CSJ - AC2165-2026

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC2165-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01481-00 Bogotá, D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiséis (2026). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Ochenta y Tres de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá y Primero Civil Municipal de Rionegro, Antioquia.

I. ANTECEDENTES 1.- Smart Training Society S.A.S. formuló demanda ejecutiva de mínima de cuantía contra Karoll Yulieth González Barreto, para obtener el recaudo de la suma de dinero incorporada en el pagaré N.° RI-2024056448 junto con los intereses moratorios causados.

Radicó la demanda ante los estrados de pequeñas causas capitalinos y, en el acápite pertinente, indicó que la competencia territorial se atribuía « en consideración al lugar señalado en el pagaré base de la presente ejecución para el cumplimiento de la obligación»; asimismo, en cuanto a ese tópico,Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01481-00 2 aclaró: « FUERO CONCURRENTE: En los procesos originados en procesos ejecutivos, la ley brinda la posibilidad de presentar la demanda en el sitio donde deba cumplirse la obligación; en cumplimiento a los

procesos ejecutivos, la ley brinda la posibilidad de presentar la demanda en el sitio donde deba cumplirse la obligación; en cumplimiento a los numerales 1 y 3 del artículo 28 del Código General del Proceso» [Archivo digital: 002]. 2.- El primer estrado relacionado, al que fue repartida la causa, rehusó el conocimiento y dispuso su envío a los despachos civiles municipales de Rionegro, Antioquia, porque «al revisar el título valor que contiene la obligación objeto de recaudo, se advierte que en él no se indicó expresamente el lugar de cumplimiento ni el lugar para el ejercicio del derecho incorporado », de ahí que debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 621 del Código de Comercio que impone el conocimiento del asunto al juez del domicilio del creador del título, cuyo «domicilio corresponde al municipio de Rionegro (Antioquia)» 3.- El estrado receptor, esto es, el Primero Civil Municipal de la mencionada municipalidad también se negó a asumir el asunto al no compartir la determinación de la funcionaria remitente, comoquiera que « el encabezado del documento hace referencia expresa a la ciudad de Bogotá, y posteriormente, la cláusula primera alude al cumplimiento de la obligación en la ciudad allí indicada, lo cual permite concluir, de manera razonable y coherente, que el lugar pactado para el cumplimiento de la obligación es Bogotá D.C.». Con esos fundamentos, planteó la colisión y ordenó

obligación en la ciudad allí indicada, lo cual permite concluir, de manera razonable y coherente, que el lugar pactado para el cumplimiento de la obligación es Bogotá D.C.». Con esos fundamentos, planteó la colisión y ordenó remitir el legajo a esta Corporación [archivo digital 10].

II. CONSIDERACIONES 1.- Corresponde a la Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la CorteRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01481-00 3 es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- Al tenor de lo estipulado en el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, « en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante».

Asimismo, el numeral 3º ídem, prevé que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita». 3.- De suerte que, cual lo indica la lectura de los precitados numerales, en punto al ejercicio de las acciones originadas en un negocio jurídico o en un instrumento

tendrá por no escrita». 3.- De suerte que, cual lo indica la lectura de los precitados numerales, en punto al ejercicio de las acciones originadas en un negocio jurídico o en un instrumento cambiario, el lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones allí contenidas concurre con el fuero general, lo cual implica la facultad en el actor para elegir, de entre las varias autoridades judiciales, la que adelantará su proceso. Al respecto, esta Sala Especializada ha reiterado que: (…) para las demandas derivadas de un negocio jurídico o que involucran títulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui). Por eso doctrinó la Sala que el demandante, con fundamento en actos jurídicos de ‘alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene laRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01481-00 4 opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor’ -

énfasis añadido- (CSJ, AC1562-2025; CSJ, AC564-2026). De manera que, ejercida la elección por el convocante, la misma no puede ser alterada motu proprio por el iudex, comoquiera que « la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes» (CSJ, AC1562-2025; CSJ, AC5642026). Empero, esa escogencia no puede ser caprichosa, pues debe existir pleno convencimiento de que, si se inclinó el interesado por la regla general, el lugar indicado en verdad corresponda al del domicilio de su contendiente; y, si se decantó por la pauta del numeral 3º, sea evidente el acuerdo de los contratantes sobre el sitio de cumplimiento de sus cargas convencionales. 4.- Dicho lo anterior, en el sub lite es incontestable que la contienda planteada por Smart Training Society S.A.S., va dirigida a obtener el cobro forzado de la obligación dineraria representada en un pagaré otorgado por la demandada, por manera que para la fijación del juez natural -se insiste-, concurrían dos fueros, esto es, el general que prevé el

numeral 1° del canon 28 del estatuto procesal, así como el especial contemplado en el punto 3 ídem. 5.- Como se sabe los títulos valores están regidos, entre otros principios, por el de literalidad, en virtud del cual « el contenido, la extensión, la modalidad de ejercicio y cualquier otro posible elemento, principal o accesorio del derecho cartular, son solo aquellosRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01481-00 5 que resultan del tenor literal del título, vale decir, en otros términos, que el acreedor no puede tener pretensiones y el deudor no puede oponer excepciones contra el poseedor de buena fe que no se basen, a la exclusiva, en el contenido literal del documento»1 . 5.1.- En este caso se advierte que la compañía promotora para la determinación del funcionario competente por el factor territorial para impulsar la acción ejecutiva optó, expresamente, por fijar la competencia por el « lugar señalado en el pagaré base de la presente ejecución para el cumplimiento de la obligación»; privilegiando de este modo la pauta especial de atribución del numeral 3° del canon 28 del Código General del Proceso. La Corte observa que la voluntad de la precursora fue, en ejercicio de esa potestad, decantarse por la regla tercera del artículo 28 de la codificación adjetiva, pues si bien en su postulación aludió a la existencia de dos fueros de competencia territorial, en cuanto, señaló « FUERO CONCURRENTE: En los procesos originados en procesos ejecutivos, la ley brinda la posibilidad de presentar la demanda en el sitio donde deba

competencia territorial, en cuanto, señaló « FUERO CONCURRENTE: En los procesos originados en procesos ejecutivos, la ley brinda la posibilidad de presentar la demanda en el sitio donde deba cumplirse la obligación; en cumplimiento a los numerales 1 y 3 del artículo 28 del Código General del Proceso » [Folio 3, ídem] , ello lo hizo solamente a manera descriptiva y aclaratoria, luego de haber escogido la pauta aludida. 5.2.- Ahora bien, de una atenta lectura del instrumento objeto de cobro emerge contundente, contrario a lo enunciado por el despacho primigenio, que en él se consignó estipulación expresa sobre el lugar donde se honraría la acreencia, pues, claramente se señaló que « En la ciudad de Bogotá D.C., yo (nosotros) KAROLL YULIETH GONZALEZ BARRETO identificado(s) como aparece al pie de mi (nuestras) firma(s), declaro

1 MUÑOZ Luis, Derecho Comercial Títulos Valores. Tipografía editora Argentina, 1927, pág. 99.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01481-00 6 (amos): Primera. Objeto. Que por virtud del presente título valor pagaré (amos) incondicionalmente, a la orden de SMART TRAINING SOCI-ETY S.A.S. o a quien represente sus derechos, en la ciudad y dirección indicados…». Quiere decir lo anterior que de la literalidad del título valor venero de la ejecución emerge palmario que la voluntad

S.A.S. o a quien represente sus derechos, en la ciudad y dirección indicados…». Quiere decir lo anterior que de la literalidad del título valor venero de la ejecución emerge palmario que la voluntad del deudor fue pagar « En la ciudad de Bogotá», sin que en forma alguna se hubiere soslayado tal aspecto. Luego, el convenio entre las partes se direccionó a que la satisfacción de la acreencia debía realizarse en la capital de la República en esta urbe, amén que aquella estipulación deviene vinculante no solo para el tenedor del título, quien tiene la obligación de acatarla, sino para el deudor. De manera que la opción escogida por la sociedad acreedora de acudir a la pauta especial de atribución se encuentra debidamente respaldada con los documentos que sustentan el cobro judicial. 6.- Así las cosas, como la elección de la impulsora basada en la tercera pauta del artículo 28 mencionado tiene soporte en el instrumento cambiario báculo de la acción, atañe a la servidora capitalina impartir la tramitación correspondiente, por lo que se dispondrá la devolución del plenario a ésta, para que proceda de conformidad.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema

de Justicia, RESUELVE:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01481-00 7

PRIMERO: Declarar que el Juzgado Ochenta y Tres de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia.

SEGUNDO: Remitir el expediente a la mencionada dependencia judicial para que le imparta trámite al asunto.

TERCERO: Comunicar esta decisión al otro estrado involucrado y a la parte demandante.

Notifíquese,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada