CSJ - AC891-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC891-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

AC891-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-05452-00 Medellín, diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Aguazul y Diecisiete Civil Municipal de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. Ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Aguazul, ECOPETROL S.A. presentó proceso especial de Solicitud de Avalúo de Perjuicios por Servidumbre de Hidrocarburos1 contra Teresita Parada Rojas, respecto de los predios rurales « La Esperanza Lote 1 » y « La Esperanza Lote 1A », identificados con folio de matrícula inmobiliaria n.° 47075041 y 470-75042, respectivamente; ambos localizados en la vereda La Turúa del mencionado municipio 2. Justificó la competencia por «la calidad de la parte demandante, la ubicación del predio»3 y, de conformidad al artículo 4° de la Ley 1274 de 2009. 1 Ley 1274 de 2009.2 Según el dictamen pericial visible a folios del 365 al 556 del archivo PDF denominado: “001_001_01Cuaderno Principal completo.pdf”3 Folio 7. Archivo PDF denominado: “001_001_01Cuaderno Principal completo.pdf”Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05452-00

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2. Ese despacho, el 3 de febrero de 2012, admitió la solicitud presentada4, ordenando inscribir la demanda5,

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2. Ese despacho, el 3 de febrero de 2012, admitió la solicitud presentada4, ordenando inscribir la demanda5, notificar a la pasiva y, previa verificación de requisitos legales ordenó la ocupación y ejercicio provisional de la servidumbre deprecada. También, designó el auxiliar de la justicia, quien presentó la experticia encomendada desde abril de 20176.

Luego, entre los años 2013 y 2014, el plenario fue conocido por los Juzgados Segundo y Tercero Promiscuo Municipal de Aguazul, en virtud de los Acuerdos PSAA139962, PSAA13-991, PSAA14-10156, PSAA14-10195 y

PSAA14-10197.

Ahora, por Acuerdo No. PSAA 14-10251, retornó al juzgado de origen, que avocó conocimiento el 1° de junio de 20167; pero declaró su falta de competencia para conocer el asunto8 porque era necesario aplicar núm. 10 del artículo 28, y 29 del Código General del Proceso. Destacó que no era viable aplicar el fuero real previsto en el numeral 7 del mencionado precepto 28 adjetivo 9, dado que prevalecía la atribución por razón de la calidad de las partes10. En consecuencia, lo envió al homólogo de Bogotá.

3. Decisión cuestionada en reposición por la convocante, coadyuvado por la demandada. Tal censura 4 Folio 142-144. Archivo PDF denominado: “001_001_01Cuaderno Principal completo.pdf”.

3. Decisión cuestionada en reposición por la convocante, coadyuvado por la demandada. Tal censura 4 Folio 142-144. Archivo PDF denominado: “001_001_01Cuaderno Principal completo.pdf”. 5 Folio 165. Inscripción de Demanda; archivo PDF denominado: “001_001_01Cuaderno Principal completo.pdf” 6 Folios 365 al 437; archivo PDF denominado: “001_001_01Cuaderno Principal completo.pdf” 7 Folios 288 al 289; archivo PDF denominado: “001_001_01Cuaderno Principal completo.pdf” 8 Archivo PDF “014_014_14AutoDeclaraFaltaCompetencia201100326.pdf”; Carpeta “Principal”; Carpeta “Primera Instancia”; Carpeta “11001400301720250091100” 9 AC140-2020; AC2466-2021; AC2241-2023; AC5378 de 2022. 10 Ibid.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05452-00 3 pretende que se apliquen los principios constitucionales de acceso a la administración de justicia y garantía al debido proceso antes que el fuero personal concedido en su favor, pues contribuía a la dilación del proceso porque la práctica de pruebas y demás elementos necesarios para resolver estarían a merced del diligenciamiento de despachos comisorios, más las distancias para ejecutarlos, lo que retrasaría aún más la definición del asunto. La inconformidad fue rechazada por improcedente por el Juez de Aguazul.

4. Por su parte, la funcionaria de la capital del país que recibió el expediente promovió la colisión negativa de

inconformidad fue rechazada por improcedente por el Juez de Aguazul.

4. Por su parte, la funcionaria de la capital del país que recibió el expediente promovió la colisión negativa de esta especie 11, que consideró que el fuero real del factor territorial por « la ubicación de la maquinaria dada en garantía que corresponde a donde habita el propietario demandado» (Sic)12 prevalece sobre el domicilio de la entidad estatal demandante.

II. CONSIDERACIONES

1. Comoquiera que el conflicto que se estudia se trabó entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador, como establecen los artículos 35 y 139 del estatuto adjetivo vigente y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la 1285 de 2009 y 10 de la Ley 11 Archivo PDF “034_033AutoPropone conflicto - prevalencia fuero real10-10-2025.pdf”; Carpeta “Principal”; Carpeta “Primera Instancia”; Carpeta “11001400301720250091100” 12 Folio 2. Ibid.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05452-00 4 2430 de 2024.

2. En palabras del tratadista Hernando Morales Molina, la jurisdicción «es una parte del poder del Estado, la soberanía con referencia a la función pública de administrar justicia », en cuanto «constituye el ejercicio de una de las tres funciones del Estado

la jurisdicción «es una parte del poder del Estado, la soberanía con referencia a la función pública de administrar justicia », en cuanto «constituye el ejercicio de una de las tres funciones del Estado democrático, quien ejerce el monopolio de la jurisdicción, por regla general, aunque en un principio, antes de la organización jurídica, aquel emanó de verdaderos convenios en que las partes llevaban la decisión de sus conflictos a terceros, extraños a ellos»13. El orden jurídico consagra la jurisdicción como el poder de que está investido toda autoridad encargada de administrar justicia, y la distribución de la competencia de los casos concretos es la forma de materializarla 14, para ese efecto la ley ha previsto diversos factores determinantes de competencia, a saber, el objetivo, subjetivo, funcional, territorial y de conexidad.

El factor objetivo: Se refiere al objeto del litigio, bien sea por (i) la naturaleza del asunto (la relación jurídica material de la pretensión), o por (ii) la cuantía de la aspiración.

Ejemplo de ello es el juicio de expropiación que corresponde adelantarlo en primera instancia a los jueces civiles del circuito (art. 20 [núm. 5] C.G.P.), y a los civiles municipales atañe gestionar por la vía del verbal sumario los asuntos

contenciosos de mínima cuantía (art. 17 [núm. 1] ídem). 13 Hernando Morales Molina, Curso de derecho procesal civil, parte general, Edit. ABC-Bogotá, 1991, págs. 19 y 20. 14 Luis Mattirolo, Tratado de derecho judicial civil, t. I, Madrid, Edit. Reus, 1930, pág. 3.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05452-00 5

El factor subjetivo: Se funda en la calidad de las partes involucradas en la litis. En el proceso civil se aplica a los asuntos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplomático acreditado ante el Gobierno Nacional, y el caso será conocido por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia (arts. 27 [inc. 1] y 30

[núm. 6] ibidem).

Factor funcional: Atiende la distribución de las funciones específicas de los órganos judiciales en las instancias. Así, determina el juez encargado de conocer el recurso de apelación (art. 33 ib.).

Factor de conexidad: Permite la acumulación de pretensiones, demandas o procesos con elementos comunes, las partes (litisconsorcios), clase de proceso y los hechos que respaldan los pedimentos.

Como quedó dicho tales factores atienden diversas circunstancias que la ley prevé para determinar la autoridad judicial a la que corresponde conocer un proceso; a pesar de ello, para concretar el juzgador de la misma especialidad y categoría de las existentes en la división geográfica nacional

circunstancias que la ley prevé para determinar la autoridad judicial a la que corresponde conocer un proceso; a pesar de ello, para concretar el juzgador de la misma especialidad y categoría de las existentes en la división geográfica nacional al que atañe adelantar el caso particular, es menester echar mano del factor territorial (art. 28 ejusdem) que está integrado por varios fueros o foros (personal, real y contractual) acotándolo a los elementos del litigio, como son el domicilio de las personas, la localización de las cosas, o el lugar de ocurrencia de los hechos.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05452-00 6

El foro personal: Se sujeta al domicilio de las partes. La regla general es el asiento del demandado (núm. 1), salvo pauta que disponga algo diferente, como las normas especiales, algunas privativas, como la que asigna la competencia al funcionario del domicilio de los niños, niñas o adolescentes (inc. 2, núm. 2), al del arraigo del concursado

(núm. 8), y al del domicilio de la entidad territorial, o entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad pública (núm. 10); otras concurrentes, como el domicilio común anterior, si lo conserva el demandante (inc. 1, núm. 2), el domicilio principal de la persona jurídica o el de la sucursal o agencia, si el caso está vinculado con estas (núm. 5).

El foro real: Se sujeta en unos casos privativamente al

2), el domicilio principal de la persona jurídica o el de la sucursal o agencia, si el caso está vinculado con estas (núm. 5).

El foro real: Se sujeta en unos casos privativamente al lugar de ubicación de los bienes materia de derechos reales y de los procesos de deslinde y amojonamiento, expropiación, restitución de tenencia, posesorio de cualquier naturaleza, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos (núm. 7); y en otros concurrentes con el personal, como sucede en los eventos de responsabilidad aquiliana (núm. 6); o el del sitio donde se haya violado el derecho de propiedad intelectual, o realizado el acto, o donde este surta sus efectos, si se ha realizado en el exterior, o en el lugar donde funciona la empresa, local o establecimiento de comercio.

El foro contractual: Alude al sitio señalado en el contrato o en el título ejecutivo donde debe honrarse la obligación.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05452-00

7 De lo anterior se destaca que algunos de esos fueros pueden ser concurrentes y otros privativos. En el primer caso, el demandante está facultado para elegir promover su causa ante cualquiera de los jueces competentes, lo que implica que el que inicialmente aprehende el conocimiento inhibe a los demás de hacerlo; mientras que, en el segundo, la atribución territorial radica exclusivamente en un sólo funcionario. Acerca del carácter « privativo» establecido en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del Código General del

la atribución territorial radica exclusivamente en un sólo funcionario. Acerca del carácter « privativo» establecido en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, la Corte en CSJ AC3744-2018, reiterado, entre otros, en AC2429-2019 y AC4079-2019 dijo: «[Q]ue constituye el común denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones señaladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa índole.»

3. De acuerdo con lo expuesto, el fuero privativo implica que sólo a una autoridad judicial corresponde adelantar el trámite del asunto, ya sea la del lugar donde se ubica el bien raíz sobre el que recae el gravamen o se quiere constituir, o la del domicilio de la entidad pública. Pero ¿qué ocurre cuando esos foros privativos convergen en el mismo caso, debido a que no hay una regla que prefiera uno sobre el otro porque ambos poseen la misma jerarquía normativa.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05452-00

8 Ese interrogante, en principio, fue resuelto con el

otro porque ambos poseen la misma jerarquía normativa.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05452-00 8 Ese interrogante, en principio, fue resuelto con el pronunciamiento CSJ AC140-2020, en cuanto acogió el criterio de prevalencia del « factor subjetivo » contenido en el artículo 29 ídem, pues estimó que de ese modo realizaba una interpretación sistemática de las pautas de competencia adoptadas por el legislador de 2012, y atendía el interés general que predominaba al fijar el conocimiento de los litigios en el funcionario del domicilio del ente público que fuera parte. Agregando que, el principio perpetuatio jurisdictionis no tenía cabida precisamente por la prevalencia de dicho factor de competencia, al igual que no estaba dado al organismo público disponer de esa prerrogativa por tratarse de una norma de orden público y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento. No obstante, esa postura se ha venido matizando, así: 3.1.- Sin perder de vista el carácter privativo del fuero personal de la entidad pública demandante, enfatiza que la regla décima del artículo 28 del Código General del Proceso no restringe la asignación territorial al juez del domicilio principal de esta, por lo que ante la existencia de sucursal o agencia vinculada con el objeto del proceso analógicamente aplica el numeral 5 del mismo precepto procesal15. 15 CSJ AC396-2020, AC2401-2022, AC2418-2023, AC075-2024, AC4168-2024, AC4264-2024,

aplica el numeral 5 del mismo precepto procesal15. 15 CSJ AC396-2020, AC2401-2022, AC2418-2023, AC075-2024, AC4168-2024, AC4264-2024, AC4338-2024, AC4433-2024, AC6356-2024, AC6366-2024, AC3663-2025, AC3908-2025, AC39402025, AC3955-2025, AC3956-2025 y AC4044-2025.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05452-00 9 3.2.- Ante la concurrencia de fueros privativos como el real y el personal de los entes públicos, ha dado prelación al primero como resultado de realizar una interpretación sistemática de principios constitucionales y generales del proceso, como el acceso a la administración de justicia, defensa y contradicción, igualdad e inmediación del juez, sin desconocer la existencia del factor subjetivo en la regla décima del artículo 28 adjetivo16. 3.3.- Y, recientemente, en CSJ AC041-2026 destacó que los fueros real y personal de la entidad pública contenidos, respectivamente, en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del código de los ritos ostentan carácter privativo, lo que impide resolver ese enfrentamiento con auxilio del canon 29 ídem, conforme al cual prevalece la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes, por cuanto la regla décima del citado precepto 28 no consagra un factor subjetivo sino «un foro de atribución en función del territorio »,

establecida en consideración a la calidad de las partes, por cuanto la regla décima del citado precepto 28 no consagra un factor subjetivo sino «un foro de atribución en función del territorio », de manera que únicamente los artículos 27, inc. 1 17, y 30, núm. 618, de la misma obra consagran las hipótesis fácticas concebidas dentro del factor subjetivo. En ese entendido es posible aplicar el principio perpetuatio jurisdictionis cuando el funcionario aprehenda el conocimiento del proceso y, luego, motu proprio quiera desdecir de su actuar, so pretexto de la aplicación de la 16 CSJ AC3037-2025, AC422-2025 y AC3953-2025.17 «La competencia no variará por la intervención sobreviniente de personas que tengan fuero especial o porque dejaren de ser parte en el proceso, salvo cuando se trate de un estado extranjero o un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República frente a los cuales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tenga competencia» (negrita fuera de texto).18 « De los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República, en los casos previstos por el derecho internacional».Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05452-00 10 citada pauta 29, ya que como fuera dicho, el foro personal contenido en el artículo 28, núm. 10, adjetivo no entraña un factor subjetivo sino una asignación de causas en función del territorio, por ende, es conducente predicar en ese caso que se prorrogó la competencia por el silencio del convocado (Cfr.

CSJ AC8573-2025).

factor subjetivo sino una asignación de causas en función del territorio, por ende, es conducente predicar en ese caso que se prorrogó la competencia por el silencio del convocado (Cfr.

CSJ AC8573-2025).

Y, concluye que ante la anomia que dirima el enfrentamiento normativo: «[D]e esos foros privativos de atribución dentro del factor de competencia territorial, es menester acudir a los principios constitucionales de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), debido proceso, defensa y contradicción de las partes (art. 29 ídem); así como a los principios generales del derecho procesal de igualdad de las partes (art. 4, C.G.P., en Conc. art. 2, Ley 270 de 1996, reform. artículo 2, Ley 2430 de 2024), inmediación (art. 6, C.G.P.) y concentración (art. 5 ídem), con miras a garantizar la efectividad del derecho sustancial como disciplinan los artículos 8 de la Ley 153 de 1887, 11 y 12 del ordenamiento procesal. La aplicación de estos principios hace que el conocimiento de la controversia sea asignado al juzgador del fuero real o del lugar donde se localiza el bien sobre el cual recae el gravamen o busca imponerse . Esto, porque así puede tramitarse de forma más eficiente el pleito en atención a la cercanía con el bien raíz materia del proceso evitando un desgaste mayor del aparato judicial y la dilación en la definición del asunto

tramitarse de forma más eficiente el pleito en atención a la cercanía con el bien raíz materia del proceso evitando un desgaste mayor del aparato judicial y la dilación en la definición del asunto al no tener que comisionar a otro funcionario para evacuar las actuaciones que deban adelantarse in situ y poder inmediar la práctica de las pruebas, amén de que permite a las partes acudir al juicio en pie de igualdad ejerciendo la defensa de sus intereses de forma efectiva y sin incurrir en más erogaciones económicas pues, generalmente coincide con el asiento del accionado; y si bien el ente estatal puede no tener domicilio en esa zona, si busca hacerse de un bien raíz privado para cumplir con el interés general es factible suponer que tiene presencia en el área de ubicación del predio y, por contera, donde se surtirá la causa» (negrita fuera de texto). Postura que, si bien fue emitida para dirimir un conflicto de similar naturaleza originado en una expropiación judicial, resulta aplicable a los casos en que esténRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-05452-00 11 involucrados derechos reales o los demás juicios señalados en el numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso. 4.- Las disquisiciones del numeral que antecede descendidas al caso que ahora ocupa la atención de la Corte permiten concluir que, la competencia territorial para conocer el trámite de solicitud de avalúo de perjuicios por imposición de servidumbre petrolera será deferida al Juez

descendidas al caso que ahora ocupa la atención de la Corte permiten concluir que, la competencia territorial para conocer el trámite de solicitud de avalúo de perjuicios por imposición de servidumbre petrolera será deferida al Juez Civil Municipal del lugar donde se encuentra localizado los inmuebles sobre los que se pide imponer el gravamen ( FMI 470-75041 y 470-75042), el cual como se advierte del certificado de tradición y libertad que obra en el plenario se sitúa en el Municipio de Aguazul 19, por cuanto ese foro de atribución garantiza la efectividad del derecho sustancial. Adicionalmente, como se concluyó, la regla del numeral 10 del artículo 28 del estatuto procesal vigente no entraña un factor subjetivo, sino un foro de competencia en función exclusiva del territorio, de manera que en el asunto esta no puede predicarse improrrogable, como lo pretendió aducir el juez Primero Promiscuo Municipal de Aguazul ; y, por ende, operó el principio perpetuatio jurisdictionis cuando el mismo admitió la demanda y adelantó el diligenciamiento sin oposición de las partes; téngase en cuenta que no era dable volver a evaluar si le asistía o no atribución al juez luego de tener conocimiento del trámite rehusado desde el año 2011. 19 Folios 167 al 173; archivo PDF denominado: “001_001_01Cuaderno Principal completo.pdf”.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05452-00 12 5.- Corolario a lo anterior, es el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Aguazul quien debe continuar con el trámite del proceso, para lo cual se le devolverá el expediente

12 5.- Corolario a lo anterior, es el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Aguazul quien debe continuar con el trámite del proceso, para lo cual se le devolverá el expediente digital y se informará de ello al despacho de la capital de la República involucrado en el conflicto que acá queda dirimido.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE Primero: Declarar que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Aguazul es el competente para continuar con el conocimiento de la causa de la referencia.

Segundo: Devolver virtualmente el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisión que acá queda dirimida.

Tercero: Librar los oficios correspondientes por

Secretaría.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑORadicación n.º 11001-02-03-000-2025-05452-00 13 Magistrado

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