PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por falla en el servicio médico por muerte

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla en el servicio médico por muerte FALLA EN EL SERVICIO MEDICO-Desconocimiento de la atención integral en urgencias Debe este Despacho pronunciarse en concordancia con el fallo de primera instancia, al advertir que, de acuerdo con lo expuesto por ese Tribunal, y correlativo a lo expuesto en el marco normativo del presente concepto, la Promotora Médica Las Américas S.A. es responsable por los perjuicios ocasionados con la falla en el servicio de atención médica, concretada en la inobservancia de lo establecido por las diferentes resoluciones del Ministerio de Salud sobre la atención de urgencias, la cual exige una asistencia mínima a los pacientes que ingresen por dicha vía a los centro hospitalarios y de atención en salud en la totalidad del territorio nacional, razón por la cual resulta inexcusable el comportamiento de los empleados de la Clínica Las Américas, quienes con su conducta coadyuvaron a la pérdida de oportunidad de mejoramiento de salud de la paciente, conduciéndola al fatal desenlace que con posterioridad se dio. Respecto de la pretensión de los apelantes de endilgar responsabilidad también a Metrosalud por la actuación desplegada durante la remisión de la víctima a la Clínica Las Américas, acoge esta Agencia del Ministerio Público dichas súplicas, ya que resulta un yerro de igual magnitud la falta de certeza evidenciada en dicho traslado por parte de los operarios de Metrosalud, quienes han debido iniciar dicha operación únicamente tras la comprobación de disponibilidad y certeza del trámite administrativo, evitando de esta

manera mayores padecimientos a la paciente, quien sólo ha debido ser trasladada en un procedimiento expedito debido a su grave condición de salud. Recuerda este despacho lo enunciado en las resoluciones del Ministerio de Salud citadas anteriormente, respecto de la obligatoriedad de la atención integral en urgencias, la cual fue evadida por dicha institución a través de sus empleados, al rechazar a la paciente tras exigirle dinero para ingresar a recibir la atención médica que finalmente nunca se dio y contribuyó a su muerte, desconociendo además pronunciamientos de la Corte Constitucional en sede de Acción de Tutela, en donde de manera reiterada ha insistido sobre la atención integral en urgencias, temas además ampliamente publicitados. FALLA EN EL SERVICIO MEDICO-Por sumatoria de omisiones Significa lo anterior, que si bien las actuaciones de los empleados de la Promotora de Salud Las Américas fueron causa eficiente en la pérdida de oportunidad de sobrevida de la paciente, lo fue igualmente la falla en la remisión de ésta desplegada por los empleados de Metrosalud, y en este sentido esta Agencia pedirá al Consejo de Estado extender la responsabilidad y condena a ésta última institución, es decir que el camino para estructurar la falla en el servicio, encuentra su génesis en las actuaciones irregulares, no concretas como deberían haber sido por cuenta de Metrosalud al haber sido la entidad que en primer lugar atendió a la paciente. En otras palabras, fue la sumatoria de omisiones, de actos eficientes y eficaces, la que restó oportunidad de vida a la paciente. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Por la pérdida de oportunidad de

sobrevida sufrida por la paciente Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 43269 050012331000200602696 01 JEBS En atención a lo anterior, esta Delegada concluye que las entidades demandadas son administrativamente y patrimonialmente responsables de los perjuicios irrogados a los actores por la perdida de oportunidad de sobrevida sufrida por la paciente, y proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del caso objeto de estudio, haciendo énfasis en que la responsabilidad debe promulgarse también de Metrosalud, quien con su actuación fue causa eficiente de dichos perjuicios en la misma medida que lo fue la promotora Las Américas.

CONCEPTO No. 232 / 2012

Bogotá, D.C., Agosto 9 de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 050012331000200602696 01 (43269)

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

ACTOR: CESAR ANTONIO RAMÍREZ RICO Y OTROS

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – E.S.E.

METROSALUD – E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN Y

PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A.

Sentido del Concepto: Solicitud de MODIFICAR el fallo recurrido dentro de la

Acción de Reparación Directa contra Departamento de Antioquia – E.S.E. Metrosalud – E.S.E. Hospital General de Medellín y Promotora Medica Las Américas S.A, declarando responsabilidad compartida. Temas: Falla en el Servicio por Muerte / Cargas procesales / Fuero de atracción en materia administrativa / Desconocimiento de la atención integral en urgencias. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 43269 050012331000200602696 01 JEBS El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda – Hechos.

El Señor CESAR ANTONIO RAMÍREZ RICO Y OTROS, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entablaron demanda contra el

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – E.S.E. METROSALUD – E.S.E. HOSPITAL

GENERAL DE MEDELLÍN y la PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A., para que se les declare administrativamente responsables por los perjuicios causados a ellos, con ocasión de la muerte de la Señora María Bernarda Rueda de Ramírez, ocurrida el día 2 de Abril de 2004. El deceso de la Señora Rueda ocurrió en la UPSS Manrique de la E.S.E METROSALUD en el Municipio de Medellín, a donde había sido devuelta en condiciones críticas de salud como consecuencia del agravamiento de su cuadro de diabetes, luego de que enfermeras de la Clínica Las Américas se negaran a admitirla en dicha institución, tras comprobar que se trataba de una paciente perteneciente al régimen subsidiado en salud que no podía aportar dinero para su ingreso, y argumentar que aun cuando desde la UPSS Manrique se había confirmado su traslado, éste no estaba formalizado ni había disponibilidad para la atención de la Sra. Rueda. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 43269 050012331000200602696 01 JEBS En concepto de los demandantes, la muerte de la Sra. Rueda ocurrió como consecuencia de la falla en el servicio de las entidades demandadas, ninguna de las cuales brindó la atención médica necesaria para estabilizar a la paciente, ni

coordinó adecuadamente su traslado a la institución idónea para dicho fin. Con base en los hechos descritos, formulan los demandantes pretensiones de reparación directa, con condenas por perjuicios materiales y morales a su favor, al considerar que la falla en la prestación adecuada del servicio de salud de las entidades demandadas fue la causa eficiente de la muerte de la Sra. María Rueda. 1.2. Contestación de la demanda. 1.2.1. El apoderado de la Promotora Médica Las Américas contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Argumentó su posición aduciendo que la parte demandante pretende probar la responsabilidad de su apoderada mediante una autorización de remisión de la paciente con el nombre de un médico de planta, lo cual es imposible por no ser éste la persona encargada de dicho procedimiento administrativo. Asimismo propuso la excepción de inaplicabilidad del régimen de falla en el servicio para su cliente, en razón a su calidad de persona jurídica de derecho privado, aduciendo que es la jurisdicción civil la adecuada para efectos de reclamación en derecho en su contra. Aseguró que hay ausencia de responsabilidad de la Clínica Las Américas, puesto que esta actuó con diligencia al comprobar la falta de disponibilidad de cupos en la unidad de cuidados intensivos, devolviendo inmediatamente a la paciente al centro médico de origen. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 43269 050012331000200602696 01 JEBS 1.2.2. La E.S.E Metrosalud y el Departamento de Antioquia no presentaron escrito de contestación a la demanda. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Antioquia, falló en sentencia del 10 de Junio de 2011, declarando responsable a la Promotora Médica Las Américas S.A. por los perjuicios morales causados a los demandantes, manifestando, en resumen, los siguientes argumentos: 1.3.1. Aún cuando se trate de una persona jurídica de derecho privado, en virtud del denominado Fuero de Atracción puede la Promotora Médica Las Américas ser encontrada responsable en sentencia en la jurisdicción administrativa; ya que fue vinculada a dicho proceso con otros entes de derecho público con los cuales comparte el extremo pasivo de la causa. De tal suerte, el juez contencioso administrativo adquiere competencia para conocer del asunto y fallar en derecho en relación con todos ellos, sin importar su naturaleza jurídica. 1.3.2. Posteriormente, pasa al estudio de los testimonios recogidos como prueba, entre los cuales se encuentra el del camillero que acompañó a la Sra. Rueda desde la UPSS de Manrique hasta la Clínica Las Américas, quien confirmó el rechazo preliminar al que fue sometida la paciente, quien ni siquiera fue valorada en su entrada a urgencias, y ante la imposibilidad de su familia de aportar dinero para solventar su internamiento en dicha clínica, fue rechazada y devuelta por una de las enfermeras.

Igualmente, hace una recapitulación de varios testimonios de empleados, en los que se evidencia la práctica común en la Clínica las Américas de discriminar 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 43269 050012331000200602696 01 JEBS pacientes de acuerdo a su condición económica, y en los que se pone de manifiesto que, aun cuando en la orden de remisión emitida desde la UPSS de Manrique se encontraba el nombre de un galeno de Las Américas y un código de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia para el recobro respectivo entre instituciones, profesionales de planta de aquella institución no permitieron el ingreso de la Sra. Rueda, extendiendo en esta forma su padecimiento y aminorando las posibilidades de estabilizar su salud. 1.3.3. Finalmente, trae a colación lo establecido en el artículo 67 de la Ley 715 de 2001 y el numeral 2° del artículo 159 de la Ley 100 de 1993 sobre la obligación de atención en el servicio de urgencias por parte de todas las entidades prestadoras del servicio de salud, sean estas públicas o privadas; refutando de esta forma el argumento de falta de cupo en la unidad de cuidados intensivos, pues bajo la óptica de las normas citadas, era deber de la institución realizar por lo menos un estudio preliminar del estado de salud de la paciente.

Consecuentemente, falló el H. Tribunal Administrativo de Antioquia, condenando a una de las demandadas (Promotora Médica Las Américas S.A.), por la falla en el servicio que frustró la posibilidad de sobrevida que habría tenido la Sra. Rueda, de haber tenido la atención médica adecuada, dejando posibilidad solamente a su fallecimiento. 1.4. Argumentos de la apelación. 1.4.1. Dentro del plazo asignado por ley, el apoderado de los actores presentó escrito de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia del 10 de Junio de 2011. En éste, expone los siguientes argumentos en contra del

fallo:

6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 43269 050012331000200602696 01 JEBS  En desacuerdo con la absolución de Metrosalud en el fallo, señala la parte actora que debe ser condenada igualmente, pues ha debido dicha entidad prestadora de salud asegurarse administrativamente de la efectiva remisión de la Sra. Rueda a la Clínica las Américas, evitándole de esta manera ser sometida al “paseo” del que fue sujeto en las condiciones de salud en las que se encontraba, aumentando así las posibilidades de supervivencia de la misma. 1.4.2. El apoderado de la Promotora Médica Las Américas S.A. también presentó

escrito de apelación, haciendo las siguientes observaciones en contra del fallo:  Aduce que dentro del proceso no se probó ninguna conducta negligente, imprudente o violatoria de los reglamentos por parte del personal médico de su apoderada que tenga nexo con el fallecimiento de la Sra. Rueda.  Sitúa la responsabilidad en cabeza de Metrosalud, en cuya actuación señala irregularidades respecto del traslado y remisión adecuada y efectiva de la paciente, las cuales, en su concepto, se probaron inadecuadas para el caso en cuestión.

II. Consideraciones del Ministerio Público 2.1. Problemas Jurídicos: 2.1.1. ¿Son responsables pecuniaria y administrativamente las entidades demandadas por los perjuicios sobrellevados por los actores con ocasión de la muerte de la Sra. Rueda? 2.1.2. ¿Existieron irregularidades en la actuación de Metrosalud que justifiquen la

7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 43269 050012331000200602696 01 JEBS declaratoria de responsabilidad de dicha entidad por la muerte de la Sra. Rueda, como lo aseguran los apelantes? 2.1.3. ¿Es cierto, como lo asegura su apoderado, que la Promotora Médica Las Américas S.A. actuó en forma diligente de tal suerte que no cabe la declaratoria de

responsabilidad en su contra? 2.2. Marco Teórico. Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 43269 050012331000200602696 01 JEBS c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y

el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. El fuero de atracción. Al respecto, ha dicho el H. Consejo de Estado en este caso análogo1: Según se dejó indicado en los antecedentes de esta providencia, la presente acción se encuentra dirigida contra el Departamento de Risaralda, el Municipio de Dosquebradas, el Área Metropolitana Centro Occidente, la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC y la Nación - Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Minas y Energía. Ahora bien, comoquiera que junto con las entidades públicas antes relacionadas se demandó también a una empresa de servicios públicos domiciliarios de naturaleza mixta (CHEC), resulta irrelevante detenerse a determinar la composición accionaria y/o el porcentaje de participación estatal en dicha entidad, puesto que desde un principio le resulta aplicable el llamado fuero de atracción. En efecto, en virtud de dicha figura, al presentarse una demanda de forma concurrente contra una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a la 1 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subseccion A, Consejero

Ponente: Mauricio Fajardo Gomez, Bogotá, D.C., Veinticuatro (24) De Marzo De Dos Mil Once (2011),

Radicación Número: 66001-23-31-000-1998-00409-01(19067)

9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 43269 050012331000200602696 01 JEBS Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y contra otra entidad, en un caso en el que la competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de todas las entidades demandadas. Por lo tanto, se concluye que esta Corporación es competente para pronunciarse respecto de la responsabilidad que le pudiere ser atribuida a cualquiera de las entidades demandadas que fueron demandadas en el presente asunto. (Subrayas fuera de texto) 2.2.3. Responsabilidad patrimonial del Estado por el acto médico. A este respecto, el Consejo de Estado, en sentencia del 11 de Mayo de 2006, recapituló los distintos momentos por los que ha discurrido la responsabilidad estatal derivada de este acto específico: “El principal régimen de imputación de responsabilidad es el de la tradicional falla del servicio, dentro del cual la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales: 1) el daño antijurídico sufrido por el interesado, 2) la falla del servicio propiamente dicha, que consiste en el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente, 3) una relación de causalidad entre estos dos elementos, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio. Específicamente sobre el tema de la responsabilidad por la prestación de servicios de salud a cargo de la Administración Pública, se observa que el

10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 43269 050012331000200602696 01 JEBS mismo ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años, puesto que inicialmente, se manejó con fundamento en el régimen de la falla probada tanto el daño proveniente del deficiente funcionamiento de los servicios médico asistenciales como el causado por actos médicos propiamente dichos, hasta que en 1992 la jurisprudencia de la Sala consideró que no podía dárseles el mismo tratamiento, teniendo en cuenta la complejidad que envolvía a los actos médicos y las dificultades que implicaba para los pacientes desde el punto de vista probatorio, el acreditar los daños causados con ellos. Por esta razón, mientras la responsabilidad por la atención hospitalaria y asistencial siguió rigiéndose por la falla probada del servicio, que exige acreditar los tres elementos constitutivos de la misma, cuando se tratara de establecer una responsabilidad médica, o sea aquella en la que interviene la actuación del profesional de la medicina en materias tales como diagnóstico, tratamiento, procedimientos quirúrgicos, etc. etc. en los que está en juego la aplicación de los conocimientos científicos y técnicos de la ciencia de la medicina, la jurisprudencia asumió la inversión de la carga de la prueba respecto del elemento “falla”, presumiendo su existencia y radicando en cabeza del demandante únicamente la carga de probar el

daño y su nexo con el servicio; acreditados estos dos elementos de la responsabilidad, le correspondía a la entidad demandada para exonerarse de la misma, la obligación de acreditar que su actuación fue oportuna, prudente, diligente, con pericia, es decir, que no hubo falla del servicio, o romper el nexo causal, mediante la acreditación de una causa extraña, como lo son la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho también exclusivo y determinante de un tercero2; este fue el régimen conocido como de la falla del servicio presunta. 2 Sentencia del 30 de julio de 1992, Expediente 6897. Actor: Gustavo Eduardo Ramírez 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 43269 050012331000200602696 01 JEBS “Esta solución surge en aquellos casos en los cuales, por las particulares circunstancias en las que se produce el hecho dañoso, es la entidad demandada quien está en mejores condiciones de aportar la prueba; por ejemplo, cuando se aduce que el daño provino de una intervención quirúrgica, a la cual desde luego quienes tienen acceso y conocen todas sus incidencias, son precisamente los profesionales que la practicaron, mientras que el paciente o los parientes de éste, se hallan en imposibilidad de aportar las pruebas necesarias para acreditar la falla que se pudiera haber presentado por desconocer tanto la ciencia, como las incidencias

mismas del procedimiento”3 . En sentencia del 10 de febrero de 2000, Expediente 11.878, la Sala consideró que la aplicación en términos tan definitivos del principio de las cargas probatorias dinámicas, tal y como se venía manejando por la jurisprudencia, podía conducir a desvirtuar su propio fundamento, porque existían casos en los cuales “...los hechos y circunstancias relevantes para establecer si las entidades públicas obraron debidamente...” no tenían implicaciones técnicas o científicas, estando el paciente en mejores condiciones para probarlos, por lo cual lo procedente era que él lo hiciera y no que también en estos casos se invirtiera la carga de la prueba, porque precisamente en eso era que consistía la mencionada teoría de las cargas probatorias dinámicas. 3 Sentencia del 14 de diciembre de 2004; Expediente: 12.830. Actor: Libardo Garcés y/o. M.P: Ramiro Saavedra Becerra 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 43269 050012331000200602696 01 JEBS Al respecto, en Sentencia del 1º de julio de 20044, dijo la Sala: “Así las cosas, se concluye que la demostración de la falla en la prestación del servicio médico asistencial será carga de la parte demandante, a menos que aquélla resulte extraordinariamente difícil o prácticamente imposible y

dicha carga se torne, entonces, excesiva. Sólo en este evento y de manera excepcional, será procedente la inversión del deber probatorio, previa la inaplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil -que obligaría a la parte actora a probar siempre el incumplimiento por el demandado de su deber de prestar debidamente el servicio mencionado-, por resultar la regla en él contenida, en el caso concreto, contraria a la equidad, prevista en el artículo 230 de la Constitución Política como criterio auxiliar de la actividad judicial. ” Y en Sentencia del 13 de julio de 2005 , acotó: “Quiere decir lo anterior, que la Sala retomó el régimen jurídico probatorio aplicable en materia contencioso administrativa, teniendo en cuenta para ello que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, “En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”. Específicamente sobre el deber de probar los hechos fundamentales del proceso, el artículo 177 del C.P.C. establece que “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico 4 Expediente 14696. MP: Alier E. Hernández E. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 43269 050012331000200602696 01 JEBS que ellas persiguen”, consagrando así el principio de la carga de la prueba, según el cual, al demandante le corresponde acreditar los hechos en los cuales edifica sus pretensiones. De acuerdo con lo anterior, aún tratándose de la responsabilidad extracontractual del Estado derivada de una actividad médico asistencial a su cargo, cuando se demande buscando la indemnización de perjuicios que según la víctima del daño se produjeron con ocasión de una actuación u omisión atribuible a autoridades o entidades médicas y hospitalarias estatales, por actos médicos o asistenciales, en principio le corresponderá al interesado probar los extremos de tal responsabilidad; es decir, la existencia del daño antijurídico, y su imputabilidad a la parte demandada. Dicha exigencia legal en materia probatoria, se ve morigerada en aquellos casos en los cuales, por razones de equidad, deba ser la entidad demandada quien asuma la carga probatoria, porque en razón de las especiales características del hecho a acreditar a ella le resulte más fácil aportar los medios de prueba mientras que para el demandante representaría una carga excesiva, como sucede por ejemplo, con las incidencias de los procedimientos quirúrgicos, que se adelantan a puerta cerrada en salas a las que sólo ingresa el personal autorizado y el paciente que será sometido a cirugía, y que por la misma razón no está en condiciones de enterarse de nada de lo que allí suceda”. 2.2.4. La atención de urgencias en el sistema de salud colombiano.

Estipula la Resolución 5261 de 1994 del Ministerio de Salud, mediante la cual se expiden los manuales de actividades, intervenciones y procedimientos: 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 43269 050012331000200602696 01 JEBS “ARTICULO 10. ATENCION DE URGENCIAS. La atención de urgencias comprende la Organización de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros de un proceso de cuidados de salud indispensables e inmediatos a personas que presentan una urgencia. Todas las entidades o establecimientos públicos o privados, que presten servicios de consulta de urgencias, atenderán obligatoriamente estos casos en su fase inicial aún sin convenio o autorización de la E.P.S. respectiva o aún en el caso de personas no afiliados al sistema. Las urgencias se atenderán en cualquier parte del territorio nacional sin que para ello sea necesario autorización previa de la E.P.S. o remisión, como tampoco el pago de cuotas moderadoras. La I.P.S. que presta el servicio recibirá de la E.P.S. el pago correspondiente con base en las tarifas pactadas o con las establecidas para el S.O.A.T. En todo caso es el médico quien define esta condición y cuando el paciente utilice estos servicios sin ser una urgencia deberá pagar el valor total de la atención.” 2.3. Caso Concreto. Pruebas.

Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los siguientes documentos, los cuales son relevantes para responder los problemas jurídicos planteados:

1. Historia Clínica de Metrosalud, Unidad Manrique, N° 22170902 de Marzo 31 de 2004.

2. Registro de defunción de María Bernarda Rueda de Ramírez.

15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 43269 050012331000200602696 01 JEBS

3. Testimonio del Sr. Hernando Loaiza Albalar.

2.4. Caso Concreto. Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir su concepto:  Inicialmente, debe este Despacho pronunciarse en concordancia con el fallo de primera instancia, al advertir que, de acuerdo con lo expuesto por ese Tribunal, y correlativo a lo expuesto en