CSJ - AC643-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC643-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

AC643-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-04152-00 Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Acacías y 33 Civil Municipal de Bogotá.

I. ANTECEDENTES 1.- Ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Acacías, ECOPETROL S.A. presentó proceso especial de avalúo de perjuicios por imposición de servidumbre de hidrocarburos contra Doris Garzón de Cañas, respecto del predio rural «La Esperanza», identificado con folio de matrícula inmobiliaria n.° 232-7064, localizado en la vereda La Unión del mencionado municipio. Justificó la competencia territorial por el lugar de ubicación del bien raíz. 2.- Ese despacho lo admitió 1 y ordenó inscribir la demanda2, notificar a la convocada y practicar el avalúo de perjuicios; secuestró el área requerida 3; pero, más adelante, 1 21 julio 2023, archivo digital, 004AutoAdmite.pdf2 Archivo digital 015InscripciónDemanda.pdf3 14 marzo 2024, archivo digital 016ComisorioDiligenciado.pdfRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-04152-00 2 en atención a que fuera transformado a Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas4, en cumplimiento del Acuerdo CSJMEA24-114 de redistribución de procesos lo remitió al Juzgado Primero Civil Municipal de la misma población5.

Penal Municipal con Funciones Mixtas4, en cumplimiento del Acuerdo CSJMEA24-114 de redistribución de procesos lo remitió al Juzgado Primero Civil Municipal de la misma población5. 3.- Dicha autoridad judicial rehusó el conocimiento y lo envió al homólogo de Bogotá, habida cuenta que Ecopetrol S.A. ostentaba la calidad de entidad pública con domicilio principal en esa ciudad, sin establecimientos de comercio, sucursales o agencias en Acacías, por lo que era necesario aplicar los artículos 16, 28, núm. 10, y 29 del Código General del Proceso. Destacó que no era viable aplicar el fuero real previsto en el artículo 4 de la Ley 1274 de 2009 ni el del numeral 7 del mencionado precepto 28 adjetivo, dado que prevalecía la atribución por razón de la calidad de las partes. 4.- Decisión cuestionada en reposición por la convocante, quien pidió aplicar los principios constitucionales de acceso a la administración de justicia y garantía al debido proceso antes que el fuero personal concedido en su favor, pues contribuía a la dilación del proceso porque la práctica de pruebas y demás elementos necesarios para resolver estarían a merced del diligenciamiento de despachos comisorios, más las distancias para ejecutarlos, lo que retrasaría aún más la definición del asunto. El remedio fue rechazado por improcedente por el juzgador.

distancias para ejecutarlos, lo que retrasaría aún más la definición del asunto. El remedio fue rechazado por improcedente por el juzgador. 4 Acuerdo PCSJA23-121245 24 junio 2024, archivo digital 017AutoRemiteRedistribucion.pdfRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-04152-00 3 5.- Por su parte, el funcionario de la capital del país que recibió el expediente avocó su conocimiento; no obstante, dentro del término de ejecutoria la accionante pidió realizar un control de legalidad reconsiderando la competencia asumida de cara a la reciente postura de la Corte CSJ AC1260-2025 que dio prelación al fuero real sobre el domicilio de la entidad pública en asuntos de similar naturaleza al de ahora. 6.- Finalmente, ese fallador dejó sin valor y efecto el proveído mediante el cual asumió el trámite y, en su lugar, declaró la falta de atribución territorial y promovió la colisión negativa de esta especie, a cuyo efecto estimó necesario señalar que el conocimiento del caso no se prorrogó ante la oportuna petición de control de legalidad elevada por ECOPETROL S.A.; y que optaba por el fuero de ubicación del bien raíz con respaldo en el numeral 7 del artículo 28 del estatuto procesal, el artículo 4 de la Ley 1274 de 2009 y el precedente de la Corte CSJ AC4452-2024 donde expuso una interpretación sistemática de tales pautas bajo el amparo de los «principios constitucionales como el de acceso a la administración de

precedente de la Corte CSJ AC4452-2024 donde expuso una interpretación sistemática de tales pautas bajo el amparo de los «principios constitucionales como el de acceso a la administración de justicia, inmediación, contradicción e igualdad, todos ellos como manifestación de la prerrogativa consagrada en el artículo 29 Superior y con miras a efectivizar el derecho sustancial (art. 228 CP)».

II. CONSIDERACIONESRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-04152-00 4 1.- Comoquiera que el conflicto que se estudia se trabó entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador, como establecen los artículos 35 y 139 del estatuto adjetivo vigente y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la 1285 de 2009 y 10 de la Ley 2430 de 2024. 2.- En palabras del tratadista Hernando Morales Molina, la jurisdicción « es una parte del poder del Estado, la soberanía con referencia a la función pública de administrar justicia», en cuanto «constituye el ejercicio de una de las tres funciones del Estado democrático, quien ejerce el monopolio de la jurisdicción, por regla general, aunque en un principio, antes de la organización jurídica, aquel emanó de verdaderos convenios en que las partes llevaban la decisión de sus conflictos a terceros, extraños a ellos»6.

El orden jurídico patrio consagra la jurisdicción como el

general, aunque en un principio, antes de la organización jurídica, aquel emanó de verdaderos convenios en que las partes llevaban la decisión de sus conflictos a terceros, extraños a ellos»6. El orden jurídico patrio consagra la jurisdicción como el poder de que está investido toda autoridad encargada de administrar justicia, y la distribución de la competencia de los casos concretos es la forma de materializarla 7, para ese efecto la ley ha previsto diversos factores determinantes de competencia, a saber, el objetivo, subjetivo, funcional, territorial y de conexidad.

El factor objetivo: Se refiere al objeto del litigio, bien sea por la naturaleza del asunto (la relación jurídica material de 6 Hernando Morales Molina, Curso de derecho procesal civil, parte general, Edit.

ABC-Bogotá, 1991, págs. 19 y 20. 7 Luis Mattirolo, Tratado de derecho judicial civil, t. I, Madrid, Edit. Reus, 1930, pág. 3.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-04152-00 5 la pretensión), o por la cuantía de la aspiración. Ejemplo de ello es que el juicio de expropiación que corresponde adelantarlo en primera instancia a los jueces civiles del circuito (art. 20 [núm. 5] C.G.P.), y a los civiles municipales atañe gestionar por la vía del verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía (art. 17 [núm. 1] ídem).

El factor subjetivo: Se funda en la calidad de las partes involucradas en la litis. En el proceso civil se aplica a los

contenciosos de mínima cuantía (art. 17 [núm. 1] ídem).

El factor subjetivo: Se funda en la calidad de las partes involucradas en la litis. En el proceso civil se aplica a los asuntos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplomático acreditado ante el Gobierno Nacional, y el caso será conocido por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia (arts. 27 [inc. 1] y 30

[núm. 6] ibidem).

Factor funcional: Atiende la distribución de las funciones específicas de los órganos judiciales en las instancias. Así, determina el juez encargado de conocer el recurso de apelación (art. 33 ib.).

Factor de conexidad: Permite la acumulación de pretensiones, demandas o procesos con elementos comunes, las partes (litisconsorcios), clase de proceso y los hechos que respaldan los pedimentos.

Como quedó dicho tales factores atienden diversas circunstancias que la ley prevé para determinar la autoridad judicial a la que corresponde conocer un proceso; sin embargo, para concretar el juzgador de la misma especialidad y categoría de las existentes en la divisiónRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-04152-00 6 geográfica nacional al que atañe adelantar el caso particular, es menester echar mano del factor territorial (art. 28 ejusdem) que está integrado por varios fueros o foros

6 geográfica nacional al que atañe adelantar el caso particular, es menester echar mano del factor territorial (art. 28 ejusdem) que está integrado por varios fueros o foros (personal, real y contractual) acotándolo a los elementos del litigio, como son el domicilio de las personas, la localización de las cosas, o el lugar de ocurrencia de los hechos.

El foro personal: Se sujeta al domicilio de las partes. La regla general es el asiento del demandado (núm. 1), salvo pauta que disponga algo diferente, como las normas especiales, algunas privativas, como la que asigna la competencia al funcionario del domicilio de los niños, niñas o adolescentes (inc. 2, núm. 2), al del arraigo del concursado

(núm. 8), y al del domicilio de la entidad territorial, o entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad pública (núm. 10); otras concurrentes, como el domicilio común anterior, si lo conserva el demandante (inc. 1, núm. 2), el domicilio principal de la persona jurídica o el de la sucursal o agencia, si el caso está vinculado con estas (núm. 5).

El foro real: se sujeta en unos casos privativamente al lugar de ubicación de los bienes materia de derechos reales y de los procesos de deslinde y amojonamiento, expropiación, restitución de tenencia, posesorio de cualquier naturaleza, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos (núm. 7); y en otros concurrentes con el

restitución de tenencia, posesorio de cualquier naturaleza, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos (núm. 7); y en otros concurrentes con el personal, como sucede en los eventos de responsabilidad aquiliana (núm. 6); o el del sitio donde se haya violado el derecho de propiedad intelectual, o realizado el acto, o dondeRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-04152-00 7 este surta sus efectos, si se ha realizado en el exterior, o en el lugar donde funciona la empresa, local o establecimiento de comercio.

El foro contractual: alude al sitio señalado en el contrato o en el título ejecutivo donde debe honrarse la obligación.

De lo anterior se destaca que algunos de esos fueros pueden ser concurrentes y otros privativos. En el primer caso, el demandante está facultado para elegir promover su causa ante cualquiera de los jueces competentes, lo que implica que el que inicialmente aprehende el conocimiento inhibe a los demás de hacerlo; mientras que, en el segundo, la atribución territorial radica exclusivamente en un solo funcionario. Acerca del carácter «privativo» establecido en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, la Corte en CSJ AC3744-2018, reiterado, entre otros, en AC2429-2019 y AC4079-2019 dijo: …que constituye el común denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones señaladas en

…que constituye el común denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones señaladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa índole. 3.- De acuerdo con lo expuesto, el fuero privativo implica que solo a una autoridad judicial correspondeRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-04152-00 8 adelantar el trámite del asunto, ya sea la del lugar donde se ubica el bien raíz sobre el que recae el gravamen o se quiere constituir, o la del domicilio de la entidad pública. Pero ¿qué ocurre cuando esos foros privativos convergen en el mismo caso, dado que no hay una regla que prefiera uno sobre el otro porque ambos poseen la misma jerarquía normativa? Ese interrogante, en principio, fue resuelto con el pronunciamiento CSJ AC140-2020, en cuanto acogió el criterio de prevalencia del « factor subjetivo » contenido en el artículo 29 ídem, pues estimó que de ese modo realizaba una interpretación sistemática de las pautas de competencia adoptadas por el legislador de 2012, y atendía el interés general que predominaba al fijar el conocimiento de los

interpretación sistemática de las pautas de competencia adoptadas por el legislador de 2012, y atendía el interés general que predominaba al fijar el conocimiento de los litigios en el funcionario del domicilio del ente público que fuera parte. Agregando que, el principio perpetuatio jurisdictionis no tenía cabida precisamente por la prevalencia de dicho factor de competencia, al igual que no estaba dado al organismo público disponer de esa prerrogativa por tratarse de una norma de orden público y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento. No obstante, esa postura se ha venido matizando, así: 3.1.- Sin perder de vista el carácter privativo del fuero personal de la entidad pública demandante, enfatiza que la regla décima del artículo 28 del Código General del Proceso no restringe la asignación territorial al juez del domicilioRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-04152-00 9 principal de esta, por lo que ante la existencia de sucursal o agencia vinculada con el objeto del proceso analógicamente aplica el numeral 5 del mismo precepto procesal8. 3.2.- Ante la concurrencia de fueros privativos como el real y el personal de los entes públicos, ha dado prelación al primero como resultado de realizar una interpretación sistemática de principios constitucionales y generales del proceso, como el acceso a la administración de justicia, defensa y contradicción, igualdad e inmediación del juez, sin desconocer la existencia del factor subjetivo en la regla décima del artículo 28 adjetivo9.

defensa y contradicción, igualdad e inmediación del juez, sin desconocer la existencia del factor subjetivo en la regla décima del artículo 28 adjetivo9. 3.3.- Y, recientemente, en CSJ AC041-2026 destacó que los fueros real y personal de la entidad pública contenidos, respectivamente, en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del código de los ritos ostentan carácter privativo, lo que impide resolver ese enfrentamiento con auxilio del canon 29 ídem, conforme al cual prevalece la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes, por cuanto la regla décima del citado precepto 28 no consagra un factor subjetivo sino «un foro de atribución en función del territorio », de manera que únicamente los artículos 27, inc. 1 10, y 30, 8 CSJ AC396-2020, AC2401-2022, AC2418-2023, AC075-2024, AC4168-2024, AC4264-2024, AC4338-2024, AC4433-2024, AC6356-2024, AC6366-2024, AC36632025, AC3908-2025, AC3940-2025, AC3955-2025, AC3956-2025 y AC4044-2025. 9 CSJ AC3037-2025, AC422-2025 y AC3953-2025.10 «La competencia no variará por la intervención sobreviniente de personas que tengan fuero especial o porque dejaren de ser parte en el proceso, salvo cuando se trate de un estado extranjero o un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República frente a los cuales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia

fuero especial o porque dejaren de ser parte en el proceso, salvo cuando se trate de un estado extranjero o un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República frente a los cuales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tenga competencia» (negrita fuera de texto).Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-04152-00 10 núm. 611, de la misma obra consagran las hipótesis fácticas concebidas dentro del factor subjetivo. En ese entendido es posible aplicar el principio perpetuatio jurisdictionis cuando el funcionario aprehenda el conocimiento del proceso y, luego, motu proprio quiera desdecir de su actuar, so pretexto de la aplicación de la citada pauta 29, ya que como fuera dicho, el foro personal contenido en el artículo 28, núm. 10, adjetivo no entraña un factor subjetivo sino una asignación de causas en función del territorio, por ende, es conducente predicar en ese caso que se prorrogó la competencia por el silencio del convocado (Cfr.

CSJ AC8573-2025).

Y, concluye que ante la anomia que dirima el enfrentamiento normativo: de esos foros privativos de atribución dentro del factor de competencia territorial, es menester acudir a los principios constitucionales de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), debido proceso, defensa y contradicción de las partes (art. 29 ídem); así como a los principios generales del derecho procesal de igualdad de las partes (art. 4, C.G.P., en Conc. art. 2, Ley 270

C.P.), debido proceso, defensa y contradicción de las partes (art. 29 ídem); así como a los principios generales del derecho procesal de igualdad de las partes (art. 4, C.G.P., en Conc. art. 2, Ley 270 de 1996, reform. artículo 2, Ley 2430 de 2024), inmediación (art. 6, C.G.P.) y concentración (art. 5 ídem), con miras a garantizar la efectividad del derecho sustancial como disciplinan los artículos 8 de la Ley 153 de 1887, 11 y 12 del ordenamiento procesal. La aplicación de estos principios hace que el conocimiento de la controversia sea asignado al juzgador del fuero real o del lugar donde se localiza el bien sobre el cual recae el gravamen o busca imponerse . Esto, porque así puede tramitarse de forma más eficiente el pleito en atención a la cercanía con el bien raíz materia del proceso evitando un desgaste mayor del aparato judicial y la dilación en la definición del asunto al no tener que comisionar a otro funcionario para evacuar las actuaciones que deban adelantarse in situ y poder inmediar la 11 « De los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República, en los casos previstos por el derecho internacional».Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-04152-00 11 práctica de las pruebas, amén de que permite a las partes acudir al juicio en pie de igualdad ejerciendo la defensa de sus intereses de forma efectiva y sin incurrir en más erogaciones económicas

11 práctica de las pruebas, amén de que permite a las partes acudir al juicio en pie de igualdad ejerciendo la defensa de sus intereses de forma efectiva y sin incurrir en más erogaciones económicas pues, generalmente coincide con el asiento del accionado; y si bien el ente estatal puede no tener domicilio en esa zona, si busca hacerse de un bien raíz privado para cumplir con el interés general es factible suponer que tiene presencia en el área de ubicación del predio y, por contera, donde se surtirá la causa (negrita fuera de texto). Postura que, si bien fue emitida para dirimir un conflicto de similar naturaleza originado en una expropiación judicial, resulta aplicable a los casos en que estén involucrados derechos reales o los demás juicios señalados en el numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso. 4.- Las disquisiciones del numeral que antecede descendidas al caso que ahora ocupa la atención de la Corte permiten concluir que, la competencia territorial para conocer el proceso especial de avalúo de perjuicios por imposición de servidumbre de hidrocarburos será deferida al juez del lugar donde se encuentra localizado el bien sobre el cual se pide imponer el gravamen (232-7064), el cual como se advierte del certificado de tradición y libertad que obra en el plenario se sitúa en la vereda La Unión del municipio de Acacías12, por cuanto ese foro de atribución garantiza la efectividad del derecho sustancial. Adicionalmente, como se concluyó, la regla décima del

plenario se sitúa en la vereda La Unión del municipio de Acacías12, por cuanto ese foro de atribución garantiza la efectividad del derecho sustancial. Adicionalmente, como se concluyó, la regla décima del artículo 28 del ordenamiento procesal vigente no entraña un factor subjetivo, sino un foro de competencia en función exclusiva del territorio, de manera que en el asunto esta no 12 Folios 148 y 149, archivo digital 002DemandayAnexos.pdf.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-04152-00 12 puede predicarse improrrogable y, por ende, operó el principio perpetuatio jurisdictionis cuando el otrora Juzgado Primero Promiscuo de Acacías admitió la demanda y adelantó el diligenciamiento sin oposición de las partes; téngase en cuenta que no era dable volver a evaluar si le asistía o no atribución al fallador cuando el asunto pasó al Juzgado Primero Civil Municipal, pues ello obedeció a una decisión administrativa del Consejo Superior de la Judicatura cuando reestructuró los despachos judiciales de Acacías13, con la consecuente redistribución de procesos al juzgado de la respectiva especialidad, lo cual no tenía la entidad para variar el conocimiento ni retrotraer el trámite a una etapa ya superada. 5.- Corolario de lo expresado es que el Juzgado Primero Civil Municipal de Acacías continue con el trámite del proceso, para lo cual se le devolverá el expediente digital y se informará de ello al despacho de la capital de la República involucrado en el conflicto que acá queda dirimido.

Primero Civil Municipal de Acacías continue con el trámite del proceso, para lo cual se le devolverá el expediente digital y se informará de ello al despacho de la capital de la República involucrado en el conflicto que acá queda dirimido.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE Primero: Declarar que el Juzgado Primero Civil Municipal de Acacías es el competente para continuar con el 13 Acuerdo PCSJA23-12124, artículo 21.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-04152-00 13 conocimiento de la causa de la referencia.

Segundo: Devolver virtualmente el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisión que acá queda dirimida.

Tercero: Librar los oficios correspondientes por

Secretaría.

NOTIFÍQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Magistrado

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