PGN - ACCION CONTRACTUAL - Improcedente impugnación de declaratoria de ocurrencia del siniestro de i

Expediente 35057 (02407)

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 086 /2008

Bogotá, D.C., 21 de mayo de 2008 Doctor

ENRIQUE GIL BOTERO

Consejero Ponente Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref: Proceso No 35057 (7300123310002001 02407 01))

Acción Contractual

Actor: Compañía de Seguros del Estado

Demandado: Departamento del Tolima Honorables señores consejeros: El Ministerio Público, a través de esta Procuraduría Delegada, en la oportunidad legal, descorre el traslado especial para alegar de conclusión, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 59 de la ley 446 de 1998.

ANTECEDENTES 1.1 En ejercicio de la acción contractual, prevista en el artículo 87 del C.C.A., SEGUROS DEL ESTADO S.A., a través de apoderado judicial, instauró demanda contra el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones No 0087 del 6 de julio de 2000, por medio de la cual “se declara el siniestro de la Póliza de cumplimiento No 172756 del 25 de agosto de 1997, por un valor de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS”, y la No 0124 del 9 de octubre de 2000, por medio de la cual “se resuelve el recurso de reposición”, presentado ante la primera, modificándola y declarando la existencia del siniestro

por la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($148587.250,68), emanadas de la Secretaría de Infraestructura del Transporte de la Gobernación del Tolima.

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Expediente 35057 (02407) Que como consecuencia de la anterior declaración, y a manera de restablecimiento del derecho, se exonere a la Sociedad SEGUROS DEL ESTADO S.A., del pago de la suma de dinero contenida en las resoluciones atacadas. En escrito visto a folios 241 a 243 del cuaderno principal, la parte actora adicionó la demanda, en especial para incluir un nuevo hecho y para solicitar la práctica de una prueba. 1.2 Las pretensiones se basan, fundamentalmente, en los siguientes hechos: Que la Gobernación del Tolima suscribió el contrato de obra pública No 091 del 6 de septiembre de 1995, con la firma SOCOPAV LTDA, cuyo objeto era la “explanación, obras de arte y pavimentación del sector K0+000 al K13+200 de la carretera El Paso – Carmen de Apicalá” Que la obra en comento, fue ejecutada de acuerdo a las especificaciones técnicas y reglamentarias y bajo la vigilancia y supervisión tanto del interventor designado para tal efecto por la entidad contratante, como por la misma Gobernación del Tolima. Que dentro del referido contrato, la Firma Seguros del Estado S.A., otorgó la póliza única de cumplimiento No 172756 del 25 de agosto de 1997, para garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de las obras, por un valor de

$225.132.198, con una vigencia desde el 17 de marzo de 1997 hasta el 17 de marzo de 2002. Que las obras que constituyeron el objeto del contrato No 091 de 1995, fueron recibidas a entera satisfacción, tal y como consta en las respectivas actas de interventoría. El contrato que fue liquidado, como consta en el acta de liquidación final de fecha 22 de marzo de 1997, en donde se dejaron a paz y salvo a las partes por todos los conceptos. Que la Gobernación del Tolima, a través de la Secretaria de Infraestructura del Transporte, mediante Resolución No 0087 de 6 de julio de 2000, declaró el siniestro de la póliza No 172756 de 25 de agosto de 1997, por un valor de

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Expediente 35057 (02407) $225.132.198, es decir, por la totalidad del valor asegurado, con fundamento en presuntos “graves problemas de estabilidad que en la actualidad presenta la obra contratada”, y basándose en un informe de consultoría que fuera contratado para tal efecto con el Ingeniero Carlos G. Segrera, en el cual se establecieron serias anomalías atribuibles a la entidad contratante, toda vez, que no se realizaron los estudios y diseños técnicos indispensables previos, para la buena ejecución de la obra contratada, denotando que no hubo una eficaz planeación ni programación para llevar a cabo dicha obra. Que ni el mencionado estudio de consultoría para que hiciera un diagnostico cualitativo de los daños que adolece la obra, como tampoco la misma Gobernación a través de la Secretaria de Infraestructura del Transporte

determinaron cuantitativamente el valor de las obras deterioradas, y tampoco determinaron con estudios técnicos a quien eran atribuibles los daños encontrados en la vía, pues no se especificó que daños corresponden al deterioro natural de la vía, o por causas ajenas al contratista, o tal vez atribuibles a la entidad contratante. Que la Aseguradora Seguros del Estado, agotó la vida gubernativa contra la Resolución No 087 de 6 de julio de 2000, dado que advirtió evidentes falencias, por lo que solicitó fueran subsanadas, entre ellas, que se cuantificaran por los medios técnicos probatorios, el valor de las obras deterioradas y que fueran atribuibles presuntamente al contratista. Que con ocasión del recurso de reposición interpuesto contra la citada Resolución, la Secretaría de Infraestructura del Transporte del Departamento del Tolima, mediante la Resolución No 0124 de 9 de octubre de 2000, modificó parcialmente la resolución impugnada, en el sentido de modificar el valor del siniestro de la póliza No 172756, esto es, $148.587.250.68, decisión que fue notificada por edicto, quedando así agotada la vía gubernativa. Que para proferir la resolución últimamente citada, la Secretaria de Infraestructura del Transporte, se basó en un informe técnico de la visita efectuada por los ingenieros de dicha entidad, quienes no efectuaron ningún tipo de pruebas ni

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Expediente 35057 (02407) análisis técnicos, sino que simplemente observaron el estado de la vía, y así

determinaron que su deterioro era atribuible al contratista y al mismo tiempo fijaron el valor de las mismas en un 66% del valor asegurado en la citada póliza. Aduce, que el precitado informe técnico, solo contiene afirmaciones sin ningún respaldo técnico probatorio, lo cual evidencia una flagrante violación al debido proceso. Advierte, que contrario a lo dicho en el precitado informe, se permite presentar con la demanda, un documento técnico elaborado por un grupo de ingenieros expertos en obras, que contiene un análisis y evaluación técnica de los informes presentados por los ingenieros de la Gobernación del Tolima, en el cual se desvirtúan una a una las conclusiones precipitadas plasmadas en el informe de 22 de septiembre de 2000, dejándolo sin ningún valor ni respaldo probatorio y consecuentemente la resolución demandada proferida con base en el mismo. Que con ocasión de las presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de obra pública No 091 de 1995, la Contraloría Departamental del Tolima llevó a cabo el correspondiente proceso de responsabilidad fiscal contra los involucrados en dicho proceso contractual, proceso que llegó hasta su última instancia mediante fallo con responsabilidad fiscal No 014 de 26 de mayo de 2000, pero que luego de valoradas algunas pruebas, el mismo Órgano de Control Fiscal mediante providencia del 5 de diciembre de 2001, decretó la revocatoria directa del fallo antes anotado y en su lugar dispuso el archivo definitivo de la actuación fiscal, basándose para ello en un Dictamen practicado por peritos de la Fiscalía General de la Nación. 1.3 Como fundamentos de derecho, invocó los artículos 2, 29, 209, 123 inciso 2

de la Constitución Política; 2 del Código Contencioso Administrativo; 13 de la ley 80 de 1993; 1077 y 1088 del Código del Comercio. 1.4 Admitida la demanda como su adición, y surtido el traslado legal, el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, por intermedio de apoderado judicial precedió a contestarla (fls 252 a 258 c. ppal). Se opuso a todas y cada una de las

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Expediente 35057 (02407) pretensiones, por considerar que los actos administrativos atacados se encuentran revestidos de la presunción de legalidad, por cuanto su expedición estuvo precedida de la observancia de las exigencias normativas fijadas por el ordenamiento jurídico para este tipo de actos, en especial lo establecido en la ley 80 de 1993, en su artículo 4 numerales 1, 2 y 6. Precisó, que la Administración Departamental representada por el Secretario de Infraestructura del Transporte, declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra derivada del contrato No 091 de 1995, con fundamento en la evaluación y diagnostico de pavimentos en servicio de la red vial secundaria e inventario de obras de la vía EL PASO – EL CARMEN, realizados por el Ingeniero Carlos Segrera, en ejecución del contrato de consultoría No 117 de 1998, quien presenta conclusiones que repercuten en la estabilidad de la obra, y comprometiendo la responsabilidad de la firma SOCOPAV LTDA. Afirmó que la entidad territorial contó con los elementos de juicio suficientes para declarar la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra por causas

imputables al contratista, y ello le permitió hacer efectiva la garantía constituida por el mismo para amparar dicha contingencia, lo cual consistió en la póliza No 122756 del 25 de agosto de 1997 por un valor de $225.132.198. Advirtió que, contrario a lo aseverado por la parte actora, el informe técnico tomado como soporte de los actos demandados, fue el resultado de un diagnóstico de la vía realizado con la participación de profesionales especializados en las áreas de pavimentos, diseño de vías e inventario vial, quienes evaluaron el pavimento, las obras de drenaje, alcantarillas, muros de contención y taludes. Adujo que tan correcto fue el actuar de la Administración que, frente al recurso propuesto por la Compañía Aseguradora contra la Resolución No 0087 de 6 de julio de 2000, se promovió visita técnica conjunta, la cual se realizó el 12 de septiembre de 2000, con la participación de dos funcionarios de Seguros del Estado y dos ingenieros de la Gobernación del Tolima, cuyo propósito era realizar un recorrido por la vía, observar el tipo de daños existentes en la misma, sus

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Expediente 35057 (02407) posibles causas y responsabilidades, en donde además se tomó como base el estudio en servicio de la red vial secundaria y los informes obtenidos por la Contraloría Departamental del Tolima. Es decir, que con las conclusiones obtenidas en la visita antes mencionada, se ratifican los argumentos fácticos que llevaron a la administración Departamental a

declarar el siniestro de estabilidad de la póliza No 122756 de 25 de agosto de 1997 expedida por Seguros del Estado S.A., habiéndose cuantificado en la visita, el valor de las fallas constructivas, por lo que era preciso que la Administración se pronunciara al respecto, lo cual se materializó con la expedición de la Resolución No 124 de 9 de octubre de 2000, modificatoria del artículo primero de la Resolución No 0087 de 6 de julio del mismo año, en lo relacionado con la cuantía del siniestro, quedando definida en $148.587.250.68. En virtud de todo lo expuesto, concluyó, que no resulta cierto lo alegado por la actora cuando afirma que la Administración vulneró el derecho al debido proceso, pues conforme a lo probado, lo que resulta claro es que la Administración fue respetuosa del principio constitucional aludido, pues al desatar el recurso de reposición interpuesto por Seguros del Estado, dispuso la práctica de visita conjunta al sitio de la obra, y con base en ello procedió a modificar la decisión inicialmente asumida, respecto del valor que debía cancelar la Aseguradora en virtud de la declaratoria del siniestro. Advirtió, finalmente, que el recibo de obra por parte de la Administración no implica la aceptación de la estabilidad de la misma, como tampoco su calidad en el futuro, es decir, que si bien el contratista SOCOPAV LTDA, culminó el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la ejecución propiamente dicha de la obra, no lo es menos que, a partir de la entrega de la misma, debe garantizarle a la entidad contratante su estabilidad, pues los defectos o vicios sólo pueden

evidenciarse con posterioridad a la terminación y entrega de la obra. 1.5 Agotado el trámite procesal, el Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia de 30 de julio de 2007 (fls 286 a 313 del c. 3), declaró “la nulidad de las resoluciones 0087 de 06 de julio de 2000, proferidas por el Secretario de

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Expediente 35057 (02407) Infraestructura del Departamento del Tolima, “por medio de la cual se declara el siniestro de la póliza de cumplimiento No 172756 del 25 de agosto de 1997”, por valor de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS y la No 0124 del 09 de octubre de 2000, “por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición”, confirmando la decisión. Como consecuencia de la anterior declaración, a manera de restablecimiento del derecho, exoneró a la Sociedad Seguros del Estado S.A., del pago de la suma de dinero contenida en las resoluciones mencionadas. El a quo, una vez revisado el expediente, advierte “que le asiste razón al actor para impugnar las resoluciones acusadas, por cuanto las mismas se basaron en informes rendidos como resultado de meras observaciones, que no contaron con lo necesario para establecer la responsabilidad del contratista violando de esta manera el derecho al debido proceso, al practicar pruebas inidóneas para el establecimiento de la responsabilidad e impedirle controvertir las mismas”. Concluyó que el Departamento del Tolima, profirió los actos acusados con

violación al debido proceso, pues obran pruebas en el expediente que demuestran que los contratistas encargados de la ejecución del contrato 091 de 1995, acataron todas las disposiciones técnicas establecidas para el desarrollo de la obra, razones suficientes para declarar la nulidad de los actos acusados. 1.6 Recurso de apelación: La entidad demandada, inconforme con el fallo lo recurrió en apelación, el cual sustentó (fls 321 a 323 c. 3), para solicitar su revocatoria y que en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda. Para el efecto ilustra con algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, que refieren a la noción del contrato de seguro, así como en artículos del Código del Comercio y de la Ley 80 de 1993. Todo lo anterior para concluir que la responsabilidad del asegurador proviene de que acaeció el riesgo asegurado por el tomador, es decir, el incumplimiento contractual del contratista, por lo que colige que el reconocimiento del siniestro en acto administrativo, corresponde a una manifiesta obligación clara y expresa contra el asegurador, acto que, una vez en firme, conformará con otros documentos una acreencia derivada de un contrato estatal, la cual deberá ser satisfecha a favor de la entidad estatal contratante, como sucede en el caso del Departamento del Tolima, en cuanto al

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Expediente 35057 (02407) contrato 091 de 1995, dado que dentro del procedimiento administrativo que se surtió por parte de la entidad para la declaratoria del siniestro quedó plenamente acreditada la ocurrencia del riesgo de estabilidad de la obra, cuya decisión se

basó en criterios técnicos de profesionales competentes adscritos a la Secretaria de Infraestructura y que tienen plena validez.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1 Presupuestos procesales La Delegada encuentra cumplidos los presupuestos procesales, esto es, los requisitos o exigencias de derecho para que las peticiones puedan ser resueltas en el fondo. En efecto, el proceso fue constituido de manera regular. La Jurisdicción Contencioso Administrativa tiene competencia para resolver los asuntos que se plantean en este proceso. Ninguna duda existe en cuanto a la capacidad para ser parte, que tienen la demandante, en este caso, la Compañía de Seguros “Seguros del Estado S.A.” como la Entidad pública demandada 2.2 Legitimación en la causa Por activa: La Sociedad SEGUROS DEL ESTADO S.A., se encuentra legitimada en la causa por activa, pues dentro del contrato de Obra Pública No 091 de 6 de septiembre de 1995, suscrito entre le Departamento del Tolima y firma Sociedad Colombiana de Pavimentos – SOCOPAV LTDA, otorgó a favor de esta última la Póliza Única de Cumplimiento No 172756 de 25 de agosto de 1997, para garantizar la estabilidad de la obra, por un valor de $225.132,198, con vigencia del 17 de marzo de 1997 al 17 de marzo de 2002 (fl 1 c. 2). La cual se hizo efectiva por parte de la Entidad contratante, al declarar la ocurrencia del siniestro asegurado, decisión contenida en los actos administrativos que hoy son objeto de cuestionamiento por parte de la parte actora.

Por pasiva:

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Expediente 35057 (02407) El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, se encuentra legitimado en la causa por pasiva, por cuanto en su condición de asegurado o beneficiario de la póliza en comento, declaro la ocurrencia del siniestro asegurado en ella, esto es, el amparo de la estabilidad de la obra, lo cual concretó en las Resoluciones Nos 00887 de 6 de julio de 2002, y 0124 de 9 de octubre del mismo año. Actos administrativos que hoy son impugnados por la Aseguradora Seguros del Estado S.A., 2.3 Caducidad La regla general para el ejercicio de la acción relativa a las controversias contractuales de acuerdo con el art. 136 del C.C.A, es que éstas caducarán al cabo de “dos años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”, término dentro del cual son susceptibles de demandarse “los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual” según el art. 77 de la Ley 80 de 1993 inciso 2º, el cual se cuenta dependiendo de las circunstancias particulares del contrato o del acto, en los eventos señalados en el numeral 10 del art. 136 del C.C.A, con las modificaciones que introdujo el art. 44 de la ley 446 de 1998. Para el caso concreto, el agotamiento de la vía gubernativa con respecto a los actos administrativos atacados, operó el 9 de noviembre de 2000, pues en la fecha anotada se desfijo el Edicto por medio del cual se notificaba a la hoy

demandante, las resultas del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No 0087 de 6 de julio de 2000 (fl 7 c. 1), y como la demanda se presentó el 3 de agosto de 2001, ello permite concluir que se interpuso dentro del término de los 2 años, previsto para esta clase de acciones. 2.3 Caso concreto El estudio de la controversia jurídica se contrae a establecer si resulta procedente o no la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No 0087 de 6 de julio de 2000, “por medio de la cual se declara el siniestro de la Póliza de Cumplimiento No 172756 y la No 0124 de 9 de octubre del mismo año, “por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la primera”, expedidas por

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Expediente 35057 (02407) la Secretaría de Infraestructura del Transporte del Departamento del Tolima, pues en sentir de la parte actora, con la expedición de los precitados actos administrativos, se violó el debido proceso, dado que las decisiones allí contenidas, exigían el agotamiento de trámites y procedimientos, entre ellos, la practica de pruebas técnicas, como pruebas de laboratorio, estudios y análisis de las capas y materiales utilizados en la obra, etc., para de esta forma determinar la cualificación y cuantificación del estado de deterioro de las obras, para luego establecer a quien de las partes del contrato le eran atribuibles, lo cual no realizó la entidad demandada. Visto en su conjunto el material probatorio que obra en el proceso, esta Delegada

es del criterio que para resolver sobre el fondo de la controversia, se hace necesario realizar un estudio que abordará, en primer lugar, los antecedentes que dieron lugar a la declaratoria del siniestro amparado en la póliza No 172756, expedida por Seguros del Estado, S.A., cuya decisión quedó plasmada en los actos administrativos que hoy se cuestionan; y, en segundo lugar, lo relacionado con otras actuaciones de carácter administrativo y judicial que se adelantaron por parte de la Contraloría Departamental del Tolima y la Fiscalía General de la Nación. En cuanto a la primera parte del estudio, se cuenta con los siguientes soportes documentales, allegados en debida forma al proceso (copias autenticas), que permiten evidenciar lo siguiente:

1. Que el 6 de septiembre de 1995, el Departamento del Tolima y la Sociedad Colombiana de Pavimentos SOCOPAV, celebraron el contrato No 091 (fls 40 a 57 c. ppal), cuyo objeto fue “la explanación, obras de arte y pavimentación del sector K0+000 – K13+200 de la carretera El Paso – Carmen de Apicalá”.

En la cláusula décima primera, literal d) de este contrato, se estipuló lo referente a GARANTIAS, en especial la de estabilidad de la obra, en la cual el contratista se obligó a prestar una garantía única en Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o con garantía bancaria, a favor de la entidad contratante, para garantizar, entre otros aspectos, “la estabilidad de la

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Expediente 35057 (02407) obra”, por una cuantía equivalente al 20% del valor de la obra ejecutada, por un

término de 5 años, contados a partir de la fecha del acta de liquidación y recibo final de aceptación (fl 46 c. ppal)

2. Que el contrato en comento fue liquidado mediante acta de 22 de marzo de 1997 (fls 63 a 67 c. 3), suscrita por el Interventor, contratista y Secretario de

Transporte del Departamento del Tolima.

3. Que, en cumplimiento de la previsión contractual de que trata la cláusula décima primera, literal d) previamente anotada, la Sociedad Colombiana de Pavimentos - SOCOPAV, celebró un contrato de seguro con Seguros del Estado S.A., en virtud del cual esta compañía expidió la póliza No 172756 del 25 de agosto de 1997, cuyo asegurado o beneficiario fue el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Se amparó, por ella, la estabilidad de las obras ejecutadas en virtud del contrato 091 de 6 de septiembre de 1995, cuyo objeto ya fue precisado en precedencia. El valor asegurado se fijó en $225.132.198 y se expresó que la fecha de vigencia iría desde el 17 de marzo de 1997 hasta el 17 de marzo de

2002.

4. Que, el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, consideró pertinente realizar una evaluación y diagnóstico de las carreteras departamentales recientemente pavimentadas, al advertir en ellas la presencia de daños de diversa naturaleza.

Para tal efecto suscribió el contrato de consultoría No 0117, de 30 de noviembre de 1998, con el Ingeniero CARLOS G. SEGRERA G, quien procedió a presentar

el informe de fecha agosto de 1999 (fls 68 a 172 c. ppal), contentivo de la evaluación final, correspondiente al tramo de carretera El Paso-El Carmen, sobre el cual se realizaron trabajos de mejoramiento y pavimentación, a través de los contratos de obra No 091/95 y de Interventoría No 163/95. Del informe en comento se destaca, el acápite de conclusiones, que indica: “Como resultado de la ejecución de este estudio podemos concluir lo siguiente: Para la pavimentación no se contó con estudios y diseños técnicos que hubieran permitido plantear soluciones a los problemas geotécnicos, hidráulicos y a la geometría de la vía; pese a que los contratos de interventoría contemplaban también la realización y revisión de diseños sobre la marcha, la construcción se realizó con niveles de calidad del diseño, aplicable al perfil del proyecto y estudio de prefactibilidad. […] Las especificaciones técnicas de la vía, son las menores, y en muchos casos, no se

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Expediente 35057 (02407) cumplen con entretangencias, peraltes, radios mínimos, y otras exigencias para hacer una vía segura y de un aceptable nivel de servicios. No se construyeron todas las obras de soporte de la banca necesarias, en el tramo pavimentado; a saber, cunetas, bermas, ampliaciones de las obras existentes, como puentes, alcantarillas, drenajes, obras sin las cuales, la inversión efectuada se perderá irremediablemente. Era de esperar, que en el periodo inicial del proyecto, la vía que nos ocupa funcionara con

un nivel de serviciabilidad superior al mínimo, salvo el mantenimiento rutinario. No ocurre así debido a la falta de estudios y diseños técnicos, previos a la ejecución de la obra… ….es necesario acometer de inmediato un programa de conservación suficiente o adecuado a la acción agresiva de las cargas de los vehículos y del clima, para que no se degrade progresivamente la pobre condición estructural de la calzada” A dicho informe se adjuntan una serie de cuadros en los cuales de definen responsabilidades y recomendaciones de reparación. Se destaca el relacionado con los daños encontrados en el pavimento (fls 84 a 104 c. 1), que permite evidenciar, que en su gran mayoría obedecieron a “la pobre calidad y/o saturación de capas inferiores, falta de estabilidad de capas inferiores, error de diseño y falla de construcción”, en otros, por “deficiente calidad de la mezcla. Riego de liga o de imprimación deficiente”; “pobre calidad y/saturación de capas inferiores falta de estabilidad de capas inferiores”; “drenaje deficiente, saturación de capas inferiores” Así mismo, hace parte del informe en comento un anexo fotográfico de la vía, del cual se observa el hundimiento y agrietamiento de la misma, pérdida de parte de la banca, presencia de ojos de pescado y piel de cocodrilo sobre algunos tramos de la carretera.

5. Que, de conformidad con las conclusiones emitidas en el referido informe y ante la evidencia de los graves problemas que presentaba la vía, el Secretario de Infraestructura de Transporte de la Gobernación de Tolima procedió a declarar el siniestro de la póliza de estabilidad de la obra, por un valor de $225.132.198,

expedida por la Compañía de Seguros “Seguros del Estado S.A., decisión que concretó en la Resolución No 087 de 6 de julio de 2000 (fls 6 a 8 c. 1), de cuya parte considerativa y resolutiva se destacan, los siguientes apartes: “Que para la evaluación del estado actual de la Vía, fue contratada la evaluación y diagnostico de pavimentos en servicio de la red secundaria e inventario de obras, en virtud del contrato de consultoría No 117 de 1998. Que el consultor alcanzó, conclusiones que comprometen necesariamente la

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Expediente 35057 (02407) responsabilidad del contratista y que repercuten directamente en la estabilidad de la cuantiosa obra contratada. […] Que el consultor del contrato referido ha concluido entre otros aspectos: “(…) Las especificaciones técnicas de la vía, son las menores, y en muchos casos no se cumple con ente-tangencias y condiciones mínimas del servicio de la vía. (…) No se construyeron todas las obras de soporte de la banca necesarias, en el tramo pavimentado, a saber, cunetas, bermas, ampliaciones de las obras existentes como puentes, alcantarillas, drenajes, obras sin las cuales, la inversión efectuada se perderá irremediablemente Que para garantizar la estabilidad de la obra, el Contratista constituyó a favor del Departamento del Tolima, la Póliza 172756 de 25 de agosto de 1997, por valor de $225.132.198, pesos y una vigencia que se prorroga hasta el 17 de marzo de 2002, expedida por la Compañía de Seguros “Seguros del Estado S.A.”

RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Declarar el siniestro de la póliza 172756 del 25 de agosto de 1997, por valor de $225.132.198…y una vigencia que se prorroga hasta el 17 de marzo de 2002, expedida por la Compañía de Seguros “Seguros del Estado S.A.”

[…]”

6. Que, la Compañía de Seguros “Seguros del Estado S.A.”, interpuso recurso de reposición contra dicha Resolución (fls 13 a 20 c. ppal), para solicitar su revocatoria, pues, en su sentir, el informe de consultoría que sirvió de fundamento para declarar el siniestro, no presenta prueba de valoración pecuniaria de los perjuicios que se hayan podido ocasionar o generar con la presunta mala calidad de las obras, como tampoco demostró que la presunta mala calidad de las obras ejecutadas y su consecuente deterioro sean imputables de manera exclusiva al contratista, por lo que encuentra ilógico que se pretenda obligar al éste último a indemnizar unos daños que no le son atribuibles, pues ellos obedecieron a causas externas y atribuibles a la misma administración o en conjunto a las partes intervinientes en el contrato.

7. Que, como paso previó a resolver el recurso de posición en cita, el Departamento del Tolima ordenó realizar una visita técnica para evaluar en detalle la vía, la cual se efectuó el 12 de septiembre de 2000, con la participación de dos representantes de la Aseguradora “Seguros del Estado S.A” y dos representantes

(ingenieros) de la Secretaria de Infraestructura del Transporte. Como resultado de

la misma se rindió el “INFORME DE VISITA TECNICA, Carretera Carmen de

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Expediente 35057 (02407) Apicalá – El Paso - contrato 091 de 1995, de fecha 22 de septiembre de 2000 (fls 24 a 38 c. ppal), en el cual se presenta un diagnóstico de los daños y las fallas encontradas sobre la vía, sus posibles causas, y a quien resultan atribuibles. Al respecto se indicó: “DIAGONSTICO DE DAÑOS Se observa una falta de mantenimiento en la vía, lo que se refleja en daños de alguna importancia sobre todo en la parte mayor pendiente, no siendo este el daño de mayor relevancia Según información obtenida por la Contraloría Departamental del Tolima, el cual efectuó ensayos de laboratorio sobre muestras sustraídas del tramo que nos referimos, mediante visitas de orden técnico, pudo constatar que en un 75% de los concretos tiene resistencia inferior a 1000 PSI y un 42% resistencias inferiores a 500 PSI, lo que refleja, que la mala calidad de la mezcla y más exactamente en los materiales utilizados en la realización de dichos Concretos, hacen y han hecho poco durables las obras de drenaje y conservación, por lo cual y en consecuencia no brindan la garantía de protección para la vía, colocando en grave riesgo la vida útil de la misma. (subrayado fuera de texto) Po