CSJ - SC20-02-1889 (GJIII, 91-92)

SENTENCIAS DEFINITIVAS NEGOCIOS CIVILES Corte Suprema de Justicia - Bogotá, veinte de Febrero (20) de mil ochocientos ochenta y nueve (1889).

Vistos: - Fructuoso Cabrera ocurrió por medio de apoderado á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, con el objeto de que se le reconociera y mandara pegar la suma de tres mil doscientos pesos ($ 3,200), procedente de doscientas reses que le fueron expropiadas de las haciendas de “La Cañada”, “Altillo” y “Guadualito”, jurisdicción del Distrito de Agrado del extinguido Estado del Tolima en los años de 1860 á 1863, por agentes del Gobierno provisorio establecido en aquella época por el General Tomás C. de Mosquera.

En apoyo de tal solicitud presentó su apoderado unas informaciones de testigos idóneos, levantadas ante los Jueces de los Circuitos de Garzón y de Agrado, con asistencia de los respectivos Agentes del Ministerio Público. La Comisión, por resolución de fecha veintiuno de Septiembre último, marcada con el número 739, reconoció á cargo del Tesoro y á favor del apoderado del solicitante, Fructuoso Cabrera, la suma demandada, y calificó este crédito entré los de tercera clase; pero el Ministerio del Sentencia de 20 de febrero de 1889 Tesoro improbó tal resolución por la de doce de Octubre, número 178, y absolvió al Tesoro del pago de la suma demandada. De esta última resolución apeló el apoderado de la parte agraviada para ante esta Superioridad.

Concedido el recurso; y oído el señor Fiscal, la Corte Suprema procede á resolver lo que sea legal, mediante las siguientes consideraciones: Afirman los tres testigos, en las declaraciones en que ha fundado Cabrera su reclamo, que de 1860, después del combate de Segovia, á 1862, se le expropiaron al reclamante doscientas reses de sus haciendas de “La Cañada”, “El Altillo” y “Guadualito” por el Alcalde del Distrito de Agrado y el Comandante Militar de la misma plaza, ambos como Agentes del Gobierno provisorio establecido por el General Mosquera; que esas reses las sacaron en diversas partidas y cada una de ellas valía diez y seis pesos ($ 16) en aquel tiempo; y que parte de ese ganado se invirtió en abastecer la carnicería establecida por el expresado Gobierno en Agrado y en raciones de la fuerza allí acantonada, y el resto se le remitió al General José Hilario López para raciones de las fuerzas que comandaba y que estaban acantonadas en Coetando, de este lado de la Cordillera de Guanacas; y todo esto lo afirman los testigos por haber presenciado los hechos y aun haber intervenido en la ejecución de algunos de ellos. La prueba, pues, no admite objeción, como lo observó el señor Fiscal especial de la Nación, en su vista de fecha seis de Agosto del año próximo pasado. 2 Sentencia de 20 de febrero de 1889 El fundamento en que se apoyó el Ministerio del Tesoro para improbar la resolución de la Comisión consiste en que la reclamación de Cabrera ha debido sujetarse á la

tramitación establecida en la ley 44 de 1886, según lo dispone el artículo 1.° de la ley 36 de 1888, y que como la prueba aducida por el reclamante ha sido una información de testigos, tal prueba debió, de acuerdo con el artículo 16 de dicha ley 44, presentarse á la autoridad superior del Departamento con la relación jurada de que trata la resolución de la Secretaría de Guerra y Marina de diez y siete de Mayo de mil ochocientos ochenta y seis, antes de someterse á la Comisión. La Corte estima, y así lo ha decidido otras veces, que el requisito de la presentación de la relación jurada dejó de ser indispensable desde que por el artículo 1.° de la ley 152 de 1887, se derogó la formalidad del registro que respecto de los documentos relativos á las guerras anteriores á la de 1884, ordenaba el artículo 16 de la referida ley 44, puesto que el objeto de la relación jurada, cuando se trataba de créditos no comprobados con recibos ó atestaciones, sino con declaraciones de nudo hecho, era sólo el de que fuese registrada y anotada, conforme á la resolución de la Secretaría de Guerra y Marina yá citada. Derogada la formalidad del registro, es claro que quedó sin objeto la presentación de la relación jurada y que la falta de este documento no es motivo para denegar el derecho cuando, como en el presente caso, aparece plenamente acreditado. 3 Sentencia de 20 de febrero de 1889 Además de esto, y según lo expresa el señor Fiscal especial, como el artículo 1.° de la ley 44 de 1886 estableció cuáles eran los créditos de cargo de la Nación provenientes

de exacciones de la guerra de 1884 á 1885, y fue á éstos únicamente á los que se refirió el artículo 2.° de la misma ley, parece indudable que la disposición del ordinal 3.° de este artículo, se refiere también á sólo esos créditos y nó á los provenientes de guerras anteriores á la de 1884 á 1885; y como el artículo 16 de dicha ley se refiere únicamente á los créditos comprendidos en el citado ordinal 3.°, y éste á los créditos provenientes de las exacciones de la guerra de 1884 y 1885, no hay razón para exigir la formalidad que dicho artículo 16 prescribe en la probación de los créditos provenientes de guerras anteriores á esta. Por tales consideraciones, la Corte Suprema de la Nación administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con lo solicitado por el señor Fiscal especial, revoca la resolución del Ministerio del Tesoro, número 178, de 12 de Octubre último, que ha sido materia de la apelación, y confirma la de la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, de fecha veintiuno de Septiembre del año próximo pasado1, número 739, que declara que el Tesoro Nacional es deudor á Fructuoso Cabrera de la suma de tres mil doscientos pesos ($ 3,200) á que ascienden las expropiaciones que se le hicieron en sus haciendas de “La Cañada”, “El Altillo” y 1 Se hace corrección de escritura. 4 Sentencia de 20 de febrero de 1889 “Guadualito”, jurisdicción del Distrito de Agrado, de 1860 á

1863. Notifíquese, déjese la copia respectiva, publíquese y devuélvase el expediente. Lucio A. Pombo. -Manuel J. Angarita. —Salomón Forero. —Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza. —Froilán Largacha.- Antonio Morales. —El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O. En la audiencia del veinte de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve se publicó esta sentencia. El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O. En veintidós de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué la sentencia anterior al señor Fiscal de la Comisión de Suministros. MARCELIANO VARGAS. —EI Oficial Mayor, encargado de la Secretaria, Esguerra O. En veintidós de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué la sentencia anterior al señor Francisco A. Medina, apoderado del demandante. 5 Sentencia de 20 de febrero de 1889 El apoderado, Francisco A. Medina. —El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Esguerra O. 6