CSJ - AC861-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC861-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

AC897-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06133-00 Medellín, diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Noveno Civil del Circuito de Oralidad de Medellín y Cuarto Civil del Circuito de Pasto.

I. ANTECEDENTES 1.- Ante el Centro de Conciliación, arbitraje y amigable composición (CORNAJU) de la ciudad de Medellín, Jorge Iván Noguera Cardona solicitó el inicio y tramite de proceso de negociación de deudas de persona natural no comerciante. 2.- La operadora no observó condiciones objetivas para llegar a un acuerdo, por lo que mediante certificación del 13 de julio 20251 declaró el fracaso de la negociación de deudas y ordenó la remisión del expediente al Juez Civil Municipal de Oralidad de Medellín, a fin de que aperturara el proceso de liquidación patrimonial en los términos del Artículo 563 del C.G.P. 1 Archivo 003 Principal Folios 645-661 Pdf.Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06133-00 3.- El despacho receptor se declaró sin competencia para conocer el asunto en virtud de la cuantía de las acreencias, por lo que ordenó su remisión ante el Juez Civil del Circuito de Medellín. 4.- Entre tanto el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Oralidad de Medellín a quien le correspondió por reparto el trámite, rechaza la competencia del asunto y envía el

del Circuito de Medellín. 4.- Entre tanto el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Oralidad de Medellín a quien le correspondió por reparto el trámite, rechaza la competencia del asunto y envía el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Pasto, (Nariño) por ser este ente municipal el lugar del domicilio del deudor. 5.- El segundo despacho rechaza igualmente la competencia y propone conflicto negativo con sustento en que es a ese estrado al que le corresponde conocer el asunto por haber sido el centro de conciliación CORNAJU de esa ciudad, donde se radicó inicialmente el trámite de negociación de deudas.

II. CONSIDERACIONES 1.- Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, el superior funcional común de ambos es esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por conducto del suscrito Magistrado Ponente, de conformidad con lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.

2Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06133-00 2.- El proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante, consagrado en la sección tercera del título IV del Código General del Proceso, se instituyó como un instrumento destinado a facilitar la superación ordenada de la cesación de pagos, mediante la promoción de fórmulas de arreglo entre el deudor y sus acreedores respecto de

instrumento destinado a facilitar la superación ordenada de la cesación de pagos, mediante la promoción de fórmulas de arreglo entre el deudor y sus acreedores respecto de obligaciones dinerarias insolutas. En desarrollo de dicho procedimiento, el deudor puede: (i) adelantar la negociación de sus obligaciones a través de un acuerdo con sus acreedores, orientado a la normalización de sus relaciones crediticias; (ii) obtener la convalidación de los acuerdos privados celebrados con estos; o (iii) acudir a la liquidación de su patrimonio, en los términos previstos en el artículo 531 del Código General del Proceso. La ley asignó el conocimiento del trámite de negociación de deudas y de la convalidación de acuerdos a los centros de conciliación y a las notarías del domicilio del deudor, erigiendo dicho criterio territorial como regla general de competencia. Sin embargo, cuando en ese lugar no exista centro de conciliación legalmente autorizado ni notaría, se habilita al deudor para que, a su elección, presente la solicitud ante cualquier centro de conciliación o notaría que funcione dentro del mismo circuito judicial o círculo notarial, respectivamente, de conformidad con el artículo 533 del Código General del Proceso. De no prosperar la negociación, el conciliador deberá declarar su fracaso y, de manera inmediata, remitir las diligencias al juez civil de conocimiento, a fin de que este decrete la apertura del proceso de liquidación patrimonial.

prosperar la negociación, el conciliador deberá declarar su fracaso y, de manera inmediata, remitir las diligencias al juez civil de conocimiento, a fin de que este decrete la apertura del proceso de liquidación patrimonial. 3Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06133-00 Conforme con lo anterior el artículo 534 ibídem atribuye la competencia para conocer de este tipo de trámites al «juez civil municipal del domicilio del deudor o del domicilio donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas o validación del acuerdo». 3.- Por otro lado, al tenor de lo estipulado por el numeral 8º del artículo 28 del estatuto adjetivo vigente «[e]n los procesos concursales y de insolvencia, será competente, de manera privativa, el juez del domicilio del deudor », frente a lo cual, esta Corporación ha decantado que «es una pauta privativa de la competencia por el factor territorial» (AC503-2021, AC1954-2021, reiterado en el AC1706-2022). En relación con las mentadas pautas de asignación de competencia esta Sala ha predicado que: El legislador apuntó que las controversias previstas en el título concerniente a ‘insolvencia de persona natural no comerciante’ (…), se atribuyen al ‘juez civil municipal del domicilio del deudor o del domicilio donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas o validación del acuerdo’, agregando que ese funcionario ‘también será competente para conocer del procedimiento de liquidación patrimonial’.

del domicilio donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas o validación del acuerdo’, agregando que ese funcionario ‘también será competente para conocer del procedimiento de liquidación patrimonial’. Conviene anotar que dicha liquidación tiene lugar, entre otros eventos, cuando se supera el término de sesenta días contados a partir de la aceptación de la solicitud, sin que se logre acuerdo de pago, momento en el cual y en concordancia con el artículo 559 del CGP ‘el conciliador declarará el fracaso de la negociación e inmediatamente remitirá las diligencias al juez civil de conocimiento, para que decrete la apertura del proceso de liquidación patrimonial’ (destacado de la Corte). A partir de las anteriores pautas, es pertinente señalar que para determinar quién es el competente para conocer de las peticiones de liquidación surgidas del fracaso del procedimiento de 4Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06133-00 negociación de deudas de persona natural no comerciante, la ley señala al juez del domicilio del deudor, o al del lugar donde se siguió el trámite previo de negociación. (AC874-2019, reiterado en el AC1706-2022). 4.- De cara a las anteriores disposiciones surge, sin mayor dificultad, que la regla general de atribución de competencia por el factor territorial en los procesos de insolvencia de persona no comerciante está asignada al juez del domicilio del insolvente o el domicilio donde se adelante

competencia por el factor territorial en los procesos de insolvencia de persona no comerciante está asignada al juez del domicilio del insolvente o el domicilio donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas o validación del acuerdo que como se vio por regla de principio será igualmente el del domicilio del solicitante y excepcionalmente cuando en ese lugar no existiera centro de conciliación avalado por el por el Ministerio de Justicia y del Derecho o Notaría lo sería cualquiera de estos ubicado «en el mismo circuito judicial o círculo notarial». Por consiguiente, dichas pautas devienen de aplicación obligada, ya que el numeral 8º del canon 28 de la codificación procedimental civil, al estipular que «[e]n los procesos concursales y de insolvencia, será competente, de manera privativa, el juez del domicilio del deudor». 5.- En el sub examine, e l juzgador de Medellín se desprendió de asumir la competencia de la «liquidación patrimonial de persona natural no comerciante », tras considerar que, como «..el deudor manifestó que su domicilio está en PastoNariño (…) y concluye entonces que “.. recae en los Jueces Civiles del Circuito de Pasto, Nariño, por ser el juez civil del domicilio del deudor y por la cuantía, aunado a que, el proceso se encuentra en etapa de 5Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06133-00 admisión y, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna actuación conforme a lo previsto en el artículo ibidem”

5Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06133-00 admisión y, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna actuación conforme a lo previsto en el artículo ibidem” 6.- Entonces, en este punto y con sustento en lo expresado hasta acá, es pertinente afirmar que fueron equivocadas las argumentaciones del Juez Cuarto Civil del Circuito de Pasto, al rehusar su competencia, por no tomar en cuenta la regla fijada en el numeral 8º del artículo 28 del Código General del Proceso, disposición que se acompasa con el canon 534 del ordenamiento en cita, puesto que, como se vio, el domicilio de Jorge Iván Noguera Cardona es la ciudad de Pasto, según se indicó en el escrito petitorio de apertura al trámite de negociación de deudas2. Cabe advertir, además, que ese paso previo entorno al convenio de las deudas es un trámite de naturaleza negocial, de carácter autocompositivo y extrajudicial, aun cuando produzca efectos jurídicos relevantes. La liquidación patrimonial, en cambio, constituye un proceso jurisdiccional pleno, de carácter universal y coercitivo, que implica la realización ordenada del patrimonio del deudor para la satisfacción de sus acreedores. No se trata, entonces, de fases de un mismo proceso jurisdiccional continuo, sino de mecanismos sucesivos pero autónomos. 2 Archivo 003 Principal Folio 16 6Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06133-00

jurisdiccional continuo, sino de mecanismos sucesivos pero autónomos. 2 Archivo 003 Principal Folio 16 6Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06133-00 La Corte ha señalado (CSJ, AC6727-2016), que la liquidación patrimonial no es una simple prolongación funcional del trámite conciliatorio, sino un proceso judicial independiente, cuya competencia debe definirse conforme a las reglas expresamente previstas en el artículo 534 del Código General del Proceso. 7.- Deviene de lo anotado, que, ante la naturaleza jurídica del asunto, resulta de rigor que el adelantamiento del litigio de marras deba surtirse ante el juez del domicilio del deudor, esto es, Pasto; siendo entonces, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad el legalmente competente para adelantar la causa en cuestión y no el de Medellín, por lo que a esa autoridad se le remitirá el expediente y se informará de esta determinación al otro despacho involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de

Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria,

RESUELVE:

7Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06133-00

PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto , es el competente para conocer de la solicitud de insolvencia de persona natural no comerciante descrita en el encabezamiento.

PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto , es el competente para conocer de la solicitud de insolvencia de persona natural no comerciante descrita en el encabezamiento.

SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que asuma el conocimiento del juicio.

TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Primero Civil Municipal de Soacha y a los interesados.

Notifíquese,

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Magistrado 8

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