CSJ - AC992-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC992-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC992-2026 Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Se decide el recurso de queja que interpuso la parte demandante contra la providencia de 22 de septiembre de 2025, a través de la cual se negó la concesión del recurso extraordinario de casación que formuló frente a la sentencia proferida, el 20 de junio de 2025, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.

I. ANTECEDENTES 1.- Paola Andrea Larrarte Granja convocó a juicio a Marcela, Liliana, Sandra y Patricia Larrarte Palacio para que se declarara rescindido por «lesión enorme el contrato de compraventa de derechos herenciales » contenido en la escritura pública No. 1901 de la Notaría Quinta (5) del Círculo de Cali, celebrado el 3 de julio de 2018 y, en consecuencia, se leRadicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 restituyeran los derechos herenciales a fin de restablecer el desequilibrio en que se incurrió con la venta de estos, estimando la compensación por lesión enorme en la suma de $3.495’000.000.oo; además, pidió se le condenara al extremo pasivo a pagar a su favor perjuicios compensatorios por valor de $703’856.610.oo, e indexación en la cifra de

$837’052.500,oo.

pasivo a pagar a su favor perjuicios compensatorios por valor de $703’856.610.oo, e indexación en la cifra de $837’052.500,oo. En sustento, adujo que otorgó en venta a sus hermanas demandadas los derechos herenciales que a título universal le tocaban en la sucesión intestada de su difunto progenitor, Olid Larrarte Rodríguez (q.e.p.d.), mediante escritura pública n.° 1901 de fecha 3 de julio de 2018 corrida en la Notaría Quinta del Círculo de Cali, por valor de $435’800.496.oo, rubro que, en su criterio, al revisar el patrimonio del causante, «no corresponde al derecho que por legítima rigurosa le corresponde [a la actora] valor que difiere desproporcionadamente del valor real o justo precio». Señaló que, bajo apremios de sus hermanas para la venta de los derechos herenciales, «accedió inducida en el error y suscribió la Escritura Pública de venta de sus derechos por un valor irrisorio», existiendo de ese modo la desproporción entre el valor real o justo precio y el pagado por tales derechos; siendo así, «injusto e inequitativo, que el precio a ella pagado esta disminuido en más de la mitad, por lo que solicita se declare que sufrió Lesión Enorme y en consecuencia se rescinda el contrato de venta de sus derechos herenciales». Comentó que, el de cujus liquidó y disolvió la sociedad 2Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 conyugal con su entonces esposa Magda Cecilia Palacio de

derechos herenciales». Comentó que, el de cujus liquidó y disolvió la sociedad 2Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 conyugal con su entonces esposa Magda Cecilia Palacio de Larrarte, (E.P. n.° 4417, 29 dic. 2017, Notaría Quinta del Círculo de Cali, aclarada en E.P. n.° 979, 12, abr. 2018) ; y, la sucesión del causante se tramitó en la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Popayán, cuyo trabajo de partición y adjudicación aprobado, tuvo en cuenta la adjudicación de un pasivo por valor de $1.889’653.570.oo; empero, resaltó una presunta incongruencia llamativa en tal cifra, pues en un periodo muy corto antes de su fallecimiento (11 mar. 2018) el pasivo del causante superaba incluso el valor previamente liquidado. Agregó que, era bastante suspicaz la desaparición o no inclusión de créditos activos por valor de $4.723’881.225.oo, los cuales habían sido adjudicados al de cujus apenas dos meses y trece días antes de su deceso, mediante la escritura 4417 del 29 de diciembre de 2017; sumado al hecho que, existen procesos con sentencia condenatoria y con solicitud de pago por $9.857’816.273,76 (capital sin intereses e indexación de los derechos litigiosos del Ministerio de Defensa). Entonces, coligió que, al sumar los activos y pasivos referidos, «la masa total a suceder por las beneficiaras se acrecentará

indexación de los derechos litigiosos del Ministerio de Defensa). Entonces, coligió que, al sumar los activos y pasivos referidos, «la masa total a suceder por las beneficiaras se acrecentará en $16.471.351.068.76 = ($1.889.653.570 más $4.723.881.225 más el capital sin intereses e indexación de los derechos litigiosos del Ministerio de Defensa por $9.857.816.273.76)»; de ahí que, «[s]i a la suma inicial determinada como masa sucesoral de $6.192.707.156.27 contenida en la escritura 3878 de Noviembre 30 de 2018, le adicionamos la cifra anteriormente determinada por $16.471.351.068.76, tenemos que la masa total asciende a la suma de $22.664.058.225.03 = ($16.471.351.068.76 más $6.192.707.156.27) » (Negrilla texto 3Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 original). Ergo, alegó que si la masa de la sucesión ascendía a $22.664’058.225,03, a cada una de las cinco hijas -incluida la convocantele correspondían bienes por valor de $4.532’811.645.oo, que no la cifra irrisoria que le fue pagada $435’800.496.oo; máxime cuando, «en vida del causante se entregó un inmueble como anticipo a su legítima rigurosa por valor de $602.000.000, para un total de $ 1.037.800.496, valor que representa el

entregó un inmueble como anticipo a su legítima rigurosa por valor de $602.000.000, para un total de $ 1.037.800.496, valor que representa el 23% mucho menos del 50% de lo que debió recibir»; es decir, si «lo que debió recibir, asciende a $4.532.811.645 (repito sin incluir lo que certifique la Policía Nacional) lo recibido por $1.037.800.496 representa el 23% de lo que debió recibir 23% = ($1.037.800.496 / $4.532.811.645)», a su juicio, fácil resultaba esgrimir que « la Lesión Enorme [ascendía] a la suma de (….) $3.945.000.000) M.Cte., que puede ser una cifra superior por las cuantías que se desconocen». 2.- Al ser enteradas de la demanda, las convocadas se opusieron a las súplicas y plantearon las excepciones de mérito que denominaron «No existe lesión enorme al tratarse de un contrato aleatorio»; e «inexistencia de los requisitos para que se configure la lesión enorme». 3.- El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Popayán declaró la prosperidad de la segunda fórmula exceptiva y denegó el petitum (4 abr. 2024). 4.- Apelada dicha determinación por la parte demandante, el 20 de junio de 2025, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán ratificó la de la a quo , al considerar que le correspondía a la actora 4Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán ratificó la de la a quo , al considerar que le correspondía a la actora 4Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 probar que se estaba en presencia de un contrato conmutativo, más no aleatorio; aún más, acreditar que la cesión de los derechos herenciales que realizó a favor de sus hermanas estaba afectada de lesión enorme, deber que consideró incumplido pues no demostró que el precio recibido fuese inferior en más de la mitad del justo precio objetivamente calculado al momento de la cesión de los derechos herenciales. 5.- Elevada solicitud de «ADICIÓN O COMPLEMENTACIÓN de LA SENTENCIA » por la impulsora, el iudex plural denegó tal petitoria (17 jul. 2025). 6.- La promotora presentó recurso extraordinario de casación cuya concesión fue denegada el 22 de septiembre de 2025 por el ad quem , con fundamento en que, frente al interés para recurrir, se adosaron (i) la Escritura Pública 1901 del 3 de julio de 2018 en la que consta la compraventa que se pide rescindirse indica un valor de $435’800.496,oo, y (ii) E.P. n.° 3878 del 20 de noviembre de 2028 en la que se liquidó la masa sucesoral del de cujus, por valor de activos de $6.192’707.156.27 y un pasivo de $1.889’653.770 para un total patrimonial sucesoral líquido de $4.303’053.586,77, correspondiendo a cada una de las demandadas una hijuela

$6.192’707.156.27 y un pasivo de $1.889’653.770 para un total patrimonial sucesoral líquido de $4.303’053.586,77, correspondiendo a cada una de las demandadas una hijuela de $1.548’176.789,05. Entonces, afirmó que, «las demandadas al contestar, subrayaron que bajo esa prueba documental (escrituras públicas), los derechos que le hubiesen podido corresponder a la demandante en la sucesión del Causante (…) serían equivalentes a la quinta parte de la 5Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 suma indicada en el numeral anterior ($4.303.053.586,77 de patrimonio líquido dividido entre 5 incluyendo a la demandante), es decir a ochocientos sesenta millones seiscientos diez mil setecientos diecisiete pesos moneda corriente ($ 860.610.717 m/cte.); de ahí que, con base en lo hasta ahora enunciado por ambos extremos, «el interés para recurrir tendríamos entonces que a los $ 860.610.717 se le aplicaría entre otros, el deducible de lo ya recibido por la demandante 435.800.496, lo que no alcanzaría la suma de los 1.000 smlmv para recurrir en casación». Agregó que, en el dossier se aportó dictamen pericial decretado en el decurso y otra documental remitida por el Ministerio de Defensa Nacional, respecto de rubros a los que hipotéticamente tendría derecho la gestora y en su criterio integrarían la masa sucesoral; empero, concluyó el Tribunal

decretado en el decurso y otra documental remitida por el Ministerio de Defensa Nacional, respecto de rubros a los que hipotéticamente tendría derecho la gestora y en su criterio integrarían la masa sucesoral; empero, concluyó el Tribunal que «la citada prueba pericial ante la falta de claridad de la información que contiene, plantea varios escenarios, dos cálculos distintos, especulando sobre lo que eventualmente le podía corresponder a la demandante en la sucesión de su padre, pues no se tiene certeza sobre los bienes relictos, sobre el acervo herencial, ni claridad sobre lo que en realidad le correspondería al causante Olid Larrarte sobre las sumas o valores que reporta el Ejército y la Policía Nacional, cuáles corresponden a la Sociedad Olid Larrate, cuáles a los clientes y cuáles al causante por honorarios o por haberles comprado sus derechos litigiosos y cuáles conceptos y por qué valores efectivamente han recibido pagos las demandadas»; de suerte que dicho elemento suasorio, «en esos escenarios no puede tomarse en cuenta para deducir otro valor diferente a los ya enunciados como correspondientes al justo precio de lo que le habría correspondido a la demandante y por ende del perjuicio irrogado en su contra». Remató enunciando que, aun cuando la convocante determinó en su juramento estimatorio el quantum de 6Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 $5.035’909.110.oo, los elementos probatorios obrantes en el proceso - incluso sin aplicar indexación ni considerar el

6Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 $5.035’909.110.oo, los elementos probatorios obrantes en el proceso - incluso sin aplicar indexación ni considerar el deducible y la “décima parte” prevista en el artículo 1948 del C.C. - no alcanzan el monto mínimo requerido para acudir a la súplica extraordinaria, especialmente porque el rubro correspondiente a «perjuicios» carece de explicación y sustento probatorio, al haberse enunciado de forma genérica al subsanar la demanda, citando fragmentos de una providencia de esta Corporación, según la cual, entratándose del juramento estimatorio «(…) la definición [de este] si el impugnante colma la exigencia pecuniaria no recae exclusivamente en ese medio suasorio cuando en el expediente militan otros, pues se contradice el mandato determinarla con los elementos de juicio que obren en el expediente”» (AC4115-2022). 7.- Inconforme con esa determinación, el extremo activo propuso reposición y, en subsidio el recurso de «queja», arguyendo que, contrario a lo analizado por el Tribunal, sí obran elementos de juicio en el infolio para establecer el justiprecio del aspecto económico de la resolución que le fue desfavorable, dado que, aquél « ignoró por completo el dictamen pericial, que se basó en certificaciones de entidades estatales (Ejército y Policía Nacional que reposan en el expediente)», lo que quebrantaría los principios de sana crítica y valoración integral probatoria.

pericial, que se basó en certificaciones de entidades estatales (Ejército y Policía Nacional que reposan en el expediente)», lo que quebrantaría los principios de sana crítica y valoración integral probatoria. Aseguró que, « [p]ara determinar el "justo precio" en la lesión enorme (art. 1947 C.C.), debe considerarse el valor real de lo vendido en el momento de la enajenación. Los derechos litigiosos existían y eran exigibles el 3 de julio de 2018; por tanto, integraban indudablemente el valor de los derechos herenciales. El tribunal, al no incluirlos, partió de una base fáctica falsa »; para ello, sustentó tal argumento en 7Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 providencia C-236-2014 de la Corte Constitucional acerca de «acervo imaginario». Culminó, esbozando que, el agravio real no se limita a la simple diferencia entre la « legítima líquida notarial » y el precio pagado, sino que se calcula a partir de la prueba pericial presentada, es decir, la «legítima rigurosa real», incluida la parte correspondiente al « acervo imaginario » que asciende a $7.476’219.903,82.oo; mientras que el precio recibido por la interesada fue de $435.800.496, a lo que se le agregaría una donación de $602’000.000.oo, arrojando un total de $1.037’800.496,oo. De suyo, coligió que, el perjuicio integra un total de $7.040’419.407,82, suma que superaría con creces el interés para recurrir en Casación.

$1.037’800.496,oo. De suyo, coligió que, el perjuicio integra un total de $7.040’419.407,82, suma que superaría con creces el interés para recurrir en Casación. 8.- En proveído de 30 de octubre de 2025, el Colegiado mantuvo incólume su postura y ordenó la expedición de copias, de acuerdo con la disposición 353 del Código General del Proceso.

II. CONSIDERACIONES 1.- El artículo 352 del Código General del Proceso establece que « cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja para que el superior lo conceda si fuere procedente. El mismo recurso procede cuando se deniegue el de casación» (se subraya).

Así, el fin primordial de la queja, cuando no se concede el recurso de casación, es que el superior examine si la 8Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 censura estuvo bien o mal denegada por el inferior, por ello, la competencia funcional de la Corte se circunscribe a: i) precisar si el mecanismo extraordinario es procedente de conformidad con los lineamientos del precepto 334 de la ley adjetiva; ii) si se propuso en la forma y términos establecidos en los artículos 337 y ss. ídem; y iii) si la parte impugnante está legitimada para ello, según lo exige el mismo canon normativo. 2.- Dentro de los requisitos para conceder dicho medio de defensa, tal como lo refiere la regla 338 de la codificación

está legitimada para ello, según lo exige el mismo canon normativo. 2.- Dentro de los requisitos para conceder dicho medio de defensa, tal como lo refiere la regla 338 de la codificación citada, se encuentra «el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente » cuando las « pretensiones sean esencialmente económicas», el cual se determina por el monto de los perjuicios que el veredicto de segundo grado ocasiona al inconforme, estimados al momento de su emisión. Por lo tanto, dicho interés está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, es decir, a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial sufrida por el impugnante con el desenlace desfavorable a sus intereses, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo proferido por el ad quem. De conformidad con la aludida disposición normativa, el legislador impuso que el «interés» mínimo para habilitar la casación es de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV), monto que para el año 2025 -en el que se profirió la sentencia - asciende a $1.423.500.0001; sin 1 Salario mínimo para Colombia en el año 2025 $1’423.500. Entonces: 1’423.500 x 9Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 perder de vista que la labor del juez en orden a determinarlo no se concreta solamente en « auscultar el elemento objetivo de la petición (la cosa o el bien y la relación jurídica

perder de vista que la labor del juez en orden a determinarlo no se concreta solamente en « auscultar el elemento objetivo de la petición (la cosa o el bien y la relación jurídica reclamada), sino que debe acudir a la integralidad de ella, lo que involucra la causa para pedir (razón de hecho) » (CSJ, AC725-2021, reiterado en CSJ, AC2736-2024). 3.- Ahora bien, en tratándose de juicios, cuyo componente petitorio, abarca una acción rescisoria por lesión enorme, el interés para recurrir en casación que, como en la mayoría de procesos, se determina por el valor del agravio actual al patrimonio del recurrente, éste no sólo equivale al valor comercial del inmueble objeto del contrato (como sucede en muchos de esos asuntos) ; sino que, en casos como el acá analizado, también depende del eventual detrimento que debe calcularse teniendo en cuenta lo efectivamente recibido por cuenta del negocio jurídico celebrado y el efecto jurídico de las pretensiones negadas como consecuencia de tal acto que conlleva la petición de la declaratoria de la lesión enorme. 4.- De cara a lo anterior, es evidente que, en el sub lite el asunto que activó la justicia de esta estirpe, lo fue el «contrato de compraventa de derechos herenciales a título universal en la sucesión intestada» contenido en la escritura pública No. 1901 de la Notaría Quinta (5) del Círculo de Cali, celebrado el 3 de julio de 2018 por ambos extremos procesales, el cual, tuvo como

intestada» contenido en la escritura pública No. 1901 de la Notaría Quinta (5) del Círculo de Cali, celebrado el 3 de julio de 2018 por ambos extremos procesales, el cual, tuvo como valor pactado por ese negocio jurídico y cuyo desequilibrio en que presuntamente se incurrió, fue por la cifra de 1000 = $1.423’500.000. 10Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 $435’800.496.oo, la que estimó la actora como irrisoria, frente al patrimonio neto que tendría eventualmente el causante. Por lo tanto, aquella cifra es la que efectivamente debía calcularse para determinar el agravio en la cuantía del interés para recurrir, por ser ese el único quantum que se estimó indebidamente sufragado y sobre el cual media prueba en el expediente, el cual, no colma la cifra que prescribe el cánon 338 del Código General del Proceso, a voces del contenido del contrato elevado al acto escritural aludido, el cual, contiene esa enajenación a título universal, cuyo objeto en la cláusula primera refiere: «LA VENDEDORA transfiere a título de compraventa a favor de LAS COMPRADORAS por partes iguales, los derechos y acciones herenciales a título universal y cualquier otro derecho que a ella le corresponda o le pueda corresponder en calidad de heredera en la sucesión intestada del causante OLID LARRARTE RODRÍGUEZ (…) » [Archivo: 004Anexo 5. Escritura 1901 de

cualquier otro derecho que a ella le corresponda o le pueda corresponder en calidad de heredera en la sucesión intestada del causante OLID LARRARTE RODRÍGUEZ (…) » [Archivo: 004Anexo 5. Escritura 1901 de Julio-2018.pdf, C-1 del expediente digital]. 5.- De otra parte, en torno a la inconformidad general de la recurrente, respecto a la presunta omisión del ad quem del análisis del dictamen pericial que aportó al proceso, practicado por el contador público José Alonso Cruz Pérez, a fin de tasar los demás aspectos que componen su petítum, esto es, el valor que estima le debe ser compensado por la supuesta lesión enorme que soportó ($3.495’000.000.oo) y los perjuicios compensatorios a su favor ($703’856.610.oo) con indexación ($837’052.500,oo.); la Sala encuentra que, en el proveído opugnado el iudex plural, contrario a lo así 11Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 afirmado, hizo un pronunciamiento respecto a esa experticia y, al efecto apostilló: «[…] la citada prueba pericial ante la falta de claridad de la información que contiene, plantea varios escenarios, dos cálculos distintos, especulando sobre lo que eventualmente le podía corresponder a la demandante en la sucesión de su padre, pues no se tiene certeza sobre los bienes relictos, sobre el acervo herencial, ni claridad sobre lo que en realidad le correspondería al causante Olid Larrarte sobre las sumas o valores que reporta el

no se tiene certeza sobre los bienes relictos, sobre el acervo herencial, ni claridad sobre lo que en realidad le correspondería al causante Olid Larrarte sobre las sumas o valores que reporta el Ejército y la Policía Nacional, cuáles corresponden a la Sociedad Olid Larrate, cuáles a los clientes y cuáles al causante por honorarios o por haberles comprado sus derechos litigiosos y cuáles conceptos y por qué valores efectivamente han recibido pagos las demandadas, por lo que esa prueba en esos escenarios no puede tomarse en cuenta para deducir otro valor diferente a los ya enunciados como correspondientes al justo precio de lo que le habría correspondido a la demandante y por ende del perjuicio irrogado en su contra». Lo anterior, porque a su vez, en el veredicto de segundo nivel que zanjó la litis, ese sentenciador también coligió, en punto al valor probatorio del dictamen pericial, que, «Al revisar las pruebas recaudadas, en especial la experticia rendida a instancia de la demandante, se observa que no corresponde a la realidad afirmar que la juez no lo haya tenido en cuenta, por el contrario la valoró y explicó las falencias de las que adolecía; hay una gran diferencia entre no tener en cuenta una prueba y sí tenerla en cuenta pero no darle el alcance, el valor probatorio acorde a los intereses de la apelante, se itera, tal certeza sobre el justo precio, no se observa: todos los cálculos se hacen sobre información que el propio perito toma de lo que considera que actualmente hace parte de la masa herencial de

certeza sobre el justo precio, no se observa: todos los cálculos se hacen sobre información que el propio perito toma de lo que considera que actualmente hace parte de la masa herencial de 12Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 OLID LARRARTE; incluso, ante la falta de claridad plantea varios escenarios, dos cálculos distintos, especulando sobre lo que eventualmente le podía corresponder a la demandante en la sucesión de su padre. Esa falta de certeza sobre los bienes relictos, sobre el acervo herencial, se presenta porque no existe claridad sobre lo que en realidad le correspondería al causante OLID LARRARTE sobre las sumas o valores que reporta el Ejército y la Policía Nacional, cuáles corresponden a la SOCIEDAD OLID LARRATE, cuáles a los clientes y cuáles al causante por honorarios o por haberles comprado sus derechos litigiosos; más aún, no está acreditado cuáles conceptos y por qué valores efectivamente han recibido las demandadas. Entonces, si no hay claridad sobre esos montos, ¿cómo se estable el justo precio de lo que le habría correspondido como heredera?; (…)» [fls. 12 y 13, derivado: 021SentenciaSegundaInstancia.pdf, C-2, expediente digital]. Con base en lo antes transcrito, se advierte que, una vez más la recurrente pretende cuestionar la valoración que el ad quem hizo respecto del dictamen pericial, endilgándole ausencia de pronunciamiento, lo cual, sin lugar a ambages,

Con base en lo antes transcrito, se advierte que, una vez más la recurrente pretende cuestionar la valoración que el ad quem hizo respecto del dictamen pericial, endilgándole ausencia de pronunciamiento, lo cual, sin lugar a ambages, contrasta con lo acaecido en el litigio; dado que éste, sí hizo un análisis de aquella experticia, destacando la « falta de claridad de la información que contiene » y por ende, plantear « dos cálculos distintos, especulando sobre lo que eventualmente le podía corresponder a la demandante en la sucesión de su padre, (…) ni claridad sobre lo que en realidad le correspondería al causante Olid Larrarte sobre las sumas o valores que reporta el Ejército y la Policía Nacional, (…) y cuáles al causante por honorarios o por haberles comprado sus derechos litigiosos (…)»; empero, la recurrente no se pronunció al respecto. En una palabra, la quejosa no desvirtuó tales asertos del sentenciador plural. 13Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 5.1.- En todo caso, al otear la experticia realizada por el contador público José Alonso Cruz Pérez, se advierte que esta carecía de mérito demostrativo pues distaba de ser clara, precisa, exhaustiva y detallada, como exige el mandamiento 226 del Código General del Proceso. En efecto, la norma citada prescribe que todo dictamen, para asignársele valor probatorio, debe cumplir con unas exigencias, que por su importancia frente al caso se destacan las siguientes: (i) ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; (ii)

En efecto, la norma citada prescribe que todo dictamen, para asignársele valor probatorio, debe cumplir con unas exigencias, que por su importancia frente al caso se destacan las siguientes: (i) ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; (ii) exponer los fundamentos técnicos y científicos de las conclusiones; (iii) señalar las publicaciones, relacionadas con la materia de peritaje, que haya realizado durante los últimos 10 años; (iv) expresar si ha sido designado en casos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado, indicando el objeto de la experticia; (v) manifestar si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente; (vi) señalar si aplicó técnicas diferentes a las que ha utilizado en dictámenes rendidos en anteriores procesos, indicar las razones para ello; (vii) manifestar si las técnicas utilizadas son diferentes respecto de las que utiliza en el ejercicio regular de su profesión, explicar las razones para el efecto; y (viii) relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración de la experticia. Esta Sala Especializada, ha sostenido que toda peritación debe observar los requerimientos especiales antes enunciados, so pena que la decisión de admisión del recurso de casación no pueda soportarse en ella (AC5405, 23 ag.

14Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 2016, rad. n° 2008-00324-01; AC7246, 25 oct. 2016, rad. n.° 2012-00116-01; AC1641, 2 ab. 2014, rad. n.° 2009-0120201; AC2017, 23 may. 2018, rad. n.° 2013-00339-01 y CSJ, AC3347-2020, 7 dic. rad. 2020-01335-00) y, por contera, como sucede en este estadio procesal, sea estimado bien denegado el recurso como se verá más adelante. Entonces, contrario a lo expresado por la quejosa, el dictamen pericial del contador público Cruz Pérez no podía tenerse en cuenta para la determinación de los componentes que esta exigía, en la medida en que no cumplía algunos de los requisitos formales enumerados con antelación, como se evidencia a continuación: (i)- El trabajo carece de los atributos de claridad, precisión, exhaustividad y detalle, pues aun cuando, indicó que su objeto de estudio sería « Determinar el valor de los bienes del señor OLID LARRARTE RODRIGUEZ (Q.E.P.D.) al momento del contrato de venta de los derechos herenciales a la señora Paola Andrea Larrarte Granja, con el fin de determinar el justo precio de la mencionada enajenación o venta » [fl. 1, archivo: 257 PERICIA DEMANDA RESCISION CONTRATO COMPRAVENTA.pdf, C-1], no explicó cuál sería el método o técnica para establecer tales sumas en aquél objeto

CONTRATO COMPRAVENTA.pdf, C-1], no explicó cuál sería el método o técnica para establecer tales sumas en aquél objeto de análisis pericial, que no pasaron de ser tan sólo hipótesis del profesional de la contaduría y, como acertadamente lo esgrimió el ad quem, realizar «dos cálculos distintos, especulando sobre lo que eventualmente le podía corresponder a la demandante en la sucesión de su padre, (…)». 15Radicación n.° 19001-31-03-004-2022-00085-01 (ii)- No se hizo manifestación técnica alguna de cómo fueron calculados los precios referidos en el trabajo, sino que se realizó una especulación, en su metodología para «determinar el valor real de los derechos litigiosos o créditos activos que se encontraban a nombre del señor Larrarte Rodríguez, para la época de su defunción» [fl. 2, ibídem]; y (iii)- No indicó las publicaciones relacionadas con la materia de peritaje, que haya realizado durante los últimos 10 años. Ello es así, porque se limitó a mencionar para el efecto, dos publicaciones: a)- «Libro denominado “Los Créditos de Vivienda en Colombia, una Violación Sistemática del Estado al Derecho Humano de Propiedad” Centro Derechos Humanos Universidad Santiago de Cali, 2010. Anexo Caratula» y; b)- «Conferencias: Efectos Tributarios del TLC (2007-2008); El acoso económico y financiero como agente perturbador de la paz y violador de los derechos (2007-2008); el proceso verbal para la reducción, fijación y pérdida de intereses (2002-2006); los

del TLC (2007-2008); El acoso económico y financiero como agente perturbador de la paz y violador de los derechos (2007-2008); el proceso verbal para la reducción, fijación y pérdida de intereses (2002-2006); los intereses permitidos (2006)»; las que, en nada tienen que ver con la materia de la experticia. 5.2.- Corolario del análisis antes efectuado, el sustento del dictamen pericial está ligado a su validez científica o técnica en el empleo del método utilizado por el respectivo perito, lo cual, no se evidencia del documento antes esbozado. Y es que, recientemente, esta Corporación en punto de esa valoración racional de la experticia, sostuvo que, «[e]l peso probatorio de un dictamen no puede depender únicamente de la autoridad del perito, sino que debe determinarse por la validez científica o técnica del método empleado, la corrección

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