PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Fallas en la prestación del servicio

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Fallas en la prestación del servicio ERROR JUDICIAL-Medida de aseguramiento Dicho error fundamentó la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva que estuvo vigente entre el 23 de diciembre de 1994 y el 17 de febrero de 1997, fecha en la cual se ordenó el levantamiento de las ordenes de captura impartidas, lo que permite concluir que lo planteado en la demanda supone la existencia de una falla en el servicio de Administración de Justicia por error judicial. Para probar el error judicial y su configuración a través de las providencias proferidas por la Fiscalía se requiere como paso previo e indispensable que el actor hubiere acreditado el cumplimiento de los presupuestos exigidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 2001 lo que en el caso concreto no aconteció. Lo descrito resulta suficiente para afirmar que la parte actora no acreditó el cumplimiento del presupuesto legal necesario para alegar error judicial y que según la ley configura causal que exonera de responsabilidad a los demandados ya que se equipara a culpa de la víctima.

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 139 / 2012

Bogotá, D.C., 29 de Mayo de 2012.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa

E. S. D.

EXPEDIENTE: 26.261 (680012315000199900049 01)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Emiro Vargas Nieves y otros

DEMANDADO: Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 Expediente No. 26.261 (680012315000199900049 01) El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 14 de enero de 1999 (fl. 131 al 144 c.ppal), el señor EMIRO VARGAS NIEVES y MYRIAM ARIZA ORTÍZ, sus hijos EDISON EMIRO VARGAS

ARIZA, LILIANA MARCELA VARGAS ARIZA, ANGIE JULIETH VARGAS ARIZA Y

ALEXANDER VARGAS PEÑA, igualmente RITO ANTONIO VARGAS GARCÍA, JOSÉ

NORBERTO VARGAS NIEVES, ANA ALICIA VARGAS NIEVES JAIRO VARGAS

NIEVES, EVA DELIA VARGAS NIEVES, MYRIAM VARGAS NIEVES, HUMBERTO

VARGAS NIEVES, RITO ALFONSO VARGAS NIEVES, GRACIELA VARGAS NIEVES, FANNY CONSUELO VARGAS NIEVES, GLORIA, VARGAS NIEVES Y ALIRIO VARGAS NIEVES, en calidad de padres y hermanos, demandaron al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación para que se declaren administrativamente responsables de los perjuicios causados por las indebidas

medidas de aseguramiento y la prohibición del salir del país impuestas al señor Emiro Vargas Nieves por la Fiscalía Décima Delegada de Puente Nacional (Santander), y la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de San Gil, existiendo falla en la administración de justicia. Como fundamento fáctico refiere que la Fiscalía Décima Delegada, mediante providencia del 22 de junio de 1994, ordenó la apertura de la instrucción en contra del señor Emiro Vargas Nieves Alcalde del Municipio de Sucre (Santander del Sur), sindicado del delito de interés ilícito en la celebración de contratos, profiriendo medida de aseguramiento mediante providencia del 25 de octubre de 1994, consistente en caución prendaría, decisión que fue apelada. La Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de San Gil, el 23 de diciembre de 2004, dispone revocar parcialmente la providencia apelada imponiendo medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, como presunto autor de peculado por apropiación. Que el 12 de septiembre de 1995 la Fiscalía Décima Seccional de Puente Nacional profirió resolución de acusación en contra del señor Emilio Vargas Nieves como responsable del delito de peculado por apropiación en beneficio de terceros. Y

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 PACG Expediente No. 26.261 (680012315000199900049 01) posteriormente, mediante sentencia del 20 de enero de 1997, el Juzgado Penal del

Circuito de Puente Nacional absolvió al señor EMIRO VARGAS NIEVES de todos los cargos formulados en la resolución de acusación. Que las decisiones de la Fiscalía General de la Nación fueron proferida teniendo en cuenta el informe GDF No. 1695 del 18 de mayo de 1995 aportado por el CTI, en donde se concluye que existía un faltante en obra de aproximadamente $ 1.746.021.62, el cual fue objetado ante el Juzgado Penal del Circuito de Puente Nacional, y el CTI – Grupo de Investigaciones Financieras de la Fiscalía General de la Nación de Bucaramanga rinde un segundo dictamen, en el que determina que no existe faltante alguno. 1.2. Contestación de la demanda. 1.2.1 La Nación – Fiscalía General de la Nación (fls. 186 al 202) indicó que la medida de aseguramiento impuesta tuvo como fundamentos pruebas que daban satisfacción a los requisitos previstos en el artículo 388 del C.P.P, señalando que las normas no le exigen a la Fiscalía certeza sobre la responsabilidad del imputado para imponer medida de aseguramiento. Que cuando no se trate de los casos expresamente previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la responsabilidad estatal no se deducirá de la sola revocatoria de la detención preventiva, pues, cuando no se evidencie la ilegalidad en la retención y existan motivos que la justifiquen, ella es una carga que deben soportar los ciudadanos. Se llamó en garantía a los señores JORGE HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDES

y a IVAN EDUARDO GARCIA ALARCON, teniendo en cuenta que las imputaciones de responsabilidad se orientan en forma directa en contra de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, Grupo de Investigaciones Financieras de Bucaramanga, llamamiento que fue admitido mediante providencia del 15 de septiembre de 1999. 1.2.2 Llamados en Garantía - El señor Jorge Humberto Hernández Hernández (fls. 229 al 235 c. ppal), Indica que el informe GDF No. 1695 de mayo 18 de 1995 no establece un faltante, sino la

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 PACG Expediente No. 26.261 (680012315000199900049 01) diferencia entre el valor entregado por el municipio contratante y el que, inicialmente y a precios de diciembre de 1993, los técnicos del CTI estimaron que no se refleja invertido en la obra. Que el 22 de junio de 1994 no se había elaborado la prueba técnica, y la Fiscal de Segunda Instancia en su providencia del 23 de diciembre de 1994, modificó su adecuación típica, sin que para ello haya tenido incidencia alguna el informe GDF 1695 del 18 de mayo de 1995. Propuso como excepciones, Culpa de la víctima directa, Inexistencia de error judicial arbitrario o flagante, Inexistencia dolo o culpa grave en el agente público: - El señor Iván Eduardo García Alarcón, (fls, 236 a 249 del c. ppal), propuso las

siguientes excepciones: - Caducidad de la acción, Falta de legitimación en la causa por activa. Indica que la medida de aseguramiento se decretó en 1994 y los informes por los cuales se pretende imputar responsabilidad fueron realizados en los años 1995 y 1996 es decir 7 meses después de la adopción de la medida de aseguramiento, añadió que los informes emitidos por el CTI no constituyen plena prueba ni son obligatorios para el Juez de Conocimiento. 1.2.3 La Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional De Administración Judicial: (fls. 152 al 163 c. ppal) Propuso como excepciones: Culpa de un tercero, por cuanto le corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar y acusar las presuntas infracciones, y la Innominada que se encuentre probada. 1.3. La sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Santander 1 negó las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: El Tribunal estudió el caso a partir de la decisión de fecha 23 de diciembre de 1994 proferida por a Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de San Gil, al determinar que fue esta y no la proferida por la Fiscalía 10 Seccional de Puente Nacional el objeto de demanda, pues consideró que el auto interlocutorio proferido por la Fiscalía en 1 Sentencia de fecha 11 de septiembre de 2003 (fls. 359 a 390 C. Consejo de Estado).

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PACG Expediente No. 26.261 (680012315000199900049 01) primera instancia no afectaba de manera directa la libertad personal del funcionario público al imponer caución prendaría. Para el Tribunal el informe GDF No. 1695 de Mayo 18 de 1995 no constituyó la base probatoria de la decisión de la Fiscalía contenida en la resolución de fecha 23 de diciembre de 1994. No desconoció que dicho informe coadyuvó en buena parte a fundamentar la resolución de acusación, no obstante advierte que la demanda presentada por el señor Emiro Vagas Nieves en ningún momento ataca el pliego acusatorio en el cual se le dieron efectos jurídicos a la peritación. Indica que la medida de aseguramiento al momento de ser adoptada cumplió con los requisitos formales y sustanciales, que para la época era un indicio grave de responsabilidad el que fue superado con el caudal probatorio obrante. Anota que la medida de aseguramiento reflejaba lo probado, no fue ilegal, ni mucho menos arbitraria, por lo tanto no se configuró la existencia de un error judicial. 1.4. La apelación. Emilio Vargas Nieves presentó recurso de apelación (fl. 393 del c. del C.E). Alega que el Tribunal consideró ajustada la medida decretada contra él sin tener en cuenta que la orden judicial fue dispuesta con base en un dictamen erróneo, lo que indica que la prueba no reunía la calidad para decretar la medida impuesta. En ampliación de la sustentación del recurso (fls. 400 al 402 del c. C.E) manifesta que

el Tribunal tipificó la responsabilidad reclamada en error judicial, cuando en las pretensiones de la demanda se observa que la misma se sustentó en falla de la justicia, en razón a que no se puso el interés necesario a lo planteado por la defensa, el proceso se inició en testimonios que no gozaban de suficiente credibilidad, los Fiscales dictaron medidas de aseguramiento sin tener en cuenta los argumentos de defensa, no se valoraron las pruebas. Indica que con la demanda de reparación directa se pretende el pago de los perjuicios por la falla en la administración de justicia independientemente si la falla es calificada como error judicial o defectuoso funcionamiento de la justicia, pues el hecho cierto es

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 PACG Expediente No. 26.261 (680012315000199900049 01) que el actor sufrió un daño por una indebida actuación judicial. Que lo expuesto en la demanda, concuerda con el contenido del artículo 69 de la Ley 270 de 1996, defectuoso funcionamiento de la justicia. 1.5. CONCILIACION.- Por auto de 20 de febrero de 2012 el Consejero ponente dispuso citar a las partes para el 7 de junio de 2012 a las 4:30 M., a fin de llevar a cabo audiencia de conciliación. Lo anterior de conformidad con la facultad oficiosa otorgada mediante el artículo 43 de la Ley 640 de 2001 (fl. 438 del c del C.E). 2.2. Caducidad de la Acción

Mediante providencia de fecha 20 de enero de 1997 el Juzgado Penal del Circuito de Puente Nacional profirió sentencia absolutoria a favor del procesado Emiro Vargas Nieves (folios 108 al 123 del c. ppal), quedando ejecutoriado el 12 de febrero de 1997 (fl. 124 del c.3). La demanda en acción de Reparación Directa fue presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander el día 14 de enero de 1999 (fl. 131 al 147 del c.ppal), lo que permite inferir que la demanda fue presentada dentro del término de ley.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. El problema jurídico consiste en determinar si la Fiscalía General de la Nación es responsable tanto administrativa como patrimonialmente de los perjuicios causados al señor Emiro Vargas Nieves por las medidas de aseguramiento impuestas en su contra. ¿Existió error judicial en las decisiones proferidas por la Fiscalía Décima Delegada de Puente Nacional y la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de San Gil

(Santander) en las que se impusieron las medidas de aseguramiento en contra del actor, por las cuales de deba indemnizar? 2.3 Legitimación para actuar Con la copia auténtica de los Registros Civiles de Nacimiento de los actores (fls 15 a 30 c, ppal) se acreditó el parentesco y por ello la legitimación en la causa de quienes

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PACG Expediente No. 26.261 (680012315000199900049 01) intervienen en su condición de hijos y hermanos del afectado directo. Igualmente se acreditó la calidad de cónyuge de la señora Myriam Ariza Ortíz, con copia del registro civil de matrimonio que obra a folio 14 del cuaderno principal. 2.4 Caso concreto. En el presente caso no puede hacerse el estudio de la imputación de responsabilidad con el título de privación injusta de la libertad, pues como se afirma en la demanda el señor Vargas Nieves eludió la acción de la autoridad, se ocultó, y la medida de aseguramiento nunca se hizo efectiva. El inicial cuestionamiento que se hace a la actuación de la Fiscalía se concreta en que sus decisiones se fundamentaron en un concepto técnico cuyas conclusiones posteriormente fueron revisadas, pues expone el actor que el informe técnico del 18 de mayo de 1995 proferido por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía concluyó la existencia de un faltante en la obra de aproximadamente $ 1.746.021.62, informe que fue objetado, conllevando a que el 13 de agosto de 1996 se rindiera el dictamen No. 4060 en el cual se concluyó la inexistencia de dicho faltante. Indica el actor que dicho error fundamentó la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva que estuvo vigente entre el 23 de diciembre de 1994 y el 17 de febrero de 1997, fecha en la cual se ordenó el levantamiento de las ordenes de captura impartidas, lo que permite concluir que lo planteado en la demanda supone la

existencia de una falla en el servicio de Administración de Justicia por error judicial. Sobre la responsabilidad de Estado por la actuación judicial, es pertinente remitirnos a la Sentencia de fecha 19 de diciembre de diciembre de 2011 rad. 730012331000199802055 01 (20362) que señala: “(…) la Sala ha establecido que el error jurisdiccional como título de imputación de responsabilidad del Estado se presenta siempre que “una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado.”2 Adicionalmente, según el artículo 67 de la misma ley, para que proceda la responsabilidad patrimonial por el error judicial es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que el afectado interponga los recursos de ley, y (ii) que la providencia contentiva del error se encuentre en firme. (…). (…). 2(pie de pagina de la cita) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de

2008. Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio, Exp. 16271.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 PACG Expediente No. 26.261 (680012315000199900049 01) Al respecto, es preciso resaltar que el juicio de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional deberá realizarse en atención a las circunstancias del caso concreto, a partir de las cuales se determinará si la actuación judicial es contentiva de yerro alguno. En reiterados pronunciamientos la

Sala ha reconocido que en algunas oportunidades el juez sólo dispone de la “única decisión correcta” para resolver el asunto sometido a su conocimiento; no obstante, en otros escenarios, pueden existir distintas decisiones razonables3. Así las cosas, en esta última hipótesis, el juicio de responsabilidad no puede reputar como daño antijurídico la consecuencia adversa a los intereses de una de las partes como consecuencia de la decisión judicial fundada en argumentos racionales4. (…) (…). En concepto del Ministerio Público no es posible imputar responsabilidad al Estado por falla de la Administración de Justicia como lo pretende el actor, teniendo en cuenta lo siguiente: 1) Como lo puso de presente el a quo, las providencias de la Fiscalía mediante las cuales se define la situación jurídica con la imposición de medida de aseguramiento son de fecha anterior al dictamen o concepto técnico que se glosa, puesto que se profirieron en junio y diciembre de 1994 y el informe es de mayo de 1995, luego el informe rendido en el año de 1995 no fue la base para emitir la medidas de aseguramiento que le fueron impuestas. Así las cosas, debería entenderse que el cuestionamiento de la demanda se enfoca contra la providencia mediante la cual se formula la acusación, que es posterior al concepto técnico y que se fundamenta en él para cuestionar al hoy demandante. 2) Para probar el error judicial y su configuración a través de las providencias proferidas por la Fiscalía se requiere como paso previo e indispensable que el actor hubiere acreditado el cumplimiento de los presupuestos exigidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 2001 lo que en el caso concreto no aconteció.

El artículo en cita establece: ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional

se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. 3 (pie de pagina de la cita) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. Exp. 17650. 4 (pie de pagina de la cita) Alexy, Robert. Teoría de la argumentación. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

1997.

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2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

Se observa que contra el proveído de fecha 12 de septiembre de 1995, mediante el cual la Fiscalía Décima Delegada ante el Circuito procedió a calificar el mérito del sumario resolviendo proferir resolución de acusación en contra de Emiro Vargas Nieves (fl. 61 al 92 del c. ppal y del 1 al 32 del c.2), no se interpuso recurso. No obra en el plenario prueba de ello. Lo descrito resulta suficiente para afirmar que la parte actora no acreditó el

cumplimiento del presupuesto legal necesario para alegar error judicial y que según la ley configura causal que exonera de responsabilidad a los demandados ya que se equipara a culpa de la víctima. En razón de lo anterior, cualquier estudio tendiente a establecer el supuesto error judicial que se alega resulta innecesario, pues la omisión de la parte actora al no agotar los recursos que procedían contra la providencia de fecha 12 de septiembre de 1995, evidencia un obrar negligente, en cuyo caso el supuesto perjuicio alegado deviene de su propia culpa y excluye de plano la responsabilidad que se alega contra la Fiscalía General de la Nación. III CONCLUSIÓN Para el Ministerio público existen suficientes razones para que el fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander sea CONFIRMADO. Consecuente con lo anterior, el Ministerio Público estima que no es viable un acuerdo conciliatorio en el cual se reconozca indemnización a favor de los demandantes. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÒMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

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