CSJ - AC7059-2026

AC7059-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05499-00

Cartagena, veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

La Corte decide el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López (Meta) y Quince Civil del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. Ante los Juzgados de Circuito de Puerto López (Meta), Vargas Vallego y CIA S. en C. promovió demanda de revisión de avalúo contra Ecopetrol S.A. con el propósito de que se revise el avalúo de perjuicios y monto de la indemnización producto de la servidumbre y explotación petrolera en los predios “Chaparrito” y “Santa Clara” ubicados en Puerto

López.

2. El asunto correspondió al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López (Meta), que admitió el libelo el 22 de mayo de 2019. Durante el trámite, la parte demandada contestó la demanda y el despacho acumuló el proceso con el promovido por Ecopetrol S.A. contra la sociedad Vargas Vallego y CIA. S. en C. Agotadas las audiencias previstas en los artículos 372 y 373 del CódigoRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05499-00

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General del Proceso, el 28 de abril de 2021 se dictó sentencia, en la que se declaró parcialmente la revisión solicitada por la sociedad Vargas Vallego y CIA. S. en C.

Inconformes con la decisión, las partes procesales

General del Proceso, el 28 de abril de 2021 se dictó sentencia, en la que se declaró parcialmente la revisión solicitada por la sociedad Vargas Vallego y CIA. S. en C.

Inconformes con la decisión, las partes procesales interpusieron recursos de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Villavicencio. Admitida la alzada, el 18 de febrero de 2025, el Tribunal declaró la falt a de competencia del juzgado de primera instancia y la nulidad insaneable de la sentencia, al considerar que el conocimiento del asunto correspondía a los juzgados homólogos del lugar del domicilio de Ecopetrol S.A.

En cumplimiento de lo ordenado por su superior jerárquico, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López profirió auto en el que dispuso la remisión del proceso a los juzgados civiles del circuito de Bogotá, para su reparto.

3. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá rehusó la c ompetencia sobre el asunto al señalar «que (i) la parte demandante se inclinó por presentar la demanda de revisión, en el lugar de ubicación del inmueble, (ii) la prevalencia del foro real, en consideración, al especial designio del legislador en estos casos, y (iii) Ecopetrol cuenta con sede administrativa en VillavicencioMeta».

II. CONSIDERACIONES

1.- Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta CorporaciónRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05499-00

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II. CONSIDERACIONES

1.- Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta CorporaciónRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05499-00

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le corresponde dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.

2.- Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad.

En el presente caso, la discusión gira en torno al factor territorial, considerando, por un lado, el fuero personal derivado de la naturaleza de entidad pública de la demandante y, por otro, el fuero real determinado por la ubicación del inmueble objeto de garantía; criterios que, al entrar en concurrencia, atribuyen la competencia a jueces distintos.

Al respecto, el numeral 10º del mencionado artículo establece un fuero exclusivo, según el cual, en « los procesos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». Lo anterior, con independencia de que sea demandante o demandada, dado que la prerrogativa no se condiciona a que la entidad ocupe alguna posición específica en el litigio.

Por su parte, en los procesos en los que se ejerciten derechos reales, el numeral 7 ° del artículo 28 del ibídem

se condiciona a que la entidad ocupe alguna posición específica en el litigio.

Por su parte, en los procesos en los que se ejerciten derechos reales, el numeral 7 ° del artículo 28 del ibídem contempla una «competencia privativa», mediante la cual,Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05499-00

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atribuye el conocimiento del asunto al juez del lugar donde se encuentran ubicados los bienes.

De esta manera, al tratarse de procesos en que se ejercitan derechos reales y en los que interviene una entidad pública, se presenta una concurrencia entre fueros privativos que genera una aparente colisión, que amerita una interpretación para solucionar esa problemática.

3. Conforme a lo atrás expuesto, y frente al asunto, se evidencia que la entidad convoc ada en pleito , es decir, Ecopetrol S.A. es una sociedad de economía mixta de carácter comercial, organizada bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo establecido en la Ley 1118 de 2006, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá

D.C., por lo que es una de las personas jurídicas que alude el numeral 10° del artículo 28 mencionado.

Ahora bien, no desconoce esta Corporación que el Tribunal Superior de Villavicencio, mediante providencia del 18 de febrero de 2025, declaró la falta de competencia del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López y la nulidad de la sentencia pro ferida el 28 de abril de 2021, al considerar que el conocimiento del asunto correspondía a los

18 de febrero de 2025, declaró la falta de competencia del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López y la nulidad de la sentencia pro ferida el 28 de abril de 2021, al considerar que el conocimiento del asunto correspondía a los jueces del domicilio de Ecopetrol S.A., en cumplimiento de lo cual aquel despacho remitió el expediente a los juzgados civiles del circuito de Bogotá.

No obstante, una hermeneútica sistemática de las normas de competencia y a partir de los lineamientos delRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05499-00

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artículo 11 de la Ley 1564 de 2012, sobre interpretación de las normas procesales, que dispone que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, se colige que la entidad demandante puede optar por demandar conforme al foro real, consagrado en el numeral 7 ° del artículo 28 ibídem, o según el fuero personal previsto en su numeral 10°.

En efecto, según lo determina el artículo 16 del Código General del Proceso, la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables, lo que significa que, atendiendo el interés superior que subyace a estos parámetros los torna imperativos y por ello, «los particulares no pueden, ni aun poniéndose de acuerdo, llevar el negocio a conocimiento de juez diferente»1.

Sin embargo, el ordenamiento contempla que, atendiendo a factores de economía y acceso afectivo a los derechos de defensa y debido proceso, se pueda admitir ceder la competencia bajo otros factores, diferentes al subjetivo y

Sin embargo, el ordenamiento contempla que, atendiendo a factores de economía y acceso afectivo a los derechos de defensa y debido proceso, se pueda admitir ceder la competencia bajo otros factores, diferentes al subjetivo y funcional, cuando « la parte en cuyo favor se ha establecido lleve o acepte el juicio ante juez distinto del que debía conocer de conformidad con las normas abstractas que regulan ese factor»2.

Esta condición de disponible del factor territorial, en sus distintos fueros, tiene sustento en lo reglado en el artículo 15 del Código Civil que prevé que «[p] odrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que

1 ». DEVIS ECHANDIA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Editorial Temis, Bogotá 2021. Formato Ebook. pág. 121. 2 Ibidem.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05499-00

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sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia».

Como se ha indicado, el fuero fijado en el numeral 10º del artículo 28 ibidem, es considerado como un «“beneficio” o “privilegio” a favor de la entidad pública, conforme al cual se le autoriza demandar ante el juez del sitio de su propio domicilio, quien deberá avocar el conocimiento del libelo así propuesto.» (CSJ AC925-2019).

Ello resalta su carácter renunciable, toda vez que, como lo ha dicho esta Corporación:

«A esas prerrogativas, el legislador les ha conferido la posibilidad de declinarse, conforme dimana del contenido del artículo 15 del

Ello resalta su carácter renunciable, toda vez que, como lo ha dicho esta Corporación:

«A esas prerrogativas, el legislador les ha conferido la posibilidad de declinarse, conforme dimana del contenido del artículo 15 del Código Civil. La renuncia, desde la perspectiva ontológica, supone la dejación de una ventaja (derecho o regla jurídica dispensadora de efectos a favor de alguien) mediante una declaración unilateral de voluntad, expresa o tácita, encaminada a tal propósito» (CSJ AC925-2019)».

Así, se estima que los fueros del factor territorial reglado en el numeral 10º del artículo 28 de la Ley 1564 de 2012, tiene una condición dispositiva que habilita su renuncia, pues fueron previstos para la garantía de la persona de derecho público a que refieren.

Además, se considera que a este criterio de prorrogabilidad se suma la aplicación de principios procesales como el establecido en el artículo 11 atrás referido, teniendo en consideración que, al optar la entidad por demandar conforme al foro real, consagrado en el numeral 7º del artículo 28: (i) se facilita la descentralización de la justicia, descongestionando los juzgados de Bogotá, (ii) se garantiza la cercanía geográfica entre el juez y el lugar deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05499-00

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ubicación de los bienes, permitiendo una justicia contextualizada, (iii) se ahorra a las partes costos y las dificultades logísticas de desplazarse a Bogotá o a las capitales departamentales, y (iv) se fortalece el principio de

ubicación de los bienes, permitiendo una justicia contextualizada, (iii) se ahorra a las partes costos y las dificultades logísticas de desplazarse a Bogotá o a las capitales departamentales, y (iv) se fortalece el principio de inmediación al permitir que los jueces tengan un contacto directo con las partes, los hechos y las pruebas.

En tal sentido, la demanda fue radicada desde un principio ante los despachos de la sede territorial de Puerto López, donde se tramitó hasta la emisión de la sentencia del 28 de abril de 2021, en el curso de lo cual se acumuló el proceso promovido por Ecopetrol S.A. En consecuencia, para evitar la nueva tramitación, el conocimiento del asunto debe permanecer en el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López.

4.- En consecuencia, se declara que la competencia del asunto en revisión correspond ía al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López (Meta ), por lo que sería del caso remitirle la actuación para lo pertinente.

Empero, en atención a las particularidades del caso, en tanto el proceso se encontraba en trámite de segunda instancia cuando la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Villavicencio , al conocer de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 28 de abril de 2021, declaró la falta de competencia del juez de primer grado y la nulidad de lo actuado, se ordenará por Secretaría remitir el expediente a esa Corporación para que, con fundamento en lo aquí resuelto, adopte las determinaciones que estime

declaró la falta de competencia del juez de primer grado y la nulidad de lo actuado, se ordenará por Secretaría remitir el expediente a esa Corporación para que, con fundamento en lo aquí resuelto, adopte las determinaciones que estime pertinentes frente a la alzada que se encontraba bajo suRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05499-00

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conocimiento y, en lo sucesivo, imprima al asunto el trámite que corresponda, sin perjuicio de comunicar lo decidido a los despachos involucrados en el conflicto.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, l a suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE:

Primero: Declarar que el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López (Meta) es el competente para conocer la causa de la referencia.

Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital a la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior de Villavicencio para que, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva, adopte las determinaciones que estime pertinentes frente al trámite de la apelación formuladas por las partes frente a la sentencia de primera instancia, y comunicar lo decidido a los

Juzgados Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López (Meta) y Quince Civil del Circuito de Bogotá.

Tercero: Librar los oficios correspondientes, por

Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

MagistradaFirmado electrónicamente por:

Adriana Consuelo López Martínez

Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

MagistradaFirmado electrónicamente por:

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

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