CSJ - AC778-2026

AC778-2026 Radicación n.° 11001-31-03-001-2022-00252-01 Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026). La Corte resuelve el recurso de queja interpuesto por Elianeth Aguilar Corradine y Óscar Munevar Forero frente al auto del 25 de julio de 2025, proferido por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado en contra de la Constructora el Círculo S.A.S., y Acción Sociedad Fiduciaria S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Lote Proyecto Santa María de los Vientos, por medio del cual se denegó la concesión del recurso extraordinario de casación que fue formulado frente a la sentencia dictada el 8 de julio de 2025.

I. ANTECEDENTES

1. Los demandantes solicitaron que se resolviese el contrato de compraventa celebrado entre los demandantes y la Constructora el Círculo S.A.S., como consecuencia del incumplimiento de esta última, y que, en consecuencia, se le ordenase restituir, debidamente indexada, la suma de $560’000.000 equivalente al precio pactado, más el pago de perjuicios morales y económicos, todos ellos, igualmente,Radicación n.° 11001-31-03-001-2022-00252-01 2 actualizados, los cuales tasó de la siguiente manera: $201’633.765 por concepto de daño emergente y $245’359.627 por lucro cesante.

2 actualizados, los cuales tasó de la siguiente manera: $201’633.765 por concepto de daño emergente y $245’359.627 por lucro cesante. Como sustento de tales pedimentos, el extremo activo aportó un dictamen realizado por el señor Guillermo Álvarez Real, en su calidad de contador público, en el cual se desarrolló una liquidación de los daños materiales solicitados.

2. Tanto en primera como en segunda instancia fueron negadas en su totalidad las pretensiones de los demandantes. La decisión confirmatoria proferida por el juzgador de segundo grado fue impugnada a través del recurso extraordinario de casación.

3. En auto del 25 de julio de 2025, el Tribunal resolvió no conceder el recurso extraordinario elevado por los demandantes al encontrar que el agravio no superaba la cuantía del interés previsto en el artículo 338 del Código General del Proceso. Para sustentar tal determinación, manifestó que, al tomar las sumas que fueron solicitadas en la totalidad de las pretensiones de la demanda y traerlas a valor presente, se obtiene un resultado que es inferior a la suma que es exigida por la mencionada normativa adjetiva.

4. Inconforme con tal determinación, la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio queja. En esencia, manifestó que la decisión del Tribunal padecía de un defecto de motivación, pues en ella no se indicaron explícitamente «los motivos o razones de la determinación

esencia, manifestó que la decisión del Tribunal padecía de un defecto de motivación, pues en ella no se indicaron explícitamente «los motivos o razones de la determinación cualitativa y cuantitativa de la forma como se obtuvo» la cifraRadicación n.° 11001-31-03-001-2022-00252-01 3 que fue referida en el aludido proveído. Adicionalmente, señaló que, al indexar las sumas solicitadas en la demanda y traerlas al valor equivalente para el 8 de julio de 2025, se corroboraría que sí se cumple con el interés para recurrir en casación. Con el propósito de soportar tal aseveración, allegó con el escrito impugnatorio un documento elaborado por el señor Guillermo Álvarez Real, quien fungió como el profesional en contaduría pública que realizó la pericia aportada con la demanda para calcular los perjuicios peticionados, en el cual realizó una actualización de dichas sumas.

5. Al desatar el recurso horizontal formulado, el Tribunal mantuvo su anterior decisión y manifestó que sí fue debidamente motivada. A pesar de lo anterior, procedió a exponer el cálculo que realizó para establecer el valor actual de las pretensiones de la demanda e indicó lo siguiente:

[N]ótese que en el sub lite las pretensiones pecuniarias corresponden a: i. $560.000.000 -valor respecto del cual se pretendía la restitución-; ii. $201.633.765 de daño emergente; y iii. $245.359.627 de lucro cesante.

corresponden a: i. $560.000.000 -valor respecto del cual se pretendía la restitución-; ii. $201.633.765 de daño emergente; y iii. $245.359.627 de lucro cesante. En ese orden, y al realizar la indexación correspondiente tomando como IPC inicial el momento de la radicación de la demanda (5 de agosto de 2022), y como IPC final la data de la providencia objeto de ataque (25 de julio de 2025), se obtiene como monto total la suma de $1.257’088.117, el cual es inferior a la suma de $1.423’500.000. Desde esa perspectiva, entonces, no cabe duda de que el citado rubro no supera los 1000 smlmv, y en ese orden, no era viable conceder la casación, por no haberse cumplido con la ‘cuantía del interés para recurrir’. Adicionalmente, advirtió que el escrito aportado por el contador Álvarez Real incurre en varios equívocos que impiden tenerlo en cuenta, toda vez que en él: (i) se incluyeronRadicación n.° 11001-31-03-001-2022-00252-01 4 montos que, en rigor, no fueron solicitados en las pretensiones, concretamente en lo que se refiere al valor de un crédito hipotecario; y (ii) en las operaciones realizadas aplicó un IPC inicial correlativo a una fecha anterior a la de la radicación de la demanda. Por su parte, frente al recurso vertical, ordenó remitir copias de lo actuado a esta Corporación, para lo pertinente.

II. CONSIDERACIONES

aplicó un IPC inicial correlativo a una fecha anterior a la de la radicación de la demanda. Por su parte, frente al recurso vertical, ordenó remitir copias de lo actuado a esta Corporación, para lo pertinente.

II. CONSIDERACIONES

1. El propósito primordial del recurso de queja, cuando se ha denegado el de casación, consiste en permitir que el superior examine si la impugnación extraordinaria estuvo bien o mal denegada por parte del fallador de segundo grado, por lo tanto, como bien lo ha establecido esta Corporación en reiteradas oportunidades, la competencia de la Corte en este escenario se circunscribe a: (i) precisar si el recurso extraordinario es procedente de conformidad con los lineamientos del artículo 334 de la ley adjetiva; (ii) si se propuso en la forma y términos establecidos en el artículo 337 ibídem; y (iii) si la parte impugnante se encuentra legitimada para ello, según lo exige el mismo canon normativo (CSJ,

AC2523-2019, AC1791-2023 y AC1774-2025).

2. Como se advierte del artículo 333 del Código General del Proceso, el recurso de casación se caracteriza por su naturaleza extraordinaria y restringida; de ahí que su procedencia se encuentre condicionada al estricto cumplimiento de rigurosos requisitos para su interposición y concesión, los cuales están expresamente establecidos en laRadicación n.° 11001-31-03-001-2022-00252-01 5 ley.

Así, en su artículo subsiguiente, el estatuto procesal

concesión, los cuales están expresamente establecidos en laRadicación n.° 11001-31-03-001-2022-00252-01 5 ley. Así, en su artículo subsiguiente, el estatuto procesal delimita este amparo al precisar que su procedencia se reserva únicamente contra las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores en segunda instancia: i) «en toda clase de procesos declarativos»; ii) « en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria» ; y iii) cuando se dictan para «liquidar una condena en concreto». Por su parte, en lo que respecta a los asuntos relativos al estado civil, la norma adjetiva delimita aún más su espectro, precisando que «sólo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho». De igual forma, por medio de su artículo 338 establece que, si las expectativas del litigante vencido son netamente económicas, el ataque procederá si «el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente» excede de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que no tiene incidencia en «sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil». En tal sentido, se evidencia que el interés para recurrir en casación se encuentra supeditado a la tasación actual y real de la afectación que, en su faceta patrimonial, se desprende de la relación jurídica sustancial que es definida en

En tal sentido, se evidencia que el interés para recurrir en casación se encuentra supeditado a la tasación actual y real de la afectación que, en su faceta patrimonial, se desprende de la relación jurídica sustancial que es definida en la sentencia impugnada. Al respecto, es necesario puntualizar que, en aquellos eventos en los que la sentencia atacada fue totalmenteRadicación n.° 11001-31-03-001-2022-00252-01 6 desestimatoria de las pretensiones, el valor actual al que refiere la norma deberá sujetarse a lo pretendido en la demanda, sin que puedan incluirse aspectos que sean ajenos a tal concepto. Así lo ha establecido esta Corte, la cual ha puntualizado lo siguiente: La expresión «valor actual» (…) hace referencia al monto del perjuicio calculado en el tiempo presente, que según ha prohijado uniformemente la jurisprudencia, alude a la fecha en que se profiere la decisión de segunda instancia objeto de la censura. Pero ese «tiempo presente» no implica, necesariamente, que todo valor solicitado deba actualizarse, pues ello solo procede, entre otros eventos, si la naturaleza de las cosas así lo reclama (v.gr. prestaciones periódicas sujetas a reajuste monetario), o bien porque haya sido objeto de explícita solicitud en ese sentido por parte del interesado (se resalta) (AC 7 dic. 2012, rad. n° 201201876-00; reiterado AC368-2020 y AC851-2024).

haya sido objeto de explícita solicitud en ese sentido por parte del interesado (se resalta) (AC 7 dic. 2012, rad. n° 201201876-00; reiterado AC368-2020 y AC851-2024).

3. En el caso que aquí nos atañe, la parte actora alega que, contrario a lo manifestado por el Tribunal en el auto que denegó el remedio extraordinario, el valor actual del agravio alegado cumple con la cuantía exigida por la normativa procesal para recurrir en casación.

No obstante, esta Sala advierte que la decisión del Ad quem no fue desacertada, en tanto, la tasación actual y real de la afectación que, en su faceta patrimonial, se desprende de la relación jurídica sustancial que es definida en la sentencia impugnada resulta inferior a la cuantía que es requerida por el artículo 338 del Código General del Proceso. Para arribar a tal conclusión, y comoquiera que la sentencia impugnada desestimó todas las peticiones de la demanda, se debe tomar el valor total de las peticionesRadicación n.° 11001-31-03-001-2022-00252-01 7 económicas que fueron solicitadas en el escrito inicial, las que, al ser consolidadas en una suma total, equivalen a $1.006’993.392. En este orden, siguiendo la fórmula aceptada por esta Sala1 , para efectos de calcular la corrección monetaria en este caso, se debe tomar la suma total consolidada de las cifras

$1.006’993.392. En este orden, siguiendo la fórmula aceptada por esta Sala1 , para efectos de calcular la corrección monetaria en este caso, se debe tomar la suma total consolidada de las cifras solicitadas en las pretensiones (la cual equivale a $1.006’993.392), y multiplicarla por el valor resultante de la división del ‘IPC final’ entre el ‘IPC inicial’, ambos correspondientes al IPC certificado por el DANE -base 2018-2 , donde el ‘IPC final’ corresponde al mes de julio de 2025 (momento en que fue proferida la sentencia impugnada) y el ‘IPC inicial’ al mes la de agosto de 2022 (período en el que fue presentada la demanda. Tal ejercicio arroja como resultado $1.249’086.206, valor que, no sobra precisarlo, resulta inferior a la cuantía de 1.000 SMLMV que exige la norma procesal, la cual, para la fecha de la emisión de la sentencia atacada, correspondía a $1.423’500.000. Dicha conclusión no se vería alterada si, en gracia de discusión, en lugar de tomar la fecha presentación de la demanda como la base para el cálculo de la indexación, se tomase el mes de marzo de 2022. Lo anterior teniendo en cuenta que, en el dictamen elaborado por el profesional de la contaduría pública, Guillermo Álvarez Real, y que fue

1 Vh × (IPC final / IPC inicial) = Vp . Donde “Vh” representa el valor histórico, y “Vp” la suma debidamente indexada.

contaduría pública, Guillermo Álvarez Real, y que fue

1 Vh × (IPC final / IPC inicial) = Vp . Donde “Vh” representa el valor histórico, y “Vp” la suma debidamente indexada. 2 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/ene2026/anex-IPC-Indicesene2026.xlsxRadicación n.° 11001-31-03-001-2022-00252-01 8 aportado por la parte demandante con el propósito de sustentar las cifras reclamadas en sus pretensiones3 , se presentó una liquidación de los daños materiales reclamados, indexados desde marzo de 2016 (mes en el que, según se indicó en la demanda, debía cumplirse con la entrega del inmueble por parte de la Constructora el Círculo S.A.S. ), hasta marzo de 2022 (que corresponde al período en el que fue calendado el dictamen aportado con la demanda). En efecto, incluso si se tomase como ‘IPC inicial’ aquel correspondiente al mes de marzo de 2022, que representaría la fecha hasta la cual el perito contable indexó los perjuicios liquidados, y se adelantase la misma ecuación para actualizar dichas sumas al momento en que fue proferida la sentencia de segunda instancia, se tendría que el valor del agravio equivaldría a $ 1.305’384.260, el cual sigue siendo insuficiente de cara a la exigencia contemplada en el artículo 338 del estatuto procesal. Por motivo de lo expuesto, se evidencia que, en cualquier

equivaldría a $ 1.305’384.260, el cual sigue siendo insuficiente de cara a la exigencia contemplada en el artículo 338 del estatuto procesal. Por motivo de lo expuesto, se evidencia que, en cualquier caso, la senda casacional no resultaba procedente al no encontrarse verificado el requisito económico exigido, tal y como lo concluyó el fallador de segundo grado.

4. Ahora bien, al formular su recurso de reposición, y con el propósito de sustentar su alegación, la parte interesada allegó un escrito que igualmente fue elaborado por el perito Guillermo Álvarez Real, quien, se recuerda, realizó la pericia aportada con la demanda inicial para calcular los perjuicios

3 Archivo digital «003Anexos.pdf», folios 576-581; visible en Carpeta «001PrimeraInstanciaParte1» del Expediente Digital.Radicación n.° 11001-31-03-001-2022-00252-01 9 peticionados. En el mencionado documento se presenta una actualización de las sumas que fueron cuantificadas en la pericia inicial, y se muestra como resultado «El Gran Total de los Daños Materiales por concepto de indemnización sobre el Daño Emergente Consolidado y actualizado y el Lucro Cesante Consolidado y actualizado es de $ 1.760.263.056»4 . Ante estas circunstancias, se debe recordar que, según lo establece el 339 del estatuto procesal, para efectos de fijar el quantum del interés económico para recurrir en casación el juzgador deberá tener en consideración «los elementos de

Ante estas circunstancias, se debe recordar que, según lo establece el 339 del estatuto procesal, para efectos de fijar el quantum del interés económico para recurrir en casación el juzgador deberá tener en consideración «los elementos de juicio que obren en el expediente»; sin embargo, la norma adjetiva igualmente habilita la posibilidad de que el recurrente pueda « aportar un dictamen pericial si lo considera necesario». En lo que respecta a la oportunidad procesal para poder allegar dicha pericia, en armonía con lo establecido en el canon 337 ibídem, esta Sala ha establecido, de forma pacífica, que corresponde al momento en que se interpone el recurso de casación, y no cuando se ataca la decisión que resuelve dicha impugnación. Así, en AC3062-2023, la Corte precisó: [L]a oportunidad para aportar el dictamen pericial, que además debe cumplir con las formalidades prescritas en el artículo 226 del Código General del Proceso, es al momento de interponer el recurso de casación, y no al momento de atacar la decisión que no lo tuvo por acreditado, como ocurrió en este caso (…)» (CSJ AC2935-2018, 11 jul., rad. 201702094-00, reiterado AC2382-2022).

4 Archivo digital «014RecursoReposicionSubsidioSuplica.pdf», folios 6-8; visible en

Carpeta «002SegundaInstancia» del Expediente Digital.Radicación n.° 11001-31-03-001-2022-00252-01 10 En estas mismas líneas, en decisión más reciente se recordó que «la jurisprudencia civil es pacífica y reiterada en punto a que el momento para anexar el laborío pericial es el mismo para interponer el recurso de casación, so pena de que la misma sea negada, como de manera correcta sucedió en el presente asunto (ver, entre otros, CSJ AC4098-2018, 25 sep-. 2018, rad. 2018-02131, AC4423, 13 jul. 2017, rad. 2017 1073. AC-2206, 4 abr. 2017, rad. 2017-00264 y AC6255-2017, 22 sep. 2017, rad. 201720086-00).» (AC13882019, 23 abr. 2019, rad. 2019-00483, reiterado en AC853-2023). Desde esta perspectiva, se torna incontrovertible que, en el presente caso el documento arrimado por la parte demandante, al momento de controvertir la providencia que no le concedió la casación, con el propósito de acreditar el valor actual del agravio padecido por la sentencia recurrida, fue aportado de forma extemporánea, lo cual impide que esta Sala pueda valorarlo. En ese orden, se declarará bien denegado el recurso extraordinario de casación.

5. De conformidad con el numeral primero del artículo 365 del Código General del Proceso, se condenará en costas a la parte recurrente, toda vez que hubo actuación de su

extraordinario de casación.

5. De conformidad con el numeral primero del artículo 365 del Código General del Proceso, se condenará en costas a la parte recurrente, toda vez que hubo actuación de su contraparte en el trámite de la queja, ya que esta descorrió el traslado respectivo, pidió mantener la decisión recurrida y argumentó su postura. Como agencias en derecho se incluye un salario mínimo legal mensual vigente, a liquidar por el a quo, en los términos del artículo 366 ibidem.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,Radicación n.° 11001-31-03-001-2022-00252-01

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RESUELVE: Primero: Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por Elianeth Aguilar Corradine y Óscar Munevar Forero frente a la sentencia dictada el 8 de julio de 2025, proferida por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior

del Distrito Judicial de Bogotá.

Segundo: Condenar en costas a los recurrentes en favor de la parte accionada, con la precisión de que se fija un salario mínimo legal mensual vigente, como agencias en derecho.

Tercero: Ordenar devolver la actuación a la Corporación de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada