CSJ - AC2274-2026

AC2274-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-01595-00 Bogotá D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintiséis (2026). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Güepsa, Santander, y Quince de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C.

I. ANTECEDENTES

1. Ante el primer despacho judicial Nelly Grandas Traslaviña promovió demanda de declaración de pertenencia en contra de Clemencia Olarte Estrada y personas indeterminadas sobre el bien inmueble Lote terreno rural No. 3, segregado del predio de mayor extensión denominado Lote 5 del predio San Francisco de la vereda Centro del Municipio de Güepsa, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 324-85283 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Vélez, Santander, y atribuyó competencia en razón a «la naturaleza del proceso, la ubicación del inmueble, vecindad de la demandada y cuantía».Radicación n° 11001-02-03-000-2026-01595-00

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2. El Juez admitió la demanda el 18 de enero de 2023 y entre otros puntos, ordenó emplazar a las personas indeterminadas, inscribir la demanda en el folio de matrícula del inmueble, informar a varias entidades sobre la iniciación del proceso para que efectúen un pronunciamiento correspondiente en el ámbito de sus funciones 1 e instalar la

indeterminadas, inscribir la demanda en el folio de matrícula del inmueble, informar a varias entidades sobre la iniciación del proceso para que efectúen un pronunciamiento correspondiente en el ámbito de sus funciones 1 e instalar la valla conforme con el artículo 375 del Código General del Proceso. Clemencia Olarte Estrada contestó la demanda en la que aseguró que eran ciertos los hechos y no se opuso a las pretensiones. Posteriormente, en auto del 5 de diciembre de 2024, el juzgador informó que tras revisar el certificado de libertad y tradición y libertad del inmueble con ocasión a la constancia de inscripción de la demanda comunicada por el registrador, advirtió que allí consta una servidumbre de gasoducto en favor de Ecopetrol, una servidumbre de tránsito activa en favor de «Amado Zárate Fulver y Hernández Cuervo Miosotas Stella» y «cesión de contrato de servidumbre de Gasoducto con ocupación permanente del Gasoducto Boyacá» en favor de « Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP». Por ende, decidió vincular al proceso como parte demandada a Ecopetrol, Fulver Amado Zárate, Miosotas Stella Hernández Cuervo y Transportadora de Gas Internacional S.A ESP y correrles traslado de la demanda y anexos por el término de 20 días.

1 Superintendencia de Notariado y Registro, Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de Víctimas, Agencia Nacional de Tierras, Institución

20 días.

1 Superintendencia de Notariado y Registro, Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de Víctimas, Agencia Nacional de Tierras, Institución Colombiano Agustín Codazzi (IGAC) y al procurador agrario.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-01595-00 3 Notificados personalmente Fulver Amado Zárate y Miosotas Stella Cuervo Hernández, contestaron la demanda solicitando su desvinculación. Después, el 5 de marzo de 2025, el Juzgado emitió proveído en el que declaró su falta de competencia para seguir conociendo del proceso porque, tras la vinculación de Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP TGI S.A. ESP y Ecopetrol, de quienes aseguró son empresas mixtas de servicios públicos, el juez competente es el del lugar de sus domicilios principales que para este caso es Bogotá en razón al fuero privativo, improrrogable e irrenunciable previsto en el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso. Por lo anterior, ordenó su remisión al Juzgado Quince de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá.

3. El receptor declinó su competencia y suscitó la colisión porque consideró que a este tipo de conflictos son aplicables las reglas expuestas en el auto CSJ, AC3119-2024 según el cual «cuando una persona de derecho público integra alguno de los extremos de la litis, es admisible que el concepto de «domicilios» cobije también el de la agencia o sucursal

según el cual «cuando una persona de derecho público integra alguno de los extremos de la litis, es admisible que el concepto de «domicilios» cobije también el de la agencia o sucursal involucrada en la cuestión, a fin de realizar la atribución de la controversia en dicho lugar», así como lo considerado en el AC2099-2021 en el que se indicó que «[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicación del bien involucrado en el debate pertinente, no pudiéndose acudir, bajo ningún punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuestoRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01595-00 4 autorizado para otros eventos, como por ejemplo para la situación del fuero personal». Con ese contexto, concluyó que del certificado de tradición y libertad del inmueble objeto de declaración de pertenencia se aprecia que el predio está ubicado en Güepsa, razón por la que era el juzgador de ese territorio el que debía conocer del asunto.

II. CONSIDERACIONES

1. Como el conflicto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación

le corresponde dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.

2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad.

3. En el presente caso, la controversia se presenta en torno al fuero real, dada la ubicación del inmueble, y el fuero subjetivo por la calidad de entidad pública que ostentan las demandadas vinculadas el 5 de diciembre de 2024, dado que al aplicar cada uno de esos criterios se asigna la competencia a un juez diferente.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-01595-00

5 Respecto del fuero en razón a la ubicación del bien, aplicable a procesos en los que se ejerciten derechos reales, el numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso, que regula la competencia territorial, contempla una «competencia privativa», mediante la cual atribuye el conocimiento del asunto al juez del lugar donde se encuentran ubicados los bienes. De otro lado, el numeral 10º de la norma procesal en cita refiere que, « [ e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». De esta manera, al tratarse de procesos en que se

una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». De esta manera, al tratarse de procesos en que se ejercitan derechos reales y en los que interviene una entidad pública, se presenta una concurrencia entre fueros privativos que genera una aparente colisión, lo cual amerita una interpretación que la solucione.

4. En el caso objeto de revisión, se advierte que el Juzgado Promiscuo Municipal de Güepsa admitió la demanda y luego de ello decidió vincular como litisconsortes por pasiva de la demandada Clemencia Olarte Estrada a Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP TGI S.A. ESP y a Ecopetrol, entre otros; por ende, inicialmente asumió la competencia para conocer del litigio, la cual continuó incluso después de haber vinculado a las entidades señaladas, pero con posterioridad y sin que mediara solicitud de parte, decidió no extender el conocimiento del asunto por aplicación del fueroRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01595-00 6 privativo previsto en el numeral 10º del artículo 28 del Código

General del Proceso. Así, sería del caso analizar cuál de los fueros privativos del factor territorial en pugna (numerales 7º y 10º del artículo 28 del estatuto procesal) prevalece en situaciones como estas, de no ser porque, indistintamente de ello, la competencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Güepsa, Santander, se prorrogó como pasa a explicarse. Resulta necesario precisar que, cuando la competencia

de no ser porque, indistintamente de ello, la competencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Güepsa, Santander, se prorrogó como pasa a explicarse. Resulta necesario precisar que, cuando la competencia es fijada por el factor territorial, si el actor acude ante un funcionario judicial que no corresponde y este inadvierte tal situación, y, por tal vía, asume el conocimiento e impulsa el proceso, solo será el extremo pasivo quién podrá rebatir tal cuestión a través de los mecanismos procesales que reconoce la ley adjetiva, de lo contrario la competencia del juzgador se prorroga, resultando inalterable en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis y lo establecido en el artículo 16 del estatuto procesal, por lo que le estaría vedado al fallador pretender desconocerla posteriormente (CSJ, AC1275-2026 y AC6524-2025). Así, sobre la prorrogabilidad de la competencia una vez se asumió conocimiento del litigio, esta Corte ha establecido que: «... el juez que le dé inicio a la actuación conservará su competencia (...) dado que cuando se activa la jurisdicción el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administración de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema queRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01595-00 7 involucra la evaluación, cómo no, también de su “competencia”, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en él la prorrogación de aquella

7 involucra la evaluación, cómo no, también de su “competencia”, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en él la prorrogación de aquella atándolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala “ha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que después de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes variándola por iniciativa de aquellos”» (CSJ, AC54512016, reiterada, entre otras, en CSJ, AC36752019; CSJ, AC791-2021; CSJ AC910-2021; CSJ AC1237-2021 y CSJ, AC9462-2025). (Se destaca) Claro está, conforme con el artículo 16 del Código General del Proceso, la regla anterior no es aplicable a los factores subjetivo y funcional pues «[l]a jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables» y en similar sentido el canon 139 de la misma codificación establece que «[e]l juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional». Ahora, en asuntos como el que es objeto de revisión, esta Sala ha optado en algunas ocasiones anteriores por considerar que no es viable atender al principio de la

funcional». Ahora, en asuntos como el que es objeto de revisión, esta Sala ha optado en algunas ocasiones anteriores por considerar que no es viable atender al principio de la perpetuatio jurisdictionis, manifestando lo siguiente: «Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o pública, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida «en consideración a la calidad de las partes», de ahí que, en aplicación del criterio de preponderancia comentado, aquella desplace a otras, como sería la determinada por el punto geográfico donde se halla la cosa sobre la cual se ejercita un derecho real. Tal conclusión no se enerva por la realización de algunas actuaciones ante el fallador no competente, ni por la renuncia que haga el organismo público de la garantía de adelantar el juicio o ser enjuiciado en sede distinta al lugar donde tiene su domicilio. LoRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01595-00 8 primero, porque, tal como se enfatizó en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignación del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es

improrrogable, característica que trae aparejada «la imposibilidad de dar aplicación al principio de la perpetuatio jurisdictionis». Y lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho público que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las pautas que cimientan la definición del juez natural exclusivo de un litigio, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le esté permitido desconocerlas o socavarlas» (CSJ AC4273-2018, reiterada recientemente en CSJ AC1402020, CSJ AC800-2021, CSJ AC795-2021 y AC12752026) (Se resalta). Fíjese que esta postura se edifica en la tesis de que la atribución de competencia conforme con el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso corresponde al factor subjetivo y, por ende, de acuerdo con los artículos 16 y 139 ibidem, la competencia es improrrogable. No obstante, en esta oportunidad es necesario apartarse de esta posición, con fundamento en las consideraciones que se exponen a continuación. En primer lugar, se debe resaltar que la prelación prevista en el artículo 29 del Código General del Proceso, para la competencia «en consideración a la calidad de las partes» , hace referencia al factor subjetivo, ratione personae2 , que corresponde a la asignación de un asunto de manera exclusiva a una autoridad judicial en virtud de la calidad o naturaleza de la parte, como sería la fijada en el numeral 6º

corresponde a la asignación de un asunto de manera exclusiva a una autoridad judicial en virtud de la calidad o naturaleza de la parte, como sería la fijada en el numeral 6º del articulo 30 ibidem, que dispone que esta Sala de Casación

2 «El subjetivo mira a la calidad de públicas de las personas que forman las partes del juicio: nación, municipios, etc., cuando la ley señala jueces especiales para conocer de sus litigios». DEVIS ECHANDIA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Editorial Temis, Bogotá 2021. Formato Ebook. Pág. 117.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-01595-00 9 conocerá «[d]e los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero [o] un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República». La norma en cita contempla con claridad que, atendiendo a la condición de uno o varios extremos de la litis, conocerá un determinado Despacho judicial, sin atender a otro factor de competencia, como podría ser el objetivo, la cuantía o el territorial. Por ello, se comprende que el compendio procesal disponga que esta competencia no puede ceder frente a otras y, como lo indica el canon 16, sea improrrogable. Aspecto distinto, se considera, son los diferentes criterios o fueros que, dentro del factor territorial3 , regulado en el artículo 28 del Código, permiten asignar la competencia a las distintas autoridades del país.

improrrogable. Aspecto distinto, se considera, son los diferentes criterios o fueros que, dentro del factor territorial3 , regulado en el artículo 28 del Código, permiten asignar la competencia a las distintas autoridades del país. En efecto, la norma en cita inicia precisando que «la competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas», es decir, determina los parámetros para fijar este factor, sin que se esté refiriendo a otros, como podría ser el subjetivo. Es por ello, que los catorce (14) numerales previstos en el artículo contemplan criterios de definición espacial atendiendo a nociones de ubicación de bienes, domicilios de las partes, lugar de cumplimiento de obligaciones, entre otras.

3 «El territorial hace relación a la circunscripción territorial dentro de la cual el juez puede ejercer su jurisdicción; los diversos pleitos de igual naturaleza pueden ser conocidos por todos los jueces que existen en el país, de igual clase y categoría, de modo que para ser distribuidos se tiene de presente el lugar de domicilio de las partes o el de la ubicación del objeto materia de juicio». Ibidem, Pág. 117.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-01595-00 10 La doctrina nacional ha estimado esta condición de los fueros, al señalar que, «A fin de saber cuál de lo jueces que existen en distintos territorios debe corresponder el pleito (…) se aplica el factor territorial y el criterio lo suministrará la vecindad o domicilio de los elementos que sirven al juez para decidir: las personas y las cosas. Y como esos

debe corresponder el pleito (…) se aplica el factor territorial y el criterio lo suministrará la vecindad o domicilio de los elementos que sirven al juez para decidir: las personas y las cosas. Y como esos elementos se hallan a menudo en lugares diferentes, surge la cuestión de escoger entre ellos el más apropiado»4 Para el asunto en análisis, resulta importante referir los fueros de competencia territorial regulados en los numerales 9º y 10º del canon 28, que tienen en consideración el criterio de la calidad estatal de quien concurre al proceso. El numeral 9º contempla una regla especial cuando una de las partes corresponda a la Nación, entendida ésta en referencia a las autoridades centrales y así distinguirla de las autoridades descentralizadas5 , según el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la cual dispone que conocerá cuando aquella sea la demandante «el juez que corresponda a la cabecera de distrito judicial del domicilio del demandado» y en cambio, si es demandada será el despacho « del domicilio que corresponda a la cabecera de distrito judicial del demandante». Nótese que frente a esta autoridad, que pudiera considerarse como la de mayor nivel en el escenario estatal, el legislador priorizó para fijar la competencia territorial la sede

4 Op. Cit. 2, Págs. 130 y 131. 5 Véase Sentencia de la Corte Constitucional C-221-97, que analizó la exequibilidad del literal a) del artículo 233 del decreto 1333 de 1986 y el literal c) del artículo 1º de

5 Véase Sentencia de la Corte Constitucional C-221-97, que analizó la exequibilidad del literal a) del artículo 233 del decreto 1333 de 1986 y el literal c) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-22197.htmRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01595-00 11 de su contraparte, la del sujeto particular. El numeral 10º siguiente determina que en los asuntos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, distinta a la Nación, conforme a lo definido en el numeral 2º del artículo 38 de la Ley 489, «conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». Los anteriores parámetros normativos no asignan la competencia por el factor subjetivo, pues no están delimitando las autoridades que pueden conocer de manera exclusiva cuando se demande a una Entidad Pública, en los distintos niveles central o descentralizado, sino que determinan, en el nivel del territorio, cómo asignar el conocimiento en los diferentes despachos que pudieran asumir la causa de manera general. En esta medida, se estima que el fuero personal del factor territorial no atiende al criterio de la improrrogabilidad del factor subjetivo que prevé el artículo 16 del estatuto procesal, sino antes bien puede ser prorrogado. En efecto, según lo determina el artículo 16 del Código

factor territorial no atiende al criterio de la improrrogabilidad del factor subjetivo que prevé el artículo 16 del estatuto procesal, sino antes bien puede ser prorrogado. En efecto, según lo determina el artículo 16 del Código General del Proceso, la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables, lo que significa que, atendiendo el interés superior que subyace a estos parámetros los torna imperativos y por ello, « los particulares no pueden, ni aun poniéndose de acuerdo, llevar el negocio aRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01595-00 12 conocimiento de juez diferente»6 . Sin embargo, el ordenamiento contempla que, atendiendo a factores de economía y acceso afectivo a los derechos de defensa y debido proceso, se pueda admitir ceder la competencia bajo otros factores, diferentes al subjetivo y funcional, cuando « la parte en cuyo favor se ha establecido lleve o acepte el juicio ante juez distinto del que debía conocer de conformidad con las normas abstractas que regulan ese factor»7 . En este orden, el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso corresponde a un fuero personal dentro del factor territorial, por lo que la competencia en estos casos es prorrogable.

5. Así las cosas, atendiendo las particularidades del caso objeto de estudio, forzoso resulta concluir que el primer Juzgado al que correspondió el estudio del declarativo de pertenencia erró al desprenderse de él después de haber

objeto de estudio, forzoso resulta concluir que el primer Juzgado al que correspondió el estudio del declarativo de pertenencia erró al desprenderse de él después de haber asumido su conocimiento tanto en auto que admitió la demanda como en el que ordenó la vinculación de los litisconsortes de la parte pasiva y les corrió traslado de la demanda, puesto que con ello prorrogó su competencia y eran los nuevos integrantes del extremo demandado los únicos habilitados para discutir tal punto a través de los mecanismos procesales pertinentes.

6 Op. Cit. 2, pág. 121. 7 Ibidem.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-01595-00 13 En consecuencia, se declara que la competencia para conocer el asunto en revisión corresponde al Juzgado Promiscuo Municipal de Güepsa, Santander, por lo que se ordenará por Secretaría remitir a este Despacho para que imprima el trámite pertinente.

6. Finalmente, se requerirá al Juzgado Promiscuo Municipal de Güepsa y Quince de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de esta ciudad para que, en lo sucesivo, otorguen a los trámites de su competencia la diligencia y celeridad que le son exigibles en el marco del servicio de justicia.

otorguen a los trámites de su competencia la diligencia y celeridad que le son exigibles en el marco del servicio de justicia. Lo anterior, teniendo en cuenta que, el rechazo del primer despacho data del 5 de marzo de 2025 y el conflicto de competencia fue planteado por auto del 5 de diciembre de 2025, no obstante, únicamente hasta el 17 de marzo de este año dispuso la remisión del expediente digital a esta Corporación, dilación que desconoce el mandato de una justicia pronta, cumplida y eficaz, e impacta de manera directa en los derechos de las partes involucradas.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,Radicación n° 11001-02-03-000-2026-01595-00

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RESUELVE: Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de Güepsa, Santander, es el competente para conocer la causa de la referencia.

Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra sede judicial involucrada.

Tercero: Librar los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada