CSJ - AC776-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC776-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
AC776-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00616-00 Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero del dos mil veintiséis (2026). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarenta y Seis Civil Municipal de Bogotá D.C., y Segundo Promiscuo Municipal de San Martín - Meta.
I. ANTECEDENTES
1. Ante los Juzgados Promiscuos Municipales de San Martín, Fiananzauto S.A. BIC, en su calidad de acreedor garantizado solicitó que se librara orden de aprehensión y entrega del vehículo de placa JJQ572, objeto del contrato de garantía mobiliaria asociado al crédito n.º 181408, suscrito con Luz Dary Suárez Chavarro, quien, según lo adujo el demandante, se encuentra domiciliada en San Martín.
Lo anterior, comoquiera que la demandada incumplió el pago de las cuotas del crédito adquirido, motivo por el cual se activó el mecanismo de pago directo previsto en el artículo 60 de la Ley 1676 de 2013. No obstante, ante la no entrega voluntaria del bien mueble por parte de la deudora, acudió aRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00616-00 2 dichos despachos en los términos del artículo 57 de la citada normativa1.
2. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Martín, que mediante auto de 2 de mayo de 2025 rehusó la competencia para conocer del proceso, tras advertir que del escrito inaugural
2. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Martín, que mediante auto de 2 de mayo de 2025 rehusó la competencia para conocer del proceso, tras advertir que del escrito inaugural «no se indica el lugar en el que se encuentra ubicado el vehículo de placas JJQ-572» y que en el contrato de garantía mobiliaria se estableció como « domicilio para la ejecución» la
ciudad de Bogotá D.C., por lo que remitió « las diligencias a los Juzgados Civiles Municipales» de dicha sede territorial.
3. Posteriormente, el 6 de mayo de 2025, Fiananzauto S.A. BIC interpuso recurso de reposición contra el auto que rechazó la competencia para conocer del asunto, al estimar que en el contrato de garantía mobiliaria se estableció de manera expresa que el lugar de permanencia del bien, acordado por las partes, es San Martín - Meta. En tal virtud, solicitó que se repusiera la providencia y se admitiera la solicitud de aprehensión y entrega. No obstante, el 16 de julio de 2025 el Juzgado de San Martín rechazó por improcedente el recurso.
4. El 18 de diciembre de 2025, el Juzgado Cuarenta y Seis Civil Municipal de Bogotá rehusó conocer del asunto y planteó colisión negativa de competencia. Esto, al precisar que el «solicitante a prevención dio aplicabilidad al fuero 1 Artículo 57. Competencia. Para los efectos de esta ley, la autoridad jurisdiccional
planteó colisión negativa de competencia. Esto, al precisar que el «solicitante a prevención dio aplicabilidad al fuero 1 Artículo 57. Competencia. Para los efectos de esta ley, la autoridad jurisdiccional será el Juez Civil competente y la Superintendencia de Sociedades. (...)Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00616-00 3 general del domicilio del demandado», en alusión al numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso. Motivo por el cual, al encontrarse la demandada domiciliada en San Martín, consideró que el conocimiento del trámite correspondía al despacho inicial.
II. CONSIDERACIONES
1. Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le atañe dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.
2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad.
En este caso, la discusión se centra en el factor territorial. Al respecto, el artículo 28 del Código General del Proceso consagra como pauta general que «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado ». Empero, dicha pauta no tiene carácter absoluto, comoquiera que el
contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado ». Empero, dicha pauta no tiene carácter absoluto, comoquiera que el mismo precepto contempla hipótesis de competencia privativa que desplazan el criterio general cuando concurren sus supuestos.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00616-00 4 Así, el numeral 7° del mencionado precepto establece una situación exclusiva al señalar que «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, (…) será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante» (se resalta). Ahora bien, el asunto sometido a consideración no corresponde propiamente a un «proceso», sino a una «diligencia especial» prevista en la Ley 1676 de 2013, orientada a permitir al acreedor la recuperación del valor adeudado mediante la entrega del bien mueble otorgado en garantía. Desde esa perspectiva, resulta pertinente acudir al numeral 14 del mismo artículo 28, el cual dispone que para «la práctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias varias, será competente el juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, según el caso» (Se resalta). En armonía con ello, los artículos 57 y 60 de la Ley 1676
deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, según el caso» (Se resalta). En armonía con ello, los artículos 57 y 60 de la Ley 1676 de 2013, prevén que, si no hay entrega voluntaria del bien, «el acreedor garantizado podrá solicitar » al «juez civil competente» que expida la orden de aprehensión y posterior entrega del mueble. Esto, a su vez, se relaciona con el numeral 7º del artículo 17 del estatuto procesal, según el cual los jueces civiles municipales conocen en única instancia de «todos los requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad de las personas interesadas».Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00616-00 5 De manera que se colige que las diligencias de «aprehensión y entrega de bienes dados en garantía » deben ser tramitadas por el juez civil municipal y les resulta aplicable la regla consagrada en el numeral 14 del referido canon 28 por ser una diligencia especial y no un proceso, a que como se citó en anterior párrafo, «será competente el juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, según el caso».
3. Bajo este panorama normativo, en el caso concreto se advierte que, conforme al escrito mediante el cual se formuló la solicitud de aprehensión y entrega, la entidad convocante indicó que la garante Luz Dary Suárez Chavarro se encuentra domiciliada en San Martín. Información que
se advierte que, conforme al escrito mediante el cual se formuló la solicitud de aprehensión y entrega, la entidad convocante indicó que la garante Luz Dary Suárez Chavarro se encuentra domiciliada en San Martín. Información que también se consigna en el contrato de garantía mobiliaria, como se desprende a continuación: Del mismo modo, en la cláusula cuarta del acuerdo se fijó el lugar de permanencia del bien, precisando que este se encontraría habitualmente en San Martín:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00616-00 6 En ese sentido, tratándose de una diligencia de aprehensión de un vehículo dado en garantía y, en atención a la posible variabilidad de su ubicación, resulta adecuado aplicar conjuntamente la regla conforme a la cual es competente el juez del domicilio de la persona con quien deba cumplirse el acto, esto es, el deudor, que para el presente caso concurre con el lugar de permanencia del bien. Así las cosas, del examen del expediente se advierte que la deudora tiene su domicilio en San Martín y, a partir de la lectura del contrato de garantía mobiliaria, se desprende una alta probabilidad de que el vehículo se encuentre en esa misma circunscripción territorial. En tales condiciones, la competencia para conocer del asunto radica en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Martín.
4. Por lo anterior, se declara que la competencia del ejecutivo en cuestión corresponde Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Martín, por lo que se ordenará por Secretaría remitirle las diligencias para lo pertinente.
III. DECISIÓN
ejecutivo en cuestión corresponde Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Martín, por lo que se ordenará por Secretaría remitirle las diligencias para lo pertinente.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00616-00
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RESUELVE: Primero: Declarar que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Martín – Meta es el competente para conocer la causa de la referencia.
Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para lo pertinente y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en el conflicto dirimido.
Ofíciese.
NOTIFÍQUESE
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
Magistrada