CSJ - AC474-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC474-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
AC474-2026 Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-00225-00 Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiséis (2026). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Séptimo y Décimo Civiles del Circuito de Bucaramanga, Quinto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Floridablanca - Santander, Décimo Civil del Circuito, Quince y Veinte Civiles Municipales de Bogotá D.C.
I. ANTECEDENTES
1. El Fondo Nacional del Ahorro S.A. instauró proceso declarativo de restitución de tenencia de bien inmueble, entregado a título de arrendamiento financiero
(leasing), en contra de Humberto López Palomino y Julissa Yaneth Cenon Romero, demanda que fue presentada ante los Juzgados Civiles del Circuito de Bucaramanga, con el propósito de que se declare el incumplimiento del contrato de leasing n.° 2019078763, derivado de la mora en el pago de los cánones mensuales pactados y que, en consecuencia, se declare la terminación del referido vínculo y se ordene la restitución y entrega del bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria n.° 300-429910.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00225-00 2 Fijó la competencia atendiendo la ubicación del bien, la cuantía que estimó como de mayor, en la suma de $301.231.198, por lo que asignó a Bucaramanga al ser el
2 Fijó la competencia atendiendo la ubicación del bien, la cuantía que estimó como de mayor, en la suma de $301.231.198, por lo que asignó a Bucaramanga al ser el Circuito al que pertenece la ubicación del inmueble en el municipio de Floridablanca, y el lugar de domicilio principal de los demandados.
2. Por reparto, el asunto fue asignado al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, despacho que, mediante auto del 12 de marzo de 2024, se declaró incompetente para conocer del proceso, con fundamento en el numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1564 de 2012, al considerar que el bien inmueble objeto del litigio se encuentra ubicado en el municipio de Floridablanca, Santander. Adicionalmente, indicó que, el conocimiento del proceso no se atribuía a los Jueces del Circuito, en atención a que la demanda corresponde a un asunto de mínima cuantía, de acuerdo con el avalúo catastral del bien inmueble objeto del contrato de leasing, para lo cual refirió lo siguiente: En consecuencia, y conforme a lo establecido en el artículo 25 del Código General del Proceso, el despacho concluyó que el juez competente para conocer y tramitar el presente proceso serían los Juzgados Civiles Municipales de Floridablanca.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00225-00
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3. El 24 de abril de 2024, el Juzgado Quinto de
Floridablanca.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00225-00 3
3. El 24 de abril de 2024, el Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Floridablanca rechazó igualmente el trámite, al considerar que, conforme al numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, al ser el demandante una entidad pública, correspondía aplicar el fuero privativo de su domicilio, ubicado en la ciudad de Bogotá. En consecuencia, ordenó remitir el proceso a los Jueces Civiles Municipales de esta ciudad.
4. El nuevo reparto correspondió al Juzgado 15 Civil Municipal de Bogotá y por auto del 15 de octubre de dicha anualidad, igualmente rechazó la demanda por falta de competencia debido a la cuantía, que la consideró mayor.
5. En dicho momento correspondió el conocimiento al Juzgado 10º Civil del Circuito de Bogotá, autoridad que por auto del 1º de noviembre de 2024 rechazó la demanda por falta de competencia debido al territorio.
6. Retornado el asunto a los Despachos de Santander, el 21 de mayo de 2025, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, indicó que el acta aportada para acreditar un supuesto reparto previo presentaba una inconsistencia, toda vez que en ella se identificó como demandado al señor Pedro José Mejía Murgueitio, quien no figura como parte pasiva dentro del proceso objeto de estudio, según se
un supuesto reparto previo presentaba una inconsistencia, toda vez que en ella se identificó como demandado al señor Pedro José Mejía Murgueitio, quien no figura como parte pasiva dentro del proceso objeto de estudio, según se desprende del expediente, como se muestra a continuación:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00225-00 4 Conforme a lo anterior, el despacho reiteró que conoció previamente del proceso No. 2024-00049-00, entre las mismas partes, el cual fue rechazado de plano mediante auto del 12 de marzo de 2024, por falta de competencia derivada del factor objetivo de la cuantía. En consecuencia, ordenó remitir la demanda en cuestión a la Oficina de Apoyo Judicial de Bucaramanga.
7. Efectuado nuevo reparto, el Juzgado 10º Civil del Circuito de Bucaramanga, mediante auto del 3 de junio de 2025, se abstuvo de avocar conocimiento del proceso, al considerar aplicable el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, en atención a que la entidad demandante es una entidad pública, cuyo domicilio principal
se encuentra en la ciudad de Bogotá D. C. Asimismo, precisó que, de conformidad con el numeral 6 del artículo 26 del Estatuto Procesal, no resulta aplicable la regla prevista para la restitución de inmueble derivada de contrato de arrendamiento, por cuanto el bien fue entregado en virtud de un contrato de leasing habitacional. En consecuencia, la cuantía debe determinarse con base en el avalúo catastral del inmueble, razón por la
derivada de contrato de arrendamiento, por cuanto el bien fue entregado en virtud de un contrato de leasing habitacional. En consecuencia, la cuantía debe determinarse con base en el avalúo catastral del inmueble, razón por la cual remitió la competencia a un juzgado municipal.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00225-00 5
8. Finalmente, el asunto fue repartido al Juzgado
Veinte Civil Municipal de Bogotá D. C., despacho que realizó un breve recuento de los distintos conflictos de competencia suscitados entre varios juzgados respecto de la demanda en cuestión y, seguidamente, planteó conflicto negativo de competencia al considerar aplicable el numeral 5° del artículo 28 del Código General del Proceso, al estimar que la obligación objeto de ejecución se encuentra vinculada a la sucursal del Fondo Nacional del Ahorro en Floridablanca, lugar donde se creó la obligación, y no al domicilio principal de la entidad demandante. Para sustentar tal postura, refirió a lo señalado por esta Sala en el AC4892019. En consecuencia, señaló que «quien debe conocer de esta demanda y no darle más largas al asunto es el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bucaramanga o el Juzgado Civil Municipal de Floridablanca – Santander».
II. CONSIDERACIONES
1. Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común de
de Floridablanca – Santander».
II. CONSIDERACIONES
1. Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.
2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00225-00
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3. En este evento, la controversia se presenta, en primer lugar, en torno al fuero real, dada la ubicación del inmueble, y el factor subjetivo por la calidad de entidad pública que ostenta la parte demandante, dado que al aplicar cada uno de esos criterios se asigna la competencia a un juez diferente.
Respecto del fuero por la ubicación del bien, aplicable a procesos en los que se ejerciten derechos reales, el numeral 7° del artículo 28 del Código General del Proceso, que regula la competencia territorial, contempla una «competencia privativa», mediante la cual atribuye el conocimiento del asunto al juez del lugar donde se encuentran ubicados los bienes. De otro lado, el numeral 10 ° de la norma procesal en cita refiere que, «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
cita refiere que, «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». De esta manera, al tratarse de procesos en que se ejercitan derechos reales y en los que interviene una entidad pública, se presenta una concurrencia entre fueros privativos que genera una aparente colisión, lo cual amerita una interpretación que la solucione.
4. Por otra parte, debe señalarse que en el presente trámite resulta necesario analizar el factor objetivo de la competencia, en la medida en que la demanda promovida corresponde a un asunto de mínima cuantía, circunstancia que se establece a partir del avalúo catastral del bienRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00225-00 7 inmueble objeto del contrato de leasing habitacional, tal como se acredita con la documentación obrante en el expediente.
En ese contexto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Código General del Proceso, la cuantía del proceso constituye un criterio relevante para la distribución de asuntos entre los distintos despachos judiciales, el cual debe ser ponderado juntamente con los demás factores de competencia aplicables al caso.
5. En el caso concreto, se advierte que la entidad convocante es una sociedad de economía mixta, del tipo de las anónimas, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la rama ejecutiva del poder público de orden
convocante es una sociedad de economía mixta, del tipo de las anónimas, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la rama ejecutiva del poder público de orden nacional, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., por lo que es una de las personas jurídicas a que alude el numeral 10° del artículo 28 referido. Al aplicarse este fuero privativo al Fondo Nacional del Ahorro, podría inferirse que el conocimiento de la demanda corresponde al juez del domicilio principal de dicha entidad y/o al de las sucursales o agencias que tengan relación directa con el asunto.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 29 del Código General del Proceso «[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes». De hecho, esta Corporación acogió en su oportunidad laRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00225-00 8 tesis conforme a la cual la colisión entre estos dos fueros privativos se resuelve a partir de la aplicación de la disposición antes citada, en el siguiente sentido: «[E]s dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia “en consideración a la calidad de las partes” prima, y ello cobija, como se explicó en precedencia, la disposición del mencionado numeral 10º del artículo 28 del C.G.P.»
(CSJ AC140-2020)
Por lo anterior, concluyó que:
partes” prima, y ello cobija, como se explicó en precedencia, la disposición del mencionado numeral 10º del artículo 28 del C.G.P.» (CSJ AC140-2020) Por lo anterior, concluyó que: «[L]a colisión presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7º (real) y 10º (subjetivo) del artículo 28 del Código General del Proceso, debe solucionarse partir de la regla establecida en el canon 29 ibídem, razón por la que prima el último de los citados.» (CSJ AC140-2020) La principal justificación del auto citado para descartar la competencia a prevención en aplicación de los dos fueros se basó en que, por ser las normas de competencia de orden público, eran irrenunciables, por lo que la demandante en estos casos no podía renunciar a la prerrogativa conferida y demandar en foro distinto del previsto en el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso. «Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condición de imperativa de las normas procesales por ser de orden público (Art. 13, C.G.P.), surge una última consecuencia, no menos importante, el carácter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en razón de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia tácita a la prerrogativa que
que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia tácita a la prerrogativa que confieren, como lo sería, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades públicas en el evento previsto en el numeral 10º del artículo 28 del citado estatuto.» (CSJ AC140-2020) No obstante, en esta oportunidad la Sala se aparta de esta posición, con fundamento en las consideraciones que seRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00225-00 9 exponen a continuación. En primer lugar, si bien las normas procesales son de orden público, conforme lo dispone el artículo 13 del Código General del Proceso, ello no implica que, de manera categórica, deban considerarse irrenunciables, pues las prerrogativas procesales consagradas en la ley pueden ser objeto de renuncia por la parte en cuyo beneficio han sido establecidas. Muestra clara de ello es lo previsto en el artículo 119 del mismo estatuto, el cual dispone: «ARTÍCULO 119. RENUNCIA DE TÉRMINOS. Los términos son renunciables total o parcialmente por los interesados en cuyo favor se concedan. La renuncia podrá hacerse verbalmente en audiencia, o por escrito, o en el acto de la notificación personal de la providencia que lo señale.» Con respecto al fuero fijado en el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, el mismo es un «“beneficio” o “privilegio” a favor de la entidad pública,
Con respecto al fuero fijado en el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, el mismo es un «“beneficio” o “privilegio” a favor de la entidad pública, conforme al cual se le autoriza demandar ante el juez del sitio de su propio domicilio, quien deberá avocar el conocimiento del libelo así propuesto.» (CSJ AC925-2019). Ello implica su carácter renunciable, toda vez que, como lo ha dicho esta Sala: «A esas prerrogativas, el legislador les ha conferido la posibilidad de declinarse, conforme dimana del contenido del artículo 15 del Código Civil. La renuncia, desde la perspectiva ontológica, supone la dejación de una ventaja (derecho o regla jurídica dispensadora de efectos a favor de alguien) mediante una declaración unilateral de voluntad, expresa o tácita, encaminada a tal propósito» (CSJ AC925-2019).» En segundo lugar, porque emerge la aplicación en cambio de principios procesales tales como el establecido enRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00225-00 10 el artículo 11 de la Ley 1564 de 2012, que dispone que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Al optar la entidad por demandar conforme al foro real, consagrado en el numeral 7º del artículo 28, o según el fuero personal previsto en su numeral 10 (i) se facilita la descentralización de la justicia, descongestionando los juzgados de Bogotá, (ii) se garantiza la cercanía geográfica entre el juez y el lugar de ubicación de los
numeral 10 (i) se facilita la descentralización de la justicia, descongestionando los juzgados de Bogotá, (ii) se garantiza la cercanía geográfica entre el juez y el lugar de ubicación de los bienes, permitiendo una justicia contextualizada, (iii) se ahorra a las partes costos y las dificultades logísticas de desplazarse a Bogotá o a las capitales departamentales, y (iv) se fortalece el principio de inmediación al permitir que los jueces tengan un contacto directo con las partes, los hechos y las pruebas. En ese sentido, atendiendo a que la entidad demandante radicó la demanda en un lugar distinto a su domicilio principal, se entiende que renunció al fuero privativo previsto en el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso. Sin embargo, dicha elección no altera la competencia objetiva por cuantía, pues conforme al numeral 6º del artículo 26 ibidem, al tratarse de una restitución de inmueble derivada de leasing habitacional y no de arrendamiento, la cuantía se determina por el avalúo catastral, lo que, en armonía con el artículo 17 del mismo estatuto, asigna el conocimiento del proceso a un juzgado municipal o municipal de pequeñas causas y de competencia múltiple del lugar de ubicación del bien.
6. En consecuencia, se declara competente al
Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencia MúltipleRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00225-00 11 de Floridablanca, por corresponder al lugar de ubicación del bien inmueble objeto del litigio y a la cuantía del proceso, y se ordena a la Secretaría remitir el expediente a dicho despacho.
7. Finalmente, se requiere a todos los Despachos inmersos en el presente conflicto para que, en lo sucesivo, otorguen a los trámites de su competencia la diligencia y celeridad que le son exigibles en el marco del servicio de justicia.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, conforme se evidencia en el expediente remitido a esta Corte, la demanda fue radicada el 20 de marzo de 2024 y luego de las múltiples decisiones de rechazo por falta de competencia, tan solo se remitió a esta Corporación el 19 de enero de la presente anualidad, dilación que desconoce el mandato de una justicia pronta, cumplida y eficaz, e impacta de manera directa en los derechos de las partes involucradas.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
RESUELVE: Primero: Declarar que el Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Floridablanca es el
competente para conocer la causa de la referencia.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00225-00 12
Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a las otras dependencias inmersas en el conflicto dirimido.
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por
Secretaría.
NOTIFÍQUESE
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
Magistrada