CSJ - AC659-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC659-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC659-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00410-00 Bogotá D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito con conocimiento en asuntos laborales de Pamplona y Octavo Civil del Circuito de Cúcuta.

I. ANTECEDENTES

1. Pedro Alberto Rosal García demandó a Luis Fernando Rosal García para que se le condenara a rendir cuentas de la administración de las empresas Serviteca Rosal e Inversiones Pegar S.A.S. (PEGAR S.A.S.) pertenecientes a la

familia Rosal García.

2. En el libelo se indicó que la competencia radicaba en los jueces civiles del circuito de Pamplona « [a]tendiendo el domicilio del demandando y demandante, la ubicación delRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00410-00 2 cultivo en el predio el Naranjo de la comprensión Municipal de Pamplona» [folios 1 a 8, archivo digital 03].

3. El Juzgado Primero Civil del Circuito con conocimiento en asuntos laborales de Pamplona, al que inicialmente le fue repartido el escrito inaugural, en auto de 7 de octubre de 2025 requirió al convocante para que precisara «el domicilio del demandado» [archivo digital 047], quien informó que « consultado nuevamente se indica que el señor LUIS FERNANDO ROSAL GARCIA, su domicilio principal es en la

«el domicilio del demandado» [archivo digital 047], quien informó que « consultado nuevamente se indica que el señor LUIS FERNANDO ROSAL GARCIA, su domicilio principal es en la ciudad de CUCUTA» [archivo digital 08]. Teniendo en cuenta esa información, rehusó el conocimiento y dispuso el envío de las diligencias a los juzgados civiles del circuito de la indicada ciudad, con fundamento en la regla general de competencia [archivo digital 10].

4. Al recibir el expediente, el Juzgado Octavo Civil de la plaza mencionada también se negó a impartirle trámite a la lid, al considerar que « el despacho remitente dejó de lado que el domicilio de LA SERVITECA ROSAL y representante legal de EMPRESA INVERSIONES PEGAR S.A.S. no es otro que la ciudad de Pamplona como se desprende de los certificados de existencia y representación legal », territorio que coincide con el escogido por el promotor desde la presentación de la demanda.

Con esos fundamentos, planteó conflicto negativo de competencia y ordenó el envío de la encuadernación a esta Corporación [archivo digital 006].Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00410-00 3

II. CONSIDERACIONES

1. Corresponde a esta Sala a través de la magistrada sustanciadora dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo establecen los artículos 139 del Código

magistrada sustanciadora dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009.

2. Es menester recordar que el proceso de rendición provocada de cuentas tiene por objetivo conminar a quien tiene a cargo la gestión de un bien o un negocio ajeno para que, agotado el rito contemplado en el artículo 379 de la ley de enjuiciamiento civil, presente el balance de su administración y de esta forma determinar los ingresos, egresos, pérdidas o ganancias del demandante como consecuencia de la actividad desarrollada por el demandado.

Teniendo en mente lo anterior, la obligación aludida tiene como fuente o bien la ley (vg. secuestre, albacea), ora la voluntad de las partes plasmada en un acuerdo o contrato, de manera que, ya sea por virtud de un mandato legal o en cumplimiento de un vínculo negocial, el convocado es llamado a juicio para desvelar los resultados de su administración.

3. Lo anterior resulta relevante para establecer la competencia que por el factor territorial corresponde en el presente asunto, si se tiene en cuenta que una de las fuentesRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00410-00 4 de la obligación de presentar cuentas es el contrato, evento en el cual en los pleitos que se promuevan con tal finalidad

4 de la obligación de presentar cuentas es el contrato, evento en el cual en los pleitos que se promuevan con tal finalidad concurren distintos fueros para determinar la autoridad judicial llamada a definir ese tipo controversias. De un lado, está el domicilio del demandado y si son varios, cualquiera de ellos a elección del interesado -numeral 1º artículo 28 C.G.P.-, debiendo destacarse que, si se trata de una persona jurídica, debe darse aplicación al numeral 5º de la regla en cita que le atribuye la competencia al fallador de su domicilio principal; y, por la misma línea, converge el denominado «fuero contractual» (núm. 3º art. 28 C.G.P.), el cual atañe al sitio de cumplimiento del negocio jurídico de donde deriva la obligación de presentar las cuentas. Ante ese elenco de posibilidades, la ley de enjuiciamiento civil le otorga al demandante la potestad de escoger el juez natural que dirimirá su disputa, esto es, en la vecindad del llamado a la causa (sea persona natural o jurídica) ora, el lugar en el que se honrarán las prestaciones del convenio demandado, reiterase, de donde deriva la prestación de rendir cuentas, elección que no puede ser desconocida y, mucho menos alterada por el juzgador, salvo cuando la contraparte la hubiere objetado a través de los mecanismos de defensa que tiene a su alcance. Al respecto, en un asunto en el que se definía la competencia del juez en un litigio de rendición provocada de cuentas, en el cual dicha obligación derivaba de un acuerdo

Al respecto, en un asunto en el que se definía la competencia del juez en un litigio de rendición provocada de cuentas, en el cual dicha obligación derivaba de un acuerdo negocial, la Corte consideró queRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00410-00 5 Uno de los supuestos que establecen reglas especiales en materia de competencia territorial está establecido en el numeral 3 del citado artículo 28, según el cual ‘[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita’. Este foro, que refiere a la sede donde deben cumplirse las prestaciones que tienen su fuente en un negocio jurídico o en un ‘título ejecutivo’ de cualquier otra naturaleza, opera de forma concurrente por elección con la regla general de competencia (domicilio del demandado), tal y como se sigue del adverbio ‘también’, usado allí ‘para indicar la igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra ya nombrada’1. Por esa vía, en casos de competencia ‘a prevención’, el demandante puede optar ante cuál de los jueces señalados (el del domicilio de su contraparte, o el del foro contractual) radica su causa, y una vez efectuada esa selección, adquiere carácter

demandante puede optar ante cuál de los jueces señalados (el del domicilio de su contraparte, o el del foro contractual) radica su causa, y una vez efectuada esa selección, adquiere carácter vinculante para las autoridades jurisdiccionales (sin que ello implique tolerar una elección caprichosa)». (CSJ, AC1041-2021). Y, en providencia reciente, sobre el mismo asunto, expresó: Por lo anterior, para fijar la competencia en demandas originadas en un negocio jurídico o que comprendan títulos ejecutivos, existen dos fueros concurrentes: el general del domicilio del convocado y el del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Como ninguno de ellos, prevalece sobre el otro, la parte actora puede elegir libremente uno u otro y tal decisión no puede ser desconocida por el servidor judicial ante quien se promueva la acción. 2 (CSJ, AC8738-2025).

4. En el sub-lite, las pretensiones del litigio planteado van encaminadas a que se ordene al demandado rendir cuentas comprobadas de su gestión como administrador de las empresas Serviteca Rosal e Inversiones Pegar S.A.S. 1 Diccionario de la lengua española; Edición del Tricentenario, accesible en:

http://dle.rae.es/?id=Z2fyAuY.

2 CSJ AC7886-2025, AC7315-2025; AC6683-2025; AC4412– 2016; CSJ

http://dle.rae.es/?id=Z2fyAuY. 2 CSJ AC7886-2025, AC7315-2025; AC6683-2025; AC4412– 2016; CSJ AC5781-2021; CSJ AC5253-2024; CSJ AC6144-2024; entre muchas.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00410-00 6 (PEGAR S.A.S.), sin que exista prueba en el plenario que indique que entre los extremos procesales se suscribió convenio alguno de administración que haga aplicable la regla de competencia contemplada en el numeral 3° del artículo 28 del Código General del Proceso, de ahí que deba acudirse al mandato general contemplado en el numeral 1º ejusdem, esto es, el domicilio del enjuiciado. En atención a ello, es menester remitirse al libelo, de donde se extrae que la acción se dirige en contra de Luis Fernando Rosal García, cuyo « domicilio principal es en la ciudad de CUCUTA (sic)» como así lo ratificó el impulsor al dar respuesta al requerimiento del primer despacho involucrado con tal propósito [archivo digital 08], sin que pueda avalarse la posición de la juzgadora de esa urbe, que sugiere adjudicar el diligenciamiento de la lid al fallador de Pamplona por ser el territorio del domicilio principal de las empresas cuya administración dio lugar a la presentación de la demanda. Aunque le asista razón a dicha funcionaria judicial en cuanto a que las personas jurídicas involucradas tienen su domicilio en el municipio de Pamplona, pues así lo enseñan

administración dio lugar a la presentación de la demanda. Aunque le asista razón a dicha funcionaria judicial en cuanto a que las personas jurídicas involucradas tienen su domicilio en el municipio de Pamplona, pues así lo enseñan los certificados de existencia y representación legal de estas [folios 823 y 840 archivo digital 03], lo cierto es que dichos entes morales no conforman el extremo pasivo, eventualidad necesaria para enmarcar la situación en la pauta aplicable al caso, lo que implica que debe atenderse al domicilio indicado para el único integrante de la pasiva que, como se dijo en precedencia, corresponde a Cúcuta, Norte de Santander.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00410-00 7

5. En consecuencia, se remitirá el presente caso al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cúcuta para que asuma su trámite, por ser la autoridad del domicilio de la parte demandada dentro del juicio de rendición provocada de cuentas, informando esta determinación al otro estrado involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema

de Justicia, RESUELVE: PRIMERO. Declarar que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cúcuta es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia. SEGUNDO. Remitir el expediente a esa autoridad para que continúe con el trámite del asunto.

TERCERO: Comunicar esta decisión a la otra autoridad

conocimiento del proceso de la referencia. SEGUNDO. Remitir el expediente a esa autoridad para que continúe con el trámite del asunto.

TERCERO: Comunicar esta decisión a la otra autoridad involucrada y al convocante.

NOTIFÍQUESE,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada

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