CSJ - AC951-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC951-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

AC951-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00664-00 Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 607 del Código General del Proceso, la Corte rechaza la solicitud de exequátur presentada por Carmenza Victoria González respecto de la sentencia de divorcio No 765-12-009237-200 del 21 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Superior de Quebec, Canadá.

ANTECEDENTES

1. Por medio de su demanda la solicitante pretende que se homologue la providencia referenciada para que produzca plenos efectos jurídicos en Colombia.

Para sustentar su petición manifestó que, el 17 de agosto de 2013, contrajo matrimonio civil en Cambridge, Provincia de Ontario, Canadá, con el señor Eli Abdow, el cual fue inscrito en Colombia ante el Consulado en Montreal, mediante indicativo serial No 4705109 y registrado el 2 de noviembre del 2017.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00664-00 2 Posteriormente, promovió proceso judicial de divorcio ante el Tribunal Superior de Quebec y el 21 de septiembre de 2021, se profirió sentencia mediante la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial.

2. Como anexos, la interesada incorporó diversos documentos para darle sustento a su postulación.

CONSIDERACIONES 1.- El numeral 2º del artículo 607 del Código General del Proceso dispone que esta autoridad rechazará la

documentos para darle sustento a su postulación. CONSIDERACIONES 1.- El numeral 2º del artículo 607 del Código General del Proceso dispone que esta autoridad rechazará la demanda si faltare alguno de los requisitos previstos en los numerales 1° a 4° del canon precedente. Por su parte, el numeral 2º del artículo 606 ibidem establece como condición para que una sentencia foránea pueda surtir efectos en Colombia, «[q]ue no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento». Se trata de una exigencia indispensable para efectos de dar lugar a la homologación de una sentencia extranjera en Colombia, ya que con ella se busca evitar que la decisión foránea pueda contrariar disposiciones nacionales de naturaleza intangible o, general, lesionar aquellos principios esenciales en los que está cimentado nuestro ordenamiento jurídico y que se encuentran comprendidos en el concepto de orden público.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00664-00 3 Al descender al caso concreto, y frente a esta exigencia en particular, se advierte que, si bien en su demanda la solicitante manifiesta que la «causal que dio lugar al divorcio decretado en Canadá resulta compatible con el ordenamiento jurídico colombiano, en la medida en que la Ley de Divorcio canadiense (Loi sur le Divorce) contempla, entre otras, la causal de crueldad y violencia mental o física ejercida por uno de los cónyuges », lo cierto es que al cotejar el fallo cuya

canadiense (Loi sur le Divorce) contempla, entre otras, la causal de crueldad y violencia mental o física ejercida por uno de los cónyuges », lo cierto es que al cotejar el fallo cuya homologación se persigue no se comprueba que el Tribunal de Quebec hubiese decretado el divorcio en virtud de dicha causal, ni de ninguna otra en específico. A su turno, en el expediente tampoco se advierte que con la solicitud se hubiese aportado la normativa interna que sustentó la decisión tomada por el fallador en el país extranjero, concretamente las disposiciones jurídicas que regulan la causal de divorcio aplicada en la sentencia foránea, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del estatuto procesal. Lo anterior impide cotejar, con el rigor que es requerido, que la mencionada providencia no se opone a «leyes u otras disposiciones colombianas de orden público », requisito que, de conformidad con el numeral 2° del artículo 606 de nuestro estatuto procesal, en armonía con lo establecido en el numeral 2° de la disposición que le antecede, debe encontrarse acreditado, so pena de rechazo. 2.- Otra de las exigencias que la normativa adjetiva establece que debe cumplir, so pena de rechazo de laRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-00664-00 4 demanda, es aquella contemplada el numeral 3º del artículo 606, de conformidad con el cual, para que la sentencia

4 demanda, es aquella contemplada el numeral 3º del artículo 606, de conformidad con el cual, para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en el país se requiere «[q]ue se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente legalizada » (Se resalta). Lo que se busca con este requerimiento es salvaguardar que la sentencia cuya homologación se persigue satisfaga las exigencias para poder ser concebida como un documento merecedor de valor probatorio de acuerdo con la normativa adjetiva. Al tratarse de un documento que ha sido expedido por una autoridad de un país signatario de la Convención sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, la cual fue suscrita el 5 de octubre de 1961 en La Haya, tal y como lo son Colombia y Canadá, se tiene que tal requisito se entenderá satisfecho a través de la apostilla la documental en comento (CSJ AC367-2024, reiterado en AC2289-2024, y AC2732-2024). Ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 251 del estatuto procesal, el cual determina que, para que un documento público que ha sido otorgado por un funcionario en un país extranjero pueda ser apreciado como prueba en Colombia se requiere que este haya sido « apostillad[o] de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales suscritos por Colombia».Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00664-00 5 Al descender al caso concreto, una vez revisadas las

conformidad con lo establecido en los tratados internacionales suscritos por Colombia».Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00664-00 5 Al descender al caso concreto, una vez revisadas las piezas documentales con las que se acompañó el libelo inicial, se comprueba que, si bien la parte solicitante allegó, entre otras, copia del fallo extranjero, así como del documento titulado como “Certificado de no apelación” y del respectivo “Certificado de divorcio”, se comprueba que omitió aportar la apostilla de la primera de ellas. Lo anterior impide otorgarle valor probatorio a dicho documento -el cual, naturalmente, se torna indispensable para efectos de la evaluación de una posible homologación de una sentencia extrajera-, y, adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 606 y 607 del estatuto procesal, configura una causal de rechazo de la solicitud de exequátur. A lo expuesto debe sumársele que, en el presente caso tampoco se acreditó la calidad de intérprete oficial de quien realizó las traducciones allegadas, pues no se aportó ningún folio que dé cuenta de dicha condición. Al respecto, se debe precisar que no basta, para dar viabilidad a este requisito que en las distintas traducciones figure un sello con el nombre de quien las elaboró acompañado del « Traductora e interprete oficial» o que simplemente se indique el número de una resolución expedida por Ministerio de Justicia, sin que esta sea aportada. Conviene recordar que, en línea de principio, la acreditación de dicha condición deberá realizarse aportando

resolución expedida por Ministerio de Justicia, sin que esta sea aportada. Conviene recordar que, en línea de principio, la acreditación de dicha condición deberá realizarse aportando la licencia de idoneidad expedida por la Universidad en la queRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-00664-00 6 aprobó los exámenes de habilitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 962 de 2005, o allegando «copia de la Resolución expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho», según lo ha reconocido en reiteradas oportunidades esta Sala (AC4445-2021, AC6669-2024 y AC296-2025, entre muchas). 3.- Ahora bien, en el asunto se suma otra falencia formal que, en cualquier caso, obstaculizaría la admisión del asunto, tal y como se pasará a exponer. Para la homologación de una providencia extranjera, igualmente, resulta indispensable que el interesado acredite la existencia de una eventual reciprocidad (diplomática o legislativa, según el reconocimiento de los fallos nacionales en el país extranjero provenga de un acuerdo entre naciones o de la aplicación de la ley) entre nuestra nación y aquella en la cual fue proferida la sentencia. Se trata, tal y como lo ha señalado la Sala, de un requisito «neurálgico» para el exequátur, cuya demostración se instituye como una carga indispensable que recae en cabeza de la parte solicitante (CSJ, AC 2822-2021, reiterada en AC6537-2025).

requisito «neurálgico» para el exequátur, cuya demostración se instituye como una carga indispensable que recae en cabeza de la parte solicitante (CSJ, AC 2822-2021, reiterada en AC6537-2025). En el presente caso, después de revisar la solicitud y sus anexos se echa de menos que la parte interesada haya acreditado la existencia de una eventual reciprocidad (diplomática o legislativa) entre Colombia y Canadá, pese a que se trata de una cuestión indispensable para efectos deRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-00664-00 7 que esta Sala pueda proferir un pronunciamiento de fondo en la materia. Fíjese que, en el acápite probatorio de la demanda de exequátur la solicitante se limitó a requerir que se oficiase: (i) al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para que certifique si entre Colombia y Canadá existen tratados o convenios vigentes sobre reconocimiento recíproco del valor de las sentencias proferidas por autoridades jurisdiccionales de ambos países en causas matrimoniales; y (ii) al Cónsul General de Colombia en Canadá para que remita las copias, con indicación de su vigencia actual, de los textos legales que avalen que en Colombia se encuentra permitida la ejecución de sentencias judiciales extranjeras proferidas en causas de divorcio matrimonial. No obstante, es necesario precisar que, atendiendo lo establecido en el numeral 10° del artículo 78 y el inciso 2° del 173 del Código General del Proceso, no es posible decretar pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por la

No obstante, es necesario precisar que, atendiendo lo establecido en el numeral 10° del artículo 78 y el inciso 2° del 173 del Código General del Proceso, no es posible decretar pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por la interesada mediante el derecho de petición. En tal sentido, se tiene que, solamente cuando dicha solicitud haya sido elevada por el interesado y este acredite no haber obtenido respuesta, es que el juez se encontrará habilitado para decretar las pruebas peticionadas. Lo anterior impide que esta Corporación pueda subsanar tal falencia probatoria, ya que, como se indicó previamente, es carga de la interesada acreditar las condiciones requeridas para tal efecto.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00664-00 8 4.- Así las cosas, suficientes resultan las razones expuestas para rechazar la demanda, por lo que así se dispondrá. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE PRIMERO. RECHAZAR la demanda de exequátur presentada por Carmenza Victoria González respecto de la sentencia de divorcio No 765-12-009237-200 del 21 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Superior de Quebec, Canadá. SEGUNDO. Reconocer personería a Ana Luisa Giraldo Velasco, para actuar en representación de la parte

septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Superior de Quebec, Canadá. SEGUNDO. Reconocer personería a Ana Luisa Giraldo Velasco, para actuar en representación de la parte solicitante, en los términos y para los fines del mandato conferido. TERCERO. En firme esta providencia, se ordena el archivo de la actuación sin necesidad de desglose por cuanto el libelo y sus anexos se presentaron en forma digital. NOTIFÍQUESERadicación n.º 11001-02-03-000-2026-00664-00 9

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada

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