CSJ - AC341-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC341-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Magistrada ponente AC341-2026 Radicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 (Aprobado en sesión de veintinueve de enero de dos mil veintiséis) Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Se decide sobre la admisibilidad de la sustentación del recurso extraordinario de casación que interpuso la demandada contra la sentencia del 27 de noviembre de 2023, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones y fundamento fáctico.
La sociedad El Paso Trading Limitada en Liquidación promovió proceso reivindicatorio contra Cristina Rodríguez Jiménez, con el propósito de obtener la restitución de los inmuebles identificados como Lote 1 (matrícula inmobiliaria 190-0063.013) y Lote 2 (matrícula inmobiliaria 1900063.014), ubicados en Valledupar.Radicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 2 En respaldo, sostuvo que el dominio provino de una adquisición instrumentada en la escritura pública 9970 del 28 de diciembre de 1990, y que, con posterioridad, el predio fue dividido en lotes mediante escritura pública 01343 del 22 de septiembre de 1995, en uno de los cuales se construyó un centro comercial. En lo relativo a la tenencia material, afirmó que la demandada ejerció funciones de administración del Centro Comercial Satélite «Los Fundadores» desde el 18 de diciembre
de septiembre de 1995, en uno de los cuales se construyó un centro comercial. En lo relativo a la tenencia material, afirmó que la demandada ejerció funciones de administración del Centro Comercial Satélite «Los Fundadores» desde el 18 de diciembre de 2001, pero que aproximadamente desde el año 2010 pasó a desconocer el dominio que aquella predica, pese a que para junio de 2011 todavía suscribía contratos en nombre de la sociedad. Señaló, además, la existencia de un proceso de rendición de cuentas en curso ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar. Con fundamento en esos supuestos, pidió (i) declarar su propiedad sobre los dos lotes, (ii) calificar a la demandada como poseedora de mala fe, (iii) ordenar la restitución de los inmuebles e (iv) imponer condenas por frutos y reparaciones, con una estimación de frutos de $276.150.217, junto con costas y agencias en derecho.
2. Trámite de la primera instancia 2.1. Admitida la demanda y notificada la demandada, ésta se defendió apoyada en dos excepciones de mérito que denominó «prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio» y «prescripción extintiva de dominio» que se fundaronRadicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 3 en que inició la posesión de los inmuebles desde el año 2001, momento en el que los predios fueron abandonados. 2.2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar denegó las excepciones de mérito y accedió a las
momento en el que los predios fueron abandonados. 2.2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar denegó las excepciones de mérito y accedió a las pretensiones, con sustento en que no fue acreditado que la poseedora hubiera iniciado su ejercicio de señorío desde el año 2001, sino desde el año 2011 (aproximadamente). Además, calificó de mala fe la posesión ejercida y condenó al pago de frutos civiles a favor de la sociedad dueña.
SENTENCIA IMPUGNADA
1. El Tribunal confirmó la sentencia proferida por el juzgador del Circuito.
La Sala delimitó el problema jurídico en determinar si fue o no acertada la decisión de primera instancia al declarar no probadas las excepciones de prescripción adquisitiva extraordinaria y prescripción extintiva de dominio, y ordenar la restitución de los inmuebles a la demandante. Anticipó que la controversia se resolvería en sentido desfavorable para la parte apelante, porque no acreditó que su posesión fuera anterior al título de la demandante, ni que tuviera mejor derecho sobre el bien objeto de la acción reivindicatoria. Seguidamente, recordó que la acción reivindicatoria (art. 946 del Código Civil) es aquella que tiene el dueño de una cosa singular, de la cual no está en posesión, para que el poseedor sea condenado a restituirla. En esa línea, relacionóRadicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 4 como presupuestos: (i) dominio en cabeza del actor, (ii)
poseedor sea condenado a restituirla. En esa línea, relacionóRadicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 4 como presupuestos: (i) dominio en cabeza del actor, (ii) posesión del bien por el demandado, (iii) identidad del bien poseído con aquel cuyo dominio se alega y (iv) que se trate de cosa singular o cuota proindiviso de cosa singular. A continuación, destacó que, aun si se aceptara la hipótesis de que el reivindicante adquirió la propiedad después de iniciada la posesión de la contraparte, ello no conduce, de manera automática, al fracaso de la pretensión, porque el actor puede sostener su derecho con apoyo en la cadena de titulaciones anteriores, si demuestra que el derecho que adquirió proviene de títulos registrados anteriores al inicio de la posesión del demandado. En el caso concreto, indicó que los requisitos de propiedad de la demandante y posesión actual de la demandada se encontraban acreditados y ya habían sido abordados en la sentencia de primera instancia, particularmente por la confesión de la demandada y por haber planteado la usucapión como defensa. Sin embargo, precisó que el punto de debate radicaba en la vigencia y alcance temporal de la posesión alegada por la demandada frente al título de la demandante. Sobre esa cuestión, la Sala examinó la tesis central del recurso, conforme a la cual la posesión habría iniciado
alcance temporal de la posesión alegada por la demandada frente al título de la demandante. Sobre esa cuestión, la Sala examinó la tesis central del recurso, conforme a la cual la posesión habría iniciado cuando la demandante «abandonó» los inmuebles. Señaló que esa afirmación se desvirtuaba con el interrogatorio de parte rendido por la demandada.Radicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 5 Luego, al valorar el acervo probatorio, la Sala explicó que no se evidenciaban los presupuestos para adquirir por prescripción, porque, además de lo ya indicado, la demandada reconoció que, incluso en 2007, seguía fungiendo como administradora, de modo que los actos ejecutados no eran como dueña, sino en nombre de la demandante, conforme al nombramiento que constaba en el expediente y a lo por ella declarado. En refuerzo de lo anterior, dio relevancia al testimonio de quien manifestó haber sido designado para atender lo relativo al centro comercial y que, ante dificultades económicas, nombró a la demandada como administradora a partir de 2001, entregándole oficina y el manejo del centro comercial y del parqueadero, con instrucciones sobre la destinación de lo recaudado por arriendos para servicios, mantenimiento y honorarios. La Sala también resaltó apartes testimoniales que mostraban que, mientras la demandada actuó como administradora y seguía instrucciones, no era exigible que el
mantenimiento y honorarios. La Sala también resaltó apartes testimoniales que mostraban que, mientras la demandada actuó como administradora y seguía instrucciones, no era exigible que el representante de la sociedad realizara actos de oposición o recuperación, pues todo ocurría con su consentimiento. Asimismo, tuvo en la cuenta que se planteó la necesidad de una reunión para «arreglar» lo correspondiente a gastos e ingresos, como expresión de que el debate se situaba en lo administrado y no en un ejercicio de señor y dueño. Además, la Sala se apoyó en declaraciones de arrendatarios que describieron a la demandada comoRadicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 6 administradora que celebraba contratos en nombre de la demandante y que, solo hacia 2011, se les informó un cambio de administración, suscribiéndose un nuevo contrato con la persona que asumió esa función; incluso, se refirió que en 2012 la demandada promovió reclamaciones por no recibir ya los pagos, al tiempo que sostuvo que ya no actuaba como la sociedad, sino a título particular. En el mismo sentido, ponderó testimonios que ubicaron el inicio del desconocimiento de dominio ajeno hacia 2011 y que situaron ciertas construcciones o adecuaciones para beneficio propio en un período posterior (2012 a 2014), con reconocimiento previo del dominio ajeno en la sociedad demandante. El Tribunal descartó, además, los reparos orientados a minimizar el valor de los contratos de arrendamiento
reconocimiento previo del dominio ajeno en la sociedad demandante. El Tribunal descartó, además, los reparos orientados a minimizar el valor de los contratos de arrendamiento suscritos en nombre de la demandante. Indicó que el hecho mismo de reconocer que la demandada celebró contratos de arrendamiento en representación de la sociedad desvirtúa la posesión alegada. De manera concordante, puntualizó que la prescripción, sea ordinaria o extraordinaria, exige requisitos que no se satisfacen con su sola invocación, y recordó que en interrogatorio se aludió a la expectativa de un arreglo por el tiempo de administración, lo cual no armoniza con el animus de señor y dueño que se predica de la posesión prescriptiva. En lo relacionado con la falta de incorporación de información de un proceso de pertenencia que cursaba en otro despacho, la Sala sostuvo que, si la parte apelanteRadicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 7 consideraba que aquella actuación incidía en este litigio, debió desplegar oportunamente las cargas procesales para allegar la prueba o activar los mecanismos previstos en la legislación procesal. Concluyó que no era atendible pretender que el juez valorara hechos o pruebas inexistentes en el expediente, solo porque se tramitaba otro proceso.
Finalmente, el tribunal consideró infundados los reparos del recurso relacionados con la calificación de la posesión como de mala fe y con la condena por frutos, manteniendo lo decidido en la sentencia apelada en cuanto a
Finalmente, el tribunal consideró infundados los reparos del recurso relacionados con la calificación de la posesión como de mala fe y con la condena por frutos, manteniendo lo decidido en la sentencia apelada en cuanto a la condena y su tasación con apoyo en el dictamen pericial.
2. La demandada solicitó proferir «sentencia complementaria en donde se resuelva un recurso de queja (…) interpuesto dentro de la audiencia de trámite desarrollada el día 09 de junio de 2015, al haberse denegado un recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del auto que negó un incidente de tacha de falsedad. Relató, además, que el expediente fue remitido [al tribunal] (…) para que fuera resuelto el recurso de queja interpuesto, pero se percató que el 27 de noviembre [de 2023] se profirió la sentencia de segunda instancia y no se especificó nada sobre el recurso de queja mencionado».
3. La Sala negó la adición solicitada (24 abr 2024), porque la supuesta omisión no obedeció a un punto sometido a su consideración: el juzgado de primera instancia no remitió las piezas procesales necesarias para que el tribunal tramitara esa queja, y en el expediente no obra oficio deRadicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 8 remisión ni auto que admita o deniegue el recurso. Además, al revisar el sistema Siglo XXI, no se registró ingreso de recurso de queja ante esa corporación.
Por lo mismo, indicó que su pronunciamiento se limitó a
8 remisión ni auto que admita o deniegue el recurso. Además, al revisar el sistema Siglo XXI, no se registró ingreso de recurso de queja ante esa corporación. Por lo mismo, indicó que su pronunciamiento se limitó a la apelación contra la sentencia del 19 de junio de 2015, y que el asunto de la queja no fue planteado en los cargos de la apelación ni se aludió antes de proferirse la decisión. DEMANDA DE CASACIÓN Al sustentar su impugnación extraordinaria, la demandada formuló dos cargos, con fundamento en las causales segunda y quinta del artículo 336 del Código General del Proceso. CARGO PRIMERO La censura invocó la causal prevista en el numeral 2º del artículo 336 del Código General del Proceso, por violación indirecta de la ley sustancial, que atribuyó a un error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de las pruebas. En esa línea, sostuvo que el Tribunal, al decidir la apelación mediante providencia del 27 de noviembre de 2023 (contra la sentencia de primera instancia a la que alude el escrito), valoró de manera equivocada el material probatorio y reiteró, además, las mismas falencias de apreciación que (según afirmó) se presentaron en el fallo inicial.Radicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 9 Para sustentar la acusación, la recurrente planteó, en primer término, que el Tribunal desconoció el valor probatorio de documentos incorporados al proceso. En
9 Para sustentar la acusación, la recurrente planteó, en primer término, que el Tribunal desconoció el valor probatorio de documentos incorporados al proceso. En particular, indicó que no fue apreciado el certificado de existencia y representación legal de la sociedad demandante, que mostraría su disolución entre el 17 de diciembre de 2000 y el 22 de junio de 2011. Desde allí, la censura construyó dos derivaciones: (i) que, si la sociedad permaneció en liquidación y sin representación legal en ese lapso, el Tribunal debió concluir que ello evidenciaba un abandono del ejercicio de los derechos dominicales; y (ii) que, en tal contexto, la demandante no podía haber designado a la demandada como administradora, menos aún dentro de una propiedad horizontal que nunca se organizó ni contó con autoridades formalmente designadas. En segundo lugar, sostuvo que el Tribunal omitió apreciar y pronunciarse sobre la inspección judicial practicada como prueba anticipada dentro del radicado 2013-4006, tramitado ante el Juzgado Civil Municipal de Valledupar. Afirmó que esa diligencia daría cuenta de una posesión quieta, pública, pacífica e ininterrumpida, con ánimo de señor y dueño, ejercida por la demandada por un lapso superior a catorce (14) años (y, en todo caso, mayor a diez años), razón por la cual su adecuada valoración habría robustecido las excepciones de prescripción alegadas. En tercer lugar, se alega que el tribunal
diez años), razón por la cual su adecuada valoración habría robustecido las excepciones de prescripción alegadas. En tercer lugar, se alega que el tribunal descontextualizó el interrogatorio de parte de la demandada y que, además, no valoró el interrogatorio rendido bajoRadicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 10 juramento por la gerente liquidadora de la sociedad. Sobre este punto, la recurrente sostuvo que tales medios de prueba imponían un análisis «objetivo, racional y mesurado», porque las partes involucradas estarían en mejor posición para relatar los hechos del litigio y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar. En ese orden la impugnante transcribió apartes del interrogatorio de la demandada para sostener, entre otros puntos, que ella reconoció que la sociedad era dueña, pero insistió en que «se fueron» y que desde 2001 no vio a nadie de Paso Trading, que no había quien respondiera por servicios; que cuidó locales porque «nadie llegaba»; que negó haber sido nombrada administradora o haber recibido dinero por administración; que afirmó no haber recibido autorización para arrendar; que dijo haber tomado la posesión desde 2001; que explicó que utilizó el nombre de la sociedad al arrendar porque no podía afirmar que era suyo y por su buena fe; y que negó haber rendido cuentas por ausencia de interlocutores. A su turno, reprodujo extensamente el interrogatorio de la gerente liquidadora para afirmar que allí existen datos relevantes no asumidos en la sentencia, relativos, entre
interlocutores. A su turno, reprodujo extensamente el interrogatorio de la gerente liquidadora para afirmar que allí existen datos relevantes no asumidos en la sentencia, relativos, entre otros, a: el origen de la relación con la demandada como posible compradora de un local; decisiones internas sobre administración desde 2001; su versión sobre la permanencia de la sociedad en el proyecto y la existencia de comunicaciones y visitas; el planteamiento reiterado de un «arreglo» para reconocer gastos o servicios; el inicio deRadicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 11 conflictos por construcciones hacia 2010 o 2011; dificultades económicas derivadas del embargo y del proceso con el banco; la falta de formalización de la propiedad horizontal; la discusión sobre pagos del local; y su postura de que no hubo abandono, sino un receso mientras se atendían asuntos jurídicos, con actos de explotación económica sobre ciertos espacios. Con ese soporte, sostuvo que, de haberse apreciado las pruebas en su «exacta dimensión» , otra habría sido la decisión del Tribunal. CARGO SEGUNDO La recurrente invocó la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 336 del Código General del Proceso, por haberse dictado sentencia en un juicio afectado por una causal de nulidad. Concretamente, adujo la invalidez del numeral 6.º del artículo 133 ibidem, que atribuye a un defecto en el trámite de un recurso de queja relacionado con un incidente de tacha de falsedad.
nulidad. Concretamente, adujo la invalidez del numeral 6.º del artículo 133 ibidem, que atribuye a un defecto en el trámite de un recurso de queja relacionado con un incidente de tacha de falsedad. Según el escrito, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, en audiencia celebrada el 9 de junio de 2015, concedió un recurso de queja contra el auto que negó la apelación de la decisión que, a su turno, había negado el trámite de un incidente de tacha de falsedad. Sin embargo, una vez concedida la queja, el juzgado se abstuvo de darle el trámite legal, esto es, no corrió traslado ni adelantó las actuaciones necesarias para que fuese resuelta por el superior en segunda instancia.Radicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 12 A renglón seguido, afirmó que esa omisión se prolongó en el trámite ulterior, porque el Tribunal también rehusó resolver el recurso de queja. Vinculó ese reproche con el auto del 24 de abril de 2024, por medio del cual se negó la adición de la sentencia solicitada, sin que allí se hubiera atendido la petición de pronunciarse sobre la queja. Para la censora, la falta de tramitación y decisión del recurso cercenó un medio de defensa que tenía, orientado a demostrar la falsedad del documento fechado el 18 de diciembre de 2001, por el cual se habría designado a la demandada como administradora de los intereses de El Paso Trading Ltda. ante la propiedad horizontal Centro Comercial Satélite Los Fundadores. Sostuvo que ese documento tuvo
diciembre de 2001, por el cual se habría designado a la demandada como administradora de los intereses de El Paso Trading Ltda. ante la propiedad horizontal Centro Comercial Satélite Los Fundadores. Sostuvo que ese documento tuvo relevancia decisiva en las instancias, pues fue utilizado para descartar la posesión con ánimo de señor y dueño. Desde esa perspectiva, se insistió en la trascendencia del vicio: afirmó que, si se hubiera tramitado y decidido la queja, y con ello prosperado la tacha de falsedad, se habría podido acreditar la falsedad ideológica y material del documento privado de 18 de diciembre de 2001. En tal hipótesis, la conclusión judicial habría sido distinta, porque, al desaparecer ese soporte, no se habría desvirtuado la condición de la demandada como poseedora de buena fe, con ánimo de señor y dueño, sobre los inmuebles objeto de reivindicación; y, por tanto, «seguramente» habrían sido otras las decisiones de instancia.Radicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 13 CONSIDERACIONES Analizada la demanda de sustentación, la Sala advierte que los cargos formulados presentan deficiencias técnicas que comprometen su idoneidad formal.
1. Identificación de la norma sustancial (cargo primero).
Conforme al mandato consignado en el artículo 344, primer parágrafo, del Código General del Proceso, siempre que se acuse la violación directa o indirecta de una norma sustancial, será necesario «señalar cualquiera disposición de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo
que se acuse la violación directa o indirecta de una norma sustancial, será necesario «señalar cualquiera disposición de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada». Lo que resulta elemental, en la medida en que el embate precisamente debe terminar en la demostración de la infracción de una regla de ese talante, como consecuencia de la existencia de un error de juicio constituido en alguna de las premisas del silogismo confeccionado por el juzgador. Esta omisión, como consecuencia, impide a la Corte realizar el contraste nomofiláctico, lo que emponzoña la demanda de ineptitud formal. Sobre el particular, resulta pertinente recordar que: «(...) La legitimidad discursiva y la plenitud formal de una acusación fincada en la causal primera o segunda del artículo 336 del Código General del Proceso exige la invocación de, al menos,Radicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 14 un precepto de la ley positiva, que, al ser contrastado con la decisión del tribunal, deje en evidencia que esta se opone a un derecho legítimo de la parte vencida, o le impone una obligación que jurídicamente no le corresponde» (CSJ AC3652-2023, reiterado en AC8158-2025). En el cargo primero, postulado por la vía indirecta, se omitió por completo señalar una sola disposición de linaje sustancial. Los recurrentes se limitaron a enunciar su
reiterado en AC8158-2025). En el cargo primero, postulado por la vía indirecta, se omitió por completo señalar una sola disposición de linaje sustancial. Los recurrentes se limitaron a enunciar su «violación indirecta », como consecuencia de errores de hecho, pero jamás indicaron cuál fue la disposición concreta quebrantada a raíz de dichos yerros. De allí el incumplimiento de esta labor y la consecuente imposibilidad de la Corte de resolver el cargo, dado el error de técnica aludido.
2. Incompletitud del cargo primero.
El artículo 344 del CGP, en su numeral segundo, contempla como requisito de la demanda de casación la «formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa» (subraya de ahora). En lo que concierne a que el ataque sea completo, esta Corporación ha reiterado que dicho requisito consiste en la necesidad de atacar todos los fundamentos del fallo objeto del recurso de casación, comoquiera que es deber del recurrente, para la prosperidad de la censura, combatir todas las consideraciones en el mismo cargo, dado que laRadicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 15 falta de impugnación de uno o algunos sigue prestándole base firme a la sentencia. Al respecto, en CSJ AC2680-2020, reiterado en CSJ
15 falta de impugnación de uno o algunos sigue prestándole base firme a la sentencia. Al respecto, en CSJ AC2680-2020, reiterado en CSJ SC428-2023 y CSJ AC8158-2025, la Corte sostuvo: El recurrente debe (...) desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a la decisión que clausuró la segunda instancia, porque en la medida en que alguno de sus argumentos basilares se mantenga incólume, la presunción de legalidad y acierto que ampara la labor de esa colegiatura se torna intangible para la Corte (...). “La competencia que el recurso de casación otorga a la Corte, no abre un debate sin límite como si fuera un thema decidendum, todo lo contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre sí la censura, como thema decisum. La demanda de casación delinea estrictamente los confines de la actividad de la Corte (...) y si tal impugnación es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista (...) no puede la Corte completar la impugnación. En suma, "el ataque en casación supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasará indemne”.
En esta especie, para confirmar la decisión del juez a quo de negar las excepciones de mérito y conceder las
subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasará indemne”.
En esta especie, para confirmar la decisión del juez a quo de negar las excepciones de mérito y conceder las pretensiones reivindicatorias, el tribunal concluyó que la aquí recurrente no mutó su condición de tenedora a poseedora sino hasta el año 2011, apoyado en inferencias fácticas que extrajo de, por lo menos, cinco medios de prueba: i) el interrogatorio/confesión de la demandada; ii) el testimonio de José Rafael Araujo; iii) el testimonio de Liliana Navarro Barros; iv) el testimonio de Javier Augusto Navarro; v) los contratos de arrendamiento.Radicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 16 Respecto del primero, el tribunal consideró que el interrogatorio de parte desvirtuó la tesis de que la demandada hubiese iniciado una posesión autónoma cuando la sociedad actora supuestamente abandonó los inmuebles, porque aquella admitió haber ingresado desde 2001, pero vinculó su ocupación a una relación previa con la demandante (dijo haber adquirido un local en 1995 y que la sociedad le entregó el local 12 y luego la trasladó al local 1), y, sobre todo, reconoció el dominio de EL PASO TRADING LTDA. al explicar que firmaba contratos de arrendamiento a nombre de esa sociedad «porque no podía decir que eso era de ella». A ello se suma que aceptó actuar como cuidadora,
LTDA. al explicar que firmaba contratos de arrendamiento a nombre de esa sociedad «porque no podía decir que eso era de ella». A ello se suma que aceptó actuar como cuidadora, administradora o encargada de los bienes, que destinaba los dineros de arriendos a mejoras y mantenimiento sin consignarlos a la demandante, que esperaba «un arreglo» por el cuidado de los predios, y que hasta septiembre de 2012 daba en arriendo locales y bodega en nombre de la actora; incluso afirmó que, para la época de la diligencia, la representante legal de la sociedad tenía varios locales arrendados. Con base en ese conjunto de admisiones, el tribunal concluyó que no se acreditó una posesión pacífica, continua y con ánimo de señor y dueño, sino actos realizados en nombre de la demandante, razón por la cual, desde esa prueba, la demandada no satisfacía los presupuestos para adquirir el dominio por prescripción. Frente al segundo, se tuvo por acreditado, a partir del testimonio del señor José Rafael Araujo, que la presencia de la demandada en el inmueble se explicó por un encargo deRadicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 17 administración conferido por la sociedad EL PASO TRADING LTDA., y no por el ejercicio de una posesión propia con ánimo de señor y dueño. En efecto, el declarante señaló que, tras problemas económicos del centro comercial, desde 2001 designó a la hoy demandada como administradora, le entregó una oficina y el manejo del centro comercial y el parqueadero,
problemas económicos del centro comercial, desde 2001 designó a la hoy demandada como administradora, le entregó una oficina y el manejo del centro comercial y el parqueadero, con instrucciones concretas sobre la destinación de los cánones (servicios, mantenimiento y honorarios), y precisó que la facultad de arrendar locales y renovar contratos provenía de esa condición, incluso con consultas al representante legal. En ese orden, negó de manera expresa que la demandada tuviera posesión desde 2001, porque, según dijo, la sociedad demandante «siempre estuvo presente» y la demandada le rendía cuentas hasta 2011, sin exteriorizarse ante terceros como poseedora, sino como administradora y copropietaria. También relató que la expectativa de un «arreglo» se relacionaba con reconocer y liquidar gastos, ingresos y una suma por los servicios prestados, lo que refuerza la idea de una relación de gestión por cuenta ajena; y, al describir los actos «de defensa, mantenimiento y guarda» , los ubicó en cabeza del representante legal, ejecutados directa o indirectamente por intermedio de la administradora. Finalmente, explicó que no ejerció actos de oposición porque, mientras la demandada acataba sus órdenes como administradora, no había lugar a controvertir supuestos actos posesorios, lo cual es compatible con la inexistencia de una posesión adversa o
ejerció actos de oposición porque, mientras la demandada acataba sus órdenes como administradora, no había lugar a controvertir supuestos actos posesorios, lo cual es compatible con la inexistencia de una posesión adversa o autónoma.Radicación n.º 20001-31-03-005-2014-00215-01 18 Con relación al tercer elemento de prueba, el tribunal entendió que el testimonio de la señora Liliana Navarro Barros ratificó que la demandada actuó durante años como administradora de EL PASO TRADING LTDA. y que, en todo caso, el eventual desconocimiento del dominio ajeno se presentó de manera tardía, a partir de 2011. En efecto, la testigo afirmó que conocía a Cristina Rodríguez como administradora, que con esa calidad le arrendaba el local 4 hasta junio de 2011, y que en noviembre de ese mismo año recibió comunicación de que aquella dejaba de ser administradora, tras lo cual celebró un nuevo contrato con Danilsa Peña, quien le acreditó «legalmente» el cambio de administración. También relató que, cuando en 2012 Cristina Rodríguez le exigió pagos y le propuso contratar «como particular», ella se negó precisamente porque la relación arrendaticia había operado en nombre de la sociedad y ya existía una comunicación sobre el cese de su representación. A ello agregó que el inmueble no estuvo abandonado, y que la demandada solo empezó a «desconocer dominio ajeno» desde 2011, pues antes reiteraba que
representación. A ello agregó que el inmueble no estuvo abandonado, y que l
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.