CSJ - AC719-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC719-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC719-2026 Radicación n.° 76001-31-03-018-2022-00035-01 (Aprobado en sesión de doce de febrero de dos mil veintiséis) Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Elizabeth Bedoya Marín para sustentar el recurso de casación que interpuso frente a la sentencia proferida el 18 de junio de 2025 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso verbal de responsabilidad civil contractual por incumplimiento de contrato que promovió contra Clara Isabel Rojas Bravo.

I. ANTECEDENTES

1. Elizabeth Bedoya Marín llamó a juicio a Clara Isabel Rojas Bravo, para que se le declarara civil y contractualmente responsable por el incumplimiento del contrato de « cesión de derechos litigiosos » suscrito el 6 de noviembre de 2003 y, en consecuencia, se le ordenara «pagarRadicación n.° 76001-31-03-018-2022-00035-01 2 a la masa herencial del causante RAFAEL ROJAS BRAVO (Q.E.P.D) la

suma de DOS MIL OCHOCIENTOS UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS ($2.801.549.403) debidamente indexados desde mayo del 2016 hasta la fecha que se haga el referido pago».

2. Como soporte de tales súplicas exteriorizó, en

debidamente indexados desde mayo del 2016 hasta la fecha que se haga el referido pago».

2. Como soporte de tales súplicas exteriorizó, en síntesis, que su esposo Rafael Rojas Bravo (q.e.p.d.) en vida suscribió un contrato de «cesión de derechos litigiosos» (6 nov. 2003) que consistía en transferirle a su hermana Clara Isabel Rojas (…) a título de dación de pago (…) el cincuenta por ciento (50%) de los derechos litigiosos que le correspondan o puedan corresponder en los procesos de reparación valorización, metrocali o terceros particulares que se encuentren radicados en el tribunal contencioso administrativo de Cali, (proceso 2002-4561-00 magistrado Dr. Alvaro Pio Guerrero o cualquier otro juzgado, tribunal judicial o contencioso administrativo de Cali, y los que puedan corresponderle en futuras demandas que se adelanten contra estas mismas entidades u otras estatales o terceros particulares relativas al predio C14K70 BRAVO en el (sic) escritura pública # 3037 del 31 de octubre del 2003 de la Notaria 14 del Círculo de Cali.

En la misma fecha los mencionados contratantes firmaron un acuerdo en el que se consignaron los antecedentes del predio común y objeto del juicio que dio origen al anterior documento, entre ellos que: (…) antes de la escritura # 3037 del 31 de Octubre del 2003 Notaría

firmaron un acuerdo en el que se consignaron los antecedentes del predio común y objeto del juicio que dio origen al anterior documento, entre ellos que: (…) antes de la escritura # 3037 del 31 de Octubre del 2003 Notaría 14 de Cali, RAFAEL ROJAS BRAVO Y CLARA ISABEL ROJAS BRAVO eran propietarios en un (50%) cincuenta por ciento cada uno del lote de terreno denominado LOTE C14K70, porque al suscribir la ep #1003, quedó involuntariamente por fuera de los linderos de la partición material y su cabida adjudicada a Rafael Rojas B (…) A) Que han acordado que todos los derechos reales, pasados,Radicación n.° 76001-31-03-018-2022-00035-01 3 presentes y futuros sobre dicho LOTE C14K70, son propiedad en común y proindiviso de Rafael Rojas Bravo en un 50% y de Clara Isabel Rojas Bravo el otro 50%, (…) B) Que por mutua conveniencia, para formalizar las demandas de reparación directa y cualquier otra acción Judicial o administrativa que se adelantaran contra el Municipio de Cali, Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización, Metrocali y otras entidades o contra terceros particulares, por la ocupación permanente de la parte del LOTE C14K70, con las obras Calle 14 y Carrera 70 y para facilitar la apertura en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del folio de matrícula Inmobiliaria correspondiente al LOTE C14K70, procedieron a aclarar la escritura 1003m, por medio de la escritura# 3037 del 31 de Octubre del 2003

Registro de Instrumentos Públicos del folio de matrícula Inmobiliaria correspondiente al LOTE C14K70, procedieron a aclarar la escritura 1003m, por medio de la escritura# 3037 del 31 de Octubre del 2003 Notarla 14 de Cali. en la cual dijeron que dicho LOTE C14K70 estaba conformado en su totalidad dentro del que se dijo en la escritura 1003/77 que se adjudicaría a Clara Isabel Rojas Bravo, cuando la realidad es que la mitad del mismo es propiedad RAFAEL ROJAS. Así mismo se convinieron como obligaciones de Clara Isabel: A.·) Que como contraprestación de la cesión tacita de los derechos de dominio y al ejercicio de la posesión material y a los gastos e impuestos que ha pagado, por el LOTE C14K70, inscrito en la matricula Inmobiliaria 370-21769 del Segundo Lote propiedad de Rafael Rojas Bravo desde 1977, (…) Clara Isabel Rojas Bravo se obliga a no prometer en venta, ni enajenar, gravar, arrendar, o limitar el dominio en cualquier forma y a ceder en documento separado a Rafael Rojas Bravo, el (50%) cincuenta por ciento de la totalidad de los derechos litigiosos y eventualmente, en el caso de que no prosperen las acciones judiciales o administrativas correspondientes, como se establece más adelante de acuerdo a los Arts 1530 y s.s. del Código Civil, a transferir por escritura pública los derechos de dominio y posesión, sobre los siguientes lotes identificados en el plano protocolizado en la escritura # 3037 del 31 de Octubre del 2003 Notarla 14 de Cali, en la siguiente forma: 1") El

los derechos de dominio y posesión, sobre los siguientes lotes identificados en el plano protocolizado en la escritura # 3037 del 31 de Octubre del 2003 Notarla 14 de Cali, en la siguiente forma: 1") El (50%) cincuenta por ciento de los derechos litigiosos y eventualmente los de dominio que le correspondan como propietaria exclusiva que figurará a partir del registro de la escritura #3037 del 31 de Octubre del 2003 Notarla 14 de Cali, en las demandas de reparación directa y cualquier otra acción judicial o administrativa que adelantará contra el Municipal de Cali, Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización, Metrocali y otras entidades de orden Municipal o Nacional (…).Radicación n.° 76001-31-03-018-2022-00035-01 4 Como resultado de la acción de reparación directa promovida por los referidos hermanos ante el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali (2003-04945) se condenó al ente territorial Santiago de Cali y a la empresa Metrocali a pagar solidariamente a los allí demandantes el daño emergente derivado de la construcción realizada en una parte del predio objeto de los negocios señalados. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca al resolver la segunda instancia de esa causa, la Alcaldía de la ciudad ordenó pagar «para el señor RAFAEL ROJAS BRAVO la suma de ($ 2.801.549.403) y para la señora CLARA ISABEL ROJAS BRAVO la suma de ($ 2.801.549.403) »; sin embargo, ésta

BRAVO la suma de ($ 2.801.549.403) y para la señora CLARA ISABEL ROJAS BRAVO la suma de ($ 2.801.549.403) »; sin embargo, ésta última, en desatención al contrato de cesión suscrito (6 nov. 2023), recibió el dinero y no le hizo entrega del mismo a la compañera permanente y a los herederos de Rafael Rojas «cuando ya había vendido su derecho litigioso».

3. El Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Cali admitió la demanda (24 feb. 2022) [archivo digital 006, C. Primera Instancia] y, notificada la pasiva, la replicó aceptando algunos hechos y negando otros; igualmente, se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó « INEXISTENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CELEBRADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2003 DE CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS Y DEL ACUERDO DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2003 »;

«FALTA DE EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN QUE SE RECLAMA »;

«INEXISTENCIA DEL OBJETO DE LA DEMANDA»; y, «LA INNOMINADA»

[archivo digital 026, C. Primera Instancia].Radicación n.° 76001-31-03-018-2022-00035-01 5

4. La primera instancia culminó con fallo proferido en audiencia de 30 de mayo de 2024, que negó las pretensiones de la demanda [archivo digital 046, ib.].

5. Inconforme, la vencida formuló recurso de apelación,

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4. La primera instancia culminó con fallo proferido en audiencia de 30 de mayo de 2024, que negó las pretensiones de la demanda [archivo digital 046, ib.].

5. Inconforme, la vencida formuló recurso de apelación, que oportunamente sustentó ante el ad quem [archivo digital

006, C. Segunda Instancia].

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL El 18 de junio de 2025, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó el fallo de primer grado.

Luego de hacer un recuento del contenido de cada uno de los documentos suscritos por los hermanos Rojas explicó, que el titulado « Acuerdo entre CIRB y RRB » (6 nov. 2003) refleja que la intención de los contratantes no fue la consignada en la escritura pública, pues indicaron que el bien es de propiedad de ambos hermanos; además, se enlistaron las obligaciones surgidas para las partes en tres eventos: «el primero, en el caso que se registrara la E.P. 3.037 del 31 de octubre de 2003 y las acciones indemnizatorias por el LOTE C14K70 fueran favorables (cesión de derechos litigiosos); la segunda, en el caso que se registrara la E.P. 3.037 del 31 de octubre de 2003 y las acciones indemnizatorias por el lote C14K70 no fueran favorables (cesión de los derechos de dominio sobre los lotes descritos en el documento); y, el tercero, en el caso que la E.P. del 31 de octubre de 2003 no fuera

indemnizatorias por el lote C14K70 no fueran favorables (cesión de los derechos de dominio sobre los lotes descritos en el documento); y, el tercero, en el caso que la E.P. del 31 de octubre de 2003 no fuera registrada como efectivamente sucedió».Radicación n.° 76001-31-03-018-2022-00035-01 6 Explicó que Clara Rojas tenía la obligación de otorgar la escritura de venta o dación en pago sobre los lotes mencionados «en el evento de que cualquiera de ellos sea excluido de la indemnización correspondiente », declarar ante cualquier autoridad la posesión ejercida por su hermano por más de 20 años sobre los lotes determinados en el documento « en el evento de que cualquiera de ellos sea excluido de la indemnización (…)»; asimismo, se obligó a « restituir el (50%,) cincuenta por ciento del LOTE C14K70 a Rafael Rojas Bravo, allanándose a solucionar todas las situaciones de orden jurídico o económico que se presenten sobre dicho predio por el hecho de las relaciones jurídicas acordadas entre las partes», acordándose por ellos la obligación de cancelar 1a escritura pública No. 3037 de 31 de octubre de 2003, en el evento en que el registro de la misma fuera rechazado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Afirmó que no existe duda de que el acto contenido en la citada escritura No. 3037 fue rescindido por las partes en la No. 3444 de 12 de diciembre de 2003, en cumplimiento de lo dispuesto en el « ACUERDO ENTRE CIRB Y RRB » y, ante la

citada escritura No. 3037 fue rescindido por las partes en la No. 3444 de 12 de diciembre de 2003, en cumplimiento de lo dispuesto en el « ACUERDO ENTRE CIRB Y RRB » y, ante la falta de registro del primer instrumento público reseñado, no quedaba más remedio que finiquitar las obligaciones adquiridas, (…) no siendo posible considerar que las obligaciones de aquella cesión si quiera (sic) surgieron cuando la circunstancia que les daba nacimiento finalmente no se cristalizó para lo cual ha de tenerse en cuenta que, todo el contenido del acuerdo y, de contera, de la cesión de derechos litigiosos giró en torno, en primer lugar, a la E.P. 3.037 del 31 de octubre de 2003 en virtud de la cual la señora Clara Isabel figuraría como única propietaria del LOTE C14K70 y a que esta fuera o no fuera registrada, evento esteRadicación n.° 76001-31-03-018-2022-00035-01 7 último en el cual las partes adquirieron la obligación de proceder a su resciliación como en efecto lo hicieron en el citado instrumento público No. 3.444 del 12-12-2003. Destacó que, el mismo día, las partes otorgaron la escritura No. 3445 en la que reiteraron la voluntad de aclarar los linderos señalados en la No. 1003, pero esta vez se declaró que el bien era común y proindiviso de los hermanos, dando pie a la apertura del folio de matrícula 370-727608, (…) con fundamento en el cual se inició la demanda de reparación

que el bien era común y proindiviso de los hermanos, dando pie a la apertura del folio de matrícula 370-727608, (…) con fundamento en el cual se inició la demanda de reparación directa y obtuvo cada uno de los hermanos el 50% de la indemnización correspondiente, lo que se muestra acorde con el real querer de los señores Rojas Bravo expresado en el acuerdo privado de establecer que '"todos los derechos reales, pasados, presentes y futuros sobre dicho LOTE C14K70, son propiedad en común y proindiviso de Rafael Rojas Bravo en un 50% y de Clara Isabel Rojas Bravo el otro 50%". Apuntó que todo dependía de que la demandada figurara como única propietaria del lote y, al no haber ocurrido así, tampoco surgieron las obligaciones que se pretenden ejecutar; además, relievó que resulta extraño la omisión del señor Rafael Rojas de hacer valer la mentada cesión al interior del proceso contencioso administrativo aquí mencionado [archivo digital 020, ib.].

III. LA DEMANDA DE CASACIÓN La acusación trazada por la recurrente en sede extraordinaria se erigió sobre un único cargo enfilado bajo laRadicación n.° 76001-31-03-018-2022-00035-01 8 causal segunda, por la comisión de errores de hecho en la valoración de las probanzas.

CARGO ÚNICO Afincado en el segundo motivo casacional, acusó la sentencia del Tribunal de ser «violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, como consecuencia de haber incurrido el Tribunal en un

valoración de las probanzas. CARGO ÚNICO Afincado en el segundo motivo casacional, acusó la sentencia del Tribunal de ser «violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, como consecuencia de haber incurrido el Tribunal en un error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de las pruebas documentales, esto es, ‘ACUERDO ENTRE CIRB Y RRB’, ‘MINUTA DE CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS’, escrituras públicas 3037, 3444 y 3445 de 2003 de la Notaría 14 de Cali, yerro que lo condujo a la falta de aplicación de los artículos 1602, 1618 y 1622 del Código Civil (pacta sunt servanda, interpretación conforme a la intención común de los contratantes y hermenéutica sistemática de las cláusulas), pilares fundamentales de la teoría del contrato en nuestro ordenamiento». Refirió que el tribunal se equivocó al darles un alcance ilógico y contraevidente a « los documentos (acuerdo y cesión de escrituras)», pues desconoció su conexión interna y coherencia con la ejecución posterior del negocio, al concluir que « la resciliación de la EP 3037 extinguía la causa y la exigibilidad de los contratos privados, cuando una lectura razonable y sistemática, muestra que la causa subsistió y se ejecutó a través de la EP 3445». Aseguró que la autoridad en cita pretermitió el contradocumento y desconoció la causa real del negocio, en tanto que «se aferró a la literalidad de un acto notarial instrumental (la

Aseguró que la autoridad en cita pretermitió el contradocumento y desconoció la causa real del negocio, en tanto que «se aferró a la literalidad de un acto notarial instrumental (la resciliación) e ignoró la prueba documental que contenía, de forma explícita e inequívoca, la confesión de la verdadera intención de los contratantes: el "ACUERDO ENTRE CIRB Y RRB"», quebrantando deRadicación n.° 76001-31-03-018-2022-00035-01 9 esa manera el canon 1618 del estatuto privado. Ello, por cuanto el referido pliego pone al descubierto «la existencia de una simulación relativa », en la medida que allí quedó consignado que la escritura pública No. 3037 en la cual Clara Isabel figuraba como única dueña, se otorgó por mutua conveniencia para formalizar las demandas y que la verdadera razón de la cesión de derechos litigiosos fue la de servir de contraprestación a « la cesión tácita de los derechos de dominio y al ejercicio de la posesión material y a los gastos e impuestos que ha pagado" Rafael». Alegó que la sentencia confundió el aludido instrumento notarial con la causa real de la obligación, siendo que el acuerdo que viene de citarse «establece expresamente que la causa de la cesión del 50% de los derechos litigiosos no es la existencia física del papel notarial (E.P. 3037), sino el reconocimiento de un hecho económico preexistente: la copropiedad material sobre el Lote C14K70 y la asunción compartida de cargas procesales».

del papel notarial (E.P. 3037), sino el reconocimiento de un hecho económico preexistente: la copropiedad material sobre el Lote C14K70 y la asunción compartida de cargas procesales». Censuró la tergiversación del « resto del acervo probatorio, violando el principio de interpretación sistemática del artículo 1622 del C.C., según el cual "Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad"», dado que pasó por alto que la resciliación de la escritura No. 3037 no terminó el negocio, sino que ejecutó «una contingencia prevista en el "ACUERDO ENTRE CIRB Y RRB"», así como también que la escritura No. 3445 (aclaración y desenglobe) no constituyó un nuevo contrato, sino que reemplazó el « instrumento para alcanzar el mismo fin pactado » y que fue otorgada en la mismaRadicación n.° 76001-31-03-018-2022-00035-01 10 notaría y por idénticas partes a aquella que otorgaron la No. 3444 (resciliación), lo que hace evidente una « Unidad Negocial Correctiva» y no la aniquilación del negocio jurídico. Sostuvo que los errores denunciados son trascendentes, pues desembocaron en una decisión absolutoria, que no habría tenido lugar de haberse valorado adecuadamente las pruebas, de las cuales habría concluido que: i) el acuerdo y la minuta suscritos el 6 de noviembre de

absolutoria, que no habría tenido lugar de haberse valorado adecuadamente las pruebas, de las cuales habría concluido que: i) el acuerdo y la minuta suscritos el 6 de noviembre de 2003 constituían el negocio jurídico principal y vinculante; ii) la obligación de la demandada de ceder el 50% de los derechos litigiosos era principal; iii) el éxito de la demanda de reparación directa hizo exigible la citada obligación; y iv) la negativa a pagar constituyó incumplimiento contractual [archivo digital 017, C. Corte].

IV. CONSIDERACIONES

1. Es característica esencial de este mecanismo de defensa su condición extraordinaria, cuyo ejercicio debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los parámetros que para su concesión y trámite se imponen, como es acreditar el descontento «mediante la introducción adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar no tiene plena libertad de configuración» (CSJ AC3327-2021; CSJ, AC472-2023 y CSJ,

AC1019-2025). Empero, dada su naturaleza, no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo,Radicación n.° 76001-31-03-018-2022-00035-01 11 siendo enfática esta Colegiatura al señalar que: (…) por la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en

11 siendo enfática esta Colegiatura al señalar que: (…) por la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deberá desplegar su carga argumentativa en la demostración de la infracción, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir también si de violación indirecta se tratasino la incidencia de esas equivocaciones en la infracción normativa (CSJ, AC8255-2017; reiterado, entre otras, en CSJ,

AC3327-2021; CSJ, AC5520-2022 y CSJ, AC10192025).

2. De lo anterior dimana que en la impugnación extraordinaria no pueden ver las partes una instancia adicional, ni la oportunidad para abordar nuevamente el thema decidendum del proceso, o un escenario donde les sea lícito debatir la cuestión litigiosa y presentar sus particulares puntos de vista y posiciones en relación con la materia que suscitó la controversia, motivo por el cual el examen del componente fáctico de la contienda en sede de la Corte es excepcional, y está ceñido a la equivocada apreciación que de este realice el fallador al valorar los medios de prueba, siendo aquel desatino el vehículo para quebrantar normas sustanciales.

excepcional, y está ceñido a la equivocada apreciación que de este realice el fallador al valorar los medios de prueba, siendo aquel desatino el vehículo para quebrantar normas sustanciales. Así lo ha reiterado esta Corporación al señalar que (…) como el recurso de casación no constituye una tercera instancia habilitada para dirimir el conflicto sometido a la jurisdicción, sino la más elevada expresión del control normativo a que se somete la actividad jurisdiccional del Estado, resultaRadicación n.° 76001-31-03-018-2022-00035-01 12 necesario recordar que este medio de impugnación no es útil para insistir o enfatizar en los argumentos probatorios expuestos ante los [j]ueces de conocimiento (CSJ, SC 23 mar. 2004, rad. 7533, reiterada en CSJ, SC3142-2021; CSJ, AC55212022; CSJ, AC1699-2024 y CSJ, AC1019-2025). De donde la admisión de la súplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del artículo 344 del Código General del Proceso que, entre otras cosas, exige la designación de las partes, una síntesis del proceso, de las pretensiones y de los hechos materia del litigio; la formulación de los cargos contra la sentencia recurrida con la exhibición de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o limitada a un escueto discurso retórico, especulativo o de

formulación de los cargos contra la sentencia recurrida con la exhibición de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o limitada a un escueto discurso retórico, especulativo o de confrontación de criterios con los expuestos en el «fallo», como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnador asume la labor de enervar las presunciones de legalidad y acierto con que viene acompañada la providencia. Esta Corporación frente a la mentada formalidad ha sostenido que: La exigencia contenida en el numeral segundo del artículo 344 del Código General del Proceso, en punto a la formulación por separado de cada cargo con los fundamentos que lo soportan, tiene su razón de ser en la esencia particular de cada una de las causales que justifican la impugnación extraordinaria y que le imponen al recurrente ubicarse en cada una de ellas para ajustar su reclamación al supuesto que le sirva de báculo a su inconformidad, exponiendo los planteamientos con los cuales pretende demostrar el yerro endilgado «exigencia que por tanto repele generalizaciones, reproches abstractos o anomalías ajenas a las establecidas en la aludida disposición» (CSJ AC de 23 de abril de 2013, exp. 2006-00625-01) (CSJ, AC2922-2019 yRadicación n.° 76001-31-03-018-2022-00035-01 13

CSJ, AC1019-2025.

Adicionalmente, la exposición de la demanda que

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Adicionalmente, la exposición de la demanda que sustente el recurso de casación deberá atender la perentoriedad y taxatividad de las causales que lo habilitan, y las acusaciones deberán plantearse a través de una presentación concatenada, separando cada una de las reprensiones, esbozando los argumentos que los soportan de tal forma que, sin hesitación alguna, quede plenamente identificada la causal alegada y los hechos que la edifican, sin que se puedan confundir o entremezclar, so pena de inadmisión, sin perjuicio de la potestad que tiene la Corte de escindir los cargos que formulados de forma conjunta considere se debieron plantear separadamente en los eventos de violación de norma sustancial, demarcando así los hitos dentro de los cuales ha de discurrir la Corporación, al estarle vedado moverse de manera oficiosa dentro del embate, con miras a enmendar las inconsistencias en las que incurra el censor. También se ha indicado que la claridad y precisión que se requiere en cada uno de los cargos impone al contradictor apoyar cada acusación (…) explicando y demostrando las especificas trasgresiones de la ley -sustancial o procesalen que incurrió el sentenciador al proferir el fallo controvertido. De donde los argumentos que se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir

proferir el fallo controvertido. De donde los argumentos que se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso, o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas, actitudes todas que harán inadmisible la acusación que en tales condiciones se formule, puesto que "...'el recurrente, como acusador que es de la sentencia,Radicación n.° 76001-31-03-018-2022-00035-01 14 está obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta para que la Corte, situada dentro de los límites que demarca la censura, pueda decidir el recurso sin tener que moverse oficiosamente a completar la acusación planteada, por impedírselo el carácter eminentemente dispositivo de la casación’ (G.J. t. CXLVIII, pág. 221)" (CSJ) auto del 28 de septiembre de 2004) (CSJ, AC3769-2014, citado en CSJ, AC10192025).

3. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violación de normas sustanciales, producto de desvíos de interpretación o aplicación normativa (violación directa), o «de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación, o de una determinada

probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación, o de una determinada prueba» (transgresión indirecta). Mientras que los segundos, esto es, los vicios in procedendo hacen referencia a la indebida construcción del proceso, por desatención de las normas que lo regulan. 3.1. La infracción indirecta de la ley sustancial corresponde a dislates en la valoración fáctica, que podrá generarse a consecuencia de errores de hecho o de derecho. 3.1.1. En lo tocante con el yerro fáctico se ha puntualizado que aquel tiene lugar: a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento (CSJ, AC33272021; CSJ, AC4947-2022 y CSJ, AC1019-2025).Radicación n.° 76001-31-03-018-2022-00035-01 15 3.1.2. En cambio, el dislate de iure presupone que el juzgador no se equivocó en la constatación material de la existencia de las pruebas y la fijación de su contenido objetivo, pero al apreciarlas no observa (…) los requisitos legalmente necesarios para su producción; o

juzgador no se equivocó en la constatación material de la existencia de las pruebas y la fijación de su contenido objetivo, pero al apreciarlas no observa (…) los requisitos legalmente necesarios para su producción; o cuando, viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las evalúa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohíbe para el caso; o cuando, requiriéndose por la ley una prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le atribuye a dicho medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere (CSJ,

SC1929-2021; CSJ, AC3327-2021; CSJ, AC5354-2022

y CSJ, AC1019-2025).

En estos eventos el impugnante tendrá, entonces, que discutir los razonamientos esenciales y los instrumentos que le sirvieron de cimiento al fallador para finiquitar la contienda, con el objeto de desvirtuarlos, señalando la incidencia de los yerros, que de no haber ocurrido otro fuera el desenlace, y la forma en que estos llevaron a la desatención de los preceptos sustanciales invocados, su contundencia e inconsistencia entre lo que objetivamente se desprende de tales instrumentos suasorios y las conclusiones de juzgador. Empero,

de los preceptos sustanciales invocados, su contundencia e inconsistencia entre lo que objetivamente se desprende de tales instrumentos suasorios y las conclusiones de juzgador. Empero, (…) no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dialéctico, así sea acertado, frente a unas conclusiones también razonablesRadicación n.° 76001-31-03-018-2022-00035-01 16 del sentenciador, dejaría de ser evidente, pues simplemente se trataría de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecería la del juzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunción de acierto (CSJ, SC 9 ag. 2010, rad. 2004-00524-01, citada en CSJ, AC10192025). 3.2. En cuanto a la demostración de los yerros que dan fisonomía a la causal de casación en comento, esta Sala tiene a

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