año en que fue proferida la decisión censurada -2025-, ascendía a $1.423’500.000,oo. En litigios dirigidos a obtener el dominio de un bien por el modo de la prescripción adquisitiva, el menoscabo sufrido en caso de no prosperar esa aspiración, indudablemente, es

a $1.423’500.000,oo. En litigios dirigidos a obtener el dominio de un bien por el modo de la prescripción adquisitiva, el menoscabo sufrido en caso de no prosperar esa aspiración, indudablemente, es de índole puramente económico, ya que «el tránsito de poseedor a propietario, conlleva para el reclamante, la posibilidad de incrementar su patrimonio con un derecho real, el de dominio, fácilmente cuantificable en dinero» (CSJ AC2319-2020, reiterado en CSJ AC78552025), de suerte que, la afectación del vencido en este tipo de controversia no puede extenderse a factores distintos al valor del bien a usucapir para calcular el «interés» crematístico para acceder a la casación. Y es que, la Sala también ha insistido en que la labor del juez en orden a determinar el interés para recurrir, no se concreta solamente en «auscultar el elemento objetivo de la petición (la cosa o el bien y la relación jurídica reclamada), sino que debe acudir a la integralidad de ella, lo que involucra la causa para pedir (razón de hecho)» (CSJ, AC725-2021). De esta manera, « no basta corroborar que las aspiraciones formuladas por el accionante son apenas de contenido declarativo para deducir que su pretensión no es patrimonial, pues, se insiste, con independencia de que específicamente no seRadicación n.° 11001-31-03-019-2023-00079-01

6 reclame la imposición de condenas estimables en términos pecuniarios en un determinado proceso, ésta puede catalogarse como “esencialmente económica”, mirada desde todos los elementos que la conforman» (CSJ AC390-2019, criterio reiterado en AC7855-2025). 4.- En el sub examine, conforme atrás se reseñó, José Abraham Toro Idárraga solicitó que se declarara que adquirió por prescripción extraordinaria, el dominio de la heredad con matrícula No. 50N355467 de la ORIP de esta ciudad; por lo que, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esta capital, al finiquitar la primera instancia accedió al petítum (22 nov. 2024); directriz que, apelada por la empresa convocada, la ad quem revocó en su integridad (11 sep. 2025), que fue pasible del mecanismo extraordinario de Casación por el extremo activo, no concedido ante esta Corte (24 sep.). 5.- Así las cosas, es necesario determinar la afectación crematística actual padecida por el impugnante para la procedencia del recurso de casación, menoscabo que está dado por el agravio que sufrió con la decisión de segunda instancia que, en este caso, corresponde al justiprecio del fundo perseguido en pertenencia, sobre el que se denegó el petítum en la decisión revocatoria de segundo nivel, es decir, lo que dejó de ingresar a su patrimonio por cuenta de la decisión adversa a sus pedimentos. 5.1.- Entonces, para calcular el valor de la desventaja sufrida por el censor, deberán auscultarse, como acertadamente lo coligió la ad quem, las probanzas obrantes

decisión adversa a sus pedimentos. 5.1.- Entonces, para calcular el valor de la desventaja sufrida por el censor, deberán auscultarse, como acertadamente lo coligió la ad quem, las probanzas obrantes en el paginario, pues el vencido en juicio no presentó con suRadicación n.° 11001-31-03-019-2023-00079-01 7 censura el dictamen pericial actualizado de que trata el canon 339 procedimental, en aras de acreditar la suficiencia de su interés para recurrir, sin que fuera viable el decreto o la incorporación de otros medios probatorios de manera oficiosa, pues «(…) en la actual ley de enjuiciamiento civil, el Cuerpo Colegiado de Jueces, no está compelido para suplir la deficiencia probatoria del recurrente en casación (…)» (ibidem), correspondiendo esa carga procesal al interesado en acceder al medio defensivo comentado. 5.2.- Revisada la actuación que reposa en el infolio, se tiene que el único elemento suasorio que documenta el precio comercial del inmueble reclamado en pertenencia es el dictamen pericial de fecha 4 de diciembre de 2023, aportado por el extremo demandante al momento de pronunciarse sobre las fórmulas exceptivas de su antagonista, que arrojó el valor comercial de ese fundo en $876’804.425,37 [fls. 13 a 25 del derivado 49 del cuaderno principal de primera instancia del expediente]. Lo anterior, porque si bien obran (i) constancias de

el valor comercial de ese fundo en $876’804.425,37 [fls. 13 a 25 del derivado 49 del cuaderno principal de primera instancia del expediente]. Lo anterior, porque si bien obran (i) constancias de declaración y/o pago del impuesto predial [fls. 41 y 42, derivado: 002Anexos.pdf, sub-carpeta Cuaderno 1 Principal, del cuaderno de primera instancia digitalizado] y, (ii) factura impuesto predial unificado del año gravable 2023 [fl. 45, ídem] ; estos son ilegibles, al encontrarse pixelados en sus datos básicos más importantes, entre otros, como la identificación del bien y el valor del autoevalúo, además en los dos primeros no se logra identificar el año gravable; por lo que, de ellos no puede desprenderse información alguna para dicho menester.Radicación n.° 11001-31-03-019-2023-00079-01 8 5.3.- Y mirado el informe pericial antes aludido, pronto se advierte que el justiprecio del bien no alcanza los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos por el legislador para la anualidad de la determinación de segundo nivel (2025), esto es, $1.423’500.000,oo, tal como lo dedujo la iudex de segundo nivel. 6.- Ahora bien, al formular el recurso extraordinario de casación el recurrente manifestó: «[…] en la citada sentencia se considera Que la SOCIEDAD DEMANDADA a través de su representante legal admitió recibir la suma de $7.000.000.oo , por concepto de arrendamientos

casación el recurrente manifestó: «[…] en la citada sentencia se considera Que la SOCIEDAD DEMANDADA a través de su representante legal admitió recibir la suma de $7.000.000.oo , por concepto de arrendamientos aplicando dicha norma, resulta la estimación comercial de 2 veces el avalúo comercial vigente, por lo que teniendo para el año 2019, en que se corre la escritura pública No. 2528 del 27 de mayo de 2019 de la Notaría 9ª. De Bogotá, a través de la cual KATTY ANDREA OSPINA LOPEZ , vende el inmueble materia del proceso a la SOCIEDA DEMANDADA TECHSPORT COLOMBIA S.A. por valor de $% 620.000.000,oo (sic) pero en el mismo instrumento se protocoliza el avalúo catastral en un valor de $ 612.286.000,oo, por lo que aplicando la norma, el avalúo comercial sería de $1.224.572.000,oo, y para la misma fecha el salario mínimo estaba fijado en la suma de $828.116,oo por lo tanto se cumple el requisito del interés para recurrir en casación. En gracia de discusión, aplicando el artículo 444 del C.G.P., esto es, incrementado el avalúo catastral en un 50%, tendríamos un valor de avalúo de $ 918.429.000,oo que supera los $ 828.116,oo». Sin embargo, tampoco es de recibo para la Corte tal criterio del opugnante, según el cual, el valor de venta del

828.116,oo». Sin embargo, tampoco es de recibo para la Corte tal criterio del opugnante, según el cual, el valor de venta del predio a usucapir referido en la Escritura Pública n.° 2528 del 27 de mayo de 2019, equivalente a $612.286.000.oo, debió incrementarse en una mitad conforme a lo contemplado en el artículo 444-4 eiusdem; toda vez que, esta pauta regula lo atinente al « avalúo» de los inmuebles paraRadicación n.° 11001-31-03-019-2023-00079-01 9 calcular el precio base del remate en los procesos ejecutivos, no así para acudir a la senda extraordinaria. A ese respecto, recuérdese que: « El único medio de convicción que puede aportar el recurrente, con posterioridad al proferimiento del fallo que pretenda censurar, es un dictamen pericial, connotación que, ciertamente, no ostenta la “certificación catastral” que aportó el quejoso, pues se trata de un elemento de juicio distinto al que de manera particular contempló la ley para ese caso específico, como es la cuantificación del interés para recurrir en casación, que no es una tasación cualquiera, sino una determinación jurídica sobre el monto en términos económicos del desmedro alegado por el quejoso frente a la sentencia cuestionada. Por eso mismo, deben descartarse aplicaciones de normas propias de otro tipo de actuaciones, como las del avalúo de bienes en procesos ejecutivos, que pretende invocar el

cuestionada. Por eso mismo, deben descartarse aplicaciones de normas propias de otro tipo de actuaciones, como las del avalúo de bienes en procesos ejecutivos, que pretende invocar el censor, en la medida en que se refieren a situaciones totalmente distintas. Además, bien se sabe que la aplicación analógica tiene lugar cuando no hay norma que regule el caso concreto, carencia que no se advierte en este asunto, comoquiera que el legislador estableció, con claridad, el procedimiento a seguir para determinar el prenotado interés para recurrir en casación» (CSJ AC4423-2017, criterio reiterado en AC552-2026). 7.- En ese orden, anduvo acertado el ad quem al denegar el remedio de casación, pues, ciertamente, al impugnante le devenía imperativo acreditar el interés para recurrir en casación y el dictamen pericial aportado al proceso se aleja sustancialmente del quantum mínimo exigido en la normatividad procesal vigente para acceder al escenario extraordinario. De modo que, es dable concluir que el recurso excepcional fue bien denegado y así será declarado.Radicación n.° 11001-31-03-019-2023-00079-01 10 8.- No se impondrá condena en costas, al no

evidenciarse su causación (arts. 361 inc. 2 y 365 núm. 8 ibídem).

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: PRIMERO. DECLARAR bien denegado el recurso de casación formulado por José Abraham Toro Idárraga contra la sentencia proferida el día 11 de septiembre de 2025 por la

Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

SEGUNDO: DEVOLVER la presente actuación al despacho de origen para que forme parte del expediente respectivo.

Notifíquese,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada

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