CSJ - AC555-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC555-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
AC555-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00276-00 Bogotá D.C., nueve (9) de febrero del dos mil veintiséis (2026). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Yopal -Casanare y Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá D.C.
I. ANTECEDENTES
1. Ante los Juzgados Civiles Municipales de Yopal, Ana Milena Murcia Mavesoy promovió demanda ejecutiva contra
Luisa Fernanda Guasca y la Corporación Latinoamericana de Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación – Kluster Latam, con el fin de obtener el pago de las obligaciones derivadas de los pagarés suscritos entre las partes. Para sustentar la competencia de dichos despachos, indicó que esta se definía tanto por la cuantía como por el lugar de cumplimiento de la obligación, conforme al numeral 3° del artículo 28 del Código General del Proceso.
2. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal, el cual libró mandamiento de pago el 3 de febrero de 2025. Posteriormente, el 4 deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00276-00 2 agosto de 2025, el despacho rehusó la competencia para conocer del proceso, al advertir que una de las demandadas correspondía a una entidad pública descentralizada indirecta y domiciliada en Bogotá. Razón por la cual, con fundamento en el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso, dispuso remitir « la actuación y sus anexos a los
correspondía a una entidad pública descentralizada indirecta y domiciliada en Bogotá. Razón por la cual, con fundamento en el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso, dispuso remitir « la actuación y sus anexos a los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá D.C (Reparto)».
3. El 19 de diciembre de 2025, el Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá rehusó conocer del asunto y planteó colisión negativa de competencia. Esto, al considerar que «[d] esde el 3 de febrero de 2025 el Juzgado 1º Civil Municipal de YopalCasanare libró mandamiento de pago, analizando los títulos, por lo cual resulta improcedente que se aparte de su conocimiento 6 meses después, atendiendo el principio de la Perpetuatio Jurisdictionis».
De igual forma, señaló que el Juzgado de Yopal desconoció la aplicación del numeral 3° del artículo 28 del Código General del Proceso, norma que prevé « que en los procesos que involucren títulos ejecutivos, también es competente el juez del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones ». En ese sentido, afirmó que el despacho tampoco consideró «la elección y los principios que gobiernan el asunto del epígrafe cuando los pagarés exponen la ciudad de Yopal como lugar de pago».
II. CONSIDERACIONESRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00276-00
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1. Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación
de Yopal como lugar de pago».
II. CONSIDERACIONESRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00276-00
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1. Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le atañe dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.
2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad.
En este caso, la discusión se centra en el factor territorial. Al respecto, el artículo 28 del Código General del Proceso consagra como pauta general que «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado». No obstante, esta regla no es absoluta, pues en algunos casos concurren fueros adicionales señalados en la misma disposición , como sucede en este caso. En efecto, el numeral 3º de la citada norma establece que en «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones» (Se resalta). Por lo anterior, para fijar la competencia en las demandas originadas en un negocio jurídico o que
lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones» (Se resalta). Por lo anterior, para fijar la competencia en las demandas originadas en un negocio jurídico o que comprendan títulos ejecutivos, existen dos fuerosRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00276-00 4 concurrentes: el del domicilio del convocado y el del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Como ninguno de ellos prevalece sobre el otro, la parte actora puede elegir libremente uno u otro y tal decisión no puede ser desconocida por el servidor judicial ante quien se promueva la acción1. No obstante, en el presente caso se advierte que una de las demandadas corresponde a una entidad pública descentralizada indirecta, circunstancia que activa una regla especial de competencia territorial. Bajo ese entendido, surge un elemento adicional de análisis, vinculado a la calidad del sujeto ejecutado, lo que exige una interpretación armónica del asunto con el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, disposición que consagra un fuero exclusivo y prevé que en « los procesos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
3. Conforme a lo atrás expuesto, y frente al asunto, se evidencia que la ejecutante dirigió la demanda ante los Juzgados Civiles Municipales de Yopal, bajo la consideración de que la competencia territorial debía definirse por el lugar
evidencia que la ejecutante dirigió la demanda ante los Juzgados Civiles Municipales de Yopal, bajo la consideración de que la competencia territorial debía definirse por el lugar de cumplimiento de la obligación, conforme a lo previsto el numeral 3º del artículo 28 del Código General del Proceso. 1 CSJ AC7315-2025; AC6683-2025; AC4412– 2016; CSJ AC5781-2021; CSJ AC5253-2024; CSJ AC6144-2024; entre muchas.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00276-00 5 Empero, se advierte que la entidad demandada, Corporación Latinoamericana de Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación – Kluster Latam, que cambió su razón social a Corporación Pública de Innovación en Tecnología – INNTIC, ostenta la calidad de entidad pública descentralizada indirecta. Lo anterior se corrobora con su certificado de existencia y representación legal, en el que así se consigna: Entidad cuyo domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá, circunstancia que igualmente se desprende del certificado mencionado: De manera que, al ostentar la naturaleza de entidad pública y encontrarse domiciliada en la ciudad de Bogotá, sinRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00276-00 6 que se advierta la existencia de sucursales, según la información registrada en el Registro Único Empresarial y Social – RUES2, resultan aplicables las directrices fijadas por esta Sala en la providencia CSJ AC140-2020, así como del
información registrada en el Registro Único Empresarial y Social – RUES2, resultan aplicables las directrices fijadas por esta Sala en la providencia CSJ AC140-2020, así como del fuero previsto en el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, el cual configura un supuesto del factor subjetivo de competencia y ostenta prelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 ibidem3. Esto obedece a que, en el presente asunto, no procede definir la competencia para conocer del proceso ejecutivo con base en un factor distinto, pues, como lo señaló la providencia citada, esta Sala explicó que el legislador quiso «dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia “en consideración a la calidad de las partes” prima. Y ello cobija, como se explicó en precedencia, la disposición del mencionado numeral 10° del artículo 28 del C.G.P.». Así las cosas, aunque la ejecutante invocó el factor de competencia territorial previsto en el numeral 3º del artículo 28 del Código General del Proceso, dicho criterio no gobierna el caso, en la medida en que prevalece el fuero subjetivo, atendida la calidad de la parte interviniente, como se explicó en precedencia. 2https://rues.org.co/buscar/RM/ CORPORACI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA%20DE%20INNOvACI%C3%93N%20EN%2
en precedencia. 2https://rues.org.co/buscar/RM/ CORPORACI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA%20DE%20INNOvACI%C3%93N%20EN%2 0TECNOLOG%C3%8DA 3ARTÍCULO 29. PRELACIÓN DE COMPETENCIA. Es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes. Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00276-00 7 Sumado a ello, tampoco opera el principio de la perpetuatio jurisdictionis, toda vez que la falta de competencia derivada del factor subjetivo es improrrogable, conforme al artículo 16 del Código General del Proceso. Dado que dicho precepto «estableció la improrrogabilidad de la competencia por los factores subjetivo y funcional, razón por la cual, los jueces pueden declarar su falta de competencia por esos factores incluso después de haber impartido trámite al proceso, con independencia que esta haya sido o no alegada por las partes y de que la relación jurídico procesal haya sido trabada, en cuyo caso lo actuado hasta antes de la sentencia conservará validez, incluidas las medidas cautelares que hayan sido practicadas». (CSJ AC140-2020) Bajo ese entendido, al intervenir en el proceso una entidad pública descentralizada por servicios, con domicilio en Bogotá, la competencia corresponde a los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá D.C., conforme al fuero subjetivo y
Bajo ese entendido, al intervenir en el proceso una entidad pública descentralizada por servicios, con domicilio en Bogotá, la competencia corresponde a los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá D.C., conforme al fuero subjetivo y privativo del numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso.
4. En consecuencia, se declara que la competencia del ejecutivo en cuestión corresponde al Juzgado Cuarenta y
Tres Civil Municipal de Bogotá D.C. , por lo que se ordenará por Secretaría remitirle las diligencias para lo pertinente.
III. DECISIÓNRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00276-00
8 En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
RESUELVE:
Primero: Declarar que el Juzgado Cuarenta y Tres Civil
Municipal de Bogotá D.C. es el competente para conocer la causa de la referencia.
Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para lo pertinente y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en el conflicto dirimido.
Ofíciese.
NOTIFÍQUESE
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
Magistrada