CSJ - AC894-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC894-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

AC894-2026 Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05670-00 Medellín, diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Diecisiete Civil Municipal de Bogotá y el Primero Civil Municipal de Soacha.

I. ANTECEDENTES 1.- El Fondo Nacional del Ahorro S.A. promovió proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real contra Michel Vanessa Casas Vera, en virtud del Pagaré No. 1032483618 e hipoteca abierta sin límite de cuantía constituida mediante Escritura Pública No. 3280 del 14 de noviembre de 2023, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Soacha; respecto al inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 051-204712, cuya ubicación se encuentra en dicho municipio.

2. Inicialmente, el asunto fue repartido al Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá, quien rehusó el conocimiento al considerar que, pese a la naturaleza de laRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05670-00 2 entidad ejecutante, debía aplicarse el fuero real, dado que el bien gravado se encuentra ubicado en Soacha – Cundinamarca, ordenando su remisión al tal distrito judicial; además, de dar aplicabilidad al numeral 5° del artículo 28 del

Código General del Proceso.

3. Correspondió el expediente objeto de estudio, al

Cundinamarca, ordenando su remisión al tal distrito judicial; además, de dar aplicabilidad al numeral 5° del artículo 28 del Código General del Proceso.

3. Correspondió el expediente objeto de estudio, al Juzgado Primero Civil Municipal de Soacha, que también declinó la competencia y, propuso el conflicto negativo de competencia, al estimar que, conforme al numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, la competencia territorial es privativa del juez del domicilio de la entidad

pública ejecutante, es decir, Bogotá D.C.

II. CONSIDERACIONES 1.- Esta Corporación debe dirimir el conflicto objeto de estudio, en su condición de superior funcional común y por conducto del suscrito Magistrado, por haberse suscitado entre funcionarios de distinto distrito judicial, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso; 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por los artículos 7° de la Ley 1285 de 2009 y 10 de la Ley 2430 de 2024; y 18 de esa misma Ley. 2.- En palabras del tratadista Hernando Morales Molina, la jurisdicción «es una parte del poder del Estado, la soberanía con referencia a la función pública de administrar justicia», en cuanto «constituye el ejercicio de una de las tres funciones del Estado democrático, quien ejerce el monopolio de la jurisdicción, por reglaRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05670-00 3 general, aunque en un principio, antes de la organización jurídica, aquel

democrático, quien ejerce el monopolio de la jurisdicción, por reglaRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05670-00 3 general, aunque en un principio, antes de la organización jurídica, aquel emanó de verdaderos convenios en que las partes llevaban la decisión de sus conflictos a terceros, extraños a ellos»1 El orden jurídico patrio consagra la jurisdicción como el poder de que está investido toda autoridad encargada de administrar justicia, y la distribución de la competencia de los casos concretos es la forma de materializarla 2, para ese efecto la ley ha previsto diversos factores determinantes de competencia, a saber, el objetivo, subjetivo, funcional, territorial y de conexidad.

El factor objetivo: Se refiere al objeto del litigio, bien sea por la naturaleza del asunto (la relación jurídica material de la pretensión), o por la cuantía de la aspiración. Ejemplo de ello es que el juicio de expropiación que corresponde adelantarlo en primera instancia a los jueces civiles del circuito (art. 20 [núm. 5] C.G.P.), y a los civiles municipales atañe gestionar por la vía del verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía (art. 17 [núm. 1] ídem).

El factor subjetivo: Se funda en la calidad de las partes involucradas en la litis. En el proceso civil se aplica a los asuntos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplomático acreditado ante el Gobierno Nacional, y el caso será conocido por la Sala de Casación Civil, Agraria

involucradas en la litis. En el proceso civil se aplica a los asuntos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplomático acreditado ante el Gobierno Nacional, y el caso será conocido por la Sala de Casación Civil, Agraria 1 Hernando Morales Molina, Curso de derecho procesal civil, parte general, Edit. ABC-Bogotá, 1991, págs. 19 y 20.2 Luis Mattirolo, Tratado de derecho judicial civil, t. I, Madrid, Edit. Reus, 1930, pág. 3.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05670-00 4 y Rural de la Corte Suprema de Justicia (arts. 27 [inc. 1] y 30 [núm. 6] ibidem).

Factor de conexidad: Permite la acumulación de pretensiones, demandas o procesos con elementos comunes, las partes (litisconsorcios), clase de proceso y los hechos que respaldan los pedimentos.

Como quedó dicho tales factores atienden diversas circunstancias que la ley prevé para determinar la autoridad judicial a la que corresponde conocer un proceso; sin embargo, para concretar el juzgador de la misma especialidad y categoría de las existentes en la división geográfica nacional al que atañe adelantar el caso particular, es menester echar mano del factor territorial (art. 28 ejusdem) que está integrado por varios fueros o foros (personal, real y contractual) acotándolo a los elementos del litigio, como son el domicilio de las personas, la localización

ejusdem) que está integrado por varios fueros o foros (personal, real y contractual) acotándolo a los elementos del litigio, como son el domicilio de las personas, la localización de las cosas, o el lugar de ocurrencia de los hechos.

El foro personal: Se sujeta al domicilio de las partes. La regla general es el asiento del demandado (núm. 1), salvo pauta que disponga algo diferente, como las normas especiales, algunas privativas, como la que asigna la competencia al funcionario del domicilio de los niños, niñas o adolescentes (inc. 2, núm. 2), al del arraigo del concursado

(núm. 8), y al del domicilio de la entidad territorial, o entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad pública (núm. 10); otras concurrentes, como el domicilio común anterior, si lo conserva el demandante (inc. 1, núm.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05670-00 5 2), el domicilio principal de la persona jurídica o el de la sucursal o agencia, si el caso está vinculado con estas (núm. 5).

El foro real: se sujeta en unos casos privativamente al lugar de ubicación de los bienes materia de derechos reales y de los procesos de deslinde y amojonamiento, expropiación, restitución de tenencia, posesorio de cualquier naturaleza, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos (núm. 7); y en otros concurrentes con el personal, como sucede en los eventos de responsabilidad

declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos (núm. 7); y en otros concurrentes con el personal, como sucede en los eventos de responsabilidad aquiliana (núm. 6); o el del sitio donde se haya violado el derecho de propiedad intelectual, o realizado el acto, o donde este surta sus efectos, si se ha realizado en el exterior, o en el lugar donde funciona la empresa, local o establecimiento de comercio.

El foro contractual: alude al sitio señalado en el contrato o en el título ejecutivo donde debe honrarse la obligación.

De lo anterior se destaca que algunos de esos fueros pueden ser concurrentes y otros privativos. En el primer caso, el demandante está facultado para elegir promover su causa ante cualquiera de los jueces competentes, lo que implica que el que inicialmente aprehende el conocimiento inhibe a los demás de hacerlo; mientras que, en el segundo, la atribución territorial radica exclusivamente en un solo funcionario.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05670-00 6 Acerca del carácter « privativo» establecido en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, la Corte en CSJ AC3744-2018, reiterado, entre otros, en AC2429-2019 y AC4079-2019 dijo: «(…) que constituye el común denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones señaladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los

disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones señaladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa índole. (…)»

3. De acuerdo con lo anterior, el fuero privativo implica que solo una autoridad judicial corresponde adelantar el trámite del asunto, ya sea la del lugar donde se ubica el bien raíz sobre el que recae el gravamen o se requiere constituir o, la del Domicilio de la entidad pública. Pero ¿qué ocurre cuando esos foros privativos convergen en el mismo caso, dado que no existe una regla que prefiera un fuero sobre el otro, porque ambos poseen la misma jerarquía normativa?

Ese interrogante, en principio, fue resuelto con el pronunciamiento CSJ AC140-2020, en cuanto acogió el criterio de prevalencia del « factor subjetivo » contenido en el artículo 29 ídem, pues estimó que de ese modo realizaba una interpretación sistemática de las pautas de competencia adoptadas por el legislador del 2012 y, atendía el interés general que predominaba al fijar el conocimiento de los litigios en el funcionario del domicilio del ente público que fuera parte.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05670-00 7 Agregando que, el principio perpetuatio jurisdictionis no

litigios en el funcionario del domicilio del ente público que fuera parte.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05670-00 7 Agregando que, el principio perpetuatio jurisdictionis no tenía cabida precisamente por la prevalencia de dicho factor de competencia, al igual que no estaba dado al organismo público disponer de esa prerrogativa por tratarse de una norma de orden público y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento. No obstante, tal postura se ha matizado, así: 3.1. Sin perder de vista el carácter privativo del fuero personal de la entidad pública demandante, enfatiza que la regla décima del artículo 28 del Código General del Proceso no restringe la asignación territorial al juez del domicilio principal de esta, por lo que ante la existencia de sucursal o agencia vinculada con el objeto del proceso analógicamente aplica el numeral 5 del mismo precepto procesal3. 3.2. Ante la concurrencia de fueros privativos como el real y el personal de los entes públicos, ha dado prelación al primero como resultado de realizar una interpretación sistemática de principios constitucionales y generales del proceso, como el acceso a la administración de justicia, defensa y contradicción, igualdad e inmediación del juez, sin desconocer la existencia del factor subjetivo en la regla del numeral 10 del artículo 28 del estatuto procesal4.

3 CSJ AC396-2020, AC2401-2022, AC2418-2023, AC075-2024, AC4168-2024,

numeral 10 del artículo 28 del estatuto procesal4. 3 CSJ AC396-2020, AC2401-2022, AC2418-2023, AC075-2024, AC4168-2024, AC4264-2024, AC4338-2024, AC4433-2024, AC6356-2024, AC6366-2024, C36632025, AC3908-2025, AC3940-2025, AC3955-2025, AC3956-2025 y AC4044-2025.4 CSJ AC3037-2025, AC422-2025 y AC3953-2025.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05670-00 8 3.3. Y, recientemente en providencia CSJ AC041-2026 se dijo que era necesario destacar que los fueros real y personal del ente público contenidos, respectivamente, en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del Código de los ritos ostentan carácter privativo, lo que impide resolver ese enfrentamiento con auxilio del canon 29 ídem, conforme al cual prevalece la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes, en la medida en que la regla décima del citado precepto 28 no consagra un factor subjetivo sino «un foro de atribución en función del territorio », por lo que recuerda que únicamente los artículos 27, inc. 15, y 30, núm. 66, de la misma obra consagran las hipótesis fácticas concebidas dentro del factor subjetivo. En ese entendido es posible aplicar el principio perpetuatio jurisdictionis cuando el funcionario aprehenda el conocimiento del proceso y, luego, motu proprio quiera

dentro del factor subjetivo. En ese entendido es posible aplicar el principio perpetuatio jurisdictionis cuando el funcionario aprehenda el conocimiento del proceso y, luego, motu proprio quiera desdecir de su actuar, so pretexto de la aplicación de la citada pauta 29, ya que como fuera dicho, el foro personal del artículo 28, núm. 10, adjetivo no entraña un factor subjetivo sino una asignación de causas en función del territorio, por ende, es conducente predicar en ese caso que se prorrogó la competencia por el silencio del convocado (Cfr. CSJ AC85732025). 5 «La competencia no variará por la intervención sobreviniente de personas que tengan fuero especial o porque dejaren de ser parte en el proceso, salvo cuando se trate de un estado extranjero o un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República frente a los cuales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tenga competencia» (negrita fuera de texto).6 «De los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República, en los casos previstos por el derecho internacional».Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05670-00 9 Y, concluye que ante la anomia que dirima el enfrentamiento normativo: «[D]e esos foros privativos de atribución dentro del factor de competencia territorial, es menester acudir a los principios constitucionales de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), debido proceso, defensa y contradicción de las partes (art. 29

competencia territorial, es menester acudir a los principios constitucionales de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), debido proceso, defensa y contradicción de las partes (art. 29 ídem); así como a los principios generales del derecho procesal de igualdad de las partes (art. 4, C.G.P., en Conc. art. 2, Ley 270 de 1996, reform. artículo 2, Ley 2430 de 2024), inmediación (art. 6, C.G.P.) y concentración (art. 5 ídem), con miras a garantizar la efectividad del derecho sustancial como disciplinan los artículos 8 de la Ley 153 de 1887, 11 y 12 del ordenamiento procesal. La aplicación de estos principios hace que el conocimiento de la controversia sea asignado al juzgador del fuero real o del lugar donde se localiza el bien sobre el cual recae el gravamen o busca imponerse. Esto, porque así puede tramitarse de forma más eficiente el pleito en atención a la cercanía con el bien raíz materia del proceso evitando un desgaste mayor del aparato judicial y la dilación en la definición del asunto al no tener que comisionar a otro funcionario para evacuar las actuaciones que deban adelantarse in situ y poder inmediar la práctica de las pruebas, amén de que permite a las partes acudir al juicio en pie de igualdad ejerciendo la defensa de sus intereses de forma efectiva y sin incurrir en más erogaciones económicas pues, generalmente coincide con el asiento del accionado; y si bien el ente estatal puede no tener domicilio en esa zona, si busca hacerse de un bien raíz

sin incurrir en más erogaciones económicas pues, generalmente coincide con el asiento del accionado; y si bien el ente estatal puede no tener domicilio en esa zona, si busca hacerse de un bien raíz privado para cumplir con el interés general es factible suponer que tiene presencia en el área de ubicación del predio y, por contera, donde se surtirá la causa» (negrita fuera de texto). Postura que, si bien fue emitida para dirimir un conflicto de similar naturaleza originado en una expropiación judicial, resulta aplicable a los casos que estén involucrados derechos reales o los demás juicios señalados en el numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05670-00 10

4. Las disquisiciones del numeral anterior, descendidas al caso que ahora ocupa la atención de la Corte permiten concluir que, la competencia territorial para conocer el ejecutivo con garantía real promovido por Fondo Nacional del Ahorro7 contra Michel Vannesa Casas Vera será deferida al juez del lugar donde se encuentra localizado el bien sobre el cual recae el gravamen, el cual, como se advierte de la escritura pública n.° 3280 de 14 de noviembre de 2023 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Soacha, se sitúa en ese municipio8.

Lo anterior, en atención a que, en esa clase de proceso ante la falta de pago de la deudora se llevará a cabo la subasta pública del inmueble pignorado, cuestión que implica que la ejecución deba tramitarse ante la autoridad judicial de esa población para evitar un desgaste mayor de la

ante la falta de pago de la deudora se llevará a cabo la subasta pública del inmueble pignorado, cuestión que implica que la ejecución deba tramitarse ante la autoridad judicial de esa población para evitar un desgaste mayor de la administración de justicia y erogaciones adicionales a la parte ejecutada. 5.- En consecuencia, el Juzgado Primero Civil Municipal de Soacha debe adelantar la ejecución, para lo cual se le remitirá el expediente digital y se informará de ello al despacho de la capital de la República involucrado en el conflicto que acá queda dirimido. 7 Sociedad de economía mixta de la rama ejecutiva de la orden nacional organizada como establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como se deprende del certificado de existencia y representación legal obrante en los folios 95-98 del archivo PDF 003DemandaAnexos8 Folios 11 al 55 del mismo archivo.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05670-00 11

I. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE Primero: Declarar que el Juzgado Primero Civil Municipal de Soacha es el competente para conocer la causa de la referencia.

Segundo: Devolver virtualmente el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisión que acá queda dirimida.

Tercero: Librar los oficios correspondientes por

Secretaría.

NOTIFÍQUESE

despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisión que acá queda dirimida.

Tercero: Librar los oficios correspondientes por

Secretaría.

NOTIFÍQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Magistrado

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