CSJ - AC549-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC549-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Magistrado ponente NOTA PRELIMINAR De conformidad con el «ARTÍCULO PRIMERO» del Acuerdo No. 034, expedido por esta Sala el 16 de diciembre de 2020 y, en atención a que en esta providencia se resuelve una situación jurídica relacionada con menores de edad, como medida de protección a su intimidad, se emitirán dos versiones, «con idéntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicación, para efectos de publicación en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de búsqueda virtuales, y otra con la información real y completa de las partes, que se utilizará únicamente para notificación a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendrá con reserva a terceros interesados». Este ejemplar de la decisión corresponde al que contiene «los nombres ficticios» de las partes. AC549-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00343-00 Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintiséis (2026). La demanda de exequátur presentada por María y Juan, para la homologación de «la sentencia final de adopción por padrastro del 12 de febrero de 2024 », dictada por «El Tribunal de Circuito del Sexto Circuito Judicial en y para el Condado de Pasco,Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00343-00 2
padrastro del 12 de febrero de 2024 », dictada por «El Tribunal de Circuito del Sexto Circuito Judicial en y para el Condado de Pasco,Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00343-00 2 Florida», Estados Unidos de América, no satisface las exigencias de la ley procesal, por las siguientes razones. 1.- No se acreditó el texto de las normas que fundamentan el fallo foráneo, tampoco que se hubiese basado en una ley extranjera no escrita, en los términos del artículo 177 del Código General del Proceso; 1 deficiencia que impide efectuar el cotejo normativo requerido para corroborar que no se opone a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, de conformidad con el numeral 2 del artículo 606, ibidem, requisito que debe ser verificado desde el inicio del trámite2. 2.- No se satisface el requisito consagrado en el numeral 3º del artículo 606, idem, relativo a que la sentencia extranjera «se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen» , en la medida que ninguno de los documentos aportados da cuenta de su firmeza y, por ende, no puede corroborarse si aún es susceptible de recursos judiciales. A ello se suma, según la traducción anexada, al final de la referida providencia obra anotación que indica: «ejecútese y cúmplase en ciudad de Dade el 12/02/2024». No obstante, esa 1 « El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. La copia total
1 « El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país, por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país. También podrá adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un país o territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí. Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podrá probarse con el testimonio de dos o más abogados del país de origen o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente (...)».2 Cfr. CSJ AC4575-2022, CSJ AC4893-2024 reiterado en CSJ AC5366-2024; CSJ AC6323-2024; CSJ AC7243-2024; CSJ AC190-2025; CSJ AC173-2025; CSJ AC699-2025; CSJ AC1875-2025; CSJ AC2277-2025; CSJ AC2987-2025; CSJ AC4057-2025.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00343-00 3 atestación es insuficiente para entender, como pretenden los solicitantes, que «el fallo cobró firmeza en ese mismo momento y no dio lugar a recurso alguno». Recuérdese que la ejecutoria debe acreditarse con la certificación expedida por la autoridad que emitió el pronunciamiento, en la cual se establezca que
lugar a recurso alguno». Recuérdese que la ejecutoria debe acreditarse con la certificación expedida por la autoridad que emitió el pronunciamiento, en la cual se establezca que aquella determinación se encuentra en firme (AC7730, 11 nov. 2016, rad. n.° 2016-0254-00)»3. La omisión del requisito que se echa de menos impide conocer el carácter definitivo de la decisión y, por lo tanto, tener certidumbre acerca de su ejecutoria4. 3.- No se allegó copia debidamente legalizada del fallo cuya homologación se pretende (núm. 3 ibidem), acompañada de traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores o por un intérprete oficial. 3.1.- Se incorporó en idioma extranjero una reproducción de lo que, al parecer, es «la sentencia final de adopción por padrastro del 12 de febrero de 2024 », dictada por «El Tribunal de Circuito del Sexto Circuito Judicial en y para el Condado de Pasco, Florida», Estados Unidos de América. Sin embargo, ese documento no tiene impuesta la apostilla con la información que ordena la Convención suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961 (art. 4) , respecto de ninguno de sus signatarios, siendo ellos, «Brian Gnage, Circuit Judge [Juez de Circuito]» y «Nikki Alvarez -Sowles (…). Clerk & Comptroller [Secretaria y Contralora]».
de 1961 (art. 4) , respecto de ninguno de sus signatarios, siendo ellos, «Brian Gnage, Circuit Judge [Juez de Circuito]» y «Nikki Alvarez -Sowles (…). Clerk & Comptroller [Secretaria y Contralora]». 3 CSJ AC013-2024, 16 ene., rad. 2023-04759-00.4 Cfr. CSJ AC1638-2023, CSJ AC2335-2023, CSJ AC5366-2024; CSJ AC6323-2024; CSJ AC6619-2024; CSJ AC7243-2024; CSJ AC7224-2024; CSJ AC190-2025; CSJ AC699-2025; CSJ AC1875-2025; CSJ AC2277-2025.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00343-00 4 Por otra parte, la apostilla allegada no suple la formalidad echada de menos toda vez que, respalda la autenticidad de la firma impuesta y el carácter con que actuó el signatario de un documento diferente, esto es, el suscrito el 14 de octubre de 2025, por «Cord Byrd», en calidad de «Secretario de Estado» que « lleva el sello de: Gran Sello del Estado de Florida», mediante el cual certificó que «Nichole Álvarez – Sowles, fue debidamente elegida, calificada y nombrada como Secretaria del Tribunal del Circuito y Contralora del Condado de Pasco». 3.2.- A pesar de que se allegaron las traducciones del referido fallo y otros documentos, efectuadas por «Carlos Man Ospina Nova» , quien refirió ser «traductor e interprete oficial. Inglés
3.2.- A pesar de que se allegaron las traducciones del referido fallo y otros documentos, efectuadas por «Carlos Man Ospina Nova» , quien refirió ser «traductor e interprete oficial. Inglés Español – Ingles. Resolución No. 0410 de 03-19-2004. Ministerio del Interior y de Justicia», y certificó que su competencia «está debidamente certificada por el Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia», esas atestaciones no acreditan la calidad de traductor o intérprete oficial, dado que no se acompañó documento expedido por una universidad en el que conste la aprobación del examen correspondiente, como equivalente a la licencia para desempeñar ese oficio (Cfr. CSJ AC18762025). De conformidad con el literal w) del artículo 2º de la Resolución 1959 de 2020 5, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el traductor oficial es la persona «que realiza la traducción oficial y se encuentra debidamente acreditada en los términos del artículo 33 de la Ley 962 de 2005 o las normas 5 La Resolución No. 1959 de 2020 derogó la Resolución No. 10547 de 2018 que a su vez derogó la Resolución No. 3269 de 2016.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00343-00 5 que la modifiquen, adicionen o sustituyan» 6. Y, acorde con esta última normativa, «[e]l documento que expidan las Universidades en que conste la aprobación del examen correspondiente, esto es, la
última normativa, «[e]l documento que expidan las Universidades en que conste la aprobación del examen correspondiente, esto es, la idoneidad para el ejercicio del oficio, constituye licencia para desempeñarse como traductor e intérprete oficial» (negrilla fuera de texto). No desconoce la Corte que el parágrafo único del mismo artículo 33 contempla que «[l]as licencias expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley continuarán vigentes». No obstante, pese a que el señor «Carlos Man Ospina Nova», refirió que cuenta con - Resolución No. 0410 de 03-192004. Ministerio del Interior y de Justicia-, tampoco la aportó y, en consecuencia, no acreditó su calidad de traductor e intérprete oficial (CSJ AC3010-2023). 3.3.- Las omisiones descritas impiden valorar dichos documentos como medio de prueba. El artículo 251 del Código General del Proceso ordena que «[p]ara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez (…)». De igual modo, prescribe que « [l]os documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán
intérprete oficial o por traductor designado por el juez (…)». De igual modo, prescribe que « [l]os documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán 6 El artículo 33 de la Ley 962 de 2005, dispone: «Toda persona que aspire a desempeñar el oficio de Traductor e Intérprete Oficial deberá aprobar los exámenes que sobre la materia dispongan las universidades públicas y privadas que cuenten con facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocida por el ICFES o la entidad que tenga a cargo tal reconocimiento. El documento que expidan las Universidades en que conste la aprobación del examen correspondiente, esto es, la idoneidad para el ejercicio del oficio, constituye licencia para desempeñarse como traductor e intérprete oficial. PARÁGRAFO. Las licencias expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley continuarán vigentes. Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hayan aprobado el examen para acreditar la calidad de Traductor o Intérprete Oficial, y no hayan solicitado la licencia respectiva ante el Ministerio del Interior y de Justicia, se regirán por lo establecido en la presente ley» (negrilla fuera de texto).Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00343-00 6 apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia». En ese orden, no se allegó copia debidamente legalizada de la sentencia extranjera que se pretende homologar, como exigencia consagrada en el numeral 3 del artículo 606 ejusdem.
internacionales ratificados por Colombia». En ese orden, no se allegó copia debidamente legalizada de la sentencia extranjera que se pretende homologar, como exigencia consagrada en el numeral 3 del artículo 606 ejusdem. 4.- En suma, los requisitos de forma establecidos en los numerales 2 y 3 del artículo 606 del Código General del Proceso no fueron atendidos, imponiéndose el rechazo de plano de la demanda, conforme al numeral 2 del artículo 6077, ibídem. 5.- Por lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE RECHAZAR la demanda de exequátur presentada por María y Juan. Archívense las diligencias, previas las constancias de ley. Notifíquese, MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Magistrada 7 «La Corte rechazará la demanda si faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1 a 4 del artículo precedente».