CSJ - AC574-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC574-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
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HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente AC574-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00571-00 Bogotá, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Se decide el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar y el Juzgado Tercero Civil Municipal de Duitama, con ocasión al trámite de aprehensión y entrega judicial de garantía mobiliaria promovido por el acreedor garantizado contra la Accionada.
I. ANTECEDENTES 1.- La sociedad PROMOSUMMA S.A.S., solicitó de la jurisdicción la aprehensión y entrega judicial de la garantía mobiliaria, respecto del vehículo automotor identificado con placas LSW-960, en contra de la señora Francy Andrea Guerrero Guerrero, con fundamento en el presunto incumplimiento de las obligaciones garantizadas [Archivo 01DemandaAnexos fl. 2].Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00571-00 2 2.– El trámite correspondió por reparto al Juzgado Quinto Civil Municipal de Valledupar, despacho que se declaró incompetente por el factor territorial, argumentando que: « en el caso que nos ocupa, como el acreedor garantizado acciona el mecanismo de entrega contra el garante FRANCY ANDREA GUERRERO GUERRERO, la petición de aprehensión debe ser conocida por el juez del domicilio donde ella reside, esto es, el Juzgado Civil Municipal de Duitama, Boyaca, según se
entrega contra el garante FRANCY ANDREA GUERRERO GUERRERO, la petición de aprehensión debe ser conocida por el juez del domicilio donde ella reside, esto es, el Juzgado Civil Municipal de Duitama, Boyaca, según se desprende del contrato de garantía mobiliaria (folio 12, archivo 01), siendo indiferente en este caso que el deudo resida en Valledupar» , consecuentemente rechazó la solicitud incoada y dispuso la remisión de las diligencias a los Juzgados Civiles Municipales de Duitama (18 de sept. de 2025) [Archivo 01DemandaAnexos fl. 19]. 3.– El conocimiento del asunto se asignó por reparto al Juzgado Tercero Civil Municipal de Duitama, despacho que igualmente declinó la competencia al advertir que el vehículo objeto de la garantía se encuentra matriculado ante la Secretaría de Tránsito de La Paz – Cesar; que « el acreedor garantizado tiene su domicilio en la ciudad de Medellín, la garante se halla domiciliada calle 20 B2 No 5C-35 de Valledupar y en la cláusula CUARTA del contrato de GARANTÍA MOVILIARIA (sic) se estableció que la deudora garante se obligaba a mantener el vehículo “dentro del territorio nacional». Adicionalmente, que no se precisó «cuál es el municipio del territorio nacional para mantener el automotor y no correspondiendo a la ciudad de Duitama el domicilio de ninguna de las partes del contrato de garantía mobiliaria No 21029 de fecha 20 de diciembre de 2023 » (6 de oct. de 2025). [Archivo
automotor y no correspondiendo a la ciudad de Duitama el domicilio de ninguna de las partes del contrato de garantía mobiliaria No 21029 de fecha 20 de diciembre de 2023 » (6 de oct. de 2025). [Archivo 03AUTODeclaraConflictoNegativo].
II. CONSIDERACIONES 1.- Dado que el conflicto de competencia se suscitó entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos le compete a estaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00571-00
3 Sala, a través de la magistrada sustanciadora dirimirlo, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados. Así lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- Con fundamento en lo establecido por el numeral 1º del artículo 28 del estatuto procesal, «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el juez del domicilio del demandando. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante». A su vez, en procesos en los que se hagan valer derechos reales el numeral 7º de la misma disposición, consagra
competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante». A su vez, en procesos en los que se hagan valer derechos reales el numeral 7º de la misma disposición, consagra competencia de carácter privativo a favor del juez del territorio se hallen situados los bienes. De la inteligencia de los anteriores preceptos se deduce que la regla general de atribución de competencia por el factor territorial en los juicios contenciosos está asignada al juez de la vecindad del demandado o su residencia si carece de ésta en el país, y si también falta aquella, la residencia del demandante; no obstante, tratándose de procesos en los que se ejercen derechos reales, opera de manera ineludible e inquebrantable el fuero correspondiente al lugar o sitio de ubicación del bien objeto del litigio, por virtud del carácter privativo que le otorga el citado canon.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00571-00 4 3.- Sin embargo, el legajo que dio lugar al conflicto bajo examen, no se adecúa a las hipótesis consagradas en dichas reglas, en tanto, no se trata de un proceso, sino de una solicitud encaminada a que se libre orden de aprehensión y entrega del bien sobre el cual fue constituida una garantía mobiliaria en los términos de la Ley 1676 de 2013. El anotado corresponde a un trámite judicial de carácter especial y autónomo, a través del cual el acreedor garantizado, en caso de incumplimiento del garante en el pago de la obligación y de negativa o renuencia a la entrega voluntaria de la cosa
especial y autónomo, a través del cual el acreedor garantizado, en caso de incumplimiento del garante en el pago de la obligación y de negativa o renuencia a la entrega voluntaria de la cosa gravada, ejerce la potestad que le confiere el legislador de pedir al juez que se aprehenda aquella, a fin de asumir su control y tenencia en ejercicio del mecanismo de ejecución por pago directo [parágrafo 2° art. 60 ídem y art. 2.2.2.4.2.3 Decreto 1835 de 2015]. Las autoridades jurisdiccionales habilitadas para conocer y tramitar este tipo de petición son, como lo estatuye el precepto 57 de la mencionada ley, «el Juez Civil competente y la Superintendencia de Sociedades», el primero de ellos cuando el garante sea una persona natural o jurídica no vigilada por el organismo técnico citado, y la segunda en los casos en que el deudor sea una sociedad sometida a su vigilancia. En consonancia con el numeral 7º del canon 17 de la codificación adjetiva, es a los jueces civiles municipales, en única instancia, a quienes les compete adelantar «todos los requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad de las personas interesadas».Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00571-00 5 4.- Establecida la categoría del fallador que debe hacer efectivo el ejercicio de los derechos emanados de la garantía, basta señalar, en relación con el fuero de competencia territorial, que le es aplicable la regla consagrada en el numeral 14 del canon
5 4.- Establecida la categoría del fallador que debe hacer efectivo el ejercicio de los derechos emanados de la garantía, basta señalar, en relación con el fuero de competencia territorial, que le es aplicable la regla consagrada en el numeral 14 del canon 28 citado, a cuyo tenor: «[p]ara la práctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias varias, será competente el juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, según el caso». 5.– En el asunto objeto de análisis no se estableció de manera expresa, ni concreta el lugar de ubicación o conservación del bien mueble dado en garantía. En efecto, del negocio jurídico de garantía mobiliaria únicamente se desprende la obligación de mantener el vehículo «dentro del territorio nacional» previsión que no comporta la determinación de un municipio o circunscripción territorial especifica y, en tales condiciones, ante la ausencia de un criterio objetivo distinto, la ubicación del bien mueble puede razonablemente inferirse del domicilio del deudor o garante, como referente territorial idóneo para efectos de la determinación de la competencia. Lo anterior adquiere mayor relevancia si se advierte que según lo precisado por este despacho en anteladas ocasiones, el legajo sobre el cual se da lugar al conflicto se trata de una solicitud y no de un proceso. Actuación prevista en los términos de la Ley 1676 de 2013, como un trámite judicial de carácter especial y autónomo, a través del cual el acreedor garantizado, en caso de incumplimiento del garante en el pago de la obligación y
de la Ley 1676 de 2013, como un trámite judicial de carácter especial y autónomo, a través del cual el acreedor garantizado, en caso de incumplimiento del garante en el pago de la obligación y de negativa o renuencia a la entrega voluntaria de la cosa gravada, ejerce la potestad que le confiere el legislador de pedir al juez que se aprehenda aquella, a fin de asumir su control yRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00571-00 6 tenencia en ejercicio del mecanismo de ejecución por pago directo [parágrafo 2° art. 60 ídem y art. 2.2.2.4.2.3 Decreto 1835 de 2015]. 6.– En ese orden, por la naturaleza del asunto en relación con el factor territorial es aplicable el precepto consagrado en el numeral 14 del art 28 del CGP, a cuyo tenor «[para la práctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias varias, será competente el juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, según el caso» y por esa vía corresponde a los estrados judiciales de Duitama donde según el contrato de garantía la pretensa obligada tiene su domicilio [Archivo 01DemandaAnexos fl. 12]. 7.– Con fundamento en las premisas precedentes, resulta evidente que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Duitama (Boyacá) es el llamado a conocer del tramite judicial, en cuanto corresponde al domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, a quien se le remitirá la actuación para lo de su cargo e
(Boyacá) es el llamado a conocer del tramite judicial, en cuanto corresponde al domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, a quien se le remitirá la actuación para lo de su cargo e informará al solicitante y al otro estrado involucrado en el conflicto que así queda dirimido.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de
Justicia, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Duitama – Boyaca, es el competente para conocer el asunto referenciado.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00571-00 7
SEGUNDO: Remitir el expediente a la señalada autoridad judicial, para que avoque el conocimiento e imparta el trámite correspondiente.
TERCERO: Comunicar esta decisión al otro estrado inmiscuido, así como a la entidad promotora del trámite.
NOTIFÍQUESE,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada