CSJ - AC770-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC770-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
Magistrada Ponente AC770-2026 Radicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00 (Aprobado en sesión de 12 de febrero de dos mil veintiséis). Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Se decide el recurso de súplica interpuesto por Luz Dary Mendoza Giraldo y María Carolina Martínez Robles, para que se revoque el auto del 19 de diciembre de 2025 (AC97152025), mediante el cual se rechazó la demanda de revisión que instauraron frente a la sentencia del 26 de septiembre de 2022, proferida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso de restitución y formalización de tierras que promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas a favor de la comunidad indígena Tugeka.
I. ANTECEDENTES
1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas promovió proceso de Restitución y Formalización de Tierras a favor de laRadicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00
2 Comunidad Indígena Tugeka, conocida como Pueblo Kogui, sobre el territorio correspondiente al Resguardo Kogui Malayo Arhuaco y los predios Campanas de las Vegas Lote 1, La Fortuna, La Ocañera, El Gualí, La Suerte y Lotes de terreno, ubicados todos en el Municipio de Dibulla, La
Malayo Arhuaco y los predios Campanas de las Vegas Lote 1, La Fortuna, La Ocañera, El Gualí, La Suerte y Lotes de terreno, ubicados todos en el Municipio de Dibulla, La Guajira.
2. Tramitado el asunto, el 26 de septiembre de 2022, el Tribunal Superior de Cartagena emitió fallo en el que resolvió restituir el predio reclamado a favor de la Comunidad Tugeka y la definición de la situación jurídica de los demás terrenos, incluido el denominado Campanas de las Vegas – Lote 1.
3. Según lo señalado en el escrito de demanda, la sentencia del Tribunal Superior quedó ejecutoriada el 11 de abril de 2023 y «se registró el 23 de Junio de 2023».
4. Las recurrentes formularon la impugnación extraordinaria de revisión por la causal séptima (7ª) del artículo 355 del Código General del Proceso y frente al término para presentarla, indicaron que se había realizado de manera oportuna, en atención a que, « la acción debe interponerse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o de la inscripción en un registro público», y que, las accionantes solo « tuvieron conocimiento cierto del proceso y de la sentencia el 5 de diciembre de 2024», en consideración a que, «el domicilio de las demandantes [se encuentra] por fuera de la jurisdicción del predio materia de restitución».Radicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00
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en consideración a que, «el domicilio de las demandantes [se encuentra] por fuera de la jurisdicción del predio materia de restitución».Radicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00 3
5. En proveído AC9715-2025 (19 dic.), el Magistrado sustanciador rechazó la demanda al concluir que fue presentada el 24 de noviembre de 2025, con posterioridad al plazo de los dos (2) años que prevé el ordenamiento procesal, el cual finalizó el 24 de junio, por lo que « se encuentra configurada la caducidad del término para interponer el recurso extraordinario de revisión y, por mandato de los artículos 356, 358 (inciso 3) y 383, numeral 4, del Código General del Proceso, se impone el rechazo de plano del libelo».
El auto precisó que, en la revisión del artículo 356 del Estatuto Procesal esta Sala ha indicado que, para la causal séptima, el conteo del término para incoar la demanda se define bajo tres (3) supuestos, así: «(i) el plazo de interposición de dos (2) años corre desde el conocimiento efectivo del fallo cuando no está sujeto a registro; (ii) si la sentencia debe registrarse y se registra, el bienio corre desde la fecha de la inscripción, salvo que se acredite un conocimiento anterior, en cuyo caso corre desde ese conocimiento; y (iii) en todos los supuestos rige un límite máximo de cinco (5) años, contado desde la ejecutoria de la sentencia, que no es un plazo autónomo
anterior, en cuyo caso corre desde ese conocimiento; y (iii) en todos los supuestos rige un límite máximo de cinco (5) años, contado desde la ejecutoria de la sentencia, que no es un plazo autónomo para demandar, sino un tope perentorio e improrrogable que preserva la seguridad jurídica y la cosa juzgada». Resaltó que este entendimiento se armoniza con el principio general de publicidad registral, que permite comprender que « la inscripción presume el conocimiento del fallo» (CSJ SC, 1 feb. 2006, rad. 1997-01813-01, reiterada en
CSJ AC3200-2024).
Por lo anterior, recalcó que, si el fallo que se impugna en revisión fue registrado, el recurrente no puede invocar un conocimiento posterior, porque el plazo inicia desde elRadicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00 4 conocimiento que suministra el registro, para lo cual citó el CSJ, SC, 1 feb. 2006, rad. 1997-01813-01, reiterado en CSJ, AC3200-2024. Conforme a estos razonamientos consideró que la demanda parte de una lectura desacertada del artículo 356 del Código General del Proceso, por cuanto « asume el quinquenio como un término habilitante, uniforme o principal » desatendiendo el contenido normativo que dispone que, «cuando la sentencia debe inscribirse y efectivamente se
quinquenio como un término habilitante, uniforme o principal » desatendiendo el contenido normativo que dispone que, «cuando la sentencia debe inscribirse y efectivamente se registra, el cómputo de ese bienio se fija en la fecha de inscripción, por expreso mandato legal y por la presunción derivada de la publicidad registral». Finalmente, frente al punto alegado en el escrito inicial, sobre el conocimiento posterior al registro, citando el CSJ SC, 16 feb. 1999, rad. 7473, estimó que «Ninguna incidencia en relación con el cómputo de dicho término concedido por la ley para interponer el recurso de revisión con base en la causal 7ª (…) tiene el hecho de que el recurrente haya conocido de la existencia de dicha sentencia tiempo después a su registro, porque en tal caso se impone el conocimiento ficto o presunto que se supone tiene toda persona de una providencia por la sola circunstancia de la publicidad que el registro público implica, porque 'cuando la sentencia ha sido registrada, -se dice en la providencia antes citada-, no puede el recurrente alegar que su conocimiento devino con posterioridad a la fecha del registro, por cuanto en tal evento, el cómputo del término respectivo arranca necesariamente desde el conocimiento presuntivo que suministra el registro de la sentencia».
6. Frente a esa decisión, se interpuso recurso de súplica en el que se pide su revocatoria y, en su lugar, admitir la demanda de revisión.Radicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00
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6. Frente a esa decisión, se interpuso recurso de súplica en el que se pide su revocatoria y, en su lugar, admitir la demanda de revisión.Radicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00
5 Las recurrentes indicaron que el auto impugnado no tuvo en consideración su imposibilidad « para enterarse del acto registral de la providencia, dado el apartado lugar donde viven (…) [y el] impedimento total para enterarse del acto publicitado en la oficina registral». Además, que el reclamo de restitución se formuló para intentar ocultar la realidad de la parte demandada, en particular sobre la muerte de algunos campesinos que hacían parte de dicho extremo procesal y así «impedir la notificación personal de sus herederos o causabientes». Además, precisaron que resultaba «desproporcionado e injusto» aplicar los efectos de la inscripción de la sentencia en el registro para contabilizar el término en el ejercicio del recurso extraordinario y que, se debería tener en consideración que, desde antes de iniciarse el proceso de restitución, «se domiciliaron en ciudades distantes del lugar donde se encuentran ubicados los predios objeto del proceso restitutorio de tierras », lo que permitiría entender que no tenían conocimiento del proceso en revisión. Por último, manifestaron que, la presunción legal considerada como fundamento por el Magistrado Sustanciador «admite prueba en contrario, pruebas sumarias que se aportaron al proceso y que no se tuvieron en cuenta».
7. La Secretaría corrió traslado y la contraparte guardó
considerada como fundamento por el Magistrado Sustanciador «admite prueba en contrario, pruebas sumarias que se aportaron al proceso y que no se tuvieron en cuenta».
7. La Secretaría corrió traslado y la contraparte guardó silencio, como consta en el informe de 23 de enero de 2026.Radicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00
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II. CONSIDERACIONES
1. Según el artículo 331 del Código General del Proceso, el recurso de súplica procede, entre otros, «contra los autos que en el trámite de los recursos extraordinarios de casación o revisión profiera el magistrado sustanciador y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelación» y será decidido por los «demás magistrados que integran la sala» con ponencia del «magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia», acorde con artículo 332 ibidem.
A su vez, el artículo 321 del régimen procesal civil consagra como susceptible de apelación el auto que «rechaza la demanda», supuesto en el que encaja la providencia que no da vía al recurso de revisión, pues aunque se trata de un medio excepcional de contradicción, su interposición se hace «por medio de demanda » (art. 357 CGP) y ya sea que se allegue fuera de tiempo o por persona no legitimada e incluso si no se subsanan las irregularidades advertidas en su inadmisión previa, la consecuencia será la misma, esto es, su rechazo (art. 358 ib.), razón que habilita la súplica cuando se pretende una reconsideración sobre el particular.
2. En el caso examinado, el magistrado sustanciador
inadmisión previa, la consecuencia será la misma, esto es, su rechazo (art. 358 ib.), razón que habilita la súplica cuando se pretende una reconsideración sobre el particular.
2. En el caso examinado, el magistrado sustanciador rechazó la demanda tras advertir que ésta fue presentada por fuera de término, al constatar que la sentencia objeto de la impugnación era de aquellas que debe ser inscrita en registro público y por ello contó la finalización del plazo para formular la vía excepcional a partir del 23 de junio de 2023, fecha reportada en el folio de matrícula No. 210-44047.Radicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00
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3. En relación con la oportunidad del «recurso de revisión» el artículo 356 ejusdem establece que «podrá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1º, 6°, 8° y 9° del artículo precedente» y aclara que en el evento del numeral 7º aplica igual lapso, pero a partir del «día en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con límite máximo de cinco (5) años».
Sin embargo, a reglón seguido la norma en cita dispone que, « cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro público, los anteriores términos sólo comenzarán a correr a partir de la fecha de la inscripción».
años». Sin embargo, a reglón seguido la norma en cita dispone que, « cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro público, los anteriores términos sólo comenzarán a correr a partir de la fecha de la inscripción». El ordenamiento contempla distintos criterios para contabilizar el término oportuno en la formulación del recurso extraordinario, en atención a la categoría excepcional que reviste esta impugnación y la tensión que se pueda presentar frente a los principios de intangibilidad e inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, por su presunción de legalidad y acierto, así como el criterio de la cosa juzgada. Esta Sala ha precisado que, «La posibilidad de cuestionar una sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada debe ser, necesariamente, temporal. De lo contrario, se desvirtuaría el propósito mismo de esa institución, pues si los interesados en un proceso pudiesen controvertir enRadicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00 8 cualquier tiempo las circunstancias en que se profirió la decisión, la justicia no podría cumplir cabalmente su tarea de resolver, con carácter definitivo, los conflictos jurídicos, los cuales, de no respetarse la cosa juzgada, permanecerían sub judice» (CSJ AC 7 dic. 2012, rad. 2012-01780-00; criterio reiterado en CSJ
SC2776-2018, AC5036-2022 y AC9617-2025).
En esta medida, si el solicitante no acude en el término
dic. 2012, rad. 2012-01780-00; criterio reiterado en CSJ
SC2776-2018, AC5036-2022 y AC9617-2025).
En esta medida, si el solicitante no acude en el término previsto por el ordenamiento procesal se produce « por ministerio de la ley, la caducidad del derecho» (G.J. CLII, pág. 505, citada en CSJ AC2440-2021 y en AC9617-2025) y por ello, el inciso tercero del artículo 358 del Código General del Proceso prevé que, «[s]in más trámite, la demanda será rechazada cuando no se presente en el término legal». Esta Corporación ha decantado los supuestos y condiciones para el conteo del término oportuno en la formulación del recurso extraordinario en revisión, siguiendo los criterios fijados en el artículo 356 del Estatuto Procesal, así: (i) Cuando se formule el recurso invocando las causales 1ª (encontrarse documentos con posterioridad a la sentencia), 6ª (colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes), 8ª (nulidad originada en la sentencia), o 9ª (sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada), el recurso deberá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia; sin que la norma contemple formas de exclusión o morigeración de este plazo, pues se estima que es un plazo improrrogable
los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia; sin que la norma contemple formas de exclusión o morigeración de este plazo, pues se estima que es un plazo improrrogable (CSJ, AC5136-2024).Radicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00 9 (ii) En el evento en que se invoquen las causales 2ª (declaratoria de falsedad de documentos por la justicia penal documentos), 3ª (fundamento en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio), 4ª (sustento en dictamen de perito condenado penalmente por ilícitos) y 5ª (violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia recurrida), igualmente se debe formular dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria pero, como su sustento corresponde a un proceso penal, se podrá suspender el fallo si éste no hubiere terminado hasta cuando se produzca la ejecutoria de la sentencia que decida dicha instancia. (iii) En cuanto a la causal 7ª de revisión (indebida representación o falta de notificación), que corresponde a la invocada en el presente asunto, se ha precisado que, será el mismo término previsto para las anteriores causales pero, en consideración a la falta de integración del contradictorio a los recurrentes, este lapso solo comenzará a correr: a) desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia haya tenido
consideración a la falta de integración del contradictorio a los recurrentes, este lapso solo comenzará a correr: a) desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia haya tenido conocimiento de ésta; o b) a partir de la fecha de la inscripción cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro público; estos dos (2) supuestos teniendo como límite el plazo de cinco (5) años contado desde la ejecutoria del fallo (CSJ AC3663-Radicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00 10 2020 reiterado en AC7756-2025). En particular frente a estos últimos elementos, que son aquellos sometidos a impugnación en súplica, se han efectuado precisiones por esta Sala para el correcto entendimiento de los términos en la vía extraordinaria. Como lo señaló el auto que se recurre, la disposición procesal no dispone que « el tiempo con que contaba la accionante para promover la revisión del fallo, era el máximo consagrado por el legislador -5 años-», como lo plantearon las recurrentes en el libelo inicial, sino que fija un plazo máximo desde la ejecutoria, lo que permite reforzar la excepcionalidad del recurso, pues no se puede aceptar la revisión de una sentencia en firme en un tiempo ilimitado (CSJ SC550-2020, citado en CSJ SC3729-2022). Por otra parte, esta Corporación ha precisado que, en los eventos en que la sentencia recurrida en revisión sea de aquellas que deba ser registrada y se invoque la causal 7ª, el
citado en CSJ SC3729-2022). Por otra parte, esta Corporación ha precisado que, en los eventos en que la sentencia recurrida en revisión sea de aquellas que deba ser registrada y se invoque la causal 7ª, el término de dos (2) años inexorablemente empieza a contar a partir de dicho registro: «En relación con este término ha señalado la Corte que cuando la norma mencionada determina, en los casos en que la sentencia debe ser inscrita en un registro público, que el recurrente dispone de dos años contados a partir de la fecha de registro de la sentencia para impugnarla, `...está partiendo de un conocimiento ficto, presunto, que se supone tiene toda persona de una providencia por la sola circunstancia de la publicidad que el registro público implica. (…) [Así] cuando la sentencia ha sido registrada, no puede el recurrente alegar que su conocimiento devino con posterioridad a la fecha del registro, por cuanto en tal evento, el cómputo del término respectivo arranca necesariamente desde el conocimiento presuntivo que suministra el registro de la sentencia'» (CSJ SR 16 de julio de 2001, Exp, n° 7403, citado enRadicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00 11 CSJ AC3663-2020 y AC2465-2022). (Subrayas del original). El registro de la sentencia en el instrumento público constituye un elemento que no puede ser desatendido por el recurrente en revisión, ni siquiera por el parámetro anterior que regula el artículo 356 sobre el conocimiento efectivo de la providencia, porque se parte de una determinación legal que
constituye un elemento que no puede ser desatendido por el recurrente en revisión, ni siquiera por el parámetro anterior que regula el artículo 356 sobre el conocimiento efectivo de la providencia, porque se parte de una determinación legal que supone conocer de manera general y real la sentencia 1 y, además, el aparte de la norma en análisis inicia con la locución de oposición «no obstante»2 que permite comprender que el anterior supuesto normativo no puede ser invocado por el recurrente, centrando la evaluación de la oportunidad para accionar en el registro público. Esta Sala también ha considerado que, en atención al carácter excepcional del recurso, se puede desvirtuar el conocimiento ficto de la sentencia por el registro público únicamente en el evento en que aquel sea anterior al registro, toda vez que, «[P]or supuesto que ese conocimiento presunto debe ceder el paso, debe inclinarse ante el conocimiento verdadero, material, que el interesado obtenga de la decisión judicial correspondiente. Así, pues, si el interesado llega a tener conocimiento de una sentencia de las sometidas a registro antes de que este se efectúe, los dos años para recurrir en revisión correrán, no desde la fecha del registro, como podría creerse tras una lectura apresurada o superficial de la norma, sino a partir de ese conocimiento real y efectivo de la providencia» (CSJ SR 16 de julio de 2001, Exp, n° 7403, citado en CSJ AC3663-2020 y AC2465-2022). (Se resalta). 1 Véase Sentencia de la Corte Constitucional C-185-03, que declaró exequibles los dos
julio de 2001, Exp, n° 7403, citado en CSJ AC3663-2020 y AC2465-2022). (Se resalta). 1 Véase Sentencia de la Corte Constitucional C-185-03, que declaró exequibles los dos primeros incisos del artículo 54 del Decreto-Ley 1250 de 1970, “Por medio del cual se expide el estatuto de instrumentos públicos ”, y en la que se indicó que « los datos objeto de registro son por definición datos de naturaleza pública, lo cual implica que prima facie no deban existir restricciones que mengüen la posibilidad de que los mismos sean difundidos sin mayores limitaciones, circulen libremente o sean conservados en las bases de datos oficiales». 2 Véase https://www.rae.es/dpd/obstanteRadicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00 12 Lo anterior, teniendo en consideración que el propósito de los términos perentorios previstos en el Estatuto Procesal es que el recurso extraordinario se intente dentro de los dos años siguientes al conocimiento que se tenga de la decisión, sea ficto o real, lo que ocurra primero (CSJ AC3663-2020; CSJ
AC877-2021; CSJ AC2465-2022; CSJ AC3134-2023; CSJ AC45842024; AC7756-2025).
Frente al aparte restante del artículo 356 del Código General del Proceso, se precisa que este conteo solo será aplicable en aquellos eventos en que la sentencia no sea susceptible de registro y se invoque la casual 7ª, tantas veces referida. Siguiendo los anteriores parámetros, el término fijado por el ordenamiento procesal para formular el recurso
susceptible de registro y se invoque la casual 7ª, tantas veces referida. Siguiendo los anteriores parámetros, el término fijado por el ordenamiento procesal para formular el recurso extraordinario en comento requiere de un acatamiento absoluto para las partes del proceso y para el funcionario judicial que lo conoce, «de lo contrario, gran incertidumbre se causaría entre los usuarios de la administración de justicia por la redefinición de etapas y actuaciones que, por demás, nunca tendrían conclusión, de no ser por su carácter perentorio» (CSJ SC550-2020).
4. Descendiendo al caso concreto, esta Sala encuentra, como primer reproche, que las recurrentes alegan que se presentó una imposibilidad total para enterarse del registro en atención al apartado lugar donde viven y el obstáculo para enterarse del acto publicitado en la oficina registral, aspectos que, como se indicó en líneas precedentes, no tiene laRadicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00 13 capacidad de desvirtuar el conocimiento ficto que se reputa del registro público.
El lugar de domicilio o habitación del recurrente en revisión no es considerado, en la normatividad respectiva (art. 356 del Código), como una excepción o inaplicación de la publicidad registral, que reviste un conocimiento general y efectivo de todo elemento inmerso en el instrumento público. Además, no se puede estimar que la publicidad del registro se realice en la sede física de la oficina registral, como lo indican las recurrentes, pues el registro de instrumentos
efectivo de todo elemento inmerso en el instrumento público. Además, no se puede estimar que la publicidad del registro se realice en la sede física de la oficina registral, como lo indican las recurrentes, pues el registro de instrumentos públicos es publicitado para la consulta en el folio general disponible en todo el territorio nacional, como lo regulan los artículos 1º y 2º de la Ley 1579 de 2012, por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos. Al respecto, se debe resaltar que es « improcedente desconocer o flexibilizar [las previsiones legales que regulan la caducidad del recurso extraordinario de revisión] en la medida en que las normas procesales son de orden público, los términos que consagran son improrrogables y, por lo tanto, su observancia es imperativa» (CSJ AC7406-2025). Lo expuesto le resta peso a la inconformidad, teniendo en cuenta que el auto suplicado no debía ponderar el lugar de residencia de las recurrentes para verificar el conocimiento efectivo de la sentencia por el registro. En un siguiente nivel las recurrentes argumentan que elRadicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00 14 reclamo inicial de restitución se formuló para intentar ocultar la realidad de la parte demandada y así impedir la notificación personal, lo que resulta más un sustento de su reclamo en revisión bajo la causal 7ª. La Sala no puede acoger este argumento, pues estos reparos no tienen incidencia en el término previsto para la formulación del recurso extraordinario que, como se dijo anteriormente, solo contempla plazos perentorios e
La Sala no puede acoger este argumento, pues estos reparos no tienen incidencia en el término previsto para la formulación del recurso extraordinario que, como se dijo anteriormente, solo contempla plazos perentorios e improrrogables que deben ser atendidos por los recurrentes. Por último, las revisionistas indicaron que la presunción legal considerada como fundamento para el rechazo «admite prueba en contrario, pruebas sumarias que se aportaron al proceso y que no se tuvieron en cuenta», argumento que tampoco tiene vocación de prosperidad. En efecto, como se explicó en el anterior aparte, cuando la sentencia ha sido registrada no puede el recurrente alegar que su conocimiento devino con posterioridad a la fecha del registro, por cuanto, este enteramiento, más allá de considerarse una presunción, corresponde a una noticia de resorte legal bajo el principio de publicidad registral, el cual no se encuentra condicionado al lugar de residencia de los recurrentes o a otros factores ajenos al instrumento público registral. El anterior panorama demuestra que los reparos expuestos por los revisionistas no desvirtúan los razonamientos que acompañan la providencia suplicada, yRadicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00 15 que, por lo tanto, está será prohijada.
5. En consecuencia, se confirmará la providencia suplicada y aunque, prima facie la resolución desfavorable del recurso comporta un supuesto de imposición de condena en costas, no se procederá en tal sentido según lo establecido en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del
suplicada y aunque, prima facie la resolución desfavorable del recurso comporta un supuesto de imposición de condena en costas, no se procederá en tal sentido según lo establecido en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, en tanto las mismas no aparecen causadas.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
RESUELVE: PRIMERO. CONFIRMAR el auto CSJ, AC9715-2025, mediante el cual se rechazó la demanda de sustentación del recurso extraordinario de revisión que interpusieron Luz Dary Mendoza Giraldo y María Carolina Martínez Robles, frente a la sentencia del 26 de septiembre de 2022, proferida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. SEGUNDO. Abstenerse de condenar en costas a las recurrentes, por los motivos explicados.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑORadicación n° 11001-02-03-000-2025-05849-00 16 Presidente de Sala