CSJ - AC2220-2026

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC2220-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01509-00 Bogotá, D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintiséis (2026). Se decide acerca de la admisibilidad de la demanda de exequátur promovida por German Lizarazo Falla por medio de apoderado.

I. ANTECEDENTES 1.- Se formuló solicitud de homologación, mediante la cual se pretende el reconocimiento de efectos en la República de Colombia de la sentencia proferida el 22 de agosto de 2017, por el Tribunal Superior de la División de Familia de Nueva Jersey del Condado de Hudson Estados Unidos, mediante el cual se declaró el divorcio del matrimonio que el 17 de enero de 1992 se celebró entre el solicitante y Leonor Pérez Bustos. 2.- Según se indicó en el libelo primigenio, el veredicto no versó sobre « derechos reales de bienes que estuvieren en territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso », no se opone a las leyesRad. n.° 11001-02-03-000-2026-01509-00 2 colombianas, y otras disposiciones de orden público, adquirió ejecutoria según las normas de aquel país, no recae sobre asuntos de competencia exclusiva de los jueces nacionales, y no existe proceso en curso en este territorio.

II. CONSIDERACIONES 1.- Según lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna

asuntos de competencia exclusiva de los jueces nacionales, y no existe proceso en curso en este territorio.

II. CONSIDERACIONES 1.- Según lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial colombiano competente, que según el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de

Justicia. En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Título I del Libro V del Código General del Proceso. El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 607 ejusdem, cuyo numeral 2º prescribe que la demanda deberá rechazarse si faltare alguno de los requisitos previstos en los numerales 1º a 4º del canon 606. Entre los exigidos figura el de que la sentencia extranjera, cuya homologación se solicita, « no se oponga a las leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento» (numeral 2º ídem) y el de que « se encuentre ejecutoriadaRad. n.° 11001-02-03-000-2026-01509-00 3 de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente legalizada» (numeral 3º ibidem).

3 de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente legalizada» (numeral 3º ibidem). Esta última exigencia, se acompasa con el contenido del inciso segundo del precepto 607 de la normativa citada, en cuanto previene que «[c]uando la sentencia o cualquier documento que se aporte no esté en castellano, se presentará con la copia del original su traducción en legal forma», y de dicha traducción se requiere que sea realizada por « el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez», todo para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso, tales documentos puedan apreciarse como prueba. 2.- No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que: 2.1.- La parte solicitante desatendió el contenido del canon 251 del Código General del Proceso, según el cual «[p]ara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez». Lo anterior, por cuanto, si bien allegó traducción oficial de la sentencia de divorcio y del certificado de no apelación, no incorporó la totalidad de los documentos extranjeros con su

Lo anterior, por cuanto, si bien allegó traducción oficial de la sentencia de divorcio y del certificado de no apelación, no incorporó la totalidad de los documentos extranjeros con su respectiva traducción, permaneciendo en idioma inglés piezas relevantes del acervo probatorio, particularmente la apostilla que pretende acreditar la legalización del fallo foráneo y el acuerdo celebrado entre las partes a que se hace referencia en ésteRad. n.° 11001-02-03-000-2026-01509-00 4 indicándose que «se incorpora a la Sentencia Definitiva Dual de Divorcio » y que, por tanto, forma parte de ella. Tal omisión impide su valoración probatoria y compromete la debida legalización del expediente extranjero, toda vez que la exigencia de traducción no admite cumplimiento parcial. Adicionalmente, tampoco se acreditó el cumplimiento de las formalidades relativas a la acreditación de traductor oficial, pues no allegó el certificado expedido por Universidades en el que conste la idoneidad para el ejercicio del oficio (art. 33 ley 962 de 2005 en los términos de la Resolución 1959 de 2020, ora la Resolución que lo reconozca como tal, expedida por el Ministerio de Justicia como anuncia en la traducción allegada, lo cual refuerza la imposibilidad de tener por debidamente legalizados los documentos allegados. 2.2.- A lo dicho se suma que a voces del numeral 2 del artículo 606 la decisión a homologar no debe contrariar las «leyes

refuerza la imposibilidad de tener por debidamente legalizados los documentos allegados. 2.2.- A lo dicho se suma que a voces del numeral 2 del artículo 606 la decisión a homologar no debe contrariar las «leyes u otras disposiciones colombianas de orden público exceptuadas las de procedimiento». Sin embargo, el veredicto que se pretende homologar ni siquiera especifica el motivo del divorcio, amen que solo refiere a que probó « una causa de acción para el divorcio bajo el estatuto previsto para tal caso», lo cual va en contravía de la mentada exigencia, pues en el ordenamiento colombiano los motivos que autorizan la disolución del vínculo por este modo son taxativas, lo cual impone que el fallo extranjero esté soportado en algún motivo análogo a los que consagra el orden interno.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-01509-00 5 2.3.- Mucho menos acreditó en los términos que establece el artículo 177 del Código General del Proceso las disposiciones que soportaban la sentencia, esto es, las del «estatuto previsto para tal caso» como se indica en la sentencia, o que estuviere basado en una ley extrajera, lo que no permite realizar el cotejo correspondiente que evidencie que estas no se oponen al ordenamiento interno, lo que cobra relevancia en este caso, debido a que como antes se anotó de la traducción de la sentencia

se infiere que el divorcio fue declarado con base en una causal prevista en la legislación aplicable, pero sin precisar cuál de ellas fue invocada, ni si guarda correspondencia con el ordenamiento jurídico colombiano. Exigencia que por demás, de acuerdo con el mentado precepto puede ser satisfecha mediante copia expedida por la autoridad competente del país de origen, por conducto consular, mediante dictamen pericial o a través del testimonio de expertos en derecho extranjero. No puede olvidarse que es deber de las partes y sus apoderados la obtención de «documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir» (núm. 10 artículo 78 C.G.P.), además, que según el inciso segundo del precepto 173 ibidem, al juez le está vedado ordenar la práctica de las pruebas que pudieron haberse obtenido por el interesado mediante la citada figura, sin que en el caso particular el hecho de haberse radicado solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores el día anterior a la presentación de la demanda encaminado a que se certificara la existencia de reciprocidad diplomática y legislativa resulte suficiente para habilitar el decreto de tal probanza [archivo digital pruebas.pdf fl. 21,22].Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-01509-00

6 2.4Tampoco se establece con claridad si el trámite tuvo naturaleza contenciosa o se surtió por mutuo acuerdo, toda vez que en la traducción se da cuenta que el fallador tomó la determinación «considerando la Demanda y la reconvención». Aspecto determinante, toda vez que, de tratarse de un proceso contencioso, resulta indispensable acreditar la debida citación y el derecho de contradicción del demandado conforme a la ley del país de origen, así como definir su eventual vinculación a este trámite, amen que de ser indispensable imponía al peticionario dar cumplimiento a lo normado en el artículo 82 del compendio procedimental, adicionado por el canon 6º de la Ley 2213 de 2022, esto es, acreditar la remisión del libelo y sus anexos al llamado a intervenir en este trámite, bien sea por medio electrónico o físico, en los términos previstos en la disposición en cita. 3.- También se advierte que no se allegó poder debidamente conferido por Germán Lizarazo Falla para el adelantamiento de la presente acción, puesto que al legajo solamente se anexó memorial en el cual el abogado Nicolas Eduardo Alviar Romero indica reasumir poder presuntamente conferido a él por aquel y en el mismo lo sustituye a Juan Sebastián Arévalo Buitrago lo que es insuficiente para asumir dicha representación judicial. 4.- Por las razones esbozadas se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el artículo 607 del compendio en cita.

III. DECISIÓN

que es insuficiente para asumir dicha representación judicial. 4.- Por las razones esbozadas se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el artículo 607 del compendio en cita.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE:Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-01509-00

7 PRIMERO. Rechazar la demanda de exequatur de la referencia. SEGUNDO. No hay lugar a devolución de anexos por haber sido allegados en medio digital.

NOTIFÍQUESE,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada