CSJ - AC862-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC862-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
AC862-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00636-00 Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiséis (2026). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarenta y Tres de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C. y Primero Promiscuo Municipal de Vélez - Santander.
I. ANTECEDENTES
1. Ante los Juzgados Promiscuos Municipales de Vélez, el Banco Agrario de Colombia S.A. solicitó librar mandamiento de pago en contra de Henry Cortes Barrera por las obligaciones incorporadas en los pagarés Nos. 060466100016378 y 060466100015526, junto con los intereses de plazo y mora.
Fijó la competencia por la cuantía y el lugar de cumplimiento de las obligaciones.
2. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Oralidad de Vélez, mediante auto del 20 de marzo de 2025, rechazó el asunto por falta de competencia y ordenó enviar las diligencias a los Juzgado Civiles Municipales de Reparto de Bogotá.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-00636-00
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3. El Juzgado Segundo Municipal de Bogotá, mediante auto del 6 de agosto de 2025, rechazó el asunto por competencia, y ordenó remitirlo a los Juzgados de Pequeñas
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3. El Juzgado Segundo Municipal de Bogotá, mediante auto del 6 de agosto de 2025, rechazó el asunto por competencia, y ordenó remitirlo a los Juzgados de Pequeñas
Causas y Competencia Múltiples de Bogotá D.C., con fundamento en que la cuantía del asunto asciende a $18.094.000, por lo que se trata de mínima cuantía.
4. El segundo receptor, Juzgado Cuarenta y Tres de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C., mediante proveído del 15 de diciembre de 2025, rechazó la demanda por falta de competencia territorial y remitió a los Juzgados Promiscuos Municipales de Vélez, Santander. En sustento adujo que (i) el cumplimiento de la obligación según el título aportado es en el municipio de Vélez, suscripción regional que cuenta con una agencia y (ii) si bien, el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso asigna, de forma privativa, la competencia del juez del lugar donde se asienta el domicilio principal de la entidad pública, en los casos en los que una parte es una persona jurídica de derecho público y se trata de asuntos vinculados a una sucursal o agencia de esta, es viable entender que serán competentes a prevención, tanto el juez del domicilio principal como el que está vinculado al domicilio donde se encuentran dichas sucursales. En apoyo de su postura, citó el auto CSJ AC6895-2025.
competentes a prevención, tanto el juez del domicilio principal como el que está vinculado al domicilio donde se encuentran dichas sucursales. En apoyo de su postura, citó el auto CSJ AC6895-2025.
5. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Vélez, mediante auto del 23 de enero de 2026, rechazó el asunto y planteó el conflicto negativo por competencia, con fundamento en que el Banco Agrario es una sociedad deRadicación n° 11001-02-03-000-2026-00636-00 3 economía mixta del orden nacional con domicilio principal en dicha ciudad y, por lo tanto, resulta aplicable el numeral 10º del artículo 28 del estatuto procesal, según se expuso en
AC4915-2024.
II. CONSIDERACIONES
1. Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.
2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad.
En el presente caso, la discusión se centra en el factor territorial, en concordancia con el subjetivo, dada la calidad de entidad pública que concurre en la demandante. Al respecto, si bien el artículo 28 del Código General del Proceso consagra como regla general la competencia ante el «Juez del
territorial, en concordancia con el subjetivo, dada la calidad de entidad pública que concurre en la demandante. Al respecto, si bien el artículo 28 del Código General del Proceso consagra como regla general la competencia ante el «Juez del domicilio del demandado» , dicha regla no es absoluta y cede frente a competencias privativas señaladas en el mismo artículo, como sucede para el caso de estudio. En efecto, el numeral 10º de la citada norma establece un fuero exclusivo, según el cual en « los procesos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizadaRadicación n° 11001-02-03-000-2026-00636-00 4 por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad ». Lo anterior, con independencia de que sea demandante o demandada, dado que la prerrogativa no se condiciona a que la entidad ocupe alguna posición específica en el litigio. Por su parte, el numeral 5º del artículo 28 del Código General del Proceso dispone que, en «los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de ésta». A su vez, el artículo 29 del Código regula que « [e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes». Teniendo en cuenta este marco, resulta necesario determinar si, en caso de que la entidad pública haya constituido sucursales o agencias para el desarrollo de sus
calidad de las partes». Teniendo en cuenta este marco, resulta necesario determinar si, en caso de que la entidad pública haya constituido sucursales o agencias para el desarrollo de sus funciones y participe en el asunto en calidad de demandante o demandada, es atendible la pauta del numeral 5° mencionado en el sentido de admitir la atribución de competencia con base en el lugar de la sucursal o agencia. Nótese que la finalidad del fuero establecido en el numeral 10º propende por resguardar los principios prevalentes de la entidad pública, relacionados con el interés general que se vincula a ese tipo de personas jurídicas, al punto que esa regla se refiere de manera concreta a las entidades de derecho público. No obstante, esa prelaciónRadicación n° 11001-02-03-000-2026-00636-00 5 encuentra equilibrio si se armoniza con el concepto amplio que se instituyó en el numeral 5°, pues allí se hace referencia, de manera genérica, a los procesos «contra personas jurídicas», sin especificar su naturaleza pública o privada, y que admiten su tramitación en el lugar de la respectiva sucursal o agencia donde se vinculen los asuntos materia del proceso. En este sentido, puede sostenerse que el criterio del numeral 10º persigue fines que no se excluyen con la aplicación del numeral 5°, sino que se complementan. De este carácter complementario se deriva, además, que la regla prevista en el numeral 5º ha de interpretarse en el sentido de que aplica independientemente de que la entidad pública
aplicación del numeral 5°, sino que se complementan. De este carácter complementario se deriva, además, que la regla prevista en el numeral 5º ha de interpretarse en el sentido de que aplica independientemente de que la entidad pública comparezca al proceso en calidad de demandante o de demandada, siendo que así lo prevé el criterio privativo previsto en el numeral 10º. Sobre el particular, en CSJ AC6987-2025, AC69882025, AC7116-2025, AC7326-2025, AC7569-2025 y AC75682025 se anotó que, « mal puede decirse que la pauta del numeral 10 descalifica la del 5, porque si bien aquélla contiene un fuero personal general finalmente se complementa con la otra que trata el tema de cuando es reconvenida una persona jurídica, carácter que ostenta aquí la entidad analizada». Cuando una persona de derecho público integra alguno de los extremos de la litis, es admisible que el concepto de «domicilio» cobije también el de la agencia o sucursal vinculada al asunto, a fin de asignar, a prevención, la competencia del asunto correspondiente.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-00636-00 6 Al respecto, téngase en cuenta que el artículo 86 del Código Civil define el concepto de «domicilio» para las personas jurídicas como el «lugar donde está situada su administración o dirección », pudiendo designar domicilios especiales para asuntos particulares o específicos, como serían la agencia o la sucursal, que regula estatuto mercantil.
jurídicas como el «lugar donde está situada su administración o dirección », pudiendo designar domicilios especiales para asuntos particulares o específicos, como serían la agencia o la sucursal, que regula estatuto mercantil. El artículo 263 del Código de Comercio precisa el concepto de agencia como, «los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad», y a su vez, el canon 264 siguiente, delimita el criterio de sucursal como, los «establecimientos de comercio cuyos administradores carezcan de poder para representarla». Conforme a esta regulación, es viable considerar que el numeral 5º del artículo 28 del estatuto procesal estima la posibilidad de entender, para la definición de la competencia territorial, que el domicilio de la parte comprenda los conceptos de agencia y sucursal cuando se encuentren vinculados al asunto, bajo el criterio de que en dichos lugares igualmente se desarrolla el objeto de la empresa. Esta interpretación permite que se garanticen otros derechos asociados al debido proceso de las partes toda vez que no los atribuye, obligatoriamente, al lugar del domicilio principal de la entidad pública, sino que contempla la alternativa de desarrollar el litigio en lugar vinculado a la sucursal o agencia. Desde esta perspectiva, se asegura elRadicación n° 11001-02-03-000-2026-00636-00 7
alternativa de desarrollar el litigio en lugar vinculado a la sucursal o agencia. Desde esta perspectiva, se asegura elRadicación n° 11001-02-03-000-2026-00636-00 7 principio de inmediación probatoria dado que facilita la cercanía entre el juez y las pruebas, logrando un mayor conocimiento por parte de este, acerca de las realidades de los lugares en que sucedieron los hechos. Del mismo modo, se contribuye a disminuir las cargas económicas, físicas y logísticas asociadas a los desplazamientos las partes, apoderados y terceros, teniendo en cuenta la proximidad entre el despacho judicial y el lugar de la sucursal o agencia relacionada con el asunto respectivo. En este punto, resulta necesario aclarar que, la condición de sucursal o agencia para estos asuntos no puede ser atendida con la sola existencia de un punto de atención u oficina. En efecto, la identificación de determinados espacios como «oficinas» o «puntos de atención» constituye información insuficiente para concluir que se trata de un establecimiento de comercio ubicado fuera del domicilio principal, administrado por mandatarios con o sin facultades de representación, como lo imponen los artículos atrás citados del Código de Comercio. Así, cuando una persona de derecho público integra alguno de los extremos de la Litis, es admisible que el concepto de « domicilios» cobije también el de la agencia o sucursal involucrada en la cuestión, a fin de asignar, a prevención, la atribución de la controversia en dicho lugar.
alguno de los extremos de la Litis, es admisible que el concepto de « domicilios» cobije también el de la agencia o sucursal involucrada en la cuestión, a fin de asignar, a prevención, la atribución de la controversia en dicho lugar. Además, la entidad pública demandante en este asunto, conforme a lo reglado en los artículos 233 y 234 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se encuentra organizada como un establecimiento de crédito bancario y puede realizarRadicación n° 11001-02-03-000-2026-00636-00 8 todas las operaciones autorizadas a estos; por lo que mal podría otorgársele un tratamiento desigual frente a una sociedad privada financiera, en la que no existiría discusión sobre la aplicación de la regla de competencia prevista en el numeral 5 del artículo 28 del estatuto procesal.
3. De acuerdo con lo expuesto y frente al caso concreto, se advierte que, conforme al certificado que obra en el expediente, el Banco Agrario de Colombia S.A., es una «[s]ociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la especie de las anónimas », con domicilio en Bogotá, pero que cuenta con sucursales y agencias en todo el territorio nacional.
Del plenario se extrae que el acreedor optó por adelantar el recaudo en Vélez - Santander, ya que corresponde al lugar pactado para el cumplimiento de la obligación, aunado a que
nacional. Del plenario se extrae que el acreedor optó por adelantar el recaudo en Vélez - Santander, ya que corresponde al lugar pactado para el cumplimiento de la obligación, aunado a que el banco ejecutante cuenta con una agencia en ese sitio 1, lo que conduce a inferir que era la encargada de atender todo lo relacionado con ese título valor. En ese contexto, no cabe duda de que el asunto materia de la controversia está vinculado a ese municipio. En ese sentido, se concluye que el despacho judicial al cual se repartió la demanda en Vélez – Santander no obró de manera acertada al disponer la remisión de ésta por falta de competencia, ya que la elección del acreedor estaba conforme con las pautas antes señaladas, en cuanto a la posibilidad de 1 https://www.rues.org.co/detalle/05/0000112923Radicación n° 11001-02-03-000-2026-00636-00 9 escoger ante los jueces del domicilio principal, o los jueces del domicilio de la sucursal o agencia vinculada. En conclusión, para el caso de entidades públicas la regla 5 del artículo 28 del Código General del Proceso, no se desvirtúa por la principal a que refiere el numeral 10; al contrario, la complementa, como ocurre en el particular con el Banco Agrario S.A., por su esencia de entidad financiera con presencia en todo el país, tal y como se ha reconocido mayoritariamente por la Sala en los CSJ AC2966-2025,
AC3030-2025, AC3033-2025, AC3053-2025, AC3197-2025,
mayoritariamente por la Sala en los CSJ AC2966-2025,
AC3030-2025, AC3033-2025, AC3053-2025, AC3197-2025,
AC6987-2025, AC6988-2025, AC7116-2025, AC7326-2025, AC7569-2025, AC7568-2025, AC7653-2025 y AC7654-2025, entre muchos otros.
4. En consecuencia, se declara que la competencia del asunto en revisión corresponde al Juzgado Promiscuo Municipal de Vélez - Santander, por lo que se ordenará por Secretaría remitirle las diligencias para que imprima el trámite pertinente.
5. Finalmente, se requiere a todos los Despachos inmersos en el presente conflicto para que, en lo sucesivo, otorguen a los trámites de su competencia la diligencia y celeridad que le son exigibles en el marco del servicio de justicia.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, conforme se evidencia en el expediente remitido a esta Corte, la demanda fue radicada el 17 de marzo de 2025 y luego de las múltiples decisiones de rechazo por falta de competencia, tan solo seRadicación n° 11001-02-03-000-2026-00636-00 10 remitió a esta Corporación el 2 de febrero de la presente anualidad, dilación que desconoce el mandato de una justicia pronta, cumplida y eficaz, e impacta de manera directa en los derechos de las partes involucradas.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la
anualidad, dilación que desconoce el mandato de una justicia pronta, cumplida y eficaz, e impacta de manera directa en los derechos de las partes involucradas.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
RESUELVE: Primero: Declarar que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Vélez - Santander, es el competente para conocer la causa de la referencia.
Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en el conflicto dirimido.
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por
Secretaría.
NOTIFÍQUESE
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
Magistrada