CSJ - AC893-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC893-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
AC893-2026 Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05492-00 Medellín, diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026). De conformidad con el Acuerdo n° 034 de esta Corporación y con el fin de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en providencia paralela a esta, los nombres de las partes comprendidas en este asunto serán omitidos a fin de evitar la divulgación real de sus datos. Advertido lo anterior, se decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto de Familia de Bello y Sexto de Familia de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Ante el primer despacho, Ana; María; Carlos; y Diana, esta última en representación de su hija menor de edad, promovieron proceso de « nombramiento de curador ad-hoc
[y] autorización para levantar patrimonio de familia inembargable». Atribuyeron la competencia por «el domicilio de las partes»1. 1 Archivo digital 002_0002EscritoDemandaAnexosRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05492-00 2
2. Ese estrado rechazó y remitió a Bogotá, al considerar que, conforme al artículo 10 de la Ley 258 de 1996, en los procesos de levantamiento judicial de la afectación a vivienda familiar es competente el juez de familia del lugar de ubicación del inmueble, el cual se encuentra
considerar que, conforme al artículo 10 de la Ley 258 de 1996, en los procesos de levantamiento judicial de la afectación a vivienda familiar es competente el juez de familia del lugar de ubicación del inmueble, el cual se encuentra ubicado en la ciudad a la que se remitió el expediente.
3. La dependencia receptora también se abstuvo de asumir competencia, ya que en los procesos de jurisdicción voluntaria en los que se solicita el nombramiento de un curador ad hoc para autorizar el levantamiento del patrimonio de familia inembargable cuando hay un menor involucrado, la competencia territorial se determina por la residencia del menor, y no por la ubicación del inmueble.
II. CONSIDERACIONES
1. Esta Corporación debe dirimir el conflicto objeto de estudio, en su condición de superior funcional común y por conducto del suscrito Magistrado, por haberse suscitado entre funcionarios de distinto distrito judicial, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso; 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por los artículos 7° de la Ley 1285 de 2009 y 10 de la Ley 2430 de 2024; y 18 de esa misma Ley.
2. El artículo 23 de la Ley 70 de 1931 autoriza la cancelación del patrimonio de familia inembargable y dispone que, cuando existan hijos menores de edad, dicho acto exige el consentimiento de estos, otorgado porRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05492-00 3 intermedio de un curador, si lo tienen, o de uno designado ad
acto exige el consentimiento de estos, otorgado porRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05492-00 3 intermedio de un curador, si lo tienen, o de uno designado ad hoc. En consonancia, el numeral 4° del artículo 21 del Código General del Proceso asigna a los jueces de familia el conocimiento en única instancia de «la autorización para cancelar el patrimonio de familia inembargable (…)», y el numeral 8° del artículo 577 ibidem ordena que dicho trámite se adelante por la vía de la jurisdicción voluntaria. A su turno, en materia de competencia territorial para esta clase de actuaciones, el literal c) del numeral 13 del artículo 28 del Código General del Proceso dispone que, en los demás casos de jurisdicción voluntaria, esto es, aquellos que no corresponden a procesos de guarda, interdicción, ni a declaraciones de ausencia o muerte por desaparecimiento, será competente el juez del domicilio de quien promueva la actuación.
3. En el caso concreto, se advierte que la autoridad judicial de Bello no podía rehusar la competencia. En efecto, dicho estrado incurrió en una calificación jurídica equivocada del asunto, al asimilarlo a un levantamiento de afectación a vivienda familiar y, con fundamento en ello, acudir al artículo 10 de la Ley 258 de 1996 para fijar la competencia territorial a partir del lugar de ubicación del inmueble.
Tal razonamiento no resulta de recibo, pues del estudio de la demanda y de sus anexos se desprende con claridad que tanto la pretensión como lo anotación que grava el bien
competencia territorial a partir del lugar de ubicación del inmueble. Tal razonamiento no resulta de recibo, pues del estudio de la demanda y de sus anexos se desprende con claridad que tanto la pretensión como lo anotación que grava el bien corresponden a un patrimonio de familia inembargable.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05492-00 4 Además, al involucrar a una menor de edad, su cancelación debe tramitarse por la vía de la jurisdicción voluntaria, conforme lo dispone la ley, escenario en el corresponde al juez evaluar la necesidad, utilidad y conveniencia de la cancelación pretendida, con el propósito de salvaguardar los intereses del menor que podrían verse comprometidos por el interés de los solicitantes en obtener el levantamiento del gravamen.
4. En ese orden de ideas, no procedía la aplicación del régimen de la afectación a vivienda familiar prevista en la Ley 258 de 1996 ni, por ende, el fuero real allí consagrado, sino al tratarse de una actuación de jurisdicción voluntaria que no se encuadra en los supuestos especiales del numeral 13 del artículo 28 del Código General del Proceso, la competencia territorial debe definirse conforme a su literal c), esto es, por el domicilio de quien promueve la actuación, lo que conduce a asignar el conocimiento del asunto al juzgado de Bello.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la
de Bello.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05492-00
5 RESUELVE Primero. Declarar que el Juzgado Cuarto de Familia de Bello es el competente para continuar conociendo la causa de la referencia. Segundo. Remitir el expediente por el medio más expedito al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia que tuvo el asunto.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado