CSJ - AC993-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC993-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente AC993-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00020-00 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiséis (2026). ANOTACIÓN PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n.º 034 de esta Corporación y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en esta providencia paralela , los nombres de las partes involucradas en el asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgación real de sus datos. Anotado lo anterior, decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre la Defensoría de Familia del Centro Zonal Noroccidental de Medellín y la Comisaría de Familia del municipio de Cañasgordas, ambos de Antioquia.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00020-00 2
I. ANTECEDENTES 1.- La Defensoría de Familia del Centro Zonal Noroccidental de Medellín (Regional Antioquia del ICBF), mediante resolución n.° 091 del 4 de agosto de 2025, llevó a cabo audiencia en la que, emitió fallo en el marco de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, en favor de los menores “Andrés” y “Antonia”, declarándolos en estado de vulnerabilidad, modificó la medida de restablecimiento inicial y, en consecuencia dispuso, la
proceso administrativo de restablecimiento de derechos, en favor de los menores “Andrés” y “Antonia”, declarándolos en estado de vulnerabilidad, modificó la medida de restablecimiento inicial y, en consecuencia dispuso, la ubicación inmediata y urgente en «hogar de paso», hasta tanto la autoridad administrativa tramitara y obtuviera el cupo en la medida de « acogimiento familiar hogar sustituto », por lo que, determinó el traslado de los PARD « a la Defensoría de Familia competente, una vez se le asigne el cupo en la modalidad ACOGIMIENTO FAMILIAR HOGAR SUSTITUTO, según la distribución interna de los operadores en la Regional Antioquia » [Fls. 139-154, archivo digital: “ANTONIA”_compressed.pdf; y folios 142 -157, archivo: “ANDRES”_compressed.pdf]. 2.- En virtud de lo anterior, dicha autoridad administrativa, en acta titulada «historia de atención n.° 1087444610874445» del 26 de agosto de 2025, dejó en medida provisional de ubicación en medio familiar en hogar sustituto a los menores, bajo el cuidado de la madre sustituta, “María”, quien reside en el municipio de Cañasgordas, Antioquia. [fls. 240241, de los archivos digitales: “ANTONIA”_compressed.pdf y “ANDRÉS”_compressed.pdf]. 3.- Recibidas las diligencias por parte de la Comisaría de Familia del Municipio de Cañasgordas, Antioquia, rehusó
240241, de los archivos digitales: “ANTONIA”_compressed.pdf y “ANDRÉS”_compressed.pdf]. 3.- Recibidas las diligencias por parte de la Comisaría de Familia del Municipio de Cañasgordas, Antioquia, rehusó su conocimiento y suscitó conflicto negativo de competencia,Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00020-00 3 bajo el criterio que, la competencia para continuar PARD corresponde a la Defensoría de Familia del Centro Zonal Noroccidental de Medellín, autoridad que inició el trámite y emitió la decisión inicial, sin que la ubicación posterior de los niños en un hogar sustituto en Cañasgordas implique cambio de domicilio, al tratarse de una « medida de restablecimiento de derechos conforme al Artículo 53 de la Ley 1098 de 2006», por lo que, no se entendía como un traslado de competencia. En consecuencia, lo envió el legajo a esta Corporación para dirimir la colisión (15 dic.) [Archivo digital: AUTO NO AVOCA
CONOCIMIENTO.pdf].
II. CONSIDERACIONES 1.- Las Comisarías de Familia, instituidas por la ley para «prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar y/o víctimas de otras violencias en el contexto familiar» (art. 2º Ley 2126 de 2021), tienen a su cargo el ejercicio de funciones administrativas y jurisdiccionales
(art. 3º ib.).
razones de género en el contexto familiar y/o víctimas de otras violencias en el contexto familiar» (art. 2º Ley 2126 de 2021), tienen a su cargo el ejercicio de funciones administrativas y jurisdiccionales (art. 3º ib.). Por su parte, las Defensorías de Familia, en cuanto a sus funciones, son creadas para, « [a]doptar las medidas de restablecimiento establecidas en la presente ley para detener la violación o amenaza de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes» (núm. 2°, art. 82 Ley 1988 de 2006). El desarrollo de éstas últimas se enmarca en las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000, 1257 de 2008 y 2126 de 2021, lasRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00020-00 4 cuales les otorgan potestades propias de un funcionario judicial, como la imposición de medidas de protección provisionales o definitivas, la fijación de cauciones de comportamiento conyugal, la definición de la custodia y el cuidado personal, el decreto y práctica de pruebas periciales, la emisión de órdenes de arresto y todas las demás encaminadas a la salvaguarda y prevención de cualquier forma de violencia dentro del contexto «familiar», decisiones cuya revisión corresponde, por imposición legal, a los jueces de dicha especialidad (artículo 119, Ley 1098 de 2006). El ejercicio de funciones jurisdiccionales implica, para estos servidores públicos, la obligación de revestir sus
de dicha especialidad (artículo 119, Ley 1098 de 2006). El ejercicio de funciones jurisdiccionales implica, para estos servidores públicos, la obligación de revestir sus pronunciamientos de las mismas formalidades que las de aquellos (los jueces), entre estas, la debida motivación de sus pronunciamientos, acorde con el canon 279 de la nueva codificación de procedimiento, el cual prevé que «[s]alvo los autos que se limiten a disponer un trámite, las providencias serán motivadas de manera breve y precisa. (…) En todas las jurisdicciones, ninguna providencia tendrá valor ni efecto jurídico hasta tanto hayan sido pronunciadas y, en su caso, suscrita por el juez o magistrados respectivos». 2.- La antedicha regulación revela sin equívocos que solo a través de autos o sentencias se expresan las decisiones judiciales y, por lo tanto, se admiten como pronunciamientos con plenos efectos jurídicos. Por ende, como el conflicto planteado involucra a dos autoridades de diferentes distritos judiciales, corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir la colisión. Así se desprende de los artículos 139 del Código General del Proceso (inciso quinto) yRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00020-00 5 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 3.- Al tenor de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1098 de 2006, para conocer el procedimiento administrativo en cita, «será competente la autoridad del lugar donde se encuentre el
de 2009. 3.- Al tenor de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1098 de 2006, para conocer el procedimiento administrativo en cita, «será competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente; pero cuando se encuentre fuera del país, será competente la autoridad del lugar en donde haya tenido su última residencia dentro del territorio nacional» (subrayado fuera del texto). 4.- Confrontado el asunto que se examina con el aparte normativo que acaba de referirse, deviene que no existe duda en cuanto a que la competencia para conocer de este tipo de controversias, con base en el factor territorial, recae en la autoridad del lugar «donde se encuentre » el niño, niña o adolescente objeto de las medidas. Así lo ha señalado esta Corporación en asuntos análogos, destacando que: «La claridad de la referida disposición no remite a duda, en cuanto asigna la facultad al funcionario del sitio en que se ‘encuentre’ el menor, aludiendo así simple y llanamente a su ubicación física y, por tanto, dejando de lado otros conceptos cuya aplicación en concreto pudieran generar duda. Predicamento que se acopla plenamente a los principios de inmediación, economía procesal y acceso real y efectivo a la administración de justicia, compendiados en el concepto de ‘mínimo esfuerzo de la jurisdicción’, acorde con el cual se aspira a que el trámite se desarrolle lo más cerca posible a los involucrados en el conflicto, para facilitar su comparecencia, la aportación,
‘mínimo esfuerzo de la jurisdicción’, acorde con el cual se aspira a que el trámite se desarrolle lo más cerca posible a los involucrados en el conflicto, para facilitar su comparecencia, la aportación, práctica y debate de las pruebas y el cumplimiento de las medidas encaminadas a la protección del menor.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00020-00 6 Ahora, como en la cotidianidad no siempre es posible que la sede de todos los interesados confluya alrededor de un solo funcionario, es evidente que, en aras de la prevalencia del interés superior del niño, la propia regla ha despejado cualquier duda, inclinándose por la localización de éste, que de suyo involucra la de quien directa y actualmente se encuentra a su cuidado » (CSJ AC1828-2019, reiterado en CSJ AC4136-2022, CSJ AC086-2023, CSJ AC2059-2023 y recientemente en CSJ, AC7036-2025, 10 oct., rad. 2025-03941-00). 5.- El prenombrado precepto busca también atender el fin del artículo 96 ibídem, que ordena el seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento adoptadas, por cuanto deviene apenas lógico que la autoridad a cuyo cargo está el cumplimiento de dicha tarea sea la que tenga mayor facilidad para ello, y esta no puede ser otra distinta a la del lugar de habitación del menor, quien, de acuerdo con el artículo 26 de la reglamentación en cita, tiene derecho a ser escuchado «y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta». 6.- Y no se diga que por el hecho de haber estado los
lugar de habitación del menor, quien, de acuerdo con el artículo 26 de la reglamentación en cita, tiene derecho a ser escuchado «y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta». 6.- Y no se diga que por el hecho de haber estado los menores en el barrio la aurora de la ciudad de Medellín, con su cuidadora “Anastasia”, para cuando se dio inicio al trámite administrativo, debe ser el funcionario judicial de ese territorio quien continúe con las actuaciones subsiguientes sin importar el cambio de vivienda de aquella, pues ha asentado esta Corporación que «el domicilio de los sujetos de especial protección es fuero especial de atribución de competencia territorial, aun cuando varíe en el curso del proceso; amén de que el inciso 2° del artículo 139 del Código General del Proceso prevé que: ‘ [e]l juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo los factores subjetivo y funcional’ » (CSJ AC3122-2020, reiterado en CSJ AC1664-Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00020-00 7 2021, CSJ AC5459-2022, CSJ AC2059-2023 y CSJ, AC70362025, 10 oct., rad. 2025-03941-00). 7.- En el caso bajo estudio, deviene que la ubicación de los menores “Andrés” y “Antonia” varió durante el desarrollo de la actuación, pues inicialmente se encontraban en el barrio la aurora de la ciudad de Medellín, con su cuidadora “Anastasia”, lugar donde se adelantó por la Defensoría de
los menores “Andrés” y “Antonia” varió durante el desarrollo de la actuación, pues inicialmente se encontraban en el barrio la aurora de la ciudad de Medellín, con su cuidadora “Anastasia”, lugar donde se adelantó por la Defensoría de Familia del Centro Zonal Noroccidental de esa urbe, la apertura del proceso de restablecimiento de derechos ordenando el envío del expediente a la Comisaría de Familia del municipio de Cañasgordas, ambos de Antioquia, debido a la modificación de la medida inicial, en «hogar sustituto»; quedando estos bajo el cuidado de la madre sustituta, “María”, quien reside en el municipio de Cañasgordas, Antioquia, en la Carrera Bolívar N.° 3621, Barrio Cordoncillal (4 y 26 ag. 2025). Tales circunstancias, de cara a las citas jurisprudenciales y normativas antes referidas, adscriben a la última autoridad mencionada, la competencia para continuar con el trámite de restablecimiento de derechos de “Andrés” y “Antonia”, en cuyo favor se aperturó el decurso. En un caso de similar temperamento, esta Sala dispuso el envío del dossier a la autoridad del último domicilio donde se encuentran los menores; como quiera que, es predominante que «la prevalencia en las decisiones jurisdiccionales debe ir encaminada a facilitar la protección de los derechos de los niños,
se encuentran los menores; como quiera que, es predominante que «la prevalencia en las decisiones jurisdiccionales debe ir encaminada a facilitar la protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y personas de especial protección Y, así evitar queRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00020-00 8 estos tengan que acudir a un lugar distinto de donde se localizan. De lo contrario se incurría en diversas dificultades para proteger sus derechos» (CSJ, AC434-2023); por lo que, respecto a la modificación de la medida como hogar sustituto, en ese mismo proveído, coligió: «En ese orden, del análisis efectuado a los documentos procesales pertinentes, esta Sala constató que los menores se encuentran ubicados en Medellín -de conformidad con lo informado en el auto -del 29 de julio de 2022que ordenó remitir el proceso a los jueces de familia-. En este se consignó que, «a la fecha, el proceso se encuentra en estado FALLOSEGUIMIENTO, con ubicación en HOGAR SUSTITUTO (05/11/2021)». Y, de acuerdo con las actuaciones registradas el 5 de noviembre de 2021, se advierte que estas corresponden a las boletas de ingreso de los menores en el hogar sustituto ubicado en la «Calle 42 c sur # 64 b34, del barrio San Antonio de Prado, en la ciudad de Medellín […] Así las cosas, se remitirá el expediente al Juzgado Décimo de Familia del Circuito de Medellín, por ser el lugar donde se
barrio San Antonio de Prado, en la ciudad de Medellín […] Así las cosas, se remitirá el expediente al Juzgado Décimo de Familia del Circuito de Medellín, por ser el lugar donde se encuentran actualmente los menores » (CSJ, AC434-2023, 28 feb., rad. 2022-04425-00). 8.- Sobre el punto basilar, acá esgrimido, se pronunció el Consejo de Estado en su Sala de Consulta y Servicio Civil, y esta Corte acogió tal criterio, según el cual: (...) El cambio del domicilio del menor hace que la competencia para continuar con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos pase a la autoridad del lugar a donde se encuentre (...) Siguiendo la regla establecida en el artículo 97 ley 1098 de 2006, el cambio del domicilio de la niña traería entonces dos consecuencias implícitas: la primera, que la competencia para continuar con el proceso administrativo de restablecimiento deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00020-00 9 derechos debe pasar a la autoridad del lugar a donde se encuentre y la segunda, que la autoridad que inició el proceso no puede mantener la competencia para seguir conociendo del asunto. (CE 2 mar. 2012, rad. 2012-00010-00 y CSJ AC4442-2019, 11 oct., rad. 2019-03275-00, criterio reiterado en CSJ AC5679-2022, y en CSJ AC20592023). 9.- Al amparo de las anteriores precisiones surge incontrastable que es la Comisaría de Familia del municipio
reiterado en CSJ AC5679-2022, y en CSJ AC20592023). 9.- Al amparo de las anteriores precisiones surge incontrastable que es la Comisaría de Familia del municipio de Cañasgordas, Antioquia, la competente para continuar con la actuación prenombrada. Por lo tanto, con fundamento en los principios de celeridad y economía procesal, la Corte dispondrá la remisión de las diligencias a esa autoridad administrativa, por ser quien debe conocer el presente asunto.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: PRIMERO: Declarar que la Comisaría de Familia del municipio de Cañasgordas, Antioquia, es la competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia.
SEGUNDO. Remitir el expediente a esa autoridad para que continúe con el trámite del asunto. TERCERO. Comunicar esta decisión a la Defensoría de Familia del Centro Zonal Noroccidental de Medellín, Antioquia y, a los interesados.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00020-00 10 Notifíquese,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada