CSJ - SC16-09-1950 - [030]

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - SC16-09-1950 - [030]
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
1950

Sentencia C – SC – 030 de 1950

LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO CIVIL ORDENADA POR EL ARTICULO 11, INCISO 2°, DEL C. DE P. P. NO TIENE LUGAR

EN TODO CASO, SINO ÚNICAMENTE CUANDO LA DECISIÓN

PENAL PUDIERA INFLUIR EN LA DE LA CONTROVERSIA

CIVIL. ESTA SUSPENSIÓN NO ES, PUES, AUTOMÁTICA, ES

DECIR, NO SE DETERMINA SIMPLEMENTE POR LA SOLA

EXISTENCIA DEL PROCESO PENAL.-CUANDO SE QUIERE

ACUSAR EN CASACIÓN LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL QUE NO

OBSTANTE LA EXISTENCIA DEL PROCESO PENAL Y SU

POSIBLE INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DEL JUICIO CIVIL,

NO HA DECRETADO LA SUSPENSIÓN Y HA DECIDIDO EN EL

FONDO, DEBE HACERSE POR LA CAUSAL PRIMERA, POR VIOLACIÓN INDIRECTA DEL ART. 11 DEL C. DE P. P. 1. - Según el artículo 448 del C.J., son causales de nulidad en todos los juicios: 1º-La incompetencia de jurisdicción. 2º......................................................................................

Ahora bien: el artículo 11 del C. de P. P., en su segundo inciso, establece que si se iniciare la investigación criminal y el fallo que corresponda dictar en la misma pudiera influir en la solución de la controversia civil o administrativa, ésta se suspenderá, salvo disposición legal en contrario, hasta que se pronuncie auto de sobreseimiento definitivo o sentencia definitiva irrevocable.

Según el artículo 147 del C. J., hay suspensión especial

de la jurisdicción, inciso 3º: por suspensión del asunto en los casos de la ley, o por acuerdo entre las partes. Se habla en tal precepto de suspensión del procedimiento para expresar la idea de que la actuación, esto es, la sucesión de los actos, sufre una pausa, durante la cual nadie actúa y después de la cual continúa el juicio conectándose el primer acto que ha de realizarse con el último acto realizado, como si la pausa no se hubiera producido. La valoración de las circunstancias de las cuales depende el impedimento, o sea el motivo de la suspensión, puede ser hecha A PRIORI por la ley, o bien puede dejarse al juicio del Juez o a la voluntad de las partes. Entre los casos que pueden dar lugar a tal situación procesal, se cuenta el de que aún sin faltar al Juez la potestad de resolver la cuestión del litigio, haya otro Juez que pueda dar a la misma solución que predomine sobre la suya, es una hipótesis que se presenta a propósito de las relaciones entre el proceso civil y el penal, en virtud de la influencia de éste sobre aquél. Por tanto, si la misma cuestión ha de ser resuelta en el juicio civil y en el penal, y la solución que se dé en este último ha de influir sobre la obtenida en el primero, es natural que el litigio civil detenga el paso para dejar la precedencia a la investigación criminal. La suspensión del juicio civil según los términos del inciso 2º del artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, no es, como puede observarse, en todo caso, sino cuando la decisión penal pudiera influir en el fallo. La suspensión no es

automática, es decir, no se determina simplemente por la sola existencia del proceso penal. Si la decisión del Juez del crimen no pudiere tener tal influencia, no está obligado el Juez a ordenarla. No es, pues, de plano como la suspensión se opera. Naturalmente tal determinación u orden de suspensión habrá de tomarse en vista de los elementos que del procesa penal se lleven a la actuación civil, y si el Juez los apreciare indebidamente, apelada la providencia, el superior habrá de revocarla. Pero si se trata de una decisión del Tribunal que no obstante la demostración de la existencia del proceso penal y su posible influencia en la controversia civil, decide el litigio sin tener en cuenta tales probanzas, es decir, sin darle aplicación al mencionado artículo 11 del C. de P. P., entonces si se ocurriere, en casación, llegado el caso habría de acusarse por violación indirecta del citado artículo 11 porque el juzgador dejó de apreciar las pruebas que habrían de llevarlo al cumplimiento de tal precepto. Si por ley o por providencia ejecutoriada se encuentra suspendido el curso de un juicio, el Juez no puede adelantarlo, no puede actuar, lo que quiere decir que carece de jurisdicción para darle curso a la causa. Mas el problema de autos no es el mismo: el artículo 11 en cuestión sólo ordena la suspensión del proceso civil si el fallo penal pudiera influir en la controversia civil. Si de los elementos del juicio resultare tal comprobación, entonces ha debido acusarse por la causal primera, y no por la sexta, como se hizo. 2.-Dispone la ley que en el escrito o libelo de demanda se

haga con toda claridad y precisión una ordenada relación de los hechos en que el demandante basa sus pretensiones, y que se expongan a la vez los fundamentos de derecho en que éstos se afirman. Esto es, que ante todo se relaten las circunstancias que puntualicen y caractericen el asunto del litigio. A esos hechos aducidos en la demanda, y a los que con relación a ellos haga valer el opositor en la contestación, es a los que han de referirse las probanzas y a los que ha de ajustarse el estudio del juzgador para fundar su providencia. En varias sentencias ha consagrado la Corte de principio, de que "no es lícito al Juez apoyar su decisión en hechos comprobados en los autos, pero no alegados en la demanda". Del artículo 205 del C. J. se deducen las partes que debe contener una demanda, o sea que, además de la designación del Juez o Tribunal a quien se dirige y a la de las partes, debe expresar: de un lado, la resolución que se pide: de otro, los fundamentos por los cuales se pide y el derecho o razón legal del pedimento. Aquella parte, se llama la petición; éstos son los fundamentos. Con respecto a los fundamentos de hecho, se observa que están formados por la totalidad de los en que el actor basa su pretensión, y deben demostrar que lo que se tiene a la vista es un acontecimiento determinado en el tiempo, en el espacio, en el aspecto real y en el personal; no sirven afirmaciones genéricas aunque correspondan a lo que esté preceptuado en una ley; y así no sería suficiente la afirmación "el demandado me ha causado un daño

intencionadamente", hay que decir cuándo y dónde, por medio de qué acto, y cuál es la cuantía del daño. Igualmente, sería indeterminada la alegación ''he adquirido la propiedad litigiosa", tiene que señalarse cómo y cuándo y por qué hecho. Siempre, pues, hay que alegar un acontecimiento o hecho concreto. 3.-El recurrente hace una distinción entre los casos reglamentados por los preceptos de los artículos 2347 y 2349 del C. C. para concluir que el Código colombiano establece distinción entre las personas que están al cuidado de otros de las que ejercen funciones o desempeñan actividades por cuenta de terceros. La jurisprudencia colombiana, en fallos innumerables, ha establecido que al tenor de las citadas disposiciones estamos obligados a responder del hecho dañoso de personas que están bajo nuestra dependencia. Tan dependiente es el pupilo de su maestro, el aprendiz del artesano, el obrero o empleado del empresario, como los sirvientes y criados de sus patronos. No hay razón lógica para considerar distinto el caso de un sirviente o criado, del de un dependiente, empleado u obrero que trabajan para un empresario.

REFERENCIA: GACETA JUDICIAL Nº 2087 y 2088

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE

BOGOTÁ

PETICIONARIO:

Rosario Rogelis de Herrera Gaviria

MAGISTRADO PONENTE:

MANUEL JOSÉ VARGAS

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Civil. Bogotá, septiembre dieciséis de mil novecientos cincuenta.

Antecedentes El doctor Marco Naranjo López, obrando en su propio nombre y como apoderado especial de Librada Lara de Zamora, Cecilia Zamora de García, Blanca Alicia, Rosa Elena y Jorge Enrique Zamora, todos mayores de edad y vecinos de esta ciudad, propuso demanda ordinaria de mayor cuantía, ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, contra la señora Rosario Rogelis de Herrera Gaviria, para que en sentencia definitiva se declare, que la demandada es civilmente responsable de los perjuicios causados a los nombrados Zamora por la muerte ocasionada a Miguel Zamora, el día veintiuno de septiembre de mil novecientos cuarenta, en el cruce de la carrera quinta con la calle once de esta ciudad, por me dio de una camioneta que manejaba el chofer Campo Elías Prieto, vehículo explotado por cuenta de la señora de Herrera Gaviria; que la misma está obligada a pagar al proponente Marco Naranjo López y a los demás actores en el pleito, en la proporción señalada en el contrato de cesión que se presenta con la demanda, la suma de pesos que se fije por peritos dentro del juicio como monto de los perjuicios infringidos. En subsidio se hace igual pedimento para la sociedad conyugal que se formó por el hecho del matrimonio Lara Zamora y como segunda petición subsidiaría se reclaman los mismos perjurios para la herencia del nombrado Zamora y la sociedad conyugal en liquidación Lara Zamora. Como fundamentos de hecho de la acción incoada se afirma que el día 21 de septiembre una camioneta de la empresa ''Pasteurizadora de Leches San Luis", de propiedad de la

demandada, accionada por el conductor Campo Elías Prieto, le causó la muerte a Zamora al treparse por efecto de velocidad e inhábil maniobra del conductor, al andén de la cane once, frente a la Casa de Moneda de esta capital; que Miguel Zamora estaba casado con la señora Librada Lara y era padre Legitimo de Cecilia, Blanca Alicia, Rosa Elena y Jorge Enrique Zamora; que con el fruto de su trabajo no sólo atendía a la satisfacción de sus propias necesidades, sino a las de su esposa y en parte a la de sus hijos ya citados; que la camioneta o vehículo automotor con la cual se produjo el accidente se encontraba el día en cuestión al cuidado o guarda de la señora de Herrera Gaviria por ser esta señora empresaria o explotadora del establecimiento llamado "Pasteurizadora San Luis", a cuyo servicio se hallaba también el vehículo: además estaba manejado por empleados y obreros de la misma, por lo cual la demandada responde civilmente, bien por el hecho de la camioneta o por el hecho o culpa civil de sus de pendientes, cometido por causas o con ocasión de sus funciones al servicio de la empresa mencionada o por el hecho o culpa civil de la demandada en la explotación de la pasteurizadora de leches. Que como valor de las gestiones en derecho, tanto la señora de Zamora como sus hijos señalaron un porcentaje de las sumas por percibir, como honorarios al doctor Naranjo López. Sentencia de primera instancia El Juez del conocimiento falló con fecha diez y seis de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, absolviendo a la demandada por no haberse demostrado la relación de

dependencia entre el autor material del hecho y la señora de Herrera Gaviria. La sentencia recurrida Apelada la decisión anterior, los autos fueron enviados al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, donde se finalizó en segunda instancia con fecha veintiuno de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro, por medio de la cual se revocó la apelada, y en su lugar, se declaró a la mencionada señora civilmente responsable de los perjuicios materiales y morales ocasionados a los demandantes, por el accidente de que es autor el empleado de la empresa de pasteurización de leches "San Luis", y en consecuencia se condenó a pagar a los actores la suma de dos mil pesos por perjuicios morales y el monto de los materiales; cuya estimación se dispuso hacer al tenor del artículo 553 del C. J., debiéndose tener en cuenta las bases señaladas en la parte motiva de la providencia decisoria del pleito. De esta providencia recurrió la demandada en casación. Ante la Corte el juicio que se revisa ha sufrido la tramitación necesaria. Demandantes y demandada han ejercitado en tiempo sus respectivos derechos. Pasa pues la Sala a fallar para lo cual se tiene en cuenta lo que en seguida se expresa. Se deja constancia de que el expediente permaneció por más de cuatro años en traslado a los demandantes como opositores al recurso, sin reclamo por quien tenía derecho para hacerla. Los cargos propuestos Aduce el recurrente ante la Corte seis cargos contra la providencia en estudio, debiéndose proceder a su examen por el relativo a la causal sexta, resumiendo los restantes en la forma que se expresa a continuación por referirse a cuestiones que se,

pueden estudiar en conjunto. Causal sexta El juicio dice, es nulo por defecto de jurisdicción o por incompetencia del Juez Civil para adelantarlo y fallarlo, o por estar suspendidos los términos pendiente la investigación penal sobre la muerte de Miguel Zamora. Dichas causales son de carácter absoluto; la nulidad es insaneable; se causó desde el momento en que el Juez tuvo noticia de la existencia del proceso penal; no podía adelantarse, ni fallarse el litigio civil ignorándose el fallo del Juez Penal. Los fundamentos de derecho están contenidos en los siguientes textos legales: C. J., artículos 100, 147, Nal. 3º; 151, 370; Nal 1º; 448, Nal 1º; 449 C, de P. P., artículos 11, 24, 28 Y 29. La nulidad es en consecuencia de no haberse considerado el informe secretarial y el auto de 25 de septiembre de 1942 procedente del Juzgado 2º Superior. Agrega que a los folios 22 y 23 del cuaderno número 2 del juicio existe constancia auténtica de la existencia del asunto penal adelantado contra Campo Elías Prieto y otro como responsables de la muerte de Miguel Zamora; consta además que la investigación había sido calificada, puesto que el auto de proceder estaba en aquella época a conocimiento del Superior. El Juez Civil tuvo información suficiente de la existencia simultánea del proceso penal ha debido, dice por esto solo, suspender su conocimiento en aplicación del artículo 11 del C. de P. P., hasta que se pronuncie auto de sobreseimiento o

sentencia definitiva irrevocable. Termina sosteniendo que la actuación está viciada de una de estas tres maneras: a) por usurpación de jurisdicción puesto que la ejerció estando suspendida legalmente; b) por cuanto los términos no corren a causa de la suspensión legal del negocio; c) por ,haber conocido y calificado e imputado un hecho delictivo culposo, función atribuida por su naturaleza al Juez Penal, con lo cual se incurrió en el vicio de incompetencia de jurisdicción improrrogable, que no ha sido expresamente saneado por las partes. Casado el fallo, espera que la Sala declare el estado en que queda el juicio.

Se considera: Un examen detenido del cargo lleva a la convicción de que la cuestión en él propuesta, entraña simplemente la dilucidación de un problema de técnica de casación el cual puede anunciarse así: Establecida en el juicio civil la existencia del proceso penal que en averiguación de la responsabilidad de tal índole se adelanta contra el autor directo del hecho que ha originado la demanda civil sobre indemnización de perjuicios, la circunstancia de no haberse suspendido la acción civil en espera del fallo penal, entraña incompetencia de jurisdicción en Juez civil, que justifica en casación el ataque de la providencia recurrida por la causal 6ª o sea por “haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad de que trata el artículo 448 de C.J., siempre que la nulidad no haya sido saneada en conformidad con la ley. (Artículo 520 de C.J., causal 6ª)”. Según el artículo 448 del C.J., son causales de nulidad en todos los juicios:

1º-La incompetencia de jurisdicción. 2º..................................................................................

Ahora bien: el artículo 11 del C. de P. P., en su segundo inciso, establece que si se iniciare la investigación criminal y el fallo que corresponda dictar en la misma pudiera influir en la solución de la controversia civil o administrativa, ésta se suspenderá, salvo disposición legal en contrario, hasta que se pronuncie auto de sobreseimiento definitivo o sentencia definitiva irrevocable.

Según el artículo 147 del C. J., hay suspensión especial de la jurisdicción, inciso 3º: por suspensión del asunto en los casos de la ley, o por acuerdo entre las partes. Se habla en tal precepto de suspensión del procedimiento para expresar la idea de que la actuación, esto es, la sucesión de los actos, sufre una pausa, durante la cual nadie actúa y después de la cual continúa el juicio conectándose el primer acto que ha de realizarse con el último acto realizado, como si la pausa no se hubiera producido. La valoración de las circunstancias de las cuales depende el impedimento, o sea el motivo de la suspensión, puede ser hecha A PRIORI por la ley, o bien puede dejarse al juicio del Juez o a la voluntad de las partes. Bajo este aspecto se tiene pues, la suspensión por disposición de la ley, la suspensión por orden del Juez y, finalmente, la suspensión por acuerdo de las partes. Entre los casos que pueden dar lugar a tal situación procesal, se cuenta el de que aún sin faltar al Juez la potestad de resolver la cuestión del litigio, haya otro Juez que pueda dar a la misma solución que predomine sobre la suya, es una hipótesis

que se presenta a propósito de las relaciones entre el proceso civil y el penal, en virtud de la influencia de éste sobre aquél. Por tanto, si la misma cuestión ha de ser resuelta en el juicio civil y en el penal, y la solución que se dé en este último ha de influir sobre la obtenida en el primero, es natural que el litigio civil detenga el paso para dejar la precedencia a la investigación criminal. La suspensión del juicio civil según los términos del inciso 2º del artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, no es, como puede observarse, en todo caso, sino cuando la decisión penal pudiera influir en el fallo. La suspensión no es automática, es decir, no se determina simplemente por la sola existencia del proceso penal. Si la decisión del Juez del crimen no pudiere tener tal influencia, no está obligado el Juez a ordenarla. No es, pues, de plano como la suspensión se opera. Naturalmente tal determinación u orden de suspensión habrá de tomarse en vista de los elementos que del procesa penal se lleven a la actuación civil, y si el Juez los apreciare indebidamente, apelada la providencia, el superior habrá de revocarla. Pero si se trata de una decisión del Tribunal que no obstante la demostración de la existencia del proceso penal y su posible influencia en la controversia civil, decide el litigio sin tener en cuenta tales probanzas, es decir, sin darle aplicación al mencionado artículo 11 del C. de P. P., entonces si se ocurriere, en casación, llegado el caso habría de acusarse por violación indirecta del citado artículo 11 porque el juzgador dejó de apreciar las pruebas que habrían de llevarlo al cumplimiento de

tal precepto. Si por ley o por providencia ejecutoriada se encuentra suspendido el curso de un juicio, el Juez no puede adelantarlo, no puede actuar, lo que quiere decir que carece de jurisdicción para darle curso a la causa. Mas el problema de autos no es el mismo: el artículo 11 en cuestión sólo ordena la suspensión del proceso civil si el fallo penal pudiera influir en la controversia civil. Si de los elementos del juicio resultare tal comprobación, entonces ha debido acusarse por la causal primera, y no por la sexta, como se hizo. En el caso de autos no se ha adelantado una actuación que hubiera sido suspendida, sino que no se tuvo en cuenta la prueba de la existencia de la investigación, criminal sobre el hecho que dio origen a la muerte del señor Zamora. Por lo expuesto se declara improcedente el cargo. Cargo II (Causal primera) a) Como consecuencia de errores de hecho y de derecho, dice, se violaron los articulas 2341, 2347, 2349, 2356, 1612, 1613 y 1614 del C. C. por haberse aplicado indebidamente a hechos no aducidos en el libelo de demanda. También se señalan como infringidos los artículos 205 y 471 del C. J. Se querella de que los demandantes no enumeraron clara y distintamente el hecho o hechos que configuran el daño y lucro cuyo resarcimiento solicitan. Los actores, agrega han pedido contra la señora de Herrera Gaviria condena al pago de una suma de pesos en calidad de indemnización de perjuicios originados por la muerte trágica de Miguel Zamora. Esta súplica y la correspondiente condena deben

sustentarse en hechos u omisiones "expresados con claridad y precisión". Si indemnizar es compensar, debe decirse qué es lo que debe compensarse. Cita los hechos sexto y séptimo del escrito de demanda para concluir que ellos no indican, no singularizan, con claridad y precisión el objeto, el daño, el lucro que ha de compensarse. Termina diciendo, que no habiendo los actores enumerado hecho alguno concreto y determinado, como sería la naturaleza de la actividad o trabajo o empleo de la víctima, el lugar en que lo cumplía, la persona o personas con quienes estaba en relación de trabajo, etc., al sentenciado le era vedado examinar cuestiones de esta naturaleza en apoyo de la condena, so pena de incurrir en el vicio conocido con el nombre de fallo extra petita. Afirma que cuando el acto procesal en que consiste la demanda omite el fundamento de hecho, jurídicamente la correspondiente pretensión no ha sido propuesta o no lo ha sido legalmente. b) Violación del artículo 2347 del C. C., que hace depender de indebida interpretación de su texto, al darle un contenido que no tiene cuando afirma "que el dependiente está al cuidado del empresario durante todo el tiempo en que ejecute sus labores, aunque no esté bajo su control". Dice que tal error lo llevó a violar el precepto en cuestión y el artículo 8º de la ley 153 de 1887 al afirmar que lo prescrito en el artículo 2347 del C. C. rige por simple analogía al caso del pleito. Hace un estudio comparativo entre el artículo 1384 del C.

C. francés y el ya citado número 2347.

Añade que dos criterios se ofrecen para configurar la culpa por el hecho de otro. El funcional, y el de vigilancia o cuidado. Que el legislador es libre de escoger uno de ellos para informar la relación material contemplada en su mandato. A su juicio el legislador francés acogió el "criterio funcional" para regir la materialidad de la relación de amos y criados o dependientes. Acogió el criterio de vigilancia o cuidado para regir la de institutores y artesanos discípulos y aprendices. En tanto que si bien es cierto que el legislador colombiano conserva también los dos criterios, aplica el "de cuidado" a institutores, empresarios y artesanos en relación con sus discípulos, dependientes y aprendices y el funcional para los amos en relación con sus criados. Considera que el legislador colombiano no ha separado nítidamente los dos conceptos que la sentencia confunde y baraja, especialmente cuando dice, “que el dependiente está al cuidado del empresario durante todo el tiempo en que ejecuta sus labores", que tal afirmación se puede constatar con el estudio detenido de los artículos 2347 y 2349 del C. C., y el texto francés en cuestión. Que la doctrina francesa sobre responsabilidad de empresarios es la que corresponde en Colombia a los amos por el hecho de los criados y domésticos. Alega que diariamente ocurren siniestros automoviliarios y ferroviarios causados por vehículos accionados por dependientes y que los Tribunales, ante el peligro de la indefensión práctica de la víctima prefieren decir que el dependiente estaba jurídicamente bajo la vigilancia y cuidado del empresario puesto

que ejecuta labores propias de su oficio. Sostiene que las presunciones del artículo 2347 del C. C. juegan dentro del ámbito de su texto y lo que no está comprendido en él, se rige por la regla general, es decir, no obra para el caso la presunción de responsabilidad, lo que lo lleva a concluir que en el caso de siniestro producido por un dependiente en uso de cosas peligrosas, la responsabilidad del empresario surge, si el siniestro acaeció bajo su control, en virtud de la presunción, pero si se consumó cuando el dependiente no estaba bajo su cuidado, su responsabilidad se configura solamente al demostrarse culpa de su parte (artículo 2341 del C. C.), es decir no obra la presunción del artículo 2347 del C. C. Agrega que la confusión de los dos conceptos llevó al Tribunal a condenar a su defendida por los perjuicios materiales y morales causados con el siniestro. Termina pidiendo la casación del fallo. c) Infracción de los articulas 2347 y 2356 del C. C., y 705, 722 y 723 del C. J. por indebida aplicación por error de derecho cometido por el sentenciador al otorgar mérito pleno a un técnico producido en el juicio sin el lleno requisitos procesales necesarios para ser como prueba. Cita un pasaje de la sentencia en que Tribunal apoyado en el dictamen de los técnicos circulación sobre el estado en que se encontraba la bocina del automóvil, concluyen en que para hacer la sonar era necesario soltar el timón para poder conectar dos alambres sueltos que la ponían en actividad.

Alega que el dictamen de los indicados técnicos se trajo a los autos en copia tomada del proceso penal, sin que exista la constancia de que se expidiera con las formalidades requeridas ni se produjo su ratificación en el juicio. d) Aquí de nuevo acusa por violación indirecta de los artículos 2347 y 2356 del C.C. como consecuencia de la falta de apreciación de la prueba testimonial, del informe del informe del señor Roberto Flórez Bravo y en general "de aquellos elementos que dan cuenta de una culpa determinante del señor Carlos Alberto Ruiz", en el accidente. Menciona las relaciones de las personas que como testigos presenciales rindieron su deposición en juicio, sosteniendo que es lógico que cada individuo aprecie las circunstancias según el detalle que mejor captó, pero lo evidente dice, es que todos los testigos estuvieron acordes en “un hecho que escapó al sentenciador", no obstante que es fundamental y que está plenamente establecido y es el de que, Carlos Alberto Ruiz, automovilista que viajaba por la calle en dirección perpendicular a la de Prieto no pudo, sin incurrir en culpa determinante, "invadir el crucero o intersección de las vías hasta tanto la camioneta hubiera pasado", si tomó estas o aquellas precauciones de que hablan algunos testigos siempre incurrió en culpa al invadir simultáneamente, anteriormente o posteriormente el cruce o intersección de la calle once con la carrera quinta en momentos en que pasaba el chofer Prieto. Toda su argumentación se encamina a sostener que de acuerdo con los reglamentos de transito de la capital las vías denominadas "carreras”, que van de Sur a Norte o viceversa,

tienen prelación sobre las denominadas calles que tienen tránsito en sentido opuesto, y que por lo tanto la culpa es de dicho tercero. e) En este nuevo reparo a la sentencia recurrida expresa que el sentenciador incurrió en error de hecho en la apreciación de los testimonios que se recibieron para demostrar la capacidad económica de la víctima en cuanto ella pudiera servir para establecer el monto de la ayuda pecuniaria a su mujer y a sus hijos y el perjuicio infringido a quienes recibían su apoyo material. Alega que el perjuicio ha de ser actual y cierto. Que éste comprende el daño emergente y el lucro cesante; dice que con dos únicos testimonios se estableció que Zamora devengaba un sueldo de Gerlein & Co., y otro de Compañías Unidas de Transportes. Que cada uno de tales contratos de trabajo debe considerarse como un hecho separado y probarse como tal. Que existe error evidente en la apreciación de la prueba, por considerar que la presentada se relaciona con contratos y lucros "pretéritos" y el fallador estima erradamente que da cuenta de contratos y lucros vigentes en la fecha del siniestro. Que a pesar de ser testimonios únicos los presentados para demostrar cada uno de los contratos de trabajo del señor Zamora, el Tribunal los dio por establecidos. Afirma que los testimonios de Otero D'Acosta y Herrera se contradicen, debiendo haber aceptado el primero y rechazado el segundo, dadas las condiciones de los deponentes. Por todo ello señala como violados los artículos 2341, 2347, 2356, 1612, 1613

y 1614 del C. C.

Se considera: a) Dispone la ley que en el escrito o libelo de demanda se haga con toda claridad y precisión una ordenada relación de los hechos en que el demandante basa sus pretensiones, y que se expongan a la vez los fundamentos de derecho en que éstos se afirman.

Esto es, que ante todo se relaten las circunstancias que puntualicen y caractericen el asunto del litigio. A esos hechos aducidos en la demanda, y a los que con relación a ellos haga valer el opositor en la contestación, es a los que han de referirse las probanzas y a los que ha de ajustarse el estudio del juzgador para fundar su providencia. En varias sentencias ha consagrado la Corte de principio, de que "no es lícito al Juez apoyar su decisión en hechos comprobados en los autos, pero no alegados en la demanda". Del artículo 205 del C. J. se deducen las partes que debe contener una demanda, o sea que, además de la designación del Juez o Tribunal a quien se dirige y a la de las partes, debe expresar: de un lado, la resolución que se pide: de otro, los fundamentos por los cuales se pide y el derecho o razón legal del pedimento. Aquella parte, se llama la petición; éstos son los fundamentos. Con respecto a los fundamentos de hecho, se observa que están formados por la totalidad de los en que el actor basa su pretensión, y deben demostrar que lo que se tiene a la vista es un acontecimiento determinado en el tiempo, en el espacio, en el aspecto real y en el personal; no sirven afirmaciones genéricas aunque correspondan a lo que esté

preceptuado en una ley; y así no sería suficiente la afirmación "el demandado me ha causado un daño intencionadamente", hay que decir cuándo y dónde, por medio de qué acto, y cuál es la cuantía del daño. Igualmente, sería indeterminada la alegación ''he adquirido la propiedad litigiosa", tiene que señalarse cómo y cuándo y por qué hecho. Siempre, pues, hay que alegar un acontecimiento o hecho concreto. Aplicados estos principios al caso en estudio se encuentra que en la demanda propuesta se enumeraron con toda clarida

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