CSJ - AC447-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC447-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
AC447-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00217-00 Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiséis (2026). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogotá D.C., y Cuarto Civil Municipal de Montería, Córdoba.
I. ANTECEDENTES
1. Ante los Juzgados Municipales de Bogotá, Bancolombia S.A., en calidad de acreedora garantizada, presentó solicitud de aprehensión y entrega frente al vehículo de placa MGX668 de propiedad de la señora Ana Dolores Arteaga Ramos, quien fungió como garante de la señora Tatiana Guerra Díaz respecto de la obligación n.° 200000127128 la cual fue garantizada a través del contrato de garantía mobiliaria prioritaria de adquisición sobre vehículo.
Fijó la competencia territorial manifestado que «[l]a presente solicitud de aprehensión y entrega es de su competencia funcional, de acuerdo con el numeral 7° del art. 17 del C.G.P., en relación con la competencia territorial»1. 1 Archivo digital «01Demanda.pdf», folio 9; visible en Carpeta «C01Principal» del Expediente Digital.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00217-00 2
2. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado
Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogotá D.C., el cual, por
Expediente Digital.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00217-00 2
2. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado
Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogotá D.C., el cual, por auto del 13 de agosto de 2025, rehusó el asunto y lo remitió a los Juzgados Municipales de Montería, Córdoba. Para el efecto, sustentándose en diversas decisiones proferidas por esta Sala, expresó que, en diligencias especiales como la aprehensión y entrega de bienes dados en garantía, la competencia es definida por el domicilio de la persona con quien deba cumplirse el acto judicial. En tal sentido, afirmó que, de la demanda, el poder, el contrato de garantía mobiliaria y el registro correspondiente, se advierte que el deudor tiene su domicilio en Montería, y que, adicionalmente, el vehículo objeto de tal garantía se encuentra igualmente en dicha ciudad, por lo que concluyó que son los juzgados de esa circunscripción quienes deben seguir impulsado el asunto.
3. El segundo receptor, Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería, mediante proveído del 5 de diciembre de 2025, suscitó conflicto negativo de competencia. Señaló que, según fue determinado por esta Sala en AC1184-2024, en los trámites de aprehensión y entrega de bienes dados en garantía mobiliaria, la competencia territorial se define por el lugar en el cual se encuentra físicamente el bien, y no por el domicilio del deudor.
En consecuencia, consideró que la decisión del juzgado
garantía mobiliaria, la competencia territorial se define por el lugar en el cual se encuentra físicamente el bien, y no por el domicilio del deudor. En consecuencia, consideró que la decisión del juzgado remisor fue precipitada, ya que no solicitó previamente la información necesaria para identificar la ubicación del vehículo. Igualmente, señaló que el mencionado juzgador «noRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00217-00 3 puede fundamentar su decisión en la premisa de que la aprehensión constituye una simple diligencia varias [sic], ni equiparar su competencia a la prevista para la práctica de pruebas extraprocesales».
II. CONSIDERACIONES
1. Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.
2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad. Mediante el tercero de ellos indica cuál es el juez que, debido a la circunscripción, debe conocer del litigio y para concretarlo establece los « foros o fueros», de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al «personal» que radica la competencia en el juez del lugar del
del litigio y para concretarlo establece los « foros o fueros», de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al «personal» que radica la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado o en el de su residencia. Sin embargo, la norma en comento consagra otras reglas competenciales especiales. Así, en su numeral 7° determina que, en «los procesos que se ejerciten derechos reales (…) será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante» (se resalta).Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00217-00 4 Por su parte, el numeral 14º del mismo artículo 28 establece que para «la práctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias varias, será competente el juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, según el caso » (se resalta). Esta última disposición adquiere relevancia en asuntos en los que, como este, lo que se persigue es que se decrete la aprehensión y entrega de un bien, ya que, en rigor, tal petición no se tramita en el marco de un «proceso», sino de una «diligencia especial», la cual está regulada por la Ley 1676 de 2013 y permite al acreedor recuperar el valor adeudado mediante la entrega del bien mueble dado en garantía. Dicha normativa, en sus artículos 57 y 60, prevé que si no hay entrega voluntaria del bien « el acreedor garantizado
2013 y permite al acreedor recuperar el valor adeudado mediante la entrega del bien mueble dado en garantía. Dicha normativa, en sus artículos 57 y 60, prevé que si no hay entrega voluntaria del bien « el acreedor garantizado podrá solicitar» al «juez civil competente» que expida la orden de aprehensión y posterior entrega del mueble. Esto, a su vez, se relaciona con el numeral 7º del artículo 17 del estatuto procesal, según el cual los jueces civiles municipales conocen en única instancia de «todos los requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad de las personas interesadas». De lo anterior se infiere que las diligencias de «aprehensión y entrega de bienes dados en garantía» deben ser tramitadas por el juez civil municipal y les es aplicable la regla consagrada en el numeral 14º del referido canon 28 por ser una diligencia especial y no un proceso.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00217-00 5
3. De acuerdo con lo expuesto y frente al caso concreto, se advierte que, en lo que respecta a la ubicación del vehículo cuya aprehensión se persigue, en el escrito inaugural la parte demandante manifestó que « no es posible indicar la ubicación especifica en la cual se encuentra el vehículo de placas MGX668 esto en atención a la naturaleza del objeto de prenda del contrato, el cual es un bien mueble el mismo puede encontrarse circulando por cualquier parte del territorio nacional»2.
Lo anterior impide definir la competencia territorial
prenda del contrato, el cual es un bien mueble el mismo puede encontrarse circulando por cualquier parte del territorio nacional»2. Lo anterior impide definir la competencia territorial atendiendo la ubicación material del bien mueble en comento. En esas condiciones, resulta aplicable la regla contemplada en el numeral 14º de artículo 28 del estatuto procesal, según la cual será competente el juez del domicilio de la persona con quien deba cumplirse el acto. En consecuencia, es incontrovertible que la autoridad judicial de Montería es la que se encuentra llamada a adelantar el trámite, por corresponder al « domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto judicial». Así se desprende de la demanda, del contrato de garantía mobiliaria3 y del certificado de garantía mobiliaria 4, documentos que acreditan que la deudora, Ana Dolores Arteaga Ramos, tiene su domicilio en dicha circunscripción. 2 Archivo digital « 01Demanda.pdf», folio 61; visible en Carpeta « C01Principal» del Expediente Digital. 3 Archivo digital «01Demanda.pdf», folio 9; visible en Carpeta «C01Principal» del Expediente Digital. 4 Archivo digital « 01Demanda.pdf», folio 67; visible en Carpeta « C01Principal» del Expediente Digital.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00217-00 6 Lo anterior armoniza con los principios de economía
4 Archivo digital « 01Demanda.pdf», folio 67; visible en Carpeta « C01Principal» del Expediente Digital.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00217-00 6 Lo anterior armoniza con los principios de economía procesal (art. 42.1 del CGP) y celeridad (art. 29 de la Constitución), pues, tratándose de un vehículo de servicio particular, es razonable inferir que el bien sea utilizado habitualmente por el deudor en su lugar de residencia. Tal como se desprende del Contrato de Garantía Mobiliaria que reposa en el expediente5 y en el cual se indicó lo siguiente:
4. En consecuencia, se declara que la competencia del asunto en revisión corresponde al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería , Córdoba, por lo que se ordenará por Secretaría remitir a este Despacho para que imprima el trámite pertinente.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
RESUELVE: Primero: Declarar que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería, Córdoba, es el competente para 5 Archivo digital « 01Demanda.pdf», folio 58; visible en Carpeta « C01Principal» del Expediente Digital.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00217-00 7 conocer la causa de la referencia.
Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y
7 conocer la causa de la referencia.
Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en el conflicto dirimido.
Tercero: Librar los oficios correspondientes.
NOTIFÍQUESE
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
Magistrada