CSJ - AC2162-2026

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC2162-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01140-00 Bogotá D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiséis (2026). ANOTACIÓN PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo nº 034 de esta Corporación y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto serán reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgación real de sus datos. Anotado lo anterior, decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo de Familia del Circuito de Riosucio, Chocó y Promiscuo de Familia del Circuito de Caucasia, Antioquia.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01140-00 2

I. ANTECEDENTES 1.- Juan Pérez demandó ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Familia de Riosucio la custodia y cuidado personal que viene ejerciendo sobre su nieta Andrea Ramírez Pérez. Dicha dependencia rechazó el conocimiento del asunto y ordenó su remisión a su homólogo de Caucasia, al encontrar que, «el demandante y su nieta residen en el municipio de Caucasia-Antioquia» [archivo digital 004].

y ordenó su remisión a su homólogo de Caucasia, al encontrar que, «el demandante y su nieta residen en el municipio de Caucasia-Antioquia» [archivo digital 004]. 2.- Al recibir las diligencias el fallador de la última circunscripción mencionada, también se rehusó a conocerlas, habida cuenta que «en todo el escrito genitor, se hace referencia que [la] parte demandante, este es, señor [JUAN PÉREZ] quien tiene la custodia de la menor [ANDREA RAMÍREZ PÉREZ], están domiciliados en el municipio de Belén de Bajirá, Chocó»; asimismo, en el acápite de notificaciones se indicó «que puede ser localizado en Belén de Bajirá, Chocó y, que el demandado, en la ciudad de Planeta Rica, Córdoba. Es decir, ninguno de los sujetos procesales tiene asiento el municipio de Caucasia, Antioquia ». Fundado en esos razonamientos propuso colisión de competencia y remitió el expediente a esta Corporación para que sea dirimida [archivo digital 007].

II. CONSIDERACIONES 1.- Corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo

establecen los artículos 139 del Código General del Proceso yRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01140-00 3 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- De acuerdo con el inciso segundo, numeral 2° del artículo 28 del Código General del Proceso «[ e]n los procesos de alimentos, pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, custodia, cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir del país, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel» (subrayado fuera de texto). 3.- Confrontado el asunto bajo examen con el aparte normativo transcrito, refulge con claridad que la competencia para conocer de este tipo de controversias, con base en el factor territorial, recae en la autoridad del lugar «del domicilio o residencia» del niño, niña o adolescente, conclusión que se robustece con las previsiones del artículo 97 del Código de Infancia y Adolescencia, según las cuales «[s]erá competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente» (se destaca). Tal disposición resulta aplicable, no solo en el contexto de los procedimientos ante las autoridades administrativas y

los procesos de restablecimiento de derechos de menores de edad, sino en las controversias de conocimiento judicial, tal como lo ha decantado esta Corporación al puntualizar que: [E]n orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente ‘la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, laRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01140-00 4 niña o el adolescente’, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder éstos la atribución por no decidir dentro de los plazos señalados en el parágrafo 2°, artículo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ahí, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los últimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacción de la obligación a cargo del Estado de ‘[a]segurar la presencia del niño, niña o adolescente en todas las actuaciones que sean de su interés y que los involucren…’ así como ‘[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal’, tal y como lo establece al ordinal 34, artículo 41 de la aludida ley” (Exp. 2008-00649-00) (CSJ, AC32032022). Lo anterior se encuentra del todo conforme con la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y

2022). Lo anterior se encuentra del todo conforme con la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en cuya virtud « [e]n todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona (…)1 », así como con el artículo 11 del estatuto adjetivo, que ordena interpretar las normas procedimentales de acuerdo con los estándares constitucionales, entre los cuales se encuentra el del interés superior del menor. Sobre esta temática, ha recalcado la Corporación que: (…) [E]l interés superior al que se alude comporta un postulado a modo de insumo en las decisiones jurisdiccionales direccionándolas a facilitar la protección de los niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y mayores con discapacidad, para auspiciarles el acceso directo a la administración de justicia en el lugar en que se encuentren

1 Artículo 9º del Código de Infancia y Adolescencia.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01140-00 5 ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en traumatismos o dificultades de diversa índole para reparar sus necesidades, que a la postre podrían verse insatisfechas de tener

5 ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en traumatismos o dificultades de diversa índole para reparar sus necesidades, que a la postre podrían verse insatisfechas de tener que acudir a un lugar distinto de donde se localizan, postulado que desarrolla el mandato contenido en el artículo 9° del Código de la Infancia y la Adolescencia, a cuyo tenor «[e]n todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente». Por supuesto que dicho precepto legal, que aboga por darle prevalencia a los derechos de los menores y adolescentes, no es ajeno al derecho procesal ni, por contera, a las reglas de competencia para asignar el conocimiento de las causas en las cuales están involucrados dichos sujetos, receptores de especial protección. Recuérdese, porque viene al caso, que conforme al canon 26 ibídem, «[e]n toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados, los niños, las niñas y

protección. Recuérdese, porque viene al caso, que conforme al canon 26 ibídem, «[e]n toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.» En esa línea de pensamiento favorable al interés superior citado, la Corte se ha pronunciado señalando respecto de los menores de edad, que: [L]a Sala ha venido sosteniendo que cuando se está ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los niños, el juez debe ser más acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de intereses debe verse desde un contexto más amplio, pues acorde con la amplia normatividad existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado 44 de la Carta Política, según el cual ‘los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás’ (se destaca) (CSJ, AC1354-2024).Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01140-00 6 4.- Confrontadas las anteriores nociones con la situación puesta en consideración de la Corte, surge que el competente para conocer del asunto es el juez de Riosucio, Quibdó y no el de Caucasia porque, contrario a lo sostenido por el titular de la primera dependencia mencionada, la menor cuya custodia se disputa, para el momento en que fue radicado el libelo se encontraba conviviendo con su abuelo,

por el titular de la primera dependencia mencionada, la menor cuya custodia se disputa, para el momento en que fue radicado el libelo se encontraba conviviendo con su abuelo, quien informó estar «domiciliado y residente en el municipio nuevo belén, Bajirá-chocó», ente territorial que se encuentra adscrito al circuito judicial de Riosucio (distrito judicial de Quibdó), sin que tenga incidencia alguna para los fines aquí perseguidos, que su documento de identidad hubiese sido expedido en Caucasia, de ahí que, el fallador de dicha sede judicial no podía rechazar el caso, en la medida que para asuntos de custodia y cuidado personal, regulación de visitas y fijación de cuota alimentaria de menores, el legislador atribuyó de manera privativa el conocimiento al «juez del domicilio o residencia de aquel» (núm. 2, inc. 2, art. 28 C.G.P.). 5.- Así las cosas, se itera, es al juzgador de Riosucio a quien corresponde dar curso al litigio, como en efecto se dispondrá, ordenando la remisión del expediente, determinación de la cual se informará al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda resuelta.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01140-00

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PRIMERO: Declarar que el Juzgado Promiscuo de

Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01140-00 7

PRIMERO: Declarar que el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Riosucio, Chocó es el competente para dar curso al proceso de la referencia.

SEGUNDO: Remitir el expediente a esa autoridad para que asuma el trámite del asunto.

TERCERO: Comunicar esta decisión al otro estrado judicial involucrado y al reclamante.

NOTIFÍQUESE,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada