CSJ - AC882-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC882-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

AC882-2026 Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05061-00 Medellín, diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Promiscuo de Familia de La Dorada y Segundo Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao.

I. ANTECEDENTES 1.- Ante el primer despacho, la menor de edad XXX 1, representada por su progenitora XXXX, con apoyo del defensor de familia del ICBF Regional Caldas promovió ejecutivo contra su padre XXYY, para obtener el pago de las cuotas alimentarias adeudadas, las cuales fueron establecidas mediante acta de conciliación aprobada el 14 de junio de 2023 por el Juzgado Segundo Promiscuo de Santander de Quilichao, en el juicio de fijación de alimentos que aquella siguió contra este. La competencia territorial 1 En esta providencia se reemplazan los nombres de las partes involucradas en el trámite por otros ficticios, a fin de evitar la divulgación real de sus datos, en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, acorde con lo dispuesto en el Acuerdo 034 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05061-00 2 fue justificada de acuerdo con lo consagrado en los artículos 306 del Código General del Proceso y 152 del

2 fue justificada de acuerdo con lo consagrado en los artículos 306 del Código General del Proceso y 152 del Código del Menor, informando que está domiciliada con su progenitora en La Dorada. 2.- Ese estrado rechazó la demanda y dispuso su remisión a la funcionaria de Santander de Quilichao, debido a que fue quien aprobó la conciliación mediante la cual las partes acordaron la cuota alimentaria en favor de la descendiente común, por lo que correspondía a esa juzgadora adelantar la ejecución en cumplimiento de lo normado en el artículo 306 del ordenamiento procesal. 3.- Por su parte, la juzgadora del municipio del Cauca también rehusó el conocimiento del asunto y promovió la colisión negativa de esta naturaleza, al estimar que no le asistía competencia para asumirlo porque el asiento de la menor alimentaria se ubicaba en La Dorada, por lo tanto, por mandato del inciso segundo del numeral 2 del artículo 28 procesal la atribución territorial era privativa del remitente.

II. CONSIDERACIONES 1.- Comoquiera que el conflicto que se estudia se trabó entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común, por conducto del suscrito Magistrado, como lo establecen los artículos 35 y 139 del estatuto

Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común, por conducto del suscrito Magistrado, como lo establecen los artículos 35 y 139 del estatuto adjetivo vigente y 16 de la Ley 270 de 1996, este últimoRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05061-00 3 modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009 y 10 de la Ley 2430 de 2024. 2.- Sobre el factor de competencia territorial, delanteramente el numeral 1 del artículo 28 del Código General del Proceso, salvo norma en contrario, establece como regla general que el conocimiento de los procesos contenciosos corresponde al juez del domicilio del demandado; seguidamente, el inciso 2 del numeral 2 del mismo precepto, consagra una excepción a esa pauta respecto a « los procesos de alimentos , pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir del país, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquél» (subrayado fuera de texto). De esta última inteligencia descuella que la

adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquél» (subrayado fuera de texto). De esta última inteligencia descuella que la competencia territorial en las causas en las que se encuentre vinculado un menor de edad está asignada de manera exclusiva al juez de su domicilio y/o residencia, lo que excluye la aplicación de cualquier otra norma, pues, el legislador tuvo como mira brindarle esa garantía para facilitar su comparecencia a la actuación. Esto tiene asidero en el mandato constitucional de la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y los adolescentes previsto en el canon 44 de la Carta Política, el cual desarrolla el artículo 9 del Código de la Infancia y laRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05061-00 4 Adolescencia, al estatuir que « en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona». La Corte, en CSJ AC3872-2018, reiterado en AC17322019 y AC2249-2019 y recientemente en AC6290-2024 y AC4489-2025, entre otros, sentó que «el propósito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posición brindándoles

AC4489-2025, entre otros, sentó que «el propósito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posición brindándoles la prerrogativa, precisamente por su condición, de que dichos conflictos se puedan adelantar en su domicilio o residencia». Igualmente, la Sala ha dicho que el artículo 97 de la Ley 1098 de 2006, que establece la competencia territorial de las autoridades administrativas del lugar donde se halle el niño, la niña o el adolescente, es también aplicable cuando la actuación es conocida por una autoridad jurisdiccional, pues: [E]n orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente ‘la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente’, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder éstos la atribución por no decidir dentro de los plazos señalados en el parágrafo 2°, artículo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ahí, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los últimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacción de la obligación a cargo del Estado de ‘[a]segurar la presencia del niño, niña o adolescente en todas las actuaciones

resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los últimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacción de la obligación a cargo del Estado de ‘[a]segurar la presencia del niño, niña o adolescente en todas las actuaciones que sean de su interés y que los involucren…’ así como ‘[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal’, tal yRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05061-00 5 como lo establece el ordinal 34, artículo 41 de la aludida ley… (CSJ AC, 19 jun. 2008, rad. 2008-00679-00, reiterado en AC, 4 jul. 2013, rad. 2013-00504-00, AC14932021, AC387-2022 y AC6290-2024, entre otros). 3.- En el presente caso, la demanda ejecutiva de alimentos de menor de edad fue promovida ante la autoridad judicial de La Dorada, informando que la alimentaria se domicilia en ese municipio donde reside con su progenitora, quien tiene bajo su cargo su custodia y cuidado personal. En ese contexto, el fallador de Caldas anduvo equivocado al rehusar el conocimiento del cobro de alimentos, pues, a pesar de que el artículo 306 del Código General del Proceso prevé que el trámite de la ejecución de la sentencia que haya condenado al pago de una suma de dinero compete al juez que emitió la decisión materia de cumplimiento, esta regla no tiene aplicación en los casos en

General del Proceso prevé que el trámite de la ejecución de la sentencia que haya condenado al pago de una suma de dinero compete al juez que emitió la decisión materia de cumplimiento, esta regla no tiene aplicación en los casos en que un menor de edad sea parte, por cuanto prima el criterio que consagra el fuero personal en favor de este, es decir el que asigna la competencia al juez del lugar donde se localice el domicilio del niño, niña o adolescente. Sobre el particular la Corte en CSJ AC522-2023 y AC137-2024 dijo: De ahí, entonces, que la funcionaria que inicialmente conoció el libelo no podía rechazarlo con fundamento en lo preceptuado en el artículo 306 del Código General del Proceso, pues, en tratándose de niños, niñas y adolescentes vinculados en litigios como el estudiado, la competencia del juez está fijada de manera privativa por el domicilio o residencia de aquellos en atención al interés superior que les asiste.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05061-00 6

4.- En consecuencia, las diligencias serán asignadas al primer juzgador que las recibió, para que les de el trámite que corresponda, de lo que se informará a la otra falladora involucrada en la colisión acá dirimida.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE Primero: Declarar que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada es el competente para conocer de la causa de la referencia.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE Primero: Declarar que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada es el competente para conocer de la causa de la referencia.

Segundo: Remitir virtualmente el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia que tuvo el asunto.

Tercero: Librar los oficios correspondientes por

Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑORadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05061-00 7 Magistrado

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