CSJ - SC27-02-2001 [5987]

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Civil

Magistrado Ponente: Manuel Ardila Velásquez

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil uno (2001). Referencia; Expediente No, 5987 Decídese el recurso de casación interpuesto por el demandado contra la sentencia de ? de agosto de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala Civilen el proceso ordinario adelantado por Manuel Arturo Castellanos Ortegón contra Luis Ennque Aldana Montenegro. | Antecedentes d Por la respectiva demanda pidió el actor que, E R A declarándose a su favor el dominio, el demandado sea A condenado a restituirle, con los frutos debidos, el predio de las A siguientes características: A A REPUBLICA DE COLOMBIA CN M.A.V. Exp. 5987 2 ma de jfmá'… Nr /o y ufpre Ubicado en el municipio de Bosa, con una extensión superficiaria de 224.72 varas cuadradas, hace parte del bloque 102, o sea la parcela 820 de la finca Ontario "del antiguo potrero 'El Carmenrr, particularizado inicialmente con la cédula catastral número B.S. 5296 hoy con la ídem número 565 -31-15, identificado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D. E., con el folio de matrícula inmobiliaria

número 050-0516737", con nomenciatura actualizada de Santafé de Bogotá distinguida con los números 554-40 Sur de la transversal 30 y 31-72 de la calle 56 Sur, y los siguientes linderos: Por el Norte, en extensión aproximada de 16.17 mts., con la parcela 819 (hoy con el inmueble No. 55A-34 de la transversal 30 de Bogotá); por el Sur, que es uno de sus frentes, en extensión aproximada de 12.59 mts. con el callejón número 19 (hoy por "donde está su número" 31-72 de la calle rai 56 sur de Bogotá, nomenciatura que le asignó el Catastro Distrital, según solicitud que le elevó Castellanos en el año 1990); por el oriente, en extensión aproximada de 10 mts. con la parcela 818 (hoy, con la mitad del inmueble No. 31-54 de la calle 56 sur de Bogotá); y, por el occidente, que es otro de sus frentes, en extensión aproximada de 10 mts. con el camino No. 8 (hoy, por "donde está su número" S5A-40 sur de la transversal 30 de Bogota). Los hechos de que se vale para ello, se reflejan en el siguiente compendio: -José del Carmen Orozco González compró el prenombrado inmueble a la sociedad "Bernal Hnos. Ltda.", — REPUBLICA DE COLOMBIA a M.A.V. Exp. 5987 3 <% hrema de - %Aábúá— por medio de la escritura pública No. 8064, corrida en la notaría

segunda de Bogotá el 30 de noviembre de 1948, registrada el 21 de diciembre del mismo año. -Luis Francisco Orozco González lo adquirió luego mediante adjudicación que se le hizo en la mortuoria de aquél, cuya partición y sentencia aprobatoria fue registrada el 12 de noviembre de 1982, protocolizada por la escritura 7006 de la notaría cuarta de Bogotá, corrida el 28 de diciembre de hr 1982. .a E . uE N -El precitado Luis Francisco lo vendió a P B - e Eugenio Duarte Aldana, según escritura 2338 de 17 de p diciembre de 1982, de la notaría 12 de Bogotá, registrada el 17 de enero de 1983. -Y éste, finalmente, lo vendió a Manuel Arturo Castellanos Ortegón, cual figura en la escritura 5906, otorgada el 24 de junio de 1988 en la notaría 27 de Bogotá, registrada el 29 de agosto de 1988. Titulaciones todas que fueron inscritas en el ..... folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al inmueble, esto es, el número 050-0516737, la última de las cuales tuvo ocurrencia el 29 de agosto de 1988. Todos los adquirentes poseyeron pacífica y sucesivamente la heredad. Mas, el 24 de enero de 1991 fue despojado de ella Manuel Arturo Castellanos, para Sser REPUBLICA DE COLOMBIA T .. %/Mf(¿?nó¿ de ítá¿ícmz M.A.V. Exp. 5987 4 C entregada a Luis Enrique Aldana Maldonado, en cumplimiento

del despacho comisorio que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá libró dentro del proceso ejecutivo hipotecario de Blanca Urdaneta viuda de Cifuentes contra Hipólito Neusa Rodríguez. Dijose entonces que Aldana lo había O C < rematado dentro del consabido ejecutivo. Empero, Castellanos S s R nunca hipotecó su inmueble, ni el embargo decretado dentro del susodicho proceso ejecutivo fue registrado en el folio de matrícula que le corresponde. El inmueble que el precitado Hipólito hipotecó mediante escritura pública 3995 de 12 de septiembre de 1986, notaría 21 de Bogotá, se identifica así: ubicado en Bogótá en la h l callee 56 sur No. 31-64, cédula catastral B. S. U. 505-31-11, a folio de matrícula inmobiliaria No. 050-0196981, que él había comprado a "Bernal Hermanos Ltda.”" mediante escritura 7702 de 29 de diciembre de 1973 de la notaría 9a. de Bogotá. Aidana no está legitimado para seguir en posesión dej inmueble de Castellanos -objeto de esta acción reivindicatoria-, "comoquiera que no es el bien hipotecado por HIPOLITO NEUSA RODRIGUEZ ni el embargado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá y por tratarse de un bien diferente al gravado con hipoteca”. La réplica del demandado estuvo centrada sobre la base de considerar que adquirió el inmueble "mediante rr EN 7RE E AAN OENPN AA ANG aEFO

REPUBLICA DE COLOMBIA M.A.V. Exp. 5987 5 - %…&aa adjudicación ejecutoriada, proferida por UN Juzgado de la República", y que, por tanto, se opone a las pretensiones de la demanda. Cuanto a los hechos, observó que el inmueble descrito en la demanda es el mismo que recibió a través del consabido remate, el cual fue secuestrado el 27 de agosto de 1987 y en donde se halló a la esposa del demandante, quien no adelantó entonces lo que ahora busca por este juicio “y no ejerció por lo tanto el demandante en la forma que la ley prevee (sic), dentro de los términos correspondientes, las pretensiones que hoy se formular". Fue insistente en señalar que el inmueble objeto de la controversia es el mismo que fue "embargado, secuestrado, adjudicado y entregado por el juzgado sexto civil del circuito de Santafé de Bogotá, cual consta en el folilo de matrícula inmobiliaria número 050-0196981, abierto el 22 de enero de 1974, que es el que verdaderamente le corresponde. El otro folio aducido por e¡x actor, o sea el número 0500516737, vino a abrirse después, esto es, el 27 de agosto de 1979”. Argumentos esos dque le sirvieron para formular las excepciones que denominó "inexistencia de la causa de lo pretendido", "falta de legitimación en causa por inexistencia en la titularidad de los derechos invocados” e “indebida formulación de las pretensiones y del derecho demandado", haciendo hincapié en que la matrícula suya

"además de provenir de una licitación pública, verificada por orden y autorización dé la ley, en proceso judicial, es previa a la del demandante MANUEL ARTURO CASTELLANOS, siendo esta última posterior y en consecuencia no tiene razón de ser

REPUBLICA DE COLOMBIA

SNA RE YY a e% hrema de , í… M.A.V. Exp. 6987 6 — para que a ello se hubiere procedido, toda vez QUE UN

INMUEBLE SOLAMENTE DEBE TENER UN SOLO FOLIO DE _ ¡l

MATRICULA INMOBILIARIA".

El juzgado décimo civil del Circuito de Santafé de Bogotá dictó sentencia estimatoria de las pretensiones, la cual confirmó luego el respectivo tribunal superior al desatar la O f apelación interpuesta por el demandado. Contra la del ad quem, arriba quedó dicho, interpuso el mismo impugnante el recurso de casación.

I. La sentencia del tribunal En el preludio de sus razonamientos, no sin antes resumir la causa litigada, al inquirir por el dominio como elemento de la reivindicación estableció de entrada que en este caso se presenta "el enfrentamiento entre los títulos aducidos por el actor y el título y posesión del demandado”.

Ya de cara al problema de saber "cuál de los títulos es prevalente", anticipó que en este itigio lo era el del actor, según la cadena de titulaciones que relacionó en su demanda, partiendo de la escritura pública 8064 de 30 de noviembre de 1948, por la que la sociedad Bernal Hnos. Lida. vendió el inmueble a José del Carmen Orozco González, pasando por la adquisición mortis causa de Luis Francisco

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Orozco González y la venta que éste efectuó luego a Eugenío Duarte Aldana, hasta llegar al momento en que Manuel Arturo Castellanos se lo compró a Duarte por medio de la escritura número 5906 de 24 de junio de 1988 de la notaría 27 de Bogotá, registrada el 29 de agosto de la misma anualidad. Dicho esto, acotó: "Contrario a lo anterior, la escritura pública No. 7702 de 29 de diciembre de 1973, que contiene la venta que Bemal Hnos. Ltda., hizo a Hipólito Neusa Rodríguez, se registro el 14 de enero de 1974, prevaleciendo entonces, como ya se dijo, el título de donde deriva el dominio el demandante, pues recuérdese que éste se registró veitiseis (sic) años antes (12 de diciembre de 1948y'.

De donde dedujo: "Tiénese de lo anterior, que Hipólito Neusa ¡Rodríguez hipotecó cosa ajena, y por ende el Juzgado 60. Civil del Circuito de esta ciudad, remató bien ajeno”.

Y luego: "Se conciuye que el actor logró desviriuar la presunción de dominio que ampara al demandado, toda vez que - aportó titulación anterior a dicha posesión y también anterior a la que éste presentó".

E REPUBLICA DE COLOMBIA K”º Siprema de Jotea N.A.V. Exp. 5987 8 n ; + Así que, después de encontrar también !! i i probada la posesión del demandado, la identidad entre lo que A f

! éste posee y lo que aquél reciama, así como el tratarse de un i bien singular, desembocó en la prosperidad de ta reivindicación. A lo que no se opone -dijola gestión exceptiva del demandado, "porque si bien es cierto Manuel ; Arturo Castellanos no se hizo presente a defender sus _ derechos dentro del proceso ejecutivo hipotecario cuando fue secuestrado y entregado el inmueble, no eran éstas las únicas oportunidades que tenía para ello. Así mismo, aunque Luis E Enrique Aldana Montenegro adquirió en subasta pública, como é se vio el Juzgado 6 Civil del Circuito de esta ciudad, remató un | bien ajeno y un remate en esas condiciones no es oponible ni | menos vincula u obliga al verdadero dueño de la cosa E | rematada". | 1 | j e3 li. La demanda de casación — C Con fundamento en la primera de las - í j causales de casación que consagra el articulo 368 del Código ,._ de Procedimiento Civil, dos cargos se han formulado. Primer cardo A juicio del recurrente se quebrantaron indirectamente los artículos 669, 740, 741, 745 (inc. 1), 746 in , íax-¿¿c¿w M.A.Y. Exp. 5987 9 fine, 946, 947, 950, 952, 961, 964, y 1849 del Código Civil, por indebida aplicación; como también, pero por falta de aplicación, los artículos 765 (inc. 1 y 2), 766 (ordinal 3), 1502, 1519, 1521

(ordinales 1 y 3), 1523, y 1866 del Código Civil; 6, 513 (ino. 5 y 6), 514, 515, 555 (numeral 4), 530 (numeral 2) y 557 del Código de Procedimiento Civil; y 1,2,4 (numeral 1), 22, 28, 30. 31 y 39 del Decreto No. 1250 de 1970. Todo debido a los erores de hecho cometidos por el sentenciador en la apreciación probatoria. Antes del desenvolvimiento propio de la acusación, estimó el censor, como cosa de mucha conveniencia, dejar sentada la premisa de que a ojos del tribunal, y cual lo revelan las piezas procesales, hay ¡dentidad plena del predio que el demandante busca vindicar procurando su restitución, a que alude la escritura pública No. 5906 de 24 de julio de 1.986, otorgada en la Notaría 27 de Bogotá y el inmueble que posee el demandado, por haberlo adquirido por remate que se verificó el 17 de juiio de 1.990 y que luego de aprobado judicialmente, las diligencias correspondientes se protocolizaron mediante la escritura No. 5003, otorgada en la Notaría 21 del mismo Círculo el 27 de septiembre siguiente”. Es el mismo predio; y "si bien aparece con nomenclatura diferente y con doble matrícula tanto inmobiliaria “ como catastral, su unicidad no es dable controvertirla hoy cuando ya la reconoció y aceptó el Tribunal en su sentencia", en decisión que "el demandante no impugna y que por lo mismo

lega a la Corte con carácter absolutamente inmodificable”, el REPUBLICA DE COLOMBIA M.A.V. Exp. 5987 10 actor, "ni entonces ni ahora ha objetado expresa ni implicitamente, pues ha consentido la declaración de dominio a su favor y la restitución del predio itigado, muy a pesar de que su nomenclatura, su denominación, sus alindaciones y hasta su extensión superficiaria ofrezcan algunas accidentales diferencias". Por lo demás, tal identidad predicada por el tribunal está apuntalada en las probanzas del juicio; entre otras: -copia del auto aprobatorio dei remate, en el que luego de aquilatar algunos medios de convicción, expresó el juzgador: "De todo lo cual se deduce que es el mismo inmueble, subsanándose la deficiencia que se anotó en auto de seis de agosto del año en curso"; -auto del Registrador de Instrumentos Públicos -zona sur de Bogotá-, en el que sostuvo: revisados los follos de matrícula y microfichas corresponden al parecer al mismo inmueble, o sea la parcela 820 del Bloque 102 Municipio de Bosa con nomenclatura Transversal 30 Sur No. 55A-40"; á -resolución 405 de 7 de julio de 1992, en el …a : 1i que el Registrador de Instrumentos Públicos expresa que con g relación a la certificación expedida con destino al Catastro, y a El 1 i efectos de mantener ambos folios de matrícula, "conviene precisar que fue necesario en varias oportunidades oficiarles íY, para obtener dicha respuesta y mediante el oficio No. 0648 de

1992 informan que los predios corresponden a uno solo en el 7 .. , ¿Á“'¿”º“' M.A.V. Exp. 5987 11 tereng y sin embargo, en el archivo magnético figuran dos prédios con cédulas catastrales, nomenciatura, áreas diferentes ...". -oficio No. DN-36-32-93 de 27 de octubre de 1993, del Catastro Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual concluye que, revisadas las escrituras 5906 y 7702, arriba mencionadas, y los certificados de libertad 050-05116737 y 050-0196989 , se pudo establecer que las nomenclaturas Calle 56 Sur No. 31-64 y Tv. 30 Mp55A-40 Sur/ Calle 56 Sur No. 31-72 corresponden al mismo predio, el cual cartográficamente se identifica como lote 820 de la Manzana 102 de la Parcelación Ontario. -inspección judicial practicada por el juzgado de conocimiento 'en donde al inspeccionar el predio poseído por el demandado Aldana Montenegro con estos medios de prueba se acreditó su identidad perfecta' con el descrito en los títhlos de la demanda. El desarrolo del cargo inició, pues, bajo la premisa de que se trata de un mismo inmueble; y se enderezó a evidenciar que, en esas condiciones, el título de Castellanos no puede prevalecer, pues que, al comprar cosa embargada, "ofrece coruscante deficiencia jurídica que afecta su validez". En efecto, el tribunal dejó de ver que al tiempo de otorgarse en la notaría 27 de Bogotá la escritura pública

5906 de 24 de julio de 1988, por la que Castellanos compró el ILICA DE COLOMBIA , M.A.V. Exp. 5987 — 12 prema de justca inmueble, y también cuando ella fue registrada en Instrumentos Públicos, el bien se encontraba embargado, conforme lo ponen de manifiesto las copias que, del proceso ejecutivo hipotecario de Blanca Urdaneta Vda. de Cifuentes contra Hipólito Neusa Rodríguez, obran en el expediente, entre las cuales destaca el auto que alíí decretó tal medida cautelar, el oficio que la comunicó a la Oficina de Registro (folios 10 a 12 del cuaderno 4) y los certificados de ésta en los que el 30 de abril de 1987 se materializó la medida con la inscripción correspondiente, y que ela fue cancelada sólo el 17 de julio de 1990, como consecuencia de la aprobación del remate. Si el tribunal no Hhubiera incurrido en semejante error de hecho, habría concluído que el actor celebró un negocio jurídico afectado de objeto ilícito, como es precisamente el comprar una cosa que está, por razón de un embargo, fuera del comercio (num. 1 del art. 1521 del Código Civil); vale decir, el del demandante "no es título justo", y mal puede tener preferencia sobre el presentado por el demandado, tanto menos si el de éste proviene de una "subasta pública, que como tal ha autorizado y aprobado la justicia". Y también constituye error manifiesto de hecho, afirmar -como lo hizo el tribunalque las titulaciones aducidas por los litigantes provienen "del mismo antecesor", y

que, por consiguiente, la prevalencia está supeditada a la prioridad en la inscripción. No es verdad -asegura el censorque las partes hubiesen tenido un común antecesor inmediato, j PUBLICA DE COLOMBIA M.A.V. Exp. 5987 413 7f%w… - uslicaa pues que al paso que el de Montenegro fue Hipólito Neusa Rodríguez, el de Castellanos fue Eugenio Duarte Aldana. Finalmente, súmase otro yeito del mismo linaje, consistente en que el sentenciador no apreció que el folio de matrícula inmobiliaria en el que finca su aspiración el demandante Castellanos, 0O sea el número 050-0516737, fue abierto después (8 de agosto de 1979) que el que aduce el demandado, cuyo número es 050-0196981, y que lo fue el 18 de enero de 1974. De otro modo, habría "mermado la magnificencia hiperbólica que atribuyó al título del demandante". Esos los errores denunciados; los que, amén de ostensibles, "fueron la causa determinante para que en el parangón que hizo de la eficacia jurídica de las titulaciones aportadas por demandante y demandado para justificar el dominio excluyente que cada uno reciama, le reconociera prevalencia y le diera por tanto preferente aplicación a la de aquél", quebrantando de ese modo el derecho sustancial consagrado en la preceptiva legal anunciada al comienzo del cargo. Consideraciones Cierto que el tribunal partió de la premisa de que se trata de un mismo inmueble; no de otra manera pudiera

entenderse que su análisis arranque de la confrontación de los títulos aducidos por una y otra parte. Punto acerca del cual el a e:' Sepre-. m/¿“I ar_ de - íw¿“¿c¿a. MAV. Exp. 5987 — 14 impugnador da su asenso. Total, tórnase indiscutida en casación, empero, es así por el dictado dispositivo del recurso, según el cual lo que está al margen de la acusación es intangible para la Corte, y no por el aquietamiento del actorsegún argumento adicional del casacionista-, si es que, como es verdad, éste carecía de legitimación impugnativa al salir airoso en sus pretensiones. Un bien con dos matrículas inmobiliarias. En una, pese a que su correspondiente folio fue abierto varios años después del que adujera el demandado, aparecen, con todo, anotados los registros cumplidos con anterioridad a su apertura, por lo que carece de eficacia lo alegado en el punto: y muestra dicha matrícula una cadena ininterrumpida de adquisiciones que se remontan hasta el año 1946, con fundamento en las cuales compró el demandante; en la otra, se registran las adquisiciones desde el año 1973, con base en las cuales fue rematado el inmueble en el pluricitado proceso ejecutivo. En aras de establecer la primacía entre ellas, el tribunal no se conformó solamente con los precisos títulos por los que las partes hicieron su propia adquisición, vale decir, no se detuvo ante sus sucesores inmediatos, que lo fueron efectivamente, cual lo anota el censor, Hipólito Neusa

Rodríguez respecto del demandado Enrique Aldana, en 1974, y Eugenio Duarte Aldana del demandante Castellanos Ortegón, en 1988, antes bien, auscultó por entero las sucesivas adquisiciones de ambos lados. Y cumple decir que fue en virtud Aa d A R da A A E a TO

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Jstia de esta labor por la que concluyó que la sociedad Bemnal Hermanos Ltda. hizo dos ventas del mismo predio a personas distintas; y que como la que corresponde al antecesor mediato del actor ocurrió 26 años atrás y fue registrada por entonces, prevalecia por ello su titulación; dedujo entonces que la venta que la misma sociedad hizo después a favor de Hipólito Neusa, recayó sobre cosa ajena, y que este último, subsecuentemente, hipotecó también cosa ajena, la misma que ulteriormente remató Aldana; de aquí derivó que se trata de una titulación inoponible al verdadero dueño.

Lo dijo el tribunal: los títulos de Aldana Montenegro, son inoponibles a Castellanos Ortegón.

El cargo no alcanza, según lo analizado anteriormente, a desvirtuar este aspecto, fuerza es admitir, entonces, que permanece enhiesta tal decisión; entre tanto, no puede afirmarse qué Castellanos compró cosa embargada, porque en ese estaría el recurrente echando mano de su propia titulación, o sea la misma que el tribunal calificó de inoponible. En buenas cuentas, no logró debelar la inoponibitidad.

Por modo que, sostenida la inoponibilidad de los títulos del demandado, mal puede pretenderse qué del embargo que en ellos figura se deriven efectos contra el actor, que es lo que a la postre persigue el impugnante cuando parte de la afirmación de que Castellanos compró cosa embargada y que su título padece entonces de objeto ilícito.

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La acusación desemboca, así, en el vacio. No prospera el cargo. Segundo cargo Señálase que — fueron quebrantados indirectamente, por efecto de errores de hecho de apreciación probatoria, por aplicación indebida, los artículos 946, 947, 950, 952, 961, 964, 1740, 1741, 1742 (reformado por el 20. de la ley 50 de 1936), 752 y 1871 del código civil, 141 (num.2) y 530 (inc. 10.) del de procedimiento civil, y 39, 40 y 42 del decreto 1250 de 1970; y, por falta de aplicación, los números 673, 740, 741 (inc.1 y 3), 742, 744, 745 (inc. 1), 746, 749, 756 (inc. 1), 765 (inc. 1 y 3), 768 (inc. 1 y 2), 769, 1505, 1849 y 1850 (inc. 1 y 2) del Código Civil, 51, 83 (inc. 1 y 2), 97 (num. 9), 305, 306, 522 523, 525, 526 (inc. 1), 527, 529 (primera parte), 530

(primera parte del inciso 1 y numerales 3, 4 y 6), 531 y 557 (num. 1 y 2) del código de procedimiento civil, y 30, 52 y 54 del decreto 1250 de 1970. El casacionista parte ahora de un presupuesto: que - la decisión atacada implica el pronunciamiento de que es nulo el remate por el que Aldana adquirió el inmueble. aaa

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En su sentir, la sentencia "arrasa con los efectos jurídicos de la subasta pública referida, pues mplicitamente se la declara inválida o ineficaz Yy por ende se desconoce en Su integridad el dominio que sobre el inmueble adquirió (...) el aquí demandado a través de un remate que Se realizó con piena observancia, en todos sus pasos, de las ritualidades exigidas por la ley para la validez de ese acto. De no entenderse que esa disposición la trae per see la sentencia, o sea que viene incorporada en ella, quizás la reivindicación decretada sería a la postre huera o vana, pues quedarían vigentes dos títulos de dominio sobre el bien: el del demandante y el del demandado, desde luego que la inscripción del remate continuaría vigente”. Y tras recordar la naturaleza hibrida del remate, indicó que en cualquier caso Su anulación repercute en las esferas jurídicas “no solamente del rematador, sino también en la del ejecutado y aún en la del acreedor a cuya instancia se realizó", por lo que

controversia semejante implica que "deben ser citadas todas esas personas, pues, de un lado, el rematante debe restituir el bien subastado; de otro, el acreedor tiene que reintegrar lo que recibió por razón de la subasta, renaciendo para éste el derecho de perseguir nuevamente la | efectividad de la obligación, lo que indiscutiblemente afecta también el interés del deudor ejecutado". El juzgador pretermitió las pruebas "atinentes a la demanda ejecutiva con título hipotecario; a Su admisión; a la diligencia de remate, y al auto aprobatorio de éste" (...) REPUBLICA DE COLOMBIA N.A.V. Exp. 5987 18 documentos que oportuna y legalmente allegados al presente proceso acreditan que Luís Enrique Aldana Montenegro adquirió el predio, cuya restitución a favor del demandante debe hacerse por condena que la sentencia le impone, en el remate que dicho falio invalida o arrasa o en sus efectos, así sea en decisión tácita pero en todo caso real". Ninguno de esos documentos fue observado por el tribunal, cometiendo así errores de hecho manifiestos, "que lo impulsaron a desconocerle efectos y validez jurídica al remate hecho por el aquí demandado Aldana Montenegro, sin la audiencia de todas las personas que como partes intervinieron en ese acto material o sustancial, a quienes dicha ineficacia jurídica declarada implicitamente también afecta". Con ello, hizose recaer todo el peso de la invalidación no más que en el

demandado, puesto que ha de restituir el inmueble sin que se le reintegre el precio que pagó en el remate, lo que choca con la equidad. Sin esos yerros habría concluido el tribunal que "por no haberse dirigido la demanda contra todas las personas que intervinieron en el proceso en que se realizó el remate, este acto no podía neutralizarse en sus efectos, declarándolo ineficaz frente al título exhibido por el demandante, y habría emitido por tanto una sentencia inhibitoria por no haberse integrado el contradictorio a que aluden los artículos 51 y 83 del C. de Procedimiento Civil, en concomitancia con el numeral 9 del artículo 97 ejusdem, antes que haber dictado fallo —]—U— en REPUBLICA D E COLOMBIA yPA > “ de a ; M.AA..VV.. E Exp. 5987 1 9 | %wce e ; í'óá¿'¿0¿0: de mérito estimativo de la pretensión reivindicatoria deducida por el demandante”. A A C Consideraciones Bien es verdad que el tribunal, en una labor muy propia en materia reivindicatoria que implique aducción de ítulos por ambas partes, dio prevalenciía a unos sobre otros. D D Deducir de allí que, por ello no más, anduvo E M declarándose, aunque fuese implicitamente, la invalidez de los aducidos por quien salió perdidoso de tal confrontación, y, más puntualmente para el caso en estudio, que s6 anuló el consabido remate sin haberse citado a todos a quienes afecta tal decisión, no luce exacto. Preferir una cosa por encima de

otra, no entraña forzosamente que ésta se anule, puede ser simple cuestión de preferencia. Inmejorable resulta el caso para comprobarlo: como se memora, el sentenciador estimó que el tradente de Aldana había adquirido cosa ajena. Pero antes que correr a anular por ello dicho título, y de contera extender dicho manto anulatorio al remate de Aldana, dijo que no Se podian oponer al demandante, en un claro acatamiento a la preceptiva del artículo 1871 del código civil. La aplicación de esta nomma descarta de cuajo que el sentenciador pueda ser convicto de haber anulado título semejante, si es que, como es evidente, tal texto legal, por el contrario, dice válida la venta de cosa ajena.

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Seprema de _í … Decir de un título que es inoponible, no es decir que sea nulo. Muy por el contrario, a lo menos en el caso de la norma en cita, se parte de la validez del título. Y así auncuando se trate de un remate recaído en cosa ajena, porque equivaliendo él a una venta, puede ser válido "pero sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño, m¡entras no hayan sido extinguidos por prescripción”, lo que traduce "que un remate en esas condiciones no es oponible ni menos vincula u obliga al verdadero dueño de la cosa rematada, y entonces Su defensa no está en la anulación del juicio ejecutivo, sino en el ejercicio de las acciones pertinentes", como sería la de dominio

(Cas. 22 de marzo de 1944, LVII, 120; 20 de octubre de 1952,

LOUN, 374).

Para decirlo en breve, la figura jurídica de la inoponibilidad que encarna el fenómeno de la venta de cosa ajena, no tiene la virtud de destruir el contrato mismo, porque Su fundamento no está en hallario carente de validez, simplementé que los efectos dimanantes de él no alcanzan al tercero, ajeno al mismo. Es en esto, justamente, en lo que se diferencian . íí; sustancial y cardinalmente la nulidad y la inoponibilidad, pues | que al paso que en aquélla el contrato se aniduila, en razón de lo cual se mirará en adelante como si jamás hubiese sido | celebrado, en ésta el contrato subsiste entre las partes. Los contratantes, pues, seguirán sujetos al vínculo jurídico que creó p el contrato; o sea, que allí seguirá imperando el postulado de l que lo pactado es ley para las partes contratantes, habida i D cuenta que sus relaciones para nada se han alterado con la e _ ,í declaración de inoponibilidad. Lo que ocurre es que el tercero REPUBLICA DE COLOMBIA M.A.V. Exp. 5987 21 /¿MW-'€» se pone a cubierto, con la certeza que entraña una decisión judicial, de los efectos del contrato por otros celebrado. Recapitulando, si el tribunal no declaró, ni expresa ni implicitamente, la nulidad o invalidez de los títulos en general, ní del remate en particular, porque lo que en realidad hizo fue declararlos inoponibles, hay que convenir que el cargo fue

levantado sobre una base inexistente. En efecto, no habiendo ocurrido la invalidación del remate -soporte toral de la acusación-, no hay lugar, por sustracción de materia, para habiar de una eventual falta de integración del contradictorio que condujese, a su vez, al examen de la posible inhibición que plantea el recurrente. En condiciones semejantes, es obvio que el cargo no prospera.

IV. Decisión En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia que el Tribunal Superior de Bogotá profirió el 2 de agosto de 1995, materia del recurso extraordinario y amiba referenciada.

Costas en casación a cargo del impugnante. Tásense.

REPUBLICA DE COLOMBIA M.A.V. Exp. 5987 22

Notifíquese y retórnese oportunamente al tribunal de procedencia.

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

NUEL ARD

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NICOLASIBECHA SIMANCAS

JORGE ANTOMIO CASTILLO RUGELES .

JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ REPUBLICA DE COLOMBIA aale Saprema de (í¿¿¡¿í(;(,d M.A.V. Exp. 5987 — 23

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JORGE SANTOS BALLESTEROS

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