CSJ - SC22-02-1955 - [011]

Sentencia C – SC – 011 de 1955

CAUSAL CUARTA DE CASACIÓN. — CASO EN QUE EL FALLO

HA SIDO APROBADO POR UN NÚMERO DE VOTOS MAYOR DEL

EXIGIDO POR LA LEY. —REQUISITOS PARA QUE LA

PARTICIÓN Y LA SENTENCIA QUE LA APRUEBA EN JUICIO

SUCESORIO CONSTITUYAN TITULO DE DOMINIO. —TÉCNICA

DE CASACIÓN. — ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA DEMANDA 1—No es motivo para invalidar un fallo con fundamento en la causal 4ª de casación el hecho de que vigente el artículo 3 del Decreto Legislativo N 0976 de 1951, según el cual "los Tribunales Superiores de Distrito Judicial integrados por seis Magistrados o menos conocerán promiscuamente de las ramas civil y penal"; una sentencia hubiera sido aprobada por un número mayor de dos votos, en un Tribunal compuesto por seis Magistrados, porque éstos hubieran interpretado que por la disposición dicha había quedado suspendido el inciso 4º del artículo 70 del C. J., es decir, que "cuando una Sala conste de más de tres Magistrados, en cada negocio el Magistrado Ponente y los dos que le siguen en turno constituyen la Sala de Decisión". 2—Conforme a reiterada jurisprudencia de la Corte la causal segunda de casación es improcedente cuando la sentencia es totalmente absolutoria. 3—Si en el juicio ordinario de oposición al deslinde entre dos predios no se discutió ni decidió sobre la propiedad de los predios dichos, nada impide que en otro juicio ordinario se

debata acerca de tal extremo, porque en ese evento no puede alegarse cosa juzgada. 4—El libelo de demanda, estimado como parte del acervo probatorio, puede haber sido apreciado erróneamente por el Tribunal, a causa de un error de derecho o de un error de hecho que aparezca de modo evidente en los autos. Si tal error incide en el fallo recurrido y se viola la ley sustantiva, la acusación es procedente por infracción indirecta al través del error en la tarea estimativa de las pruebas, conforme al 2º inciso del ordinal 1º del artículo 520 del C. J. En tal caso no puede hablarse simultáneamente, en el mismo cargo, de infracción directa de la ley, según el inciso 1º del ord. de tal texto. 5—Cuando en casación se acusa la sentencia por error de derecho en la apreciación de determinada prueba, el recurrente debe citar las normas sobre pruebas que el Tribunal hubiera infringido, y además señalar concretamente las normas sustantivas quebrantadas y el concepto de su violación. 6—La índole de recurso extraordinario no permite a la Corte en casación el repaso total de la legalidad de la sentencia al través del cargo global de que fueron violadas "todas las disposiciones legales invocadas". 7— Para que la partición de bienes sucesorales y la sentencia que la aprueba surtan sus efectos de servir de título de dominio sobre las cosas mismas que en la división les cupieren a los herederos y puedan ser estimadas como plena prueba en juicio, es indispensable que tanto la una como la otra sean registradas, como lo mandan los artículos 2.652,

numeral 6º, 2.654 y 2.662 del C. C. y que la inscripción se haga en el libro de registro de causas mortuorias, conforme lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 57 de 1887, por tener origen dichos actos en juicio de sucesión. Esta ha sido la doctrina de la Corte. 8—La infracción de una norma sobre pruebas no es suficiente por sí sola para casar la sentencia, porque debe aparecer también su incidencia en el fallo mediante el quebrantamiento de normas sustantivas relacionadas con el fondo del negocio.

REFERENCIA:

GACETA JUDICIAL Nº 2150

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE

IBAGUÉ

PETICIONARIO:

Moisés Torres R.

MAGISTRADO PONENTE:

MANUEL BARRERA PARRA

Corte Suprema de Justicia. —Sala de Casación Civil. Bogotá, veintidós (22) de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco (1955). Se decide el recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia pronunciada el 19 de septiembre, de 1953 por el Tribunal Superior de Ibagué en el juicio ordinario seguido por Moisés Torres R. contra Alejandrino Morales sobre dominio respecto de un predio rural. I — ANTECEDENTES: 1. —Moisés Torres R. demandó ante el Juzgado Civil del Circuito del Guamo a Alejandrino Morales para que mediante los trámites propios del juicio ordinario se hicieran las siguientes declaraciones: a) que el demandante es dueño y poseedor de una finca rural integrada por dos predios contiguos ubicados en el

municipio de Ortega y alindados como reza la demanda; b) que el actor ha adquirido el derecho de dominio sobre dicha finca, porque la ha poseído con ánimo de señor y dueño, uniendo su posesión a la de sus antecesores, con título inscrito, por un lapso mayor de diez años; c) que se anule o rescinda la partición hecha en el juicio sucesorio de Marco A. Vidales, adelantado en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué, y la correspondiente adjudicación a favor de Alejandrino Morales; d) que el demandado no es ni ha sido comunero en la finca a que se refiere la demanda; e) que ti demandado debe pagar al actor los perjuicios morales y materiales ocasionados por haberse considerado comunero en la misma finca; f) subsidiariamente, que todas las mejoras existentes en el mismo inmueble pertenecen al actor, quien tiene derecho a retenerlo mientras se le cubra el valor de ellas. 2—En 38 numerales el demandante expresa los hechos en que se basan las acciones incoadas, los cuales pueden resumirse así: Que de acuerdo con la titulación que llevará a los autos es dueño de la finca a que se refiere la demanda; que Alejandrino Morales ha pretendido ser comunero en dicha finca, sin título) alguno; que el demandado dijo comprar unos derechos herenciales relacionados con la finca "Balsillas" y "Limón", y resucitó un juicio de sucesión en que se hizo reconocer como cesionario y adjudicar unos derechos proindiviso respecto de la misma finca; que por

instrumento Nº 294 otorgada el 7 de octubre de 1950 en la Notaría de Ortega, se protocolizó el juicio de sucesión de Marco A. Vidales, y en este juicio se encuentra la partida de su defunción el 25 de noviembre de 1939, la de matrimonio del causante con María Delia Neira y las de bautismo de Hernando, Isabel y María Marina Vidales; que en papel no revalidado se halla la actuación de dicho juicio sucesorio; que la Administración de Hacienda Nacional de Ibagué certificó que dicha sucesión está a paz y salvo por concepto de impuestos; que en dicho juicio se reconoció a Alejandrino Morales como cesionario de los derechos herenciales de Delia Neira v. de Vidales y de Hernando, Isabel y María Marina Vidales Neira; que Morales como único interesado solicitó el expediente para hacer la partición y el Juzgado accedió a ello, presentando su apoderado una adjudicación a favor de su cliente respecto de derechos en las fincas de "Balsillas" y "Limón"; que por sentencia del 3 de agosto de 1950 se aprobó la partición de dicho juicio y el expediente fue protocolizado como atrás se indica; que el rector Moisés Torres adquirió los inmuebles a eme se refiere la demanda, por compra que de ellos hizo a Digna María Beltrán, según escritura Nº 547 de 30 de mayo de 1949 de la Notaría de Girardot registrada en el Guamo el 18 de junio de 1949; que los lotes de "Balsillas" y "El Limón" están matriculados en la Registraduría del Guamo; y por último, que el Tribunal de Ibagué en fallo del 24 de

julio de 1951 negó la partición solicitada por Alejandrino Morales respecto de la finca. 3—El demandado Morales se opuso a las pretensiones del actor, negó el derecho invocado por éste, aceptó parte de los hechos enumerados en el libelo y sostuvo como fundamento de su oposición lo siguiente: que es comunero en los inmuebles relacionados en la demanda, con títulos legítimos; que su condición de condueño emana de compra de derechos en las fincas de "Balsillas" y "Limón" y de la sucesión de Marco A. Vidales, tramitada previas las formalidades legales, en cuya partición sé le adjudicaron derechos proindiviso en tales predios; que es verdad que por escritura N 547 de 30 de mayo de 1949, Digna María Beltrán vendió a Moisés Torres lo que allí se indica, pero lo que Julio Lozano vendió a aquélla por escritura Nº 959 de 27 de agosto de 1946 de la Notaría de Girardot, fue sólo derechos vinculados en la finca de "Balsillas", según lo dice igualmente la cláusula cuarta de la citada escritura Nº 547; y por último, que desconoce la personería sustantiva del actor para pedir la nulidad del juicio de sucesión de Marco A. Vidales, porque Moisés Torres no fue parte en ese juicio, ni tiene derecho alguno en tal sucesión, y la nulidad de las particiones no se puede pedir sino por quienes fueron partes en ellas y por las mismas causas porque se anulan los contratos. 4—Trabada sobre estas bases la litis, fue desatada en forma adversa a la demanda por sentencia de primera instancia del 8 de

noviembre de 1952. El Juzgado consideró que se hallaba probada una comunidad en los predios de 'Balsillas', ‘El Limón' y 'La Chamba', entre Moisés Torres v Alejandrino Morales; que no se había demostrado que el actor hubiera poseído quieta y pacíficamente los inmuebles que pretende usucapir; que no siendo, el demandante parte en el juicio sucesorio de Marco A. Vidales carecía de derecho para pedir la nulidad de tal juicio, y que no estaba probado que el actor fuera dueño de las mejoras de que trata la petición subsidiaria de la demanda. 5—Apelado este fallo por el actor, el Tribunal Superior de Ibagué lo confirmó en sentencia del 16 de septiembre de 1953. 6—El demandante interpuso casación contra el fallo del Tribunal. Concedido y tramitado el recurso en legal forma, corresponde a la Corte decidir en el fondo sobre el mérito de la demanda introducida en tiempo. II — SENTENCIA ACUSADA Son consideraciones fundamentales del fallo acusado las siguientes: "El dominio o propiedad del actor, no aparece plenamente justificado pues ya vimos que la escritura de venta de la Beltrán a Torres de la finca Balsillas y Limón relata que lo que ella vende lo hubo por compra a Julio Lozano según escritura Nº 959 de 27 de agosto de 1946 de la Notaría de Girardot; que de los certificados de tradición acompañados consta que lo que Julio Lozano le vendió a la Beltrán lo adquirió por compra al señor Juan Vidales Palma según instrumento Nº 301 de 14 de junio de 1946 de la Notaría de

Chaparral; y que Juan Vidales le vendió a Lozano los derechos y acciones con las mejoras que el exponente tiene y posee como legítimo dueño en las comunidades conocidas con los nombres de Balsillas y Limón y La Chamba etc. y que en esta venta quedan a salvo los de derechos de Marco A. Vidales Palma hoy sus herederos."El contrato de compraventa no transfiere el dominio sino una obligación de transferirlo, que es obligación personal; de ahí la validez de la venta de cosa ajena (Art. 1849 C. C.). "Entre los modos de adquirir el domino está la tradición (Art. 673 C. C.). De ahí que entre las principales obligaciones del vendedor, está la entrega o tradición. "Se efectúa la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; pero si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre no se adquieren por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada (Artículos 752 y 756 C. C,). "Es decir, que habiendo adquirido Lozano solamente derechos y acciones en las comunidades conocidas con los nombres de Balsillas, Limón y La Chamba, fue eso mismo lo que transfirió a la señora Beltrán y lo que ésta transfirió al actor, pues como ya vimos por los certificados acompañados, la tradición del dominio de esos predios no ha sido perfecta. b) Las declaraciones traídas por el demandado adolecen de vaguedad, pues no explican las circunstancias de modo y tiempo como cada uno de los antecesores del actor poseyó la finca en

cuestión, y por qué presenciaron los hechos. En efecto nos hablan de la posesión de Julio Loza no, cuando este señor fue dueño de la finca solamente un mes; de la posesión del demandado cuando éste según lo que aparece de autos no ha podido entrar en la finca, pues cuando lo intentó fue lanzado mediante la prueba de la señora Beltrán de que ella tenía la posesión (fls. 35 a 78 del cuaderno Nº 1); cuando al folio 21 de este mismo cuaderno consta la observación del perito que actuó en la diligencia de inventario y avalúo, llevada a cabo en 1941, de que entonces estaba poseyendo la finca el comunero Dr. Juan Vidales Palma quien en julio de 1946 se la pudo entregar totalmente aunque con salvedades a Julio Lozano éste a la Beltrán en agosto del mismo año y ésta al actor en mayo de 1949. De ahí que el demandado haya acudido aún a las vías cié hecho. "Por esto no son fehacientes las declaraciones de los testigos. “En cambio la hijuela de Morales, no puede desconocerse en este juicio, en que los derechos de las partes tienen un origen remoto común, o sea la sucesión de la señora Genoveva Palma de Vidales, cuyos bienes vinieron a quedar en último término en poder de Juan y Marco A. Vidales; de ahí que aquél al vender deja a salvo los derechos de éste o su sucesión en la mentada comunidad. c) En cuanto a la petición del actor de alegar como título de dominio los fallos dictados por el Juzgado del Guamo y la H. Corte

Suprema de Justicia, en el juicio de deslinde y de oposición al deslinde de Digna María Beltrán contra Alejandrino Morales conviene anotar que en el juicio de deslinde no se discute el dominio de los predios colindantes sino su línea divisoria; que el juicio de deslinde es breve y sumario, y que lo tocante al dominio se puede discutir después en el juicio reivindicatorio, cuando hay lugar a él. "Para que la cosa juzgada surta efecto en otro juicio, se requiere que la nueva demanda tenga el mismo objeto, y se funde en las mismas causas que la primera y que haya identidad jurídica entre las personas de los litigantes (Art. 474 del C. J.). Es claro que el juicio de deslinde no tiene el mismo objeto ni las mismas causas que este juicio, aunque sí, las mismas partes. d) No pudiéndose hacer la primera declaración de la demanda a favor del actor, tampoco puede hacerse la cuarta declaración pedida en contra del demandado, pues no se demostró que la comunidad de Balsillas y Limón sea del señor Torres o de un tercero que excluya a Morales. e) No se ve qué interés asista al actor para pedir la nulidad de la partición hecha en el juicio de sucesión del Dr. Marco A. Vidales, no siendo partícipe en ella. En estos casos; si el señor Torres fuera el dueño de la finca Balsillas y Morales se hubiera hecho adjudicar una parte en dicha sucesión, la acción contra éste sería de exclusión de bienes indebidamente inventariados. "Además estando en posesión de la finca, y teniendo la propiedad de ella, el dueño puede no preocuparse por juicios

divisorios ni de dominio, porque cualquier persona que se le presente con un título falso, no puede oponérsele con éxito en presencia del suyo. "Por esto la ley no concede la nulidad de los juicios sino a la parte que no fue legalmente notificada y emplazada, o no estuvo debidamente representada en el juicio (Art. 547 C. J.); ni la nulidad de las particiones, sino a los partícipes por las causales de nulidad de todos los contratos y por los vicios del consentimiento y la lesión enorme. Esto porque los contratos de los terceros, ni le aprovechan ni le perjudica a uno. "No puede hacerse, pues, la tercera petición de la demanda”. f) En cuanto a la segunda sobre adquisición de la propiedad por prescripción, el actor no fundamentó su acción en los hechos de la demanda, ni trajo prueba alguna al respecto. g) Negada la cuarta petición de la demanda queda negada la quinta que es consecuencia de ella. h) La acción para que se declare que todas las mejoras de la finca son del actor, no puede resolverse favorablemente, porque las mejoras hechas en un inmueble pertenecen al dueño del terreno como cosa accesoria a él (Art. 713 del C. C.). La ley concede el derecho de retención en determinados casos, pero es necesario hacerlo valer en los respectivos juicios reivindicatorios, y en las particiones, para que se le adjudique al comunero donde tiene sus mejoras. Una declaración tan amplia como la pedida, carecería de interés para el actor, y sería prematura, pues las acciones sólo pueden ejercerse cuando surge un hecho contrario a los derechos del

dueño." III — DEMANDA DE CASACIÓN En su extensa demanda (124 páginas) el recurrente acusa la sentencia al través de 18 cargos que denomina "Motivos de Casación". Invoca las causales primera, segunda y cuarta del artículo 520 del C. J. Con apoyo en la primera ataca el fallo del Tribunal, por violación directa, indebida aplicación y errónea interpretación de la ley sustantiva, y también por infracción indirecta a causa de errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas. Con base en la segunda causal, afirma que la sentencia recurrida no guarda consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, ya que el Tribunal no resolvió sobre todas las súplicas del actor. Y, por último, con fundamento en la causa] cuarta, sostiene que el fallo no fue acordado con el número de votos exigido por la ley. IV—EXAMEN DE LOS CARGOS Procediendo a examinar las causales aducidas, en orden lógico, la Sala estudia en primer lugar la causal cuarta, en seguida la causal segunda y en último término los cargos por la causal primera de casación. Causal cuarta La sustenta así el recurrente: "El numeral 4º, o sea la cuarta causal de casación, está establecida para el caso de que el fallo contenga "menor número de votos de los exigidos por la Ley". En caso contrario, también debe estimarse como causal de casación, porque la sentencia ha de ser firmada por un Tribunal, que significan tres Magistrados, y no por seis, que constituyen dos Tribunales. Ese fallo no expedido por una Sala de Decisión, sino

por un Tribunal promiscuo, produce el hecho de que no haya estudio conjunto en reunión parlamentaria, sino que el ponente dicta la sentencia sin acuerdo previo con los otros Magistrados y éstos la firman, para darle así un voto de confianza al ponente. "Si la ley exige seis firmas, o sea todo el Tribunal, cuando éste es promiscuo, entonces tenemos que el fallo sólo contiene cinco firmas pues las iniciales que están debajo de la firma del Doctor Efraín Caballero y antes de la del Doctor David. Rincón Bonilla no pueden considerarse como firmas. Dilema: o la sentencia necesita 6 firmas y le falta 1, o sólo necesita 3 y le sobran 2".

Se considera: El cargo es infundado y no encaja dentro de la causal invocada.

La ley erige en motivo de casación el hecho de que la sentencia recurrida haya sido acordada "con menor número de votos del exigido por la ley". En la fecha en que fue proferido el fallo acusado (19 de septiembre de 1953), estaba vigente el artículo 39 del Decreto Legislativo N° 0976 de 1951, según el cual "los Tribunales Superiores de Distrito Judicial integrados por seis Magistrados o menos conocerán promiscuamente de las ramas civil y penal". En este caso se hallaba el Tribunal Superior de Ibagué integrado por seis Magistrados. En vigor tal precepto, bien podía sostenerse que no se hallaba suspendida la norma del inc. 49 del artículo 70 del C. J., conforme al cual "cuando una Sala conste de más de tres Magistrados, en cada negocio, el Magistrado Ponente y los dos que le siguen en turno constituyen la Sala de Decisión". Como según el

numeral 1º del artículo 82 del C. J., los Tribunales Superiores conocen en Sala de Decisión, de las apelaciones que se interpongan contra las sentencias dictadas por los Jueces de Circuito, y como según los artículos 50 y 85 del mismo estatuto, la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal debe acordarse por mayoría absoluta de votos y firmarse por los Magistrados que concurran a dictarla, aquella interpretación autorizaba el acuerdo de la decisión por dos Magistrados y la firma de los tres. Pero el Tribunal de Ibagué pudo entender que el conocimiento promiscuo de los negocios, imponía la intervención de los seis Magistrados en las sentencias de segunda instancia, en cuyo caso el número mínimo de votos exigidos por la ley sería cuatro para la parte resolutiva, debiendo firmar el fallo todos los seis. Y esta interpretación de las normas legales a la sazón vigentes, de mayor garantía para el cabal estudio y acertada decisión de los negocios, no constituye un error in procediendo sancionado con la invalidación del fallo. Se impone que el fallo no sea acordado "con menor número de votos del exigido por la ley" y se erige en motivo de casación la violación de tal norma. Existe en tales casos un defecto en el órgano juzgador, que la ley considera como un error in procediendo de tal gravedad que justifica la casación de la sentencia a fin de que devueltos los autos al Tribunal de origen, sea tomada la decisión con arreglo a las normas quebrantadas. La sentencia acusada aparece suscrita y acordada por los seis Magistrados del Tribunal de Ibagué. No hay

ningún salvamento de voto. El fallo fue objeto de acuerdo unánime. El recurrente afirma que el fallo no aparece suscrito sino por cinco magistrados, tratando de desconocer la firma del Magistrado doctor Ce-non Ferro París, económica en signos caligráficos, pero bien inteligible para quienes litigan ante el Tribunal de Ibagué. Debe rechazarse el cargo. No sin observar que dos de los magistrados fueron separados del conocimiento del negocio a causa de impedimento legal, por lo que fueron reemplazados por conjueces sorteados según la ley. Cuando la Sala habla de los seis magistrados, se emplea este calificativo para designar a quienes incumbía en segundo grado la función jurisdiccional. Causal segunda.

Expone el recurrente: "La sentencia no está en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes". En efecto: La sentencia no entra a considerar nada, en relación con la segunda petición de la demanda; y tampoco niega ni acepta la petición subsidiaria".

Se considera: La acusación es impertinente, como se verá: El fallo de primera instancia fue absolutorio y el de segunda confirmó plenamente la decisión del juez a quo. O sea que el Tribunal negó en su totalidad las súplicas del actor. "En numerosas sentencias ha dicho la Corte que siendo absolutorio el fallo de instancia es impertinente invocar contra él la causal de falta de consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, si ellas han sido negadas en su totalidad" (Casaciones: julio 23 de 1945, LIX, 358; marzo 30 de 1946, LX, 160; abril 13 de 1946, LX, 394; septiembre 25 de 1946,

LXI, 98; agosto 24 de 1950, LXVII, 771). Causal primera. Cargos primero a cuarto. —Se examinan globalmente y estriban en lo siguiente: Con anterioridad al presente juicio cursó en el Juzgado del Circuito del Guamo un juicio de deslinde promovido por Digna María Beltrán contra Alejandrino Morales para el señalamiento de la línea divisoria de los predios "Limón" y "Balsillas" con la finca "Santa Lucía". El especial de deslinde se convirtió en ordinario, que fue fallado por sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 20 da noviembre de 1952. En este juicio se discutió sobre la condición de propietaria exclusiva de la actora Digna María Beltrán respecto de los predios 'Limón' y 'Balsillas' los mismos a que se refiere la litis actual, pues el demandado Morales sostenía que ellos pertenecían a una comunidad. La cuestión fue resuelta en el sentido de atribuir el dominio exclusivo de ellos a la demandante. El actor sostuvo insistentemente ante el Tribunal que la sentencia definitiva pronunciada en aquel juicio tenía la autoridad de cosa juzgada en relación con la propiedad de los predios a que se refiere la actual controversia. Como aparece de los apartes atrás transcritos del fallo recurrido, el Tribunal rechazó la cosa juzgada por considerar que el juicio de deslinde no tuvo el mismo objeto ni la misma causa que el presente juicio. El recurrente sostiene que por tal concepto la sentencia violó los artículos 473 del C. J. y 900 del C. J., ya directamente por falta

de aplicación cíe estas normas sustantivas o por errónea interpretación de ellas, ya indirectamente, por error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas.

Se considera: Para el cabal examen de estos cargos, atinentes al valor de cosa juzgada que pueda tener en el presente juicio la sentencia pronunciada en el juicio sobre deslinde, la Sala transcribe en seguida algunos apartes del fallo dictado en casación por la Corte el 20 de noviembre de 1952, por medio del cual terminó aquel proceso. Copia de dicho fallo obra en autos, a pedimento de la parte actora (Cuaderno N 7, fs. 10 v. a 24). Relaciona tal sentencia los antecedentes de la litis así: "Aquí se trata de un juicio de deslinde y amojonamiento, convertido en ordinario a virtud de la oposición de ambas partes a la línea fijada judicialmente; y actúa como demandante Digna María Beltrán y como demandado Alejandrino Morales. Alegó aquélla que su finca "Balsillas y Limón" colinda con "Santa Lucía", inmueble de Morales, y que no es clara en parte la línea en que hacen contacto los dos predios, por lo cual sometió el caso a la justicia. "Con la demanda presentó la actora, como título de dominio, la escritura 959 de la Notaría de Girardot, de agosto de 1946, por la cual compró a Julio Lozano la finca sometida a deslinde. En el hecho primero de la demanda dice precisamente esto: que compró el inmueble al citado Lozano por aquella escritura. "El Juez, antes de resolver alguna cosa, exigió que se acreditara la suficiencia de aquel

título, y entonces fue presentado un certificado del Registrador respectivo en que se dice que Lozano vendió a la actora "el derecho de dominio y posesión" sobre la finca, y que en la actualidad ésta es poseedora inscrita de dichos derechos de dominio y posesión, sin limitación ni condición alguna. "Con esta certificación, el Juzgado aceptó la demanda por estar ajustada a la ley, y ordenó correr traslado de ella al demandado. "Contestó esa demanda el opositor Morales, y al referirse al hecho primero citado arriba manifestó que "es cierto que el señor Julio Lozano vendió a la demandante el predio de que trata la escritura respectiva''. Y manifestó también que no tiene interés en la no ejecución de deslinde, siempre que se verifique por las líneas divisorias de las cercas de alambra, las cuales tienen una duración de más de veinte años. No objetó el título presentado por la actora. "El Juzgado fijó entonces fecha para la diligencia de deslinde, y en ella se invirtieron cuatro días. En el primero y segundo se identificaron los predios, y como no hubo acuerdo entre las partes sobre algunos puntos de los linderos, fueron preguntados y repreguntados muchos testigos; y en el cuarto día el Juzgado fijó la línea, y ordenó el amojonamiento, que se realizó en el día mencionado. La diligencia de deslinde se notificó personalmente a las partes en la misma fecha en fue levantada, y el demandado apeló de ella, apelación que fue negada. Más tarde, en recurso de hecho, el Tribunal manifestó su parecer de que estaba bien fundada

la denegación de aquella solicitud de apelación. "Ambas partes se opusieron al deslinde, amojonamiento realizado, y así remató la primera etapa del juicio. "Fechada el 17 de mayo de 1947, el apoderado de la Beltrán presentó demanda, corregida, sobre oposición al deslinde practicado. Hace en ella varias peticiones, que se pueden sintetizar en la forma siguiente: “Que la línea divisoria de los predios no es la que fijó el Juzgado en la diligencia de 22 de febrero, en las horas de la mañana. "El demandado Morales contestó la demanda oponiéndose a que se hagan las peticiones de ésta, y termina su contestación ratificando una manifestación que ya había hecho al extenderse la diligencia sobre fijación de la línea divisoria, a saber: insisto en que la demandante Beltrán es únicamente comunera del predio Balsillas, por lo cual el deslinde no ha debido practicarse. "El demandado Morales no presentó demanda de oposición. "Falló el negocio el Juez del Circuito del Guamo, el veintidós de febrero de mil novecientos cuarenta y siete, declarando en primer lugar no probada la excepción de prescripción, y declarando sin valor la línea divisoria. "La parte demandada apeló de esta sentencia del Juez, y el Tribunal Superior de Ibagué decidió el pleito en la segunda instancia, con la sentencia de tres de febrero de mil novecientos cincuenta, en la cual se lee: "Revocase la sentencia apelada y en su lugar el Tribunal se abstiene de fallar en el fondo la presente acción

por no haber demostrado la demandante el presupuesto procesal de legitimación para obrar o legitimación en causa". La parte demandante no se conformó con este fallo; y como se le concedió el recurso de casación, han llegado los autos a la Corte, y se entra a estudiar la demanda de casación. El fallo del Tribunal entonces recurrido ante la Corte decía: "En el caso de autos la demandante ha instaurado una acción de deslinde en su carácter de dueña exclusiva de los predios cuyos linderos pide que se señalen. Y el Juez de primera instancia aceptó esta personería, según se vio ya. Pero cuando el Juez dice: "otra cosa fuera que la escritura Nº 959 y el certificado o uno cualquiera de los dos hablaren de derechos y acciones o de la comunidad de Balsillas y Limón; pero claramente hablan de una finca demarcada por linderos especiales que fue enajenada por Julio Lozano a Digna María Beltrán a título de venta por la suma de doce mil pesos". Afirma una equivocación manifiesta. Y posiblemente lo que ocurrió fue que el Juez no leyó todo el título 959 citado, que figura a los folios 7 a 100 del cuaderno Nº 1, por medio del cual la demandante compró a Julio Lozano G. derechos y acciones en la comunidad de Balsillas, según la cláusula final que reza» textualmente. "En este estado el co