CSJ - SC19-05-1937

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - SC19-05-1937
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
1937

printnctos — RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR DE PERSONAS — RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO DE VEAS FERREAS — PRUEBA DE LA AUSENCIA DE CULPA Y PRUEBA DEL CASO FORTU ITO — PERJUICIOS MORALES — DOCTRINA DE LOS AUTORES SOBRE ESTE PUNTO

1. Cuando el demandante deriva su acción de la muerte de un pasajero conducido de un lugar a otro por una empresa de transportes y ocasionada por el siniestro del vehículo que lo transportaba, sitúa la responsabilidad en la inejecución de las respectivas obligaciones del porteador, bien sea éste empresario o particular o público. Se trata entonces de una responsibilidad contractual, proveniente del modo como fue ejecutado el contrato de transporte. — 2. Aunque el artículo 320 del C. Co. dice que los billetes de asiento o aposentamiento justifican el contrato de transportes, esa disposición no es limitativa en el sentido de que solamente el respectivo billete de viaje que la empresa vende al pasajero sea la única prueba admisible-3. El principio general del artículo 1757 del C. C. no se altera en el contrato de transporte reglamentado por el C. de Co., en fuerza de que en los capítulos correspondientes no hay nada que pueda contrariarlo. En este contrato, como en todos los demás, el deudor está ante el dilema de demostrar el pago, esto es, el cumplimiento del contrato, o la imposibilidad en que estuvo de ejecutar la prestación a que estuvo obligado. Es cierto que los artículos 306 y numeral 49 del 322 del C. de Co. hacen una diferencia en cuanto al grado de la culpa de que responde el porteador, según que se trate de un empresario particular (artículo 306) o de un empresario

público (artículo

3221. Pern egtn cligtinríAn ~In tiene acarrea la inejecución de la prestación contractual a cargo de uno de los contratantes establecidos por el artículo 1757 primeramente citado. El empresario particular sólo se exonera de la culpa probando el caso fortuito, fuerza mayor o intervención de agente extraño. En cambio, el empresario público de transportes, al tenor del artículo 322, está en circunstancias más favorables, ya que el referido artículo en manera alguna exige la prueba del caso fortuito, sino de la ausencia de culpa. Su responsabilidad está más limitada, quizá debido a que por las circunstancias públicas en que actúa está más vigilado por la autoridad y sometido a los reglamentos oficiales destinados precisamente a garantizar en condiciones normales la seguridad de los pasajeros y la eficacia de los servicios que cada empresa transportadora ofrece al público. — 4. Los artículos 5Q de la ley 62 de 1887 y 26 de la 76 de 1920 ninguna excepción establecen en la aplicación de los principios anteriores a los empresarios de vía férrea. — 5. Hay diferencia entre la prueba de la ausencia de la culpa y la prueba del caso fortuito, fuerza mayor o intervención de elemento extraño. Esas diferencias se establecieron en la sentencia de casación de esta Corte de fecha 30 de noviembre de 1935. — 6. Cuando se demandan perjuicios de modo general se entiende comprendido tanto el daño patrimonial como el de carácter moral. Es . . cale social sino también el meramente espiritual producido por el dolor que hiere los sentimientos afectivos de la persona. En Colombia está consagrada la misma doctrina, como aparece, entre otras, de la sentencia de fecha 21 de julio de 1922.

En la legislación nacional existe el artículo 95 del actual Código Penal que expresamente sanciona con el pago de una suma de dinero las lesiones meramente subjetivas al patrimonio moral. Por el hecho de ser difícil la apreciación subjetiva del daño moral y prácticamente inasible, no hay excusa para que la justicia deje de reaccionar de alguna manera contra el perjuicio. En cuanto a la cuantía de la indemnización queda sometida al arbitrio del juez, toda vez que la indemnización se da a título de satisfacción, o de afirmación de parte de la justicia del derecho vulnerado. Y para que el arbitrium judicis no se torne en especulación indebida, ni en fuente de ganancias exageradas para la víctima, las indemnizaciones pecuniarias por daño moral deben ser módicas, dado su alcance que no es como en el perjuicio material de restaurar las pérdidas que haya sufrido el patrimonio económico de la persona lesionada. El mismo criterio obliga expresamente a los jueces del crimen, según el artículo del C. P. antes citado. Esa disposición, aunque consagrada en el C. P., sirve de criterio orientador de los jueces civiles. Corte Suprema de Justicia — Sala de Negocios Generales — Bogotá, abril veintitrés de mil novecientos cuarenta y uno. (Magistrado ponente: doctor Arturo Tapias Pilonieta). El día nueve de mayo del ario de 1937, domingo, en las horas del medio día, los señores Luis M. García, Elías Urrea, José A 1. "1 IP Tr,o6 171,rinvr, ViScif1117 Q.P

goneta del Cable Aéreo del Norte, D viajar entre la población de Aranzazu la estación de Muelas, en el Departarneo to de Caldas. La vagoneta salió normal mente de la primera estación nombrada: y así viajaba, cuando poc6s mornentoa• después fue despachada en la misma di rección otra vagoneta de carga, la que oi recibir el impulso y tomar la pendiente que allí tiene el cable, deslizóse tomando• fuerza tal que pronto alcanzó la góndola de los pasajeros, chocando contra ella, como consecuencia de lo cual ambas vagonetas viniéronse a tierra, pereciendo en el siniestro, que se produjo a inmediaciones de la población de Aranzazu, los cuatro pasajeros nombrados. El pasajero Vásquez murió siendo todavía soltero, de quince arios de edad. Son sus padres legítimos los señores Silverio y Felicidad Vásquez. Ellos se creen acreedores a una indemnización pecuniaria por la desgraciada e irreparable muerte del hijo, y la reclaman del Departamento de Caldas, quien como dueño explota y administra directamente la empresa del Cable Aéreo del Norte. Este es el origen del presente juicio ordinario promovido en primera instancia ante el tribunal superior de Manizales pala que se le condene a pagar a los padres de José Eudoro Vásquez las cantidades que corresponden a título de indemnización de perjuicios por la pérdida del hijo. En el libelo de demanda el abogado de los demandantes sostiene que la empresa del Cable es plenamente culpable del accidente, el cual debióse a su negligencia o descuido, "porque de acuerdo

con la técnica y las necesidades del servicio del cable, en cada estación deben existir permanentemente y mientras funciona la aerovía, dos empleados despachadores constantes, uno encargado de recibir las vagonetas que llegan y otro encargado de despachar las que salen, pues las entradas y salidas tienen apenas interrupción de segundos, y en el momento de suceder este accidente. en la estación de Araras' ues el otro se abía ausen a o • izque a tomar el almuerzo, por cuya falta la vagoneta de carga que chocó con la góndola de pasajeros y la echó a tierra desde gran altura, salió de la estación mal despedjda, no enganchó cuidadosamente en el cable y se deslizó vertiginosamente produciéndose la catástrofe". (Hecho 49 de la demanda). El Departamento demandado por conducto de su representante, el fiscal del tribunal de Manizales, acepta que la empresa del Cable Aéreo del Norte es de su propiedad y está bajo su directa dependencia. Pero niega que esté obligado a indemnizar, porque el siniestro no obedeció a imprudencia o negligencia de la empresa, conforme atribúyeselas el libelo. El tribunal de Manizales en sentencia de fecha 13 de febrero de 1939, y previa la secuela de rigor, absolvió al Departamento de los cargos de la demanda por no haber encontrado base para formular la condenación pedida. Contra este fallo interpuso el recurso de apelación la parte demandante. Concedida la alzada, se ha tramitado ante la Corte la segunda instancia. Para ponerle término se dicta la presente sentencia,

basada en las consideraciones que van a exponerse: Origen de la responsabilidad demandada El demandante cita como disposiciones legales que fundamentan su derecho los artículos 2,341, 2,346 y concordantes del código civil, 59 de la ley 62 de 1887 y 26 de la ley 76 de 1920. Especialmente de la cita de las dos disposiciones del código civil, que contemplan casos de responsabilidad extracontractual, se infiere que el actor piensa que SU caso es de esta clase, y está regido por las reglamentaciones de la culpa aquiliana. En cambio, con los hechos sustentatorios de la demanda, tal como en ella están expuestos, de los cuales el relato que al principio hízose no es más que una fiel confirtura un caso de resnonque corres seguridad de las cosas o de las personas que moviliza en cumplimiento de los compromisos que a diario y particularmente está contrayendo con los que van a solicitar sus servicios. En el código civil — artículo 2,070 — el transporte es un contrato, en que una parte se compromete, mediante cierto flete o precio, a transportar o hacer transportar una persona o cosa de un paraje a otro. Y en el Código de Comercio, art. 258, el transporte es un contrato, en virtud del cual uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro, por tierra, canales, ríos navegables, etc., pasajeros o mercaderías ajenas, y entregar éstas a la persona a quien vayan dirigidas. Hay empresarios particulares y empresarios públicos de conducciones —art. 271, ibídem. Los primeros son los que,

ejercitando la industria, no han ofrecido al público sus servicios, y se encargan libremente de la conducción de personas o mercaderías a precios convenidos. Y los segundos son los que tienen anunciado y abierto al público un establecimiento de conducciones, y las ejecutan en los períodos, por el precio y las condiciones que prefijan sus anuncios. De manera que cuando el demandante deriva su acción de la muerte de un pasajero conducido de un lugar a otro por una empresa de transportes y ocasionada por el siniestro del vehículo en que lo transportaba, sitúa la responsabilidad en la inejecución de las respectivas obligaciones del porteador — que así se llama el que contrae la obligación de conducir— bien sea éste empresario particular o público. Y no empece a ello, el que se invoquen, como en el presente caso, disposiciones ajenas a la figura jurídica que implícitamente se plantea, porque lo interesante es que en la acción se suministre el hecho, que el juez se encargará de decir dónde está el derecho. La responsabilidad que se ventila en este pleito es, pues, de origen contractual, ‘4, e able, administrada directamente por el Departamento de Caldas, celebró con el menor José Eudoro Vásquez, al tomar éste pasaje para ser trasladado de Aranzazu a otra estación de la aerovía. Ahora, como el Cable se ajusta a las condiciones legales de empresa pública de transportes, según lo antes dicho, tiénese que son las regulaciones pertinentes a esta clase de conducciones, las que deben primar en todo caso. El solo hecho de haber sido admitido el joven Vásquez a viajar en una de las góndolas de pasajeros despachadas directa y personalmente por un empleado de la empresa de la estación de

Aranzazu, es indicio necesario de la existencia del contrato de transporte, pues en un vehículo de tal especie sólo es posible viajar como pasajero. Aunque es verdad que el artículo 320 del código de comercio dice que los billetes de asiento o aposentamiento justifican el contrato de transportes, la Sala no halla esa disposición limitativa en el sentido de que solamente el respectivo billete de viaje que la empresa vende al pasajero sea la única prueba admisible. La disposición tiende más bien a elevar el billete a la categoría de plena prueba, pero sin excluir las demás pruebas que también sean legales. El billete puede ser esencial para comprobar las condiciones especiales en que se hace el transporte y se aleguen como obligatorias para la empresa o para el pasajero ; y en tal sentido el precepto halla su justificación. Pero no puede ser la prueba exclusiva del hecho simple de que quien viaja en vehículo de empresa dedicada a prestar al público los servicios de transporte en determinada vía, tiene la calidad de pasajero concedida por ella y viaja con su consentimiento, porque a esa restricción probatoria sí no se presta la disposición. Mucho menos si se atiende a lo preceptuado en el artículo anterior, 319. Mas si el riesgo se Quisiese llevar a exo cuál puede ser su alcance, en el presente caso además del indicio necesario de la existencia VIS del contrato, de que ya se habló, se cuenta también con el dato de que el joven Vásquez portaba el respectivo billete de asiento, conforme lo constata la diligencia del levantamiento de los cadáveres practicada por el alcalde de Aranzazu pocos momentos después de acaecido el siniestro, en el cual se lee con respecto al cadáver del mencionado joven: "Requisado que fue se

le encontró una niquelera ordinaria con una moneda de diez centavos y el tique te del cable número 16416 de Aran- - zazu a Muelas". (FI. 8 del c. N9 6). Acreditado el contrato, surge a consideración y estudio uno de los deberes que éste hace pesar sobre el empresario por ministerio de la ley : indemnizar a los pasajeros el daño que sufrieren en sus personas, por vicio del carruaje, por su culpa, la de los conductores o dependientes (numeral 49 del artículo 322). "Cuando se trata de obligación nacida de contrato — ha sostenido la Sala Civil de esta Corte en sentencia de casación de 25 de noviembre de 1938, publicada en la , Gaceta Judicial, tomo 47, página 411—al - aducirlo y comprobarlo cumple el actor el deber que al respecto le impone el artículo 1757 del C. C., el cual de su lado impone al deudor el deber de comprobar que, en su caso, su obligación se ha extinguido. Quien contrata y asume así las respectivas obligaciones afronta su cumplimiento y por lo mismo echa sobre sus hombros la carga de probarlo cuando por incumplimiento se le demande ; y si no ha cumplido, podrá defenderse en cuanto su demandante no puctlia serlo por no estar :1 al tanto en sus concomitantes obligaciones, esto es, oponiendo la exceptio non adimpleti contractus, consagrada en el artículo 1609 de esa obra. Y si no es el caso de esta excepción y sí el de incumplimiento en el demandado, puede éste libernren riornnafremln ."..""4-- 1 -3:1: " -,GC71.4/ a GlJ, OVISUL/ ¿no 1/ G41. VG0 atendidas por el artículo 1604 de allí, en la forma y proporción que éste indica. Este artículo, entre otras cosas, establece: "La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearla ; la prueba del caso fortuito, al que lo alega". "En la culpa aquiliana no es, en lo general, tan ventajosa la situación del demandante como en la contractual en que lo ampara la presunción a que viene aludiéndose, sin que esta observación implique desconocimiento de que en varios casos de aquélla cuenta también con presunción en su favor, de lo que dan ejemplo los artículos 2345, 2346 en su segunda parte, 2347, 2354 del mismo Código. También es ejemplo de esto el artículo 2356, ibídem, sobre cuyas diferencias con el 2341 ha sido explícita la Corte en sentencias de 14 de marzo y 18 y 31 de mayo de este ario (G. J., Tomo XLVI, páginas 211 a 217, 515 a 522 y 560 a 665, respectivamente". El principio general del artículo 1,757 del C. Civil, de que probado el contrato incumbe probar al deudor que su obligación está extinguida por ausencia de pa o caso fortuito como causa de la inejeY cución de la prestación a su cargo, no se 'altera en el contrato de transportes reglamentado por el código mercantil, en fuerza de que en los capítulos correspondientes a la materia no hay nada que pueda contrariarlo. En este contrato, como en todos los demás contratos el deudor está ante el dilema de demostrar el pago, esto es el

cumplimiento del contrato, o la imposibilidad en que estuvo de ejecutar la prestación a que estuvo obligado. Es cierto que los artículos 306 y numeral 49 del artículo 322 del C. de Comercio, hacen una diferencia en cuanto al grado de la culpa de que responde el porteador, según que se trate de un empresario particular (artículo 306) o de emPresario público (artículo 322.) Pero esta distinción nada tiene qué ver con la Presunción de culpa que acarrea la inejeem.u__ citado. La diferencia dicha, dentro de las regulaciones generales de la culpa contractual, consiste en que el empresario particular para exonerarse de toda responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones que le impone el transporte "deberá probar que el caso fortuito no ha sido preparado por su culpa, y que su cuidado y experiencia han sido ineficaces para impedir o modificar los efectos del accidente que ha causado la pérdida, la avería o el retardo". Es decir que el empresario particular sólo se exonera de la culpa probando el caso fortuito, fuerza mayor o intervención de agente extraño. En cambio, el empresario público de transportes, al tenor del artículo 322 está en circunstancias más favorables, ya que el referido artículo en manera alguna exige la prueba del caso fortuito, sino de la ausencia de culpa. Está obligado a indemnizar a los pasajeros "el daño que sufrieron sus personas, por vicio del carruaje, por su culpa, la de los conductores o postillones". Lo que quiere decir que la prueba es más benigna para el empresario público, que para el empresario privado, quizá debido a que el primero por las circunstancias públicas en que

actúa, está más vigilado por la autoridad y sometido a los reglamentos oficiales destinados precisamente a garantizar en condiciones normales la seguridad de los pasajeros y la eficacia de los servicios que cada empresa transportadora ofrece al público. Los artículos 59 de la ley 62 de 1887 y 26 de la ley 76 de 1920, ninguna excepción establecen en la aplicación de los principios anteriores a los empresarios de vías férreas. Como quiera que tales preceptos vienen únicamente a aclarar; por si alguna duda hubiere acerca de /a responsabilidad por los accidentes de las vías férreas, que las empresas responden "de los daños que se causen a las perso-, nas o a las Propiedades nor razón dAl y u Funrau reffpCCITVCIE—: Aclaración que tiene mayor importancia en el campo eXtracontractual uue en el contractual, pues en el segundo la responsabilidad no suscitaba vacilaciones, en tanto que en el primero podía pensarse que había necesidad de disposiciones especiales que sometieran a toda clase de einpresarios de vías férreal, Incluyendo al mismo gobierno, a indemnizar los perjuicios por culpas cuasi delictuales. Ahora, hay diferencia entre la prueba de la ausencia de culpa y la prueba del caso fortuito, fuerza mayor o intervención de elemento extraño. Esta misma Corte en sentencia de casación de fecha 30 de noviembre de 1935, publicada en la Gaceta Judicial números 1905 y 1906, tomo 43, páginas 175 y siguientes, precisó bien la diferencia, valiéndose para ello de la doctrina de los mejores autores. La Corte siguiendo las enseñanzas de Radouant dice;

"Falta por ver en qué consiste o cómo se suministra o produce la prueba de la ausencia de culpa. Será necesario probar que ninguna de las culpas concebibles o humanamente posible fue cometida en ningún tiempo por el deudor? O, por el contrario, "dejándole a la duda un cierto lugar", bastará, para no incurrir en el absurdo de exigir la prueba de una negativa indefinida, una prueba indirecta que le devuelva a la demostración su aspecto positivo, concerniente a las precauciones que ha tomado el deudor? "Esta cuestión fue insuperablemente tratada por Radouant, en su monografía ya citada: "'Un rigor más o menos grande hé ahí, en efecto, frente a aquel a quien incumbe la carga de destruír la presunción, lo que distingue la prueba de la ausencia de culpa y la del caso fortuito o fuerza mayor; tal es el aspecto práctico de la cuestión. Si se investiga la diferencia de naturaleza que a él corresponde, aparecerá que bajo cierto punto de vista el caso fortuito o la fuerza mayor debe ser algo más uFiec. PL pa consiste en eliminar, sucesiva y com,, pletamente, de la conducta de un individuo, si no todas las culpas humanamente posibles, cualesquiera que ellas sean, por lo menos todas aquellas qué, dadas las circunstancias concretas del caso, habrían sido por su naturaleza determinantes del hecho perjudicial determinado. "Cuandd se trata de la ausencia de culpa, en efecto, es necesario no olvidar que la causa permanece desconocida, por. que, cuando es conocida, no se prueba la e ausencia de culpa, se prueba el hecho Preciso, generador del daño, que excluye la culpa. Si la causa es imposible de

descubrir, todo lo que se puede hacer es mostrar que, cualquiera que sea la causa, no podría consistir ella en una culpa del individuo cuya responsabilidad está en juego. Por lo cual él demostrará que no se ha hecho culpable de las culpas que, de costumbre, son cometidas en semejante ocasión ; o más bien indicará las precauciones que ha tomado, lo que dará a la prueba su aspecto positivo. La objeción de la negativa indefinida cae, pues, pero al precio de la certeza. Porque es evidente que la prueba perfecta de la ausencia de culpa sería una negativa indefinida. Para escapar a ella, es necesario dejar a la duda un cierto campo ; demostrar que tales o cuales culpas no han sido cometidas no prueba que tal otra, en la cual no se piensa no lo haya sido. De suerte que por paradójico que ello parezca, la prueba llamada de la ausencia de culpa no es más que una prueba imperfecta e indirecta: imperfecta, porque no da la certeza absoluta de lo que ella pretende establecer ; indirecta, pues sin precisar la causa del daño, tiende a certificar por eliminación que no es una culpa. "'Al contrario, cuando el demandado puede precisar el hecho generador, la prueba es perfecta. Nada más fácil que constatar su existencia y asegurar que él estaba exento de culpa; pues entonces la ausencia de culpa de que se trata está con cle toda /a conducta del individuo; por otra parte, existen multitud de acontecimientos cuya sola existencia parece por sí misma excluir la culpa. En este caso, no da ya lugar para la duda; cuando se conoce la causa precisa de un daño y se la sabe exenta de culpa, es incontestable que el hecho cuya consecuencia es, no deriva de una

culpa. Lo que está demostrando es aún la ausencia de culpa, pero con esta particularidad, que ella lo está con certeza, porque constituye la cualidad fácil de constatar, de un hecho positivo directamente probado. Ahora bien, sabemos cómo se llaman los acontecimientos así calificados por la ausencia de culpa: casos fortuitos o fuerza mayor. Llegamos, en suma, a esta conclusión: que, en todos los casos, es únicamente la ausencia de culpa lo que se trata de probar, para aportar la responsabilidad, y no podría ser de otra manera en una legislación que funda la responsabilidad contractual o delictual, en la culpa. No hay dos pruebas para llegar a ella ; pero el objeto único a demostrar es susceptible de dos modos de prueba desiguales en valor como en dificultad; el uno negativo, indirecto, que sólo proporciona una probabilidad, por poderosa que ella sea; el otro positivo, el cual facilita una certidumbre'." Más adelante la Corte cita un pasaje de Bonnecasse, quien dice: "Para los autores más recientes que han examinado de cerca el problema, la diferencia entre la fuerza mayor y la ausencia de culpa, no conduce a la distinción de dos nociones que se opongan en su esencia, sino simplemente a una situación más favorable para el deudor cuando le basta, para liberarse, demostrar la ausencia de culpa, que, cuando se trata de probar el caso fortuito o la fuerza mayor. Es ello, dicen esos autores, una especie de resultado de la convención, porque considerando y analizando las cosas más de cerca, la prueba de la ausencia de culpa en su forma absoluta et8, si no imposible, por bar la existencia de un acontecimiento preciso que haya acarreado, abstracción hecha de toda culpa por su parte, la imposibilidad absoluta de ejecución de

su obligación. Por lo menos cuando semejante prueba haya sido suministrada, no habrá ninguna duda sobre la irresponsabilidad del deudor. Al contrario, constituyendo la ausencia de culpa una situación de carácter negativo, se necesitaría irremediablemente probar, para establecerla, que ninguna de las culpas concebibles ha sido cometida por el deudor. Ello no se exige en realidad, y únicamente se pide la prueba de ausencia de las culpas susceptibles de producirse en un caso determinado, sobre la base de los datos corrientes de la experiencia "Es así como la ausencia de culpa — dice en otro lugar el otro autor citado — ha llegado a representar para el deudor un medio liberatorio de acceso mucho más fácil que el caso fortuito o la fuerza mayor. Importa poco, desde luego, que ciertos autores aleguen que el caso fortuito o la fuerza mayor se relaciona con la ausencia de culpa so pretexto de que la prueba del caso fortuito o la fuerza mayor no es otra que la prueba positiva de la ausencia de culpa; lo que hay de cierto es que sobre el terreno de la táctica y de la terminología jurídicas, la ausencia de culpa ha adquirido un sentido preciso por oposición al caso fortuito y a la fuerza mayor. Cuando el legislador acuerda efectos liberatorios a la ausencia de culpa, se reduce a exigir de parte del deudor una conducta normal frente a las circunstancias; cuando, al contrario, estipula el caso fortuito o la fuerza mayor, exige la prueba precisa de un acontecimiento preciso y determinado, independiente de toda culpa del deudor y acarreando consigo la imposibilidad absoluta de ejecución de la obligación". En resumen de todo lo expuesto en este capítulo se tiene: Supuesto el compromiso que

adquirió la empresa del Cable es mo, la inejecución del contrato producida por el accidente de la góndola que le costó la vida al pasajero, arroja el peso de una presunción de culpabilidad en contra de la empresa, dado que aquél pereció precisamente en poder de la empresa y por causa del servicio de la empresa y que de acuerdo con el artículo 1,730 del código civil el deudor es obligado a demostrar su . inculpabilidad cuando la cosa debida se pierde estando en su poder, precepto de carácter general aplicable a toda suerte de contratos menos cuando haya reglamentación especial, la que no existe en el de transportes. De manera que bajo el peso de la presunción de culpabilidad, la empresa sólo puede exonerarse de ella mediante la prueba eficaz de la ausencia de culpa, es decir que hizo todo lo que la humana previsión hace en casos semejantes para prestar un buen servicio de conducciones en forma que garantice la seguridad de los pasajeros. Como la empresa es de transportes públicos, según la clasificación del derecho mercantil, no necesita probar la ocurrencia de caso fortuito, pero sí patentizar que el accidente no obedeció a negligencia o descuido. Con estas premisas y conclusiones quedan aniquilados los fundamentos de la sentencia de primera instancia. El tribuna/ analizando el hecho como un caso de responsabilidad fuera de contrato, se dio al análisis de todas las pruebas con el ánimo de encontrar la prueba de los hechos de la demanda, pero halló que no se había demostrado que Vásquez hubiera perecido, como se alega por los actores, a consecuencia del accidente. Cuando el hecho que el tribunal pone en duda agobia por su claridad porque todos los factores probatorios tienden uniformemente a

establecerlo, como en el capítulo siguiente va a verse. Inejecución del contrato Con lag( mandante, y Gerardo González, Rafael Giraldo, Rafael Ramírez y Eduardo ce_ rrea, aducidos por el demandado, todas las cuales unidas a lo que dice el médico doctor Ricardo Mejía Jaramillo y a la di ligencia de inspección ocular practicad; antes del juicio por el juez municipal de Aranzazu el 21 de mayo de 1937, pocos días después del siniestro (fls. 13 v. y 14 del c. número 2), más la misma posición adoptada por el representante de la entidad demandada durante el proceso, de no contradecir la realidad del accidente sino negar que en su realización tuviese culpa alguna la empresa ; todo ese cúmulo de factores probatorios está acreditando con creces desde la primera instancia que es un hecho incontrovertible que el 9 de mayo de 1937 ocurrió el trágico acontecimiento del choque violento de una vagoneta de carga con otra de pasajeros en la línea del Cable Aéreo del Norte, de propiedad del Departamento de Caldas, a inmediaciones de la población de Aranzazu, choque del cual resultaron muertos los cuatro ocupantes de la vagoneta de pasajeros, siendo uno de ellos el joven José Eudoro Vásquez. Pero para mayor abundamiento en la segunda instancia trájose al proceso copia de la diligencia de levantamiento de los cadáveres de las víctimas del doloroso suceso, practicado por el alcalde municipal de Aranzazu, el mismo día, diligencia que por su carácter es un documento público de innegable autenticidad, que hace plena prueba en cualquier juicio.

De consiguiente ante la realidad del suceso, lo que incumbe es saber si la parte demandada probó que no se le puede ninguna culpa en él. iinputar La parte demandada esforzóse por acreditar su falta de culpabilidad en el accidente, pero no obtuvo éxito satisfactorio. El haz probatoriodeja un vacío, en el sentido de que el siniestro pudo obedecer al desnuido de la empresa que dejó de tomar todas las precauciones que las cirAS, eiUIW de Muelas, en la hora en que aquél ocurrió' En efecto. En el libelo de demanda el emandante atribuye el accidente a que según la técnica y d las necesidades del servicio del cable, en cada estación deben existir permanentemente y mientras funciona la aéreo vía, dos empleados despachadores constantes, uno encargado de recibir las vagonetas que llegan y otro encargado de despachar las que salen, pues las entradas y salidas tienen apenas interrupción de segundos, y en el momento de acaecer el accidente en la estación de Aranzazu no había sino un carrero despachador, pues el otro se había ido a almorzar, por cuya causa la vagoneta de carga que chocó con la góndola de pasajeros y la echó a tierra desde gran altur

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