CSJ - SC19-08-1935 - [019]

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - SC19-08-1935 - [019]
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
1935

Sentencia C – SC - 019 de 1935 TEMERIDAD/ Concepto. “Temeridad, derivación de temere, significa, según la definición de Accursio, en la Glosa de la L.79.D.5, I,: sciens se non habere ius, es decir la conciencia de la injusticia, el conocimiento de su propia falta de razón. Ese es también el vencido malicioso (antiguamente calumnia), el que, conocedor de su falta de razón, atacó o se defendió. Es el mismo improbus litigator de que habla Justiniano en el título “De poene temere litigantium”, modalidad dolosa del litigante temerario, porque improbus ya implica la inclinación perversa. Para unos y otros litigantes temerarios, maliciosos y dolosos en especie, saben que lo que piden no es justo, o que es justo lo que se pide de ellos, y sin embargo, litigan”. LITIGIO TEMERARIO/ Concepto. “El litigio temerario o malicioso de que habla el artículo 575 del Código Judicial, es aquel en que la injusticia es absoluta por estar hasta en la intención misma del que litiga, lo que equivale a decir que el que tiene conciencia de la injusticia, o sea de no tener razón, y esto aún teniendo en cuenta la ofuscación misma que produce el interés en el asunto”. CONDENACIÓN EN COSTAS/ No se imponen a quien aunque derrotado en juicio hubiera actuado de acuerdo a motivos justos. “El segundo numeral del artículo 575 del C.J. dispone que se condene en costas al que pierde ante el superior, el recurso de apelación que ha interpuesto, a menos que aparezca que ha tenido

motivos plausibles para interponerlo. Síguese de aquí que todo apelante ha de ser condenado a costas; si es temerario, por razón de la temeridad, y si no lo es por razón del recurso; y que nuestro derecho considera temerario a todo apelante que resulte vencido, porque habiendo de presumirse justa toda sentencia judicial, lógicamente se supone malicioso y temerario a todo el que va contra ella, sin lograr desvirtuar aquella presunción de justicia. Queda a salvo, excepcionalmente, el caso en que a juicio del juez, árbitro de los elementos subjetivos que crean la temeridad o la malicia, el recurso del litigante obedezca a motivos plausibles, los cuales, por serlo, destruyen precisamente su temeridad”. CONDENA EN COSTAS/Equivale a un resarcimiento, en cuanto es restitución de desembolsos realizados y reparación de daños sufridos. COSTAS JUDICIALES/ Quedan comprendidas en el concepto de daño, como la especie en el género, y más concretamente en el daño emergente o disminución inmediata del patrimonio. CONDENA EN COSTAS/Criterio del legislador colombiano. “El criterio, pues, de la ley colombiana en materia de costas, no es el de pronunciarlas siempre contra el vencido, sin tener en cuenta la intención con que incoó o sostuvo el pleito, sino el de perseguir esta intención, para hallar a través de elementos objetivos del proceso, los subjetivos que lo revelen como temerario o malicioso en su ataque o su defensa”. COSTAS JUDICIALES/No constituyen causal para juicio de

casación. “Siendo la institución de la condena en costas, ya un complemento del derecho deducido en juicio, que se decretan para no menguar el contenido de éste, ya una parte de los daños ocasionados por la culpa del que temeraria o maliciosamente se opone a su declaración, tienen siempre la calidad de accesorias del derecho principalmente deducido en juicio, y su falta de reconocimiento, o su reconocimiento indebido, no pueden fundar la casación del fallo en cuanto al derecho principal, por no poderse llegar a éste mediante lo accesorio. Y la segunda razón para no constituir un motivo de casación es que la condena en costas se subordina a la apreciación de la temeridad propia del fondo del derecho discutido por acción o excepción, de manera que es aquel derecho el que debe atacarse y no la represión o la temeridad con que se ejercitó, pues es lo que las costas sancionan”. PARTICULARES/ Denuncia de delitos ante las autoridades/Obligación ciudadana. “El conocimiento, pues, que den los particulares a los funcionarios de instrucción de delitos o de simples culpas, y de las noticias que tengan y que puedan servirles para comprobar el hecho y descubrir los delincuentes o culpables, lejos de constituir un proceder indebido, ilícito, está erigido por la ley en una obligación para los ciudadanos. Ella ha visto en el concurso de los particulares un medio imprescindible para conocer y castigar las infracciones y conservar el orden social. Quien use así su derecho, o cumpla así con su deber, según doctrina general, a nadie daña, ni incurre en responsabilidades. Es más, la ley considera encubridor al que, a

sabiendas, no denuncia el hecho a la autoridad, pudiendo hacerlo”. DENUNCIANTE/ Veracidad de la denuncia. “Lo que la ley colombiana exige al denunciante es que no falte a la verdad en su relato y que de sobre las culpas y delitos que denuncie todas las noticias que tenga y que puedan servir para comprobar el hecho y descubrir los delincuentes y culpables. El denunciante no se obliga a probar su relato (art. 1613 del Código de Procedimiento Criminal). Ello corresponde a la autoridad”. DENUNCIA DE PARTICULAR/ Perjurio/Acción de reparación por daños ocasionados por la denuncia falsa/Procedencia. “Si la acción de reparación de daños y perjuicios se hace depender de la falsa declaración o del perjurio, en que incurrió un denunciante, como éste o aquélla están erigidos en delito por el art. 753 del Código Penal, el fallo en lo civil necesariamente está subordinado a la calificación y condena previas del juez del crimen, y no puede imputarse al denunciante la obligación de reparación patrimonial, si ha precedido absolución penal. Así, el no poderse condenar civilmente a un testigo mientras no lo haya sido penalmente como declarante falso, asegura y mantiene para la sociedad y la justicia la libertad y espontaneidad del testimonio humano, sin inquietarlo con motivo de la invitación que la justicia le hace a deponer”.

REFERENCIA: GACETA JUDICIAL Nº 1901 y 1902

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE

BOGOTÁ

PETICIONARIO:

Roberto Tobón y Vale Villar

MAGISTRADO PONENTE:

ANTONIO ROCHA

DEMANDA SOBRE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES Casación por apreciación que informa la condenación en costas. El litigio temerario o malicioso de que habla el artículo 575 del Código Judicial, es aquel en que la injusticia es absoluta por estar hasta en la intención misma del que litiga, lo que equivale a decir que tiene conciencia de la injusticia o sea de no tener razón, y esto aún teniendo en cuenta la ofuscación misma que produce el interés en el asunto. La condena en costas está subordinada a la condición de la temeridad o de la malicia, es decir, a la CULPA del vencido. La condena en costas equivale a un resarcimiento en cuanto es restitución de desembolsos realizados y reparación de daños sufridos. Aunque la condena especial en el pleito sobre costas para el litigante temerario se refiere a las expensas útiles hechas por la parte contraria, el exceso no retribuido da acción para juicio distinto, dentro de las reglas generales de indemnización por daño patrimonial. Nuestro Código Judicial, en algunos casos de litigio temerario sanciona preventivamente el abuso del derecho de litigar, estableciendo que la parte puede ser condenada, además de costas, a PERJUICIOS, en casos como el embargo preventivo (arts. 274 y 294 del C.J.). La falta del reconocimiento de costas, o de su indebido reconocimiento no puede fundar la casación del fallo. Para apreciar la temeridad o

malicia en asunto de costas, tienen los tribunales una absoluta libertad de criterios. No obstante, la índole de la condena en costas, como reparación parcial daño, proporciona un amplio campo de errores recurribles en casación y en circunstancias excepcionales la violación de los principios de culpa y resarcimiento de daños puede hacer viable el recurso. Corte Suprema De Justicia – Sala De Casación Civil – Bogotá, agosto diecinueve de mil novecientos treinta y cinco. Hechos pertinentes en casación

1. El doctor Alberto Vale Villar, teniendo en cuenta la parte resolutiva de la sentencia del juzgado tercero en lo civil del circuito de Bogotá, de fecha veintiséis de septiembre de mil noverientos

(sic) veintiuno, que dice así: “...cuarto: sáquese copia de lo conducente para averiguar por quien competa la responsabilidad del perjurio del demandado, en la vía criminal. Cópiese, notifíquese y ejecutoriada regístrese. Pablo Gregorio Alfonso, (juez); Carlos J. Martínez, Srio. en ppd.”, se presentó ante las autoridades en lo penal y puso el correlativo denuncio contra el señor Tobón, con copia de lo conducente;

2. El juez cuarto del circuito de Bogotá llamó a juicio al señor Tobón por el delito de perjurio, y el Tribunal Superior del mismo distrito absolvió al señor Tobón del cargo por el cual se le llamó a juicio, en sentencia de cuatro de octubre de 1.926;

3. El señor Roberto Tobón, teniendo en cuenta que uno de

los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, actuando en negocio civil entre las mismas partes dijo: “al estudiar este despacho por primera vez este negocio, observó que el memorial de fecha veintisiete de agosto terminaba con la palabra suspensivo, y hoy con profunda extrañeza, nota que se han agregado tres palabras, que son: de ambos autos. Esto implica una irregularidad acerca de la cual se llama la atención y que debe averiguarse”, puso en forma de denuncio criminal estos hechos en conocimiento de los funcionarios de instrucción imputándolos al doctor Vale Villar y considerándolos como de falsedad en documentos públicos;

4. El Juzgado Primero Superior de Bogotá, en fallo de diez de septiembre de 1.926, sobreseyó temporalmente a favor del doctor Alberto Vale Villar por el delito de falsedad por el cual fue denunciado;

5. Don Roberto Tobón y el doctor Vale Villar, ambos mayores y vecinos de Bogotá, por medio del presente juicio ordinario, invocan recíprocamente como fuente de derecho a indemnización de daños y perjuicios materiales y morales, el denuncio que cada uno puso contra el otro ante las autoridades de lo criminal, la comparecencia en estrados con todas las molestias y gastos consiguientes de un proceso, y la absolución definitiva a favor del primero, y el sobreseimiento temporal a favor del segundo;

6. El Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia de diecisiete de mayo de 1.934, confirma la respectiva absolución decretada por el juez de instancia, condena en las costas del recurso al señor Tobón y absuelve de las mismas costas al doctor Alberto Vale

Villar. Recurso de casación Negada por la anterior sentencia la reparación patrimonial de perjuicios, ya ante la Corte ambos insisten en considerar que el Tribunal sentenciador no apreció la temeridad del respectivo denuncio, como reparo común a la sentencia, pero cada uno añada una modalidad a la temeridad del proceder del otro, a saber: Roberto Tobón dice que Vale Villar lo denunció sin necesidad, con sevicia y espíritu de venganza, porque para la investigación sobraba su intervención, puesto que fue la misma autoridad judicial la que ordenó sacar copia de lo conducente y averiguar la responsabilidad criminal; Vale Villar dice en cambio que al denunciarlo, don Roberto obró con ligereza, sin análisis, con intención de dañarlo. La falta de apreciación de estas modalidades es el cargo especial que cada uno le hace a la sentencia y por no haberlas tenido en cuenta deducen la violación de la ley civil en cuanto permite el resarcimiento de daños (arts. 2341, 2356 y concordantes del C.C.). Además don Roberto Tobón considera que no debió el Tribunal condenarlo a él en costas por este juicio y absolver a Vale Villar, porque apareciendo como aparece para el sentenciador que ambos litigantes obraron al denunciarse criminalmente en igualdad de circunstancias, no pudo él ser más temerario que el otro y merecer solo la condena en costas (art. 575 del C.J.). Motivo de acusación referente a la condena en costas Para juzgarlo es preciso tratar la cuestión con cierta latitud.

Y a ello procede la Corte:

1. La regla general que informa nuestro procedimiento, doctrinariamente, puede decirse, es la consagrada en el artículo 575, que dice así: “Se condena en costas salvo las excepciones legales, en los casos siguientes: 1) Al litigante que sostiene temeraria o maliciosamente, sin razón o fundamento apreciable, cualquier acción, excepción, oposición o incidente. 2) Al que pierde, ante el superior, el recurso de apelación que ha interpuesto, a menos que aparezca que ha tenido motivos plausibles para interponerlo. 3) Al que deja caducar la instancia; y 4) Al que desiste de la acción, excepción, oposición, incidente, o recurso”.

Esta norma que sanciona ante todo la temeridad y la malicia del litigante, sustituyó las que inspiraban el Código Judicial anterior en sus artículos 864, y quinto y sexto de la ley 39 de 1.921. Este último era notoriamente opuesto al actual sistema al no permitir la condena en costas en segunda instancia cuando la del inferior fuera confirmada por razones distintas de las alegadas en ella. El concepto de temeridad del condicionado a malicia, y de pleito temerario, que informa la institución jurídica de la condena en costas en derecho procedimental civil colombiano, no ha sido mirado por los jueces con la trascendencia social que debiera tener, no por nuevo, que no lo es, sino por amplio y justiciero. Temeridad, derivación de temere, significa, según la definición de Accursio, en la Glosa de la L.79.D.5, I,: sciens se non

habere ius, es decir la conciencia de la injusticia, el conocimiento de su propia falta de razón. Ese es también el vencido malicioso (antiguamente calumnia), el que, conocedor de su falta de razón, atacó o se defendió. Es el mismo improbus litigator de que habla Justiniano en el título “De poene temere litigantium”, modalidad dolosa del litigante temerario, porque improbus ya implica la inclinación perversa. Para unos y otros litigantes temerarios, maliciosos y dolosos en especie, saben que lo que piden no es justo, o que es justo lo que se pide de ellos, y sin embargo, litigan. 2 El litigio temerario o malicioso de que habla el artículo 575 del Código Judicial, es aquel en que la injusticia es absoluta por estar hasta en la intención misma del que litiga, lo que equivale a decir que el que tiene conciencia de la injusticia, o sea de no tener razón, y esto aún teniendo en cuenta la ofuscación misma que produce el interés en el asunto. 3 La condena en costas no aplica, pues, a cargo del vencido en el juicio, según el sistema del código, por el solo hecho objetivo del vencimiento. Ella está subordinada, a la condición de la temeridad o de la malicia, es decir a la culpa del vencido. Implican pues, un resarcimiento del daño y no simplemente el principio de que la defensa del derecho no ha de menguar su contenido. 4 El segundo numeral del artículo 575 del C.J. dispone que se condene en costas al que pierde ante el superior, el recurso de apelación que ha interpuesto, a menos que aparezca que ha tenido

motivos plausibles para interponerlo. Síguese de aquí que todo apelante ha de ser condenado a costas; si es temerario, por razón de la temeridad, y si no lo es por razón del recurso; y que nuestro derecho considera temerario a todo apelante que resulte vencido, porque habiendo de presumirse justa toda sentencia judicial, lógicamente se supone malicioso y temerario a todo el que va contra ella, sin lograr desvirtuar aquella presunción de justicia. Queda a salvo, excepcionalmente, el caso en que a juicio del juez, árbitro de los elementos subjetivos que crean la temeridad o la malicia, el recurso del litigante obedezca a motivos plausibles, los cuales, por serlo, destruyen precisamente su temeridad. Se advierte así fácilmente la diferencia con el código anterior cuando disponía en el artículo sexto de la ley 39 de 1.921 que no habría costas en segunda instancia, cuando la sentencia del inferior fuera confirmada por razones distintas de las de primera instancia. Este era el caso de la apelación fundada; el de hoy, de la apelación bien intencionada. 5 El sistema doctrinario de nuestro código de ver en la condena en costas un resarcimiento en daños de que se hace responsable el litigante por razón de la culpa inherente a su temeridad o malicia, y no simplemente en el deseo de que con el ataque o la defensa del derecho no se mengüe el contenido mismo del derecho, se quiebra, y con lógica al tratarse del recurso extraordinario de casación. La Corte de Casación puede encontrarse en uno de dos casos: a) O no aparecer justificada ninguna de las

causales aducidas (artículo 537), y entonces al desechar el recurso se imponen precisamente las costas al recurrente. Esta condena se explica por dos razones: porque el motivo plausible que impide la condena en costas en los recursos ordinarios, en casación daría lugar a algo más, que sería, la casación misma del fallo recurrido. Y porque ante la Corte de Casación, mientras no se convierta en Tribunal de instancia, las partes litigantes, como partes, desaparecen, para dar cabida en su lugar a una sentencia acusada y a la ley que la examinó. Entonces la temeridad no tiene cabida, por sustracción del elemento subjetivo, y las costas proceden como freno a tales impugnaciones, en interés público únicamente. b) O la Corte encuentra fundada alguna de las causas alegadas (artículo 538), y entonces al dictar la resolución que corresponda, se convierte ocasionalmente en tribunal de instancia, en que funciona otra vez la doctrina general de la temeridad como base de la condena en costas. 6 Recordando lo que atrás se dijo sobre el significado de la temeridad o malicia y de pleito temerario que usa el art. 575 del código judicial, hay que convenir que en materia procesal impera también la culpa como fuente de resarcimiento de perjuicios, tal como el art. 2356 y sus concordantes del código cvil (sic) establecen que todo daño que se causen injustamente debe ser reparado por el culpable. La condena en costas equivale a un resarcimiento, en cuanto es restitución de desembolsos realizados y reparación de daños sufridos.

Mas precisamente cuando el resarcimiento debido a la temeridad es el criterio más amplio que podía adoptarse, aunque de más delicada aplicación, como adelante se verá, los legisladores de 1931 limitaron el contenido de las costas en el art. 579 a las costas útiles, y quizá por eliminar con razón las que correspondan a diligencias o actuaciones innecesarias, o no autorizadas por la ley, copiando el art. 424 del código de enjuiciamiento civil español, dejaron por fuera ciertos desembolsos propios del que al incoar o defender un derecho se entiende con una contraparte temeraria. 7 Debe entonces entenderse que el legislador colombiano limita la responsabilidad de la culpa del litigante temerario a las meras expensas útiles del juicio autorizadas por el art. 579? Y que el amplio margen de indemnización que informa el art. 2356 de. C. civil, al que obedece el 575 del judicial; tenga tan reducida aplicación? Para la condena especial en el pleito, sí. Pero el exceso no retribuido de acción para juicio destinto, dentro de las reglas generales de indemnización por daño patrimonial.

En efecto: a).- Las costas judiciales quedan comprendidas en el concepto de daño, como la especie en el género, y más concretamente en el daño emergente o disminución inmediata del patrimonio; es claro que habrán de estar en la relación de causa a efecto, así como las judiciales lo están en la de necesidad o utilidad que expresa el art. 579 con criterio eliminativo de inutilidad y que otros códigos, como el italiano, art. 376, expresa en forma negativa:

“que no sean útiles”. b).- La misma terminología del derecho romano se inspiraba en este criterio. Los desembolsos con motivo de los litigios eran expensae, sumptus, biatica, damnum o damna e impensae. Cuando para los romanos la condena en costas tenía por objeto evitar la temeritas o la rebeldía, los textos unánimemente expresaban su contenido con las palabras sumptum o damnum. Cuando en alguna época se imponían como consecuencia natural del vencimiento, es decir, con criterio objetivo, su contenido correspondía sólo a expensas. En el primer caso la obligación del vencido se extendía a todos los daños sufridos por el vencedor como resultado de la acción procesal temeraria. En el de simple vencimiento, sin temeridad, apenas al pago de las costas del juicio propiamente dichas. “Para la diferencia entre las dos condenas, es decir, la del caso de simple vencimiento y la del de la temeritas, no consistía solamente en el contenido, sino también en el hecho de que únicamente la primera la dictaba el Juez sin pedírsela, de oficio; y la segunda, en cambio, requería instancia de parte. Los textos, en efecto, que obligan al Juez a hacer, de oficio, la imposición de costas, son los que se refieren a la condena de vencido como tal. Por el contrario, el reembolso de los gastos de mayor entidad, que tiene lugar en el caso de la temeritas, son siempre objeto de una verdadera acción en los textos que a ello se refieren”. (La condena en costas, Biblioteca de la revista de derecho privado, Serie B.

vol.VI, Madrid, 1928). c).- Nuestro Código Judicial, en algunos casos de litigio temerario, sanciona preventivamente el abuso del derecho de litigar estableciendo que la parte puede ser condenada, además de costas, a perjuicios, en casos como el embargo preventivo (arts. 274y 294 del C. J.). En tal ocasión, es claro el intento de la ley de castigar el dolo y la culpa lata equiparada a él. No hay razón para que en otros casos semejantes de abuso de derecho de litigar no se reprima éste posteriormente cuando la ley lo hace por claras razones, preventivamente, en algunos casos. d).- Las Legislaciones actuales, como la francesa, cuyo art. 130 del C. de P. Civil dice que “todo litigante vencido será condenado en costas”; la alemana (arts. 91 a 107 de 1879, modificados en 1924), según la cual el vencimiento, sea quien fuere el vencido lleva consigo el reintegro de las costas; la italiana (art. 370), que también condena a la parte vencida, por serlo; legislaciones inspiradas todas en el principio objetivo del vencimiento, con prescindencia de culpa, restringen el contenido de ellas a las directas y útiles del pleito como condena accesoria, pero sin perjuicio de deducirle al vencido una mayor responsabilidad en caso de haber obrado con temeridad, dentro de las normas generales de resarcimiento de daños. (V. Chiovenda, la condena en costas, Nos. 146, 148, 149, 188, 189, 359). 8.- El criterio, pues, de la ley colombiana en materia de

costas, no es el de pronunciarlas siempre contra el vencido, sin tener en cuenta la intención con que incoó o sostuvo el pleito, sino el de perseguir esta intención, para hallar a través de elementos objetivos del proceso, los subjetivos que lo revelen como temerario o malicioso en su ataque o su defensa. El Juez está investido de poderes amplios, aunque no arbitrarios. Pero éste, como todo podes discrecional, sea por la dificultad de apreciar la evidencia del derecho, de por sí discutible, sea por el propósito de no agravar la aflicción del vencido con la carga de las costas, sea porque la intención del que pleita escapa por su propia índole a toda investigación directa, y ha de basarse en presunciones, es los cierto que ese poder discrecional inclina a los jueces a hacer gratuito el ejercicio de los derechos. Y el que obtiene el reconocimiento de su derecho mediante el juicio, no lo obtiene en toda su integridad, sino mermado considerablemente por razón de los gastos, costas, daños y perjuicios, que los Jueces se niegan a reconocer a cargo del vencido, aun temerario. El derecho reconocido en la sentencia debiera serlo íntegramente, tal como existía cuando se interpuso la demanda, y no mermado por causa del pleito, que es el medio o ejercicio del derecho. 9.- Siendo la institución de la condena en costas, ya un complemento del derecho deducido en juicio, que se decretan para no menguar el contenido de éste, ya una parte de los daños ocasionados por la culpa del que temeraria o maliciosamente se

opone a su declaración, tienen siempre la calidad de accesorias del derecho principalmente deducido en juicio, y su falta de reconocimiento, o su reconocimiento indebido, no pueden fundar la casación del fallo en cuanto al derecho principal, por no poderse llegar a éste mediante lo accesorio. Y la segunda razón para no constituir un motivo de casación es que la condena en costas se subordina a la apreciación de la temeridad propia del fondo del derecho discutido por acción o excepción, de manera que es aquel derecho el que debe atacarse y no la represión o la temeridad con que se ejercitó, pues es lo que las costas sancionan. La sentencia recurrida examina el derecho que asiste a las partes, tal como quedó trabado en la litis contestación, sin que para alterarlo influya la mayor o menor o la ninguna temeridad con que se haya incoado o defendido posteriormente durante el proceso, y las costas sólo miran a este último aspecto. Y por último, para apreciar la temeridad o malicia tienen los tribunales una absoluta libertad de criterio, por no haber, ni poderlas haber, en lo general, reglas precisas que lo determinen, y envuelven por tanto cuestiones de hecho extrañas al recurso de casación. No obstante, la índole de la condena en costas, en el concepto de ser reparación parcial del daño, proporciona un amplio campo de errores recurribles en casación, y en ciertas circunstancias excepcionales, la violación de los principios de culpa y resarcimiento de daños pueden hacer viable el recurso. En efecto, cuando el derecho ejercitado en primer término se refiere a

la acción de reparación del daño causado por el abuso en el ejercicio del deber que todo ciudadano tiene de denunciar delitos o culpas ante las autoridades conforme al art. 1614 del código de enjuiciamiento criminal, o a la misma acción por razón de abuso en el derecho de litigar, la consecuente resolución sobre costas se funda en el mismo derecho con que se examina la acción principal, por temeridad en el procedimiento, y bien puede suceder que entonces se violen los mismos principios a que obedece el derecho principal al aplicarlos para resolver la cuestión accesoria de costas. 10.- La lucha por el derecho es un deber frente a la colectividad, según concepto de Ihering, y quien ejercita una acción para perseguir o para defender su derecho, usa, pues, de su derecho, y las costas y gastos que por ello se le ocasionen a su adversario no implican un daño que deba resarcir porque no se producen injustamente. Esto, en condiciones normales, es la doctrina que informa el art. 575 del C. J., al establecer que mientras no haya malicia o temeridad de una de las partes, cada cual paga el ejercicio de su acción o de su excepción, y en la práctica, son menores los casos de temeridad, y por tanto de resarcimiento de los gastos del adversario. Pero tampoco puede negarse que en éstos el uso, lícito en abstracto, para hacer valer el derecho, de hecho puede convertirse en abuso; y que no autorizando nuestra ley sino el pago de parte de los gastos en que se vio necesaria y últimamente envuelto el adversario dentro del mismo juicio, el exceso imputable con relación de causa a efecto ha

mermado el derecho integral de quien lo tiene y debe resarcirse mediante acción especial y distinta a la mera accesoria del juicio. Nuestra ley no prevé, por ejemplo, la condena en costas a cargo del vencedor, ni es posible hacerla dentro del mismo juicio. Y sin embargo, el tener un derecho y la facultad de hacerlo valer, no autoriza al titular para llevar al obligado impunemente a juicio si la actitud del obligado no lo ha hecho necesario. Al dictarse, por ejemplo, un mandamiento de pago por la vía ejecutiva, cuando no es necesario un previo requerimiento, y el ejecutado se acomoda al pago inmediato, no advirtiéndose renuencia precedente de éste, no deben decretarse costas, y si se pagan en principio, dan lugar a reembolso si se demuestra que la actitud del deudor no había hecho necesaria la intervención judicial; la simple mora había dado lugar apenas a intereses como perjuicios (art. 1617 del C. C.). El derecho de litigar no autoriza el prolongamiento indefinido del juicio mediante incidentes, recursos de apelación, acumulación excesiva de pruebas, embargos superabundantes, etc. No puede objetarse el derecho a indemnización reducido luego en juicio posterior. 11.- Se discute en el presente litigio si Roberto Tobón o Alberto Vale Villar, o ambos, son responsables de los gastos en defensores, voceros, perjuicios materiales y morales que pudieron hacer sufrir por causa del denuncio e investigación consiguiente que cada uno puso contra el otro en concepto de haber cometido sendos delitos o culpas, de los cuales el primero fue absuelto y el

último obtuvo sobreseimiento. El Tribunal niega la responsabilidad, por hallar que uno y otro obraron por virtud de orden o “insinuación judicial” precedente al denuncio, circunstancia que en su concepto les quita toda temeridad a los denuncios, o, según expresión del sentenciador, “hace desaparecer en un todo la culpa u omisión culposa que puede dar margen a calificar de ilícito el hecho del denuncio”. Y sin embargo, en cuanto a las costas del presente juicio, absuelve a uno de ellos y condena al otro como demandante temerario. De ahí el cargo de casación contra la sentencia por violación del artículo 575 del C. J., porque, dice el recurrente, “donde militan las mismas razones debe impartirse la misma justicia”. Para la Corte es fundado el cargo, según la exposición que ha hecho precedentemente. La rara similitud de hecho y de derecho entre la demanda y la contrademanda, la igualdad de condiciones y de efectos jurídicos que les encuentra el tribunal, una misma acción ejercitada por ambos litigantes de reparación de daño por denuncios temerarios, todo conduce a concluir que las razones que fu

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